Especial | Un año de Paz | Parte 3 de 6
Paz heredó la arquitectura financiera de García Linera y Arce Catacora
Con la devaluación, la banca batió récords mientras el ahorro previsional de los trabajadores perdió casi un tercio en dólares. Bancos ganan y aportantes pierden en un sistema financiero sin remedio.
En corto
- El fondo de pensiones perdió USD 8.298 millones de valor en dólares en junio.
- El 46,64% del ahorro previsional está en la banca privada.
- Ninguna norma del año reformó la Ley 393, la 065 ni la de Valores.
- La Gestora no publica la composición del fondo desde junio de 2025.
En 2026, los bancos más grandes del país registraron utilidades récord y el fondo de pensiones de los trabajadores bolivianos perdió en un solo mes USD 8.298 millones de su valor en dólares. Las dos cifras salen del mismo hecho, la devaluación del 29 de junio, y de una misma arquitectura legal que el nuevo gobierno heredó y no tocó.
Las reglas de 2010 y 2013
El sistema financiero boliviano funciona con tres leyes. La de Pensiones, la 065, de 2010, creó una Gestora estatal para administrar los aportes. La de Servicios Financieros, la 393, de 2013, fue diseñada en la vicepresidencia de Álvaro García Linera y ejecutada por el entonces ministro de Economía Luis Arce. Esa ley permite que un banco encabece un grupo financiero con su propia agencia de bolsa, su administradora de fondos de inversión (SAFI) y su aseguradora. La tercera es la del Mercado de Valores, de 1998.
Cero reformas. Ninguna de las 364 normas del año tocó las leyes de bancos, pensiones ni valores.
En la práctica, ese diseño junta en un mismo grupo a quien presta, a quien estructura y paga los bonos de las empresas y a quien administra fondos que compran esos bonos. El Banco de Crédito tiene a Credibolsa y Credifondo. El BNB tiene a BNB Valores, que el 27 de octubre renovó un préstamo de Bs 7 millones con el Banco de Crédito. Los grupos también se financian entre sí. BISA tiene su agencia, su aseguradora y La Vitalicia.
El programa del PDC no proponía reformar la banca. Sí prometía “fortalecimiento institucional y gobernanza del sistema de seguridad social”, “fortalecimiento del sistema integral de pensiones” y autoridades designadas por mérito en las entidades que dependen del Ministerio de Economía. Ninguna de las 364 normas del año modificó la Ley 393, la Ley 065 ni la del Mercado de Valores. La Gestora sigue sin el Directorio que la Ley 065 ordenó crear hace 16 años.
Administrar en lugar de reformar
El gobierno sí usó las palancas de la Ley 393, pero para administrar la crisis. En febrero exigió a los bancos el 6% de sus utilidades. En abril autorizó al Ministerio de Economía a redirigir por resolución los fondos formados con esas utilidades. En junio ordenó reprogramar créditos de afectados por los bloqueos sin que el deudor pase a una categoría de mayor riesgo. En septiembre bajó del 50% al 40% las cuotas obligatorias de crédito productivo y de vivienda.
La norma más reveladora es el Decreto 5693, del 31 de agosto, porque autoriza al Fondo Amplio de Garantía y de Crédito a emitir “certificados de fortalecimiento patrimonial” de hasta 90 días para los bancos que, al 31 de julio, no cumplían el mínimo de solvencia. La medida fue aprovechada, sobre todo, por el Banco PYME de la Comunidad. Un mes después, el memorando firmado con el FMI decía que la “indulgencia regulatoria” debe evitarse en adelante.
La factura de la devaluación
Según datos de la Gestora, el fondo valía USD 30.348 millones en mayo con el dólar a 6,96 y USD 22.050 millones en junio con el dólar a 9,76. Su gerente sostiene que eso no afecta las pensiones, que se pagan en bolivianos. Es cierto en términos nominales. De acuerdo a una estimación propia, con la inflación de 2025 y las proyecciones para 2026 y 2027, habrá una pérdida real superior al 30% en cuatro años.
El destino de ese ahorro explica quién queda del otro lado. A junio, el 46,64% del fondo estaba en la banca privada y el 39,70% en deuda del Estado. A la producción directa llegaba cerca del 4%. El fondo guarda además bonos del Tesoro sin cupón por USD 665,8 millones, a tasa 0% y unos 29 años, una herencia del gobierno anterior.
En los bancos, la devaluación tuvo otro signo. Entre enero y septiembre, el BCP ganó Bs 350,2 millones, un 166% de lo que ganó en todo 2025. Banco Unión ganó Bs 779,8 millones; sus ganancias cambiarias equivalen al 28% de su resultado antes de impuestos. Entre el 26 de junio y el 16 de octubre, los bancos compraron USD 2.838 millones al Banco Central, a un precio medio de Bs 11,60. BISA compró un tercio, lo bastante para mover el tipo de cambio oficial entre dos y seis centavos, según cálculos propios.
Parte de esa liquidez sale del país. BISA, que recibió inversiones del fondo de pensiones por USD 1.407,6 millones, cerca de un tercio de sus activos, repartió la mitad de su utilidad de 2025. Unos Bs 300 millones llegaron a ICE Ingenieros, cuyo último eslabón visible es una sociedad en Panamá. El 21 de septiembre, el banco abrió una sucursal en ese país, lo que no implica infracción, pero sí un circuito donde el ahorro previsional financia a un banco cuyas utilidades van hacia un dueño final que no es público.
BFC: la señal de alerta
Frigorífico BFC es en un 80% propiedad de Frigorífico Concepción, de Paraguay, y garantiza las deudas de su matriz. En junio, Fitch rebajó a la matriz a “CC”. El 8 de octubre, la matriz suspendió el pago de intereses de sus bonos. En Bolivia, BFC colocó cinco emisiones por Bs 696 millones. Su calificación cayó de A1 a BBB2 el 29 de junio y en julio reconoció que había incumplido sus compromisos financieros.
El 28 de octubre, Credibolsa, la agencia del grupo BCP y agente pagador, informó a la ASFI que BFC no había repuesto el fondo de contingencia usado para pagar cupones de dos emisiones. Antes, el propio BCP había recibido en julio propiedades de BFC por Bs 166,9 millones para cancelar deudas. Banco Unión reprogramó sus créditos, y su exgerente general fue contratado por BFC en junio para manejar los pasivos.
En el último dato público, de junio de 2025, la Gestora tenía USD 42,4 millones en bonos de BFC. Desde entonces, ni la Gestora ni la APS publican la composición del fondo. Las cartas de este medio al Ministerio de Economía, a la ASFI y a la Gestora no tienen respuesta.
El espejo paraguayo
El 3 de noviembre, el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank, con 2,6 millones de clientes y USD 869 millones en depósitos del Estado. Los reguladores investigan préstamos a empresas vinculadas a su grupo dueño. Un miembro de su consejo citó los problemas de deuda de Frigorífico Concepción entre las causas de la caída de sus bonos. El presidente del Banco Central anunció su salida.
En Bolivia se tiene el caso del Banco Fassil, y no es que vaya a suceder lo mismo otra vez, sino que el riesgo se acumula donde coinciden el dinero público, los grupos vinculados y un supervisor que no informa. Para la analista Edith Gálvez, el caso de Frigorífico BFC refleja fallas de supervisión. Si hubo intención detrás de esa omisión debe establecerlo una investigación. Lo verificable es que el gobierno no ha cambiado las reglas.
La corrección vendrá de afuera
Las reformas pendientes no están en la agenda del gobierno, sino en el memorando con el FMI, que pide pruebas de tensión y revisión de la calidad de los activos bancarios hasta marzo de 2027, y reglas sobre partes vinculadas hasta junio. El Fondo, además, advierte que los bancos “dependen en gran medida” de los depósitos de la Gestora. Entre los proyectos en debate, uno propone invertir en el exterior entre el 30% y el 80% del ahorro previsional. En una paradoja soberana, la Ley de Inversiones, enviada en agosto, no dice nada sobre el ahorro interno.
ESPECIAL | UN AÑO DE PAZ
PARTE 1 — Paz frente a su programa: 364 normas, 15 promesas cumplidas | Todo lo que el gobierno publicó en la Gaceta Oficial en su primer año, comparado, estrategia por estrategia, con el programa electoral que lo llevó al poder.
PARTE 2 — El FMI fijó el calendario que Paz nunca anunció | El programa de gobierno no mencionaba al FMI, pero sus condiciones terminaron ordenando la economía del año y la agenda de 2027.
► PARTE 3 — Paz heredó la arquitectura financiera de García Linera y Arce Catacora | Paz heredó la arquitectura financiera de García Linera y Arce. Con la devaluación, la banca batió récords mientras el ahorro previsional de los trabajadores perdió casi un tercio en dólares.
PARTE 4 — Diésel liberado, pozos quietos y 15 empresas estatales en quiebra | El gobierno abrió el negocio de los combustibles a privados, a precio internacional, mientras la exploración petrolera, el litio y las empresas públicas siguen sin respuesta.
PARTE 5 — Más Presidencia, más excepción y ninguna reforma para la justicia | El programa prometía descentralizar el poder y reconstruir la justicia. En la práctica, el poder se concentró en Palacio y se legisló un régimen de excepción.
PARTE 6 — Los bonos sin reformas y la factura de 2027 | La política social del año consistió en transferencias para amortiguar el ajuste. Las reformas prometidas en educación, salud y ambiente no llegaron. Enero de 2027 traerá el siguiente golpe económico.


