Soyero empresarial, soyero familiar: ¿quién “le cuesta” más al país?

Cuando se piensa en quién tumba monte para sembrar soya, la imaginación suele dividirse en dos: el gran empresario, con maquinaria y miles de hectáreas, y el pequeño productor, que “solo” busca salir adelante. “Costos ocultos de la agricultura”, una investigación de campo en 70 fincas del oriente boliviano, presentada en septiembre, contradijo esa intuición con un resultado inesperado para sus autores.

El equipo de TIERRA, CIPCA y Jubileo recorrió fincas de Ascensión de Guarayos, en Santa Cruz, y San Andrés, en Beni, y las ordenó en cinco modelos de vivir de la tierra. Once fincas de pequeña agricultura campesina e indígena, con una a tres hectáreas de yuca, maíz, arroz y frutas. Diez de sistemas diversificados, con cacao, piña, cítricos y mango bajo cedros y maras. Dieciséis mixtas, que combinan cultivos con ganado. Catorce de monocultivo familiar, en manos de familias interculturales con tierras de dotación reciente, que trabajan en promedio unas 22 hectáreas activas. Y diecinueve de monocultivo empresarial, con unas 41.

Luego calcularon cuánto daño no contabilizado, en gases de efecto invernadero, deforestación, contaminación e impuestos evitados, dejaba cada modelo por hectárea trabajada, en dólares de 2024:

La sorpresa está en la última fila. La hipótesis de partida era que la soya de escala familiar se comportaba mejor que la empresarial. Los datos dijeron que el monocultivo familiar es el de mayor costo oculto por hectárea, y casi todo es ambiental. Alrededor del 80% corresponde a gases de efecto invernadero, frente al 77% del empresarial, mientras la contaminación pesa casi igual en ambos. Los dos producen un valor bruto parecido por hectárea, unos 760 y 780 dólares según las tablas del estudio. La diferencia está en lo que cuesta producirlo.

La explicación del estudio no es moral, es de calendario. Son monocultivos de reciente consolidación, con desmontes concentrados en los últimos cinco a diez años y quemas para habilitar tierra nueva. El empresarial también desmontó, pero lleva más tiempo establecido. Y, según el estudio, maneja mejor sus costos y rendimientos porque tiene escala y experiencia que las familias a menudo no tienen. Más que un veredicto sobre las familias, la cifra es una fotografía del momento en que una finca pasa de bosque a campo.

Aclaraciones y salvedades

El estudio mide el costo por hectárea, no el costo total de cada grupo. En la muestra, el monocultivo empresarial concentra el 53% de los costos ocultos y el 43% de la superficie, y el familiar el 24% y el 17%. Además, el “empresarial” de las 70 fincas no es el gigante de miles de hectáreas: en la clasificación de ANAPO, grande es quien siembra más de 1.000, y esos quedan fuera de la muestra. Las cifras de ANAPO que circulan hace años en documentos oficiales dicen que cerca del 78% de los productores de soya son pequeños y trabajan alrededor del 9% de la superficie, mientras que el 2% de grandes controla más del 70%. Son datos viejos, pero muestran dónde está el mayor volumen. El estudio no puede decir cuánto le cuesta al país cada uno de ellos.

Los sistemas diversificados dejan la menor factura oculta, pero producen menos valor por hectárea: unos 540 dólares. Aun así, restado el costo oculto, su balance social es el mejor, y el de ambos monocultivos es negativo. El investigador Gonzalo Colque lo resumió así: si una hectárea de soya produce 800 dólares, su costo oculto llega a 900.

También hay un costo humano. El estudio sostiene que los impactos sociales y sanitarios del modelo familiar son incluso superiores a los del empresarial, por el uso de agroquímicos sin capacitación ni equipos de protección. Una encuesta de la UAGRM a 500 agricultores familiares cruceños halló que el 34,8% no usaba protección al aplicarlos.

El camino tampoco está despejado. El estudio documenta que alternativas como la piña o el cacao enfrentan créditos caros, ciclos largos y mercados volátiles controlados por intermediarios, mientras la soya tiene demanda asegurada y, según el estudio, el Estado entre sus grandes compradores. Quien llega a un terreno nuevo no elige en abstracto, elige entre lo que puede financiar y vender, aun a costa de la soberanía territorial y alimentaria.

Dilema y cautela

Una finca familiar consume unos 506 litros de diésel al año, según el estudio. A los 3,72 bolivianos de 2024 eran unos 1.900 bolivianos, y al precio único de 17,95 fijado el 18 de septiembre serían alrededor de 9.100, sin considerar cupos. El Gobierno había ampliado de 120 a 2.500 litros mensuales el cupo subsidiado para pequeños productores. Productores interculturales de Yapacaní, San Julián y Cuatro Cañadas, zonas distintas a las del estudio, bloquearon caminos, y el 25 de septiembre se pactaron créditos con productores de Yapacaní y de Marbán, la provincia beniana de San Andrés. A inicios de octubre, ANAPO estimó 1,35 millones de hectáreas de soya para verano, advirtió que podrían no sembrarse por los costos y pidió que el fondo de 800 millones de bolivianos llegue a pequeños y medianos.

El estudio propone para las familias paquetes tecnológicos, bioinsumos, manejo agroecológico de plagas, acceso a mercados locales y crédito, y advierte que la pequeña agricultura corre el riesgo de colapsar o ser absorbida por los monocultivos.

Setenta fincas no son una muestra representativa del país, y las cifras son estimaciones con supuestos declarados. Pero la pregunta que dejan sirve para cualquier debate sobre el campo, y es que no se trata de saber si el productor es grande o pequeño, sino en qué momento de su historia está abriendo monte, y con qué ayuda para no hacerlo.