Las comunidades chiquitanas quedan como islas de bosque entre desmontes

En una fotografía satelital de San Ignacio de Velasco, las comunidades indígenas aparecen como manchas verdes rodeadas de tierra desnuda. Peñas Alta es una de ellas. Alrededor ya no hay bosque, ni franjas de árboles que corten el viento, solo potreros y cultivos que se vuelven a quemar cada año.

Con esa imagen, Sara Crespo, directora ejecutiva e investigadora de Productividad Biosfera y Medio Ambiente (PROBIOMA), resumió lo que ocurre en la Chiquitanía en la apertura del Encuentro de Comunidades y Defensoras/es afectados por el Agroextractivismo en la Chiquitanía, el 23 de octubre, en la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en Santa Cruz de la Sierra.

Una región que alimenta dos cuencas

La Chiquitanía es una zona de transición entre la Amazonía y el Chaco. Por en medio de sus municipios nacen ríos que corren hacia las dos grandes cuencas del continente, la del Amazonas al norte y la del Plata al sur. Lo que pasa con su agua no se queda en la región.

Crespo comenzó por un dato global. El Global Forest Goals Report 2026 de Naciones Unidas indica que Sudamérica perdió más bosque que cualquier otra región del mundo entre 2015 y 2025, y que la expansión agrícola es el principal motor de esa pérdida. La Chiquitanía, dijo, es parte de ese proceso.

El mapa que mostró pinta la deforestación por épocas: en amarillo, la de 1956 a 1985; en tonos cada vez más oscuros, la más reciente. La mancha avanza desde el oeste, cruza el río Grande y se acerca a las cabeceras de agua.

Al bosque ya no le queda tiempo

El bosque seco chiquitano está adaptado a dos estaciones muy marcadas: lluvias intensas y una sequía larga. Esa adaptación lo vuelve sensible a cualquier cambio en el régimen de lluvias.

Se suele decir que es el bosque seco mejor conservado del mundo. Crespo dice que aún lo es porque otros, como el Cerrado brasileño, han sido casi borrados. Advirtió que en algunos municipios chiquitanos ya no corresponde hablar de degradación, sino de desaparición.

Los efectos, añadió, no tardarán décadas en notarse. Los incendios reducen la capacidad del bosque para resistir el cambio climático y afectan la recarga de agua subterránea.

Para qué se deforesta

Según un estudio de 2024 del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), citado por Crespo, entre 2010 y 2022 la deforestación se repartió  en un 60% para predios ganaderos y en un 31% para agricultura mecanizada sumando un 91% de la frontera agropecuaria en total.

En Bolivia, explicó, la frontera no solo avanza por la soya. La exportación de carne es reciente y empujó una expansión ganadera muy acelerada.

El método se repite en los testimonios que recoge PROBIOMA. Los grandes propietarios tumban el monte, apilan los árboles caídos en hileras llamadas cordones, los dejan secar y les prenden fuego. “Si he tumbado 3.000, 4.000 o 5.000 hectáreas y les he prendido fuego, es difícil controlarlo”, resumió. De ahí, sostuvo, suele descontrolarse el fuego y surgen muchos de los incendios, como los de 2019 y 2024.

Quién llega y quién se queda

En las comunidades, contó Crespo, la gente distingue entre dos ganaderías. La tradicional, de familias del lugar que convivían con el monte. Y la nueva, de compradores, muchos extranjeros, que adquieren esas propiedades, las desmontan por completo y no viven en la región, de modo que no sufren sus consecuencias.

De paso, Crespo mencionó que en una zona donde la carne se comía en el desayuno, el almuerzo y la cena, hoy es cada vez más cara. Muchas familias pasaron al pollo.

Lo que pierden las comunidades

El primer efecto es el agua. “Los ríos se volvieron arroyos, los arroyos quebradas y las quebradas desaparecen”, describió. A eso se suman:

Fauna desplazada. Los animales que pierden el monte se refugian en los pocos bosques que quedan, que son los comunales, y comen los cultivos de las familias.

Menos producción. Sin humedad, las chacras rinden menos.

Fumigaciones. La agricultura mecanizada llega con aplicaciones aéreas de agroquímicos sobre comunidades vecinas.

Salud física y emocional. Crespo habló de un estrés creciente: comunidades acorraladas, fumigadas y con menos agua.

Crespo citó el estudio de la hidrogeóloga Mónica Guzmán, de la Universidad Católica Boliviana. Según ese trabajo, las provincias Chiquitos y Germán Busch están en riesgo severo por la pérdida de su capacidad de recarga hídrica. Si se extrae más agua de la que entra a los acuíferos, advirtió, el agua se acabará pronto. Y el ganado consume mucha.

Atajado no es represa

Para dar de beber al ganado, muchas haciendas construyen obras que llaman atajados. Un atajado, explicó, es una excavación al costado que retiene el agua de lluvia que escurre. Cuando la obra corta el curso de un río, arroyo o quebrada, ya no es un atajado, es una represa. “Y eso es lo que se está haciendo por todas partes en la Chiquitanía”, afirmó.

Seis derechos en juego

En 2024, una alianza entre PROBIOMA, el CEDIB y la Clínica Jurídica de la Universidad Católica Boliviana, sede Cochabamba, hizo un relevamiento en San Ignacio de Velasco. Recogió testimonios sobre fumigaciones aéreas y represamiento de ríos. Los informes identifican vulneraciones a seis derechos:

1. Agua
2. Medio ambiente sano
3. Salud
4. Seguridad alimentaria
5. Autodeterminación
6. Trabajo digno

Crespo se detuvo en el quinto. Toda la Chiquitanía fue territorio ancestral de los pueblos indígenas, recordó; con las titulaciones, quedaron reducidos a sus comunidades. “Nadie les ha preguntado si estaban de acuerdo con este modelo de desarrollo”, dijo. Por eso, concluyó, también se vulnera su derecho a decidir.
También criticó la respuesta estatal, pues de los incendios se habla mucho en televisión, pero en el territorio, dijo, no hay acciones claras, coordinadas ni efectivas.