Esta vez no hubo lista de “desvisados” sellada en la embajada de Estados Unidos, pero sí una orden de aprehensión del 3 de noviembre firmada por los fiscales asignados al caso por el Fiscal General interino, Armando Urioste, que de una u otra forma llegó a los oídos de Romer Saucedo, poderoso presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que tomó la decisión de inmediato: a las 7:00 de la mañana hora boliviana comunicaba a través de sus redes sociales que se había ido al exilio con su familia por “persecución política”.