El RAU: El impuesto creado por emergencia que ya nunca se fue

Se supone que las medidas de emergencia son como el paraguas prestado, que se pide para la tormenta, y se devuelve cuando sale el sol. Pero en diciembre de 1996 se abrió uno y desde entonces, tres décadas después, no se ha cerrado.

Se llama Régimen Agropecuario Unificado, RAU. Nació por el DS 24463, cuando el agro del oriente boliviano atravesaba años difíciles por desastres naturales y pérdidas de cosechas. La idea era que, en lugar de pagar IVA, impuesto a las transacciones, utilidades y régimen complementario, el productor pagaba una sola cuota anual calculada según la extensión de su tierra. Estaba pensado para quienes no llevaban contabilidad formal. Incluso su tope original, 1.000 hectáreas en zonas tropicales, ya era enorme frente a las entre 1,6 y 3 hectáreas que cultiva una familia campesina o indígena típica de la zona.

El estudio “Costos ocultos de la agricultura”, de TIERRA, CIPCA y Jubileo, recuerda que el régimen se aprobó con carácter excepcional y que, por lo tanto, se sobreentendía que tenía fecha de caducidad, pero no la tuvo.

¿Cuánto pesa hoy?

Para la gestión 2025, con vigencia desde el 1 de octubre de 2026, el Servicio de Impuestos Nacionales fijó una cuota de 41,11 bolivianos por hectárea agrícola en la subzona de Santa Cruz y de 37,71 en la de Beni. Son entre tres y cuatro dólares, a tipo de cambio actual, por una hectárea que, según el investigador Gonzalo Colque, produce unos 800 dólares de soya: menos del 1%.

Hoy el RAU recauda unos 5 millones de dólares al año, 4,7 de promedio entre 2020 y 2024, y el 97% sale de Santa Cruz y Beni. Para dimensionarlo, el rubro de agricultura, caza y pesca aportó 54 millones de los 7.800 millones que el país recaudó en 2024, cerca del 1%. Mientras tanto, los monocultivos mecanizados ocupan unos 3,2 millones de las 4,3 millones de hectáreas cultivadas del país.

Los autores del estudio hacen una pregunta que cualquier contribuyente entiende: ¿cuánto pagarían esos productores si estuvieran en el régimen general? Estimaron el IVA potencial de los medianos y grandes productores a partir de la producción, los precios y los costos de diez cultivos. Y el resultado se acerca a unos 260 millones de dólares. Lo que los monocultivos pagan hoy por RAU es 3,1 millones. La diferencia, 257 millones, es lo que el estudio llama subtributación. En otras palabras, casi cinco veces todo lo que recauda el rubro agrícola.

¿Quién está en el RAU?

El RAU es un régimen de excepción, no una exención, y el cálculo supone una alícuota del 13% y que el 80% de las compras daría crédito fiscal. Además, la norma excluye a quienes están constituidos como empresa, que tributan en el régimen general.

El RAU registra contribuyente, predio y superficie, no nacionalidad, y por sí solo no permite saber si una empresa se fracciona para declararse como persona natural. Tampoco hay una cifra oficial de tierra en manos extranjeras. El INRA publica saneamiento, 34 millones de hectáreas y 95% de avance, no propietarios por nacionalidad.

La estimación más citada, de la Fundación TIERRA en 2010, hablaba de más de un millón de hectáreas, sobre todo de brasileños y argentinos, además de menonitas. De paraguayos no aparecen datos verificables.

La ley impide a los extranjeros recibir tierras fiscales y, según la Constitución (artículo 262), adquirir propiedad a menos de 50 kilómetros de la frontera, “directa o indirectamente”. Fuera de esa franja pueden comprar tierra privada titulada, si la persona natural reside en Bolivia o la empresa está habilitada para actividades agropecuarias.

Un tope de 2.000 hectáreas para extranjeros, propuesto en 2023, nunca fue ley; un proyecto de “resguardo de la soberanía sobre tierras rurales” figura hoy en tratamiento en Diputados. Colque describió cómo se acumula tierra haciendo división ficticia de predios, por sociedades con 5.000 hectáreas por socio, y testaferros.

En marzo, en el Foro Empresarial Brasil-Bolivia, se habló de que Bom Futuro, de Eraí Maggi, habría comprado entre 30.000 y 40.000 hectáreas en la Chiquitania, y de 60.000 del Grupo Mónica en Beni. Los brasileños destacaron un precio de unos 2.000 dólares por hectárea, frente a 7.000 en Mato Grosso. El 31 de julio, unos 15 aviones privados con empresarios y políticos brasileños aterrizaron en San Ignacio de Velasco para el inicio de los estudios de una carretera hasta Marfil, en la frontera.

Cuánta superficie soyera está realmente en el RAU es una pregunta abierta.

Diésel

Otro renglón de la cuenta era el diésel. Con datos de 2024, el estudio comparó el litro a 0,54 dólares con 1,09 de referencia en países vecinos y estimó unos 180 millones de dólares anuales de subsidio a los cultivos. Esa brecha cambió en nueve meses. En diciembre de 2025, el DS 5503 subió el litro de 3,72 a 9,80 bolivianos. El 17 de agosto de 2026, el DS 5676 fijó 18 para grandes consumidores, entre ellos el agro. Y el 18 de septiembre, el DS 5716 estableció 17,95 para todos, ligado al precio de importación, alrededor de 1,5 dólares, por encima de la referencia que usó el estudio.

El agro reaccionó

ANAPO, que agrupa a unos 14.000 productores, rechazó el DS 5676 y sostuvo que quienes producen alimentos consumen cerca del 17% del diésel del país, de modo que el alza alivia poco el gasto fiscal y sube sus costos. Hubo bloqueos en Santa Cruz y Beni. El 25 de septiembre, el Gobierno pactó con productores de Yapacaní y Marbán más de 800 millones de bolivianos en créditos.

A diferencia de los sojeros de Brasil, Argentina y Paraguay, sostiene el estudio, los agroempresarios bolivianos casi no pagan impuestos. Entonces, ¿debe un instrumento creado para auxiliar a quien no llevaba libros contables seguir siendo la ruta tributaria de quienes siembran miles de hectáreas con maquinaria? Los autores dicen que ese trato favorable es parte de lo que hace competitivos a los monocultivos. No solo su eficiencia, también sus condiciones tributarias.

Mientras el subsidio al diésel se desmonta, crece otra partida: la Ley 1755 de julio y el DS 5709 de septiembre eximen de arancel e IVA, por cinco años, la importación de insumos, semillas, drones, genética y maquinaria para el agro y otros sectores. El Gobierno sostiene que así abarata producir. Y su ministro de Economía descartó una reforma tributaria o nuevos impuestos.

El retrato que midió el estudio, entonces, ya no es el de hoy. Cambió el diésel. El RAU, no.