Chiquitanía se declara libre de extractivismo y exige frenar desmontes, dotación de tierra y minería
Medio centenar de autoridades indígenas y defensoras firmaron en Santa Cruz un voto resolutivo que exige frenar desmontes, dotaciones de tierra y derechos mineros, y pide justicia por el río San Lorenzo.
Comunidades indígenas de la Chiquitanía declararon este sábado los territorios de la Nación Chiquitana como “libres de extractivismo agroindustrial y minero”. La decisión quedó escrita en un voto resolutivo de ocho puntos, aprobado al cierre del Encuentro de Comunidades y Defensores y Defensoras afectados por el Agroextractivismo en la Chiquitanía, en el Salón Mahatma Gandhi de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).
El documento, titulado “Por el derecho al agua, al territorio y a un medio ambiente sano”, lleva cerca de medio centenar de firmas y sellos. Lo suscriben caciques, presidentas de organizaciones de mujeres, centrales indígenas y comunidades de San José de Chiquitos, San Rafael, San Ignacio, San Javier, Concepción y Roboré. Exige al Gobierno nacional, a la Gobernación de Santa Cruz y a los municipios que dejen de autorizar dotaciones de tierra, derechos mineros y desmontes en la región.
El agua es el hilo que recorre todo el texto. Para los firmantes, los bosques, las nacientes y los humedales sostienen el agua de la que dependen sus comunidades, y su destrucción ya les está quitando acceso a ella.
Territorios libres de extractivismo
El punto central del documento es el segundo. Allí las comunidades declaran a los territorios de la Nación Chiquitana libres de extractivismo agroindustrial y minero. Exigen al Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, al INRA, a la AJAM, a la ABT, al SERNAP, a la Gobernación y a los municipios que detengan la deforestación masiva.
Para los firmantes, frenar los desmontes es “la única medida real de prevención de incendios y sequías”. Piden que se deje de autorizar de inmediato la dotación de tierras, los derechos mineros, los desmontes y cualquier autorización de operación (AOP) en la Chiquitanía.
El texto atribuye la crisis a la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, a los desmontes masivos, a los incendios y a las intervenciones sobre ríos, nacientes y ojos de agua. Señala de forma expresa a la ganadería para exportación como una actividad que “afecta de manera directa los cursos de agua que abastecen a las comunidades”.
La advertencia coincide con lo expuesto el viernes 23 de octubre por Rafael Rojas Lizarazu, consultor del CEDIB, sobre el poder del sector ganadero bovino de tierras bajas. Según datos del INE citados por la prensa boliviana, las exportaciones de carne crecieron 455% entre 2019 y 2023, impulsadas por la apertura del mercado chino.
El agua que no se ve
El primer y el tercer punto colocan el agua como eje común de la defensa territorial. Las comunidades piden proteger nacientes, cabeceras de cuenca, humedales, zonas de recarga hídrica y servidumbres ecológicas. También exigen evaluar los efectos acumulados de desmontes e incendios sobre el agua, monitoreo comunitario y acceso público a la información.
El reclamo tuvo respaldo técnico en el encuentro. La hidrogeóloga Mónica Guzmán, de la Universidad Católica Boliviana, presentó “El agua que no vemos. Incendios, cambios en el territorio y el futuro hídrico de la Chiquitanía”. Guzmán ha advertido que la deforestación, los incendios recurrentes y la extracción intensiva reducen la recarga de los acuíferos, con daños que en algunos casos pueden ser difícilmente reversibles.
El voto añade una dimensión alimentaria, y pide resguardar las condiciones territoriales para la caza, la pesca, la recolección y la agricultura de subsistencia.
El río San Lorenzo, el caso emblema
El documento dedica un considerando y una resolución completa al conflicto del río San Lorenzo, en la TCO Turubó Este. Lo presenta como el caso que “ilustra claramente” los patrones de abuso de poder que denuncian.
Las comunidades de Turubó Este acusan a una hacienda ganadera de represar el río. En julio de 2026, el cacique Wilson Hurtado, de la comunidad Buena Vista, dijo a la prensa que el problema data de 2020, que afecta a unas 1.500 familias y que el caso llevaba más de seis meses sin resolución judicial. Mongabay ya había documentado en 2021 que represas privadas secaron ese río dentro del territorio comunitario.
Según el voto resolutivo, las comunidades han acudido a la justicia ordinaria y agroambiental: el Expediente N.º 6755/2026 ante el Tribunal Agroambiental y la Acción de Amparo Constitucional NUREJ 10213477. Pese a ello, denuncian retardaciones, suspensiones ilegales de plazos, apertura indebida de pruebas en casación, notificaciones defectuosas y resoluciones sin fundamentación.
El sexto punto exige al Tribunal Agroambiental una resolución “oportuna, imparcial y fundamentada” del recurso de casación. El documento precisa que el amparo constitucional forma parte de la defensa de ese mismo río y no es un segundo conflicto.
El caso se expuso dos veces: el abogado Rodrigo Herrera presentó “Vulneraciones de derechos – Caso San Lorenzo” y Juan Pablo Rojas, secretario de Tierra y Territorio de la CCICH-T, habló bajo el título “Defender el río es defender la vida”. Entre los firmantes del voto figuran el propio Hurtado y la concejala de Buena Vista Cleidy Soliz.
Reclamos a los tres niveles del Estado
El voto no deja fuera a ninguna instancia. Acusa al Órgano Ejecutivo de seguir autorizando dotaciones, derechos mineros y desmontes en territorios indígenas sin consulta previa, libre e informada, y de impulsar normas contrarias a los derechos indígenas.
Al Órgano Judicial le reprocha que “dilata o diluye” las acciones de defensa ambiental. A la Gobernación y a los municipios, que omiten atender las denuncias y fiscalizar dentro de sus competencias.
El cuarto punto exige fiscalizar de inmediato las actividades agropecuarias, forestales y extractivas, investigar todas las denuncias y aplicar sanciones administrativas, civiles y penales bajo la Ley 1333 de Medio Ambiente, la Ley 1700 Forestal y el Código Penal. El quinto pide a municipios y Gobernación informar públicamente sobre sus actuaciones.
Los firmantes sostienen además que, por los artículos 187 y 190 de la Constitución, las resoluciones de las asambleas y autoridades indígenas tienen carácter “vinculante” para el Estado.
Autocrítica: dirigentes que “traicionan” a sus bases
Uno de los considerandos apunta hacia dentro. Denuncia hechos de corrupción y “acuerdos ilegítimos” de algunos dirigentes que, según el texto, facilitan o silencian el avance del extractivismo. Concluye que corresponde a las bases ejercer el control social y la revocatoria de quienes traicionen el mandato colectivo.
Una sola fuerza
El séptimo punto amplía el frente. Las comunidades se solidarizan con:
• la defensa del agua en Chochis;
• Lomerío, ante la crisis hídrica que enfrenta;
• la demanda colectiva de la ORMICH por los incendios;
• las comunidades de San Ignacio de Velasco que denuncian fumigaciones aéreas.
La demanda de las mujeres chiquitanas fue presentada en el encuentro por Rosa Pachurí, presidenta de la ORMICH, y la perito indígena Roxana Melgar, como la primera demanda colectiva de mujeres por los incendios de 2024, año en que ardieron unos 12,6 millones de hectáreas en Bolivia según la Defensoría del Pueblo.
El voto cierra con una ratificación: la defensa del agua, los bosques y los territorios es condición para la vida, la alimentación, la dignidad y la continuidad cultural de los pueblos chiquitanos y de las generaciones futuras. La última línea es una consigna en mayúsculas: “¡Chiquitanía libre de extractivismo!”.
Quiénes firmaron
El voto lleva la firma de la cúpula de las organizaciones chiquitanas de las provincias Chiquitos, Velasco y Ñuflo de Chávez. Encabezan la lista el presidente de la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas Turubó (CCICH-T), Rosa Pachurí Paraba por la ORMICH y Eulogio Pachurí Paraba, primer gran cacique de la ACISARV de San Rafael de Velasco.
También firman Petra Soliz Viana, presidenta de la OMICHTE (mujeres indígenas de la TCO Turubó Este), y el primer gran cacique general de la Organización Indígena Chiquitana (OICH). Se suman la presidenta del Ente de Control Social de San Ignacio de Velasco y una autoridad de la Central Indígena de Comunidades de Concepción.
Aparecen además organizaciones de mujeres de Roboré, San Javier (Paikoneka), San Rafael y San Ignacio; el comité de gestión de la Laguna Marfil; el comité de gestión del área protegida Tucabaca, en Roboré; y caciques de comunidades como Buena Vista, El Portón, El Portoncito (km 54), Ramada, Piococa, San Josema, Villa Fátima y Peñas Alta.
Dos días de diagnóstico
El encuentro se realizó el 23 y 24 de octubre, convocado por ORMICH, ACISARV, CCICH-T, la UAGRM, PROBIOMA, CEDIB y PROCESO.
La primera jornada abrió con el informe de Sara Crespo, de PROBIOMA, sobre la situación de vulneraciones de derechos en la Chiquitanía. Siguieron la exposición hídrica de Mónica Guzmán, el caso San Lorenzo, las herramientas de evaluación de impactos socioambientales del sociólogo José Martínez (UAGRM y CISAD) y el análisis del sector ganadero de Rafael Rojas Lizarazu.
Por la tarde, las organizaciones de base expusieron lo que ocurre en sus territorios: la defensa territorial de San Rafael (ACISARV, con su cacique mayor Eulogio Pachurí), la lucha por el río en Turubó Este (CCICH-T) y la demanda colectiva de las mujeres (ORMICH). Un micrófono abierto permitió mapear afectaciones y acciones de defensa en otras comunidades.
La jornada cerró con la presentación de VISTA, el visor de Amazonía Traficada, a cargo de la periodista Nelfi Fernández Reyes, becaria del Pulitzer Center, y Erika Bayá, de RAI Bolivia. Según ese proyecto, nueve de cada diez hectáreas desmontadas entre 2003 y 2023 en los 48 territorios indígenas de la Amazonía boliviana se talaron sin autorización de la ABT. En el territorio chiquitano de Monte Verde, el 71% del desmonte fue ilegal.
El sábado, tras una sesión del abogado Rodrigo Herrera sobre cómo documentar afectaciones para llegar a la justicia ambiental, los participantes trabajaron en mesas y en plenaria. El objetivo fue definir prioridades para construir una Agenda Regional para la Defensa del Agua y los Territorios. El voto resolutivo es el primer resultado escrito de ese proceso.
Las ocho resoluciones
1. Agua como eje. Protección efectiva del derecho humano al agua; rechazo a actividades que destruyan bosques, contaminen o represen ríos y nacientes.
2. Territorios libres de extractivismo. Declaratoria para la Nación Chiquitana; cese inmediato de dotaciones, derechos mineros, desmontes y AOP.
3. Protección hídrica y alimentaria. Nacientes, humedales, zonas de recarga, evaluación de efectos acumulados, monitoreo comunitario, restauración.
4. Fiscalización y sanciones. Bajo la Ley 1333, la Ley 1700 y el Código Penal.
5. Municipios y Gobernación. Atender denuncias, fiscalizar e informar públicamente.
6. Río San Lorenzo. Resolución del recurso de casación (Expediente 6755/2026) y debido proceso; el amparo NUREJ 10213477 es parte del mismo caso.
7. Solidaridad. Chochis, Lomerío, demanda de la ORMICH y fumigaciones en San Ignacio de Velasco.
8. Ratificación. La defensa del agua y los territorios como condición para la vida y la continuidad cultural.
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