El nuevo esquema de comercialización de diésel abrió dos nuevos frentes de conflicto para el Gobierno, y a pesar de que se acumulan los escándalos, ninguno lo tapa. Los transportistas de combustibles anunciaron un paro nacional desde el lunes 24 de agosto por deudas de YPFB y la nivelación de sus fletes, mientras la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) convocó a un congreso extraordinario para exigir la abrogación del Decreto Supremo 5676, que elevó a Bs 18 el precio referencial para determinados grandes consumidores.