Brasil
Lula da Silva reanuda el Consejo Político Indigenista
En un año el Gobierno brasileño ha entregado 10 territorios indígenas que habían sido reclamados durante años por las comunidades ancestrales



El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó reanudar el Consejo Político Indigenista, suspendido desde hace cinco años, órgano gubernamental que se encargará de elaborar, desarrollar y dar seguimiento a las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de 305 comunidades originarias del país.
Encuentros con los pueblos indígenas
El anuncio fue hecho esta semana durante una reunión que sostuvo Lula con al menos 40 líderes de los pueblos indígenas en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo brasileño en Brasilia, donde los voceros expresaron sus demandas al mandatario.
"Cuando nombré a Sonia Guajajara para el Ministerio de los Pueblos Indígena, y a Joenia Wapichana, como presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos, sabíamos que no sería fácil reconstruir la política indígena, especialmente una política hecha por y para los pueblos indígenas", expresó Lula en X.
El mandatario brasileño indicó que ahora se encuentra "satisfecho con el trabajo" realizado hasta ahora y dijo que está seguro de que su Gobierno seguirá trabajando "aún más duro".
"Tengo el deber moral y el compromiso de por vida de hacer todo lo posible, e incluso lo imposible, para minimizar el sufrimiento de los pueblos indígenas y garantizar sus derechos", agregó Lula.
Previo al encuentro con Lula, el movimiento indigenista realizó una marcha multitudinaria en Brasilia para expresar sus demandas y exigir el respeto a sus derechos, sobre todo para lograr la demarcación y protección de sus territorios ancestrales.
Desbloquear los procesos de demarcación de tierras
La medida del Gobierno de Lula hace frente a la polémica ley aprobada a finales de diciembre de 2023 que fue promovida por la bancada de los terratenientes en el Congreso de Brasil para limitar la demarcación de cientos de reservas indígenas.
La normativa ha generado rechazo y preocupación entre los pueblos ancestrales, que están resueltos a combatirla judicialmente. "Es un retroceso contra los pueblos indígenas", dijo en su momento la ministra Guajajara, quien afirmó que su promulgación era una muestra de que "la lucha no para".