Desde el 1 de enero de 2027, Bolivia deberá avanzar en el compromiso asumido dentro del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI): que los precios internos de los combustibles reflejen sus costos de abastecimiento y retirar los subsidios restantes. El acuerdo no fija cuánto costará cada litro ni cuánto aumentará y el Gobierno también comprometió medidas de protección para los hogares vulnerables, que de momento gran parte de los asambleístas considera insuficientes.