El mapa y el testigo: Dos libros desarman el mito cruceño

La publicación de Santa Cruz $.A.: Agronegocio y mito empresarial  (CEESP, 2026) abrió una herida en el imaginario boliviano. No fue solo el libro en sí —porque casi un año antes el proyecto de investigación ya había dado un primer paso con la publicación del cuadernillo titulado Santa Cruz SA: El mito empresarial y la realidad depredadora — , sino la reacción de las élites cruceñas, que intentaron impedir su presentación, lo que confirmó la tesis central de sus cinco autores: que el relato del éxito cruceño es un dispositivo de poder que se defiende con la censura.

El libro, que en poco tiempo alcanzó la tercera edición, traza un mapa de la estructura económica consolidada en Santa Cruz, sostiene el equilibrio del Estado boliviano, y sostiene que ese poder no es mérito regional sino construcción histórica: “se utilizan recursos públicos, se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas”. Sin embargo, en una cita casi perdida en una nota al pie del Capítulo 5, se encuentra la pista de Gunter Holzmann , médico y empresario alemán judío que llegó a Santa Cruz en 1947 huyendo del nazismo. Holzman escribió en Más allá de los mares (2000) 300 páginas de testimonio directo sobre la misma estructura que el libro reconstruye con datos.

Así, donde el libro dice “captura de rentas estatales” , Holzmann dice “Ramón Dólar Gutiérrez” . Donde el libro había anticipado la “ilusión agrícola” , Holzmann habló del “cambio de guardia” . La estadística encuentra un rostro; el rostro encuentra su sistema; y el sistema, como se comprueba, sigue en marcha.

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La “ilusión agrícola”: cómo se financió el mito

Uno de los capítulos más incisivos de Santa Cruz $.A.  — “Siguiendo el dinero” , escrito por Stasiek Czaplicki Cabezas — describe la “ilusión agrícola” , término acuñado en 1981 por los economistas Jerry Ladman y Ronald Tinnermeier para nombrar la capacidad de las élites de desviar el crédito destinado a la producción hacia bienes raíces, comercio y lujo. Para 1982, el algodón había captado el 57% de los créditos del Banco Agrícola de Bolivia, pero apenas aportaba el 1,1% de las exportaciones; la mora en Santa Cruz y Beni superaba el 74%, y el propio banco estatal tuvo que ser rescatado en 1979 con bonos soberanos.

Holzmann corrobora esa tesis con nombre y apellido. Describe el sistema de “cupos de importación” del MNR —comprar dólares a precio oficial ficticio y revenderlos en el mercado negro— e identifica a su mayor beneficiario: “El más beneficiado fue el gran patricio cruceño Ramón Darío Gutiérrez con su ingenio San Aurelio, a quien la voz popular tildó desde entonces Ramón Gutiérrez y quien amasó de este modo una enorme fortuna”.

El apodo callejero, más que folclore, es la prueba de que la corrupción era tan descarada que la sociedad la normalizaba con humor. El libro dice que el crédito se desvió hacia la especulación; Holzmann dice que el empresario especulaba, y que la calle lo sabía.

La cruceñidad obligatoria: de la vereda a la mesa familiar

Santa Cruz$.A.  dedica un capítulo a la “cruceñidad obligatoria” : la identidad regional, presentación como hospitalaria y mestiza, funciona como dispositivo que disciplina mediante el racismo y la exclusión.

Rastreando una cita casi perdida del libro —citada de pasada, citando a su vez a otro autor— sobre “el vulgo, los 'cambas', estrictamente segregados y confinados a las veredas interiores”, se alcanza el testimonio completo de Holzmann, que amplifica esa tesis desde el propio comedor familiar. De su suegra, doña Adelaida, escribe: "Tenía ideas bien definidas sobre la vida y el mundo, resumidas en dos comandos. Dios y su familia. La gente, eran las propias personas de su clase; el pueblo, la 'chusma' creada por la divina providencia para servirles". La segregación de la plaza pública no era un accidente urbano, era la proyección espacial de una ideología que se enseñaba puertas adentro.

Esa identidad tuvo también un brazo armado. Holzmann fue testigo del nacimiento, en 1955, del Comité Pro Santa Cruz “y su brazo armado, la Unión Juvenil Cruceñista” . El libro documenta que ese mismo grupo participó en 2008 en la quema de las oficinas de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano y en violencia contra migrantes andinos, y que en 2025 su presidente lideró una nueva acción contra la Central Obrera Departamental.

Y sobre el recambio de élites que siguió a la Revolución de 1952, Holzmann deja la síntesis más contundente de esta lectura cruzada: “La vieja clase señorial perdió vigencia, siendo desplazada por gente nueva, audaz, ambiciosa y dinámica, diestra en los negocios y ansiosa de poder y dinero... Sólo se efectuó un cambio de guardia ”.

El libro demuestra, con estadística, que ni la reforma agraria ni las dictaduras ni el neoliberalismo alteraron el núcleo del poder cruceño; Holzmann llegó a la misma conclusión sin necesitar una sola cifra.

El nacionalismo como dispositivo: cambas y collas con el mismo dueño

El libro completa esta tesis con un giro que suele pasarse por alto: no hay uno, sino dos nacionalismos operando con la misma función.

La investigadora Suzanne Kruyt describe el nacionalismo cruceño como “cemento ideológico” construido sobre la memoria selectiva de una élite que se presenta como “nación diferente” —“Nosotros hasta el ‘52 éramos libres... una nación absolutamente y totalmente diferente a la nación andina”, cita el libro a un exdirigente regional— para disfrazar sus intereses corporativos de reivindicaciones populares y acusar de “colla” a quien lo cuestione.

Pero el libro va más allá: Huáscar Salazar Lohman y Blanca Rivero Lobo sostienen, en el capítulo “El abandono que nunca fue”, que el nacionalismo estatal del MAS cumplió exactamente la misma función. El discurso de la “descolonización” se quedó en lo simbólico —las leyes 337, 502 y la autorización de transgénicos blindaron la concentración de tierra—, y la Gestora Pública, creada para “redistribuir la riqueza”, terminó siendo el banco de crédito del agronegocio, como ha documentado este medio.

“El Estado boliviano se ha organizado históricamente en torno al núcleo económico extractivo dominante de cada época”, resume el libro. El reclamo cruceño de “abandono estatal” es, según esta lectura, una inversión ideológica: la élite proyecta sobre toda la región una marginación de la que no fue víctima, sino beneficiaria.

Salazar también escribió para este medio, en 2020, en el suplemento La Billetera, donde ya denunciaba el Plan de Uso de Suelos del Beni, cuestionaba el carácter extractivista del agronegocio citando a Svampa y Gudynas, y conectaba el caso de titulación de tierras a la familia Marinkovic con el escándalo “Bolibras” de 1992 —expuesto entonces por el diputado Miguel Urioste, el mismo investigador que Santa Cruz $.A. cita hoy para medir la concentración de tierra brasileña—. Un borrador de hace seis años para lo que el libro expone hoy.

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La Casa de la Cultura: el edificio que no perdonó un apellido

En 1968 Holzmann fundó la Casa de la Cultura de Santa Cruz, financiada con austeridad casi ascética —“el único personal pagado era una secretaria a medio tiempo”— y con donaciones propias, incluida su colección personal de arqueología.

En su discurso de fundación respondió a quienes creían que la cultura era un lujo impropio de un país pobre: “Muy poco cuestan éstas del presupuesto y no hay inversión más sabia. Porque quien financia la cultura no sólo hace arte sino también humanidad”. Tras una ausencia por enfermedad, regresó en 1971 y encontró la institución saqueada: “Se habían tirado las colecciones de nuestros museos al patio, destruyéndose varias piezas valiosas”.

La reconstruyó, y en 1973 renunció de forma irrevocable con una explicación que es, quizá, el documento más revelador sobre el funcionamiento íntimo de la cruceñidad: “Me motivó principalmente el hecho que por mi apellido y pasaporte seguía siendo extranjero, aunque vivía ya hacía más de veinticinco años en esta tierra... no me sentía autorizado por mi origen, formación y mis conceptos a seguir asumiendo la representación del máximo exponente de este distinguido organismo cruceño”.

El caso ilustra con precisión la tesis del libro: la cruceñidad no se adquiere por mérito o trabajo, sino por pertenencia genealógica. Se toleró al extranjero mientras fue útil; se le expulsó simbólicamente cuando amenazó con representar la identidad que no le correspondía por sangre.

Sorprendentemente, a 58 años de la fundación de la Casa de la Cultura, el nombre de Holzmann ha vuelto a aparecer en referencias históricas, notas de prensa y memorias institucionales, aunque él ya no pueda leer esas reivindicaciones.

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La maquinaria económica y ecológica: del oligopsonio de la madera al modelo rentista

Santa Cruz $.A. describe la estructura “oligopsónica” de la soya actual —ADM, Cargill, IOL controlando acopio y exportación— como fenómeno del capitalismo contemporáneo. Holzmann demuestra que no es nuevo: en 1963 organizó una cooperativa maderera, Maracruz, que los grandes compradores sabotearon “postergando sus compras y comprando más barato a los no asociados”, mientras “unos cuantos, los más pudientes, se negaron a asociarse... aunque pensaban aprovecharse de los sacrificios de los otros”. Es el mismo patrón que hoy sufre el pequeño productor de soya frente al gran capital.

El libro somete además al modelo agroindustrial a una contabilidad incómoda: Santa Cruz exporta cerca de 1.500 millones de dólares, pero las empresas soyeras pagan apenas el 2% de impuestos sobre sus ingresos operativos, y la cadena soya absorbió entre el 13% y el 26% de las importaciones de combustible del país con subsidios al diésel. Bolivia, con 1,6 millones de hectáreas de soya, sigue importando trigo; y los trabajadores financian, sin saberlo, su propio desmonte: para 2022, los fondos de pensiones tenían 2.569 millones de dólares invertidos en los sectores ganadero, soyero y azucarero. Entre 2010 y 2022, la ganadería empresarial fue responsable del 57% de la deforestación que convirtió a Bolivia en el segundo país con mayor pérdida de bosque primario del mundo. Holzmann, décadas antes, ya advertía que “algunos aventureros ávidos de lucro se estaban ya internando en las regiones más remotas, dejando tras ellos una estela de sangre y muerte” —su amigo, el naturalista Noel Kempff, moriría asesinado por esos mismos traficantes.

El caso más extremo de esta lógica es el de los propietarios brasileños, que el libro no trata como un “enemigo externo” sino como socios del mismo circuito. Hacia 2004, el 40,3% del área sojera cruceña ya estaba en manos brasileñas —75 empresarios concentraban más de 250.000 hectáreas—, y ese capital tampoco llegó por cuenta propia, sino que se financió con el “Eastern Lowlands Project” del Banco Mundial (54,6 millones de dólares en infraestructura y subsidios), y cuando la crisis de 1998 disparó la mora bancaria del 3% al 12%, el Estado reprogramó sus deudas con la Ley 1962. “Era el mismo guion con otro cultivo y en otra década”, resume el libro, “resguardando ganancias privadas en los años buenos, y gestionando el rescate público cuando la apuesta fracasaba”. Entre 2012 y 2022, el crédito agropecuario pasó de 852 a 3.687 millones de dólares, y ocho grandes oleaginosas —con capital brasileño en su estructura— concentraron el 64% de ese crédito con ahorro boliviano.

Esa historia dejó de ser solo pasado el 31 de julio de 2026, cuando el presidente Rodrigo Paz firmó en San Ignacio de Velasco, junto a una delegación de Mato Grosso, los convenios para una carretera hacia la frontera brasileña y una ruta aérea hasta Viru Viru. Entre los aviones privados que aterrizaron ese fin de semana —hasta 23, según distintos medios— estaba el de Eraí Maggi, el “rey de la soya” brasileño y dueño de Bom Futuro, que meses antes había comprado más de 30.000 hectáreas en la Chiquitania y negocia hoy un predio boscoso de 30.019 hectáreas.

Maggi no llegó de turista. Fue a asegurar, directamente con el jefe de Estado, el respaldo político a una carretera que conecta su producción con puertos peruanos, y reconoció en público que su familia ya tiene tierra en el país: “Mis nietos tienen, mis hijos también”. Es la misma “extranjerización funcional” que describe el libro, pero actualizada, pues los brasileños ya no llegan a la puerta de la Chiquitania a pedir infraestructura; llegan, en sus propios aviones, a su casa.

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La ilusión agrícola convertida en ingeniería financiera

El libro se maneja con rigor académico, pero se le debe una corrección sobre Gravetal, la gran procesadora de soya, que Santa Cruz $.A. describe como controlada tras 2008 por “una transnacional con base en Venezuela”.

Este medio documentó en octubre de 2025 que ese capital venezolano —65 millones de dólares de Monómeros Colombo Venezolanos, subsidiaria de PDVSA— financió ese 2008 la compra de Gravetal por una empresa fantasma, Inversoja S.A., constituida trece días antes con apenas 100.000 bolivianos y sin operación comercial real. Sus accionistas: Juan Valdivia Almanza, exdiputado del MAS que había viajado con Evo Morales en su primera gira presidencial, con el 35%; Katarina Gumucio Stambuk, exrepresentante presidencial en Cochabamba, con el 22%.

En 2024, una deuda de 298 millones de bolivianos que Inversoja arrastraba con su propia subsidiaria desapareció de los libros sin explicación, y la empresa se liquidó con un patrimonio de casi 1.000 millones de bolivianos: el capital inicial se multiplicó 9.909 veces en dieciséis años. “Las vaquitas son ajenas”, resumió la analista Edith Gálvez. No fue el imperialismo externo, sino una burguesía local que usó dinero venezolano como puente y luego se financió con 2.500 millones de bolivianos del sistema financiero boliviano, incluida la Gestora Pública de Pensiones. Según Marcelo Vladimir Fernández Quiroga, en entrevista con El País realizada el 1 de septiembre de 2026, Gravetal “ha pagado todas sus deudas con la Gestora; hoy no tenemos ninguna acreencia pendiente con ellos”.

Ese mecanismo tiene una fecha de origen precisa en la Resolución SBN 039/2008, impulsada por el entonces ministro de Economía Luis Arce Catacora, que permite a los bancos contar como capital propio los “bonos subordinados” que compra la Gestora con el ahorro de los trabajadores. En 2025, un año en el que la crisis económica se profundizó, la banca boliviana ganó 540 millones de dólares —un 42,3% más que en 2024— mientras 88 millones de dólares en dividendos salían hacia paraísos fiscales, el 65% a Panamá. El caso del Banco BISA es el más claro, pues repartió 392 millones de bolivianos en dividendos frente a apenas 40 millones destinados a amortizar los bonos subordinados que sostiene la Gestora, a través de una cadena societaria que termina en una sociedad panameña. “Quince bancos han construido el mayor mecanismo de transferencia de riqueza desde el ahorro laboral hacia élites transnacionales en la historia reciente del país”, advirtió Gálvez.

También se ha documentado el rol del Estado como red de seguridad de última instancia: Frigorífico BFC, empresa cárnica sin un solo accionista boliviano, vetada por Rusia en 2023 por falsificar certificados, había captado para octubre de 2025 más de 1.265 millones de bolivianos del sistema financiero boliviano, incluida la Gestora. Cuando su deterioro se hizo evidente, el Banco Unión no ejecutó garantías, sino que reprogramó la deuda y le dio más tiempo. El gerente que hizo esa reprogramación, Marcelo Jiménez Córdova, había sido gerente general del propio Banco Unión hasta seis meses antes —la “puerta giratoria” que el libro académico solo insinúa.

La segunda generación de una de las familias centrales de Gravetal ilustra la evolución del modelo: Eduardo Valdivia Zambrana, hijo de Juan Valdivia Almanza, construyó una agencia de bolsa (Multivalores), una empresa cuyo capital se multiplicó de forma inexplicable, y con ese entramado compró en 2023 el periódico Los Tiempos de Cochabamba y en 2025 el Banco de la Comunidad. La pieza que conecta ese mundo empresarial con el Estado es Moisés Murillo Lima, ex socio de Valdivia Zambrana, nombrado en 2023 Gerente de Inversiones de la Gestora Pública; bajo su gestión, los préstamos a Gravetal crecieron 346%.

Por último, este medio ha documentado que la Gestora administra cerca de 30.000 millones de dólares de 2,82 millones de trabajadores sin el Directorio que la ley exige desde 2010, y que bajo ese vacío institucional invirtió en un ETF de BlackRock sin política de inversiones aprobada —un dato que el actual gerente general de la Gestora, Marcelo Vladimir Fernández Quiroga, reveló oralmente en una audiencia pública, y luego confirmó en entrevista con El País. Es la misma “ilusión agrícola” que describía Holzmann en los años 50, cuando el crédito estatal se usaba para comprar casas en lugar de producir, ahora perfeccionada. Hoy ese mismo impulso usa el ahorro de los trabajadores para comprar bancos, acciones de soya y periódicos, bajo la mirada de un regulador que rara vez sanciona y un Estado que casi siempre rescata.

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El hombre que se deshizo de su fortuna

Gunter Holzmann nació en 1912 en Breslau (Alemania, hoy Polonia) y huyó del nazismo en 1933. Pasó por Inglaterra, Perú —donde trabajó para el magnate del estaño Mauricio Hochschild— y llegó a Bolivia en 1947, invitado por el embajador estadounidense Kenneth Wasson. Se estableció en Santa Cruz en 1954, donde ejerció como médico, fue empresario, naturalista, fundador cultural y descubridor de una vacuna contra la artritis derivada del veneno de una hormiga amazónica. Fue amigo del naturalista Noel Kempff Mercado y, en su juventud errante, hasta conversó con Jean-Luc Godard buscando oro en los Yungas.

De ideas socialistas, terminó su vida como un millonario que despreciaba el lujo: “Me siento mal cuando tengo más de seis camisas”, confesó a su amigo Jean-Claude Guillebaud. Su desconfianza hacia el dinero tenía raíces concretas —en 1984 fue encarcelado en Santa Cruz injustamente tras defender a una vendedora ambulante ante un coronel de policía— y la resumió así: “Mantener esos recursos en el banco constituía una preocupación constante... Así, el dinero nos convierte en sus esclavos, se tenga o no se tenga”.

Rechazó la caridad tradicional y, tras ver saqueada su propia obra cultural, decidió que el mejor destino para su fortuna era financiar el pensamiento crítico. Entonces donó un millón de dólares a Le Monde Diplomatique para que la publicación no cerrara. Murió en 2001. Según el columnista Ricardo Bajo , le quedó pendiente un solo sueño: un letrero a la entrada de su casa que decía “Amor mater ómnium rerum” —el amor, la madre de todas las cosas.

Dos capas, un mismo sistema

Santa Cruz$.A.  Aportó la cartografía, la estructura teórica, las cifras, la genealogía de las familias. Holzmann aportó el territorio, la evidencia vivencial convertida en apodos callejeros y decisiones domésticas. El mapa y el testigo llegan hasta el presente con rigor académico y testimonio de primera mano. Algunos de los nombres de quienes administran ese mismo poder son hoy los mismos, y otros son nuevos, con sociedades panameñas en lugar de cupos de importación, y con la Gestora Pública de Pensiones en lugar del Banco Agrícola.

El análisis y la memoria coinciden en algo incómodo mientras las élites intentaban silenciar el libro con la censura: el verdadero progreso sigue siendo imposible mientras la economía de una región, y de un país, esté en manos de quienes confunden su interés privado con el bien común.