Diésel liberado, pozos quietos y 15 empresas estatales en quiebra

En corto

• El diésel subió dos veces: de 3,72 a 9,80 en diciembre y a 17,95 en septiembre.
• La gasolina sigue en 6,96 hasta diciembre. En enero pasará a precio de costo.
• Importar combustible, crudo y gas dejó de ser monopolio de YPFB.
• En 2025, 24 de 67 empresas públicas tuvieron pérdidas.

En diciembre de 2025, la gasolina subió 86% y el diésel 160%. Fue el primer golpe económico del nuevo gobierno y el único que sobrevivió intacto a la caída del decreto 5503. Diez meses después, el diésel volvió a subir 83% y llegó a 17,95 bolivianos por litro. Entre ambos momentos hay una historia de avances por partes, de congelamientos y de una guerra lejana que encareció el petróleo.

Cuatro pasos para un precio

El primer paso fijó la gasolina especial en 6,96 bolivianos y el diésel en 9,80. También creó una fórmula que, en teoría, debía acercar los precios al costo de importación tras seis meses. Ese plazo no se cumplió. La guerra en Medio Oriente disparó el petróleo desde marzo y los bloqueos de mayo y junio, que duraron 53 días, volvieron políticamente imposible otra subida.

El segundo paso fue el Decreto 5652, de julio. Incorporó el tipo de cambio flexible a la fórmula, pero congeló los precios hasta diciembre. El costo lo absorbe el Tesoro y el Decreto 5683 autoriza hasta Bs 2.000 millones para cubrir la diferencia que paga YPFB.

El tercero llegó en agosto. El Decreto 5676 permitió vender diésel a precio de costo, unos 18 bolivianos, a los grandes consumidores, que representan cerca del 20% del consumo nacional. El argumento oficial era frenar el contrabando, que aprovecha la diferencia con los países vecinos.

El cuarto, el 19 de septiembre, igualó el precio para todos y estableció una banda de ajuste automático. Para la gasolina, el compromiso con el FMI fija enero de 2027 como fecha de llegada al costo real.

Un mercado que dejó de ser monopolio

Mientras subían los precios, cambió también quién puede vender combustible en Bolivia. Bajo la “emergencia energética” del Decreto 5517, que sigue vigente, una cadena de normas abrió un negocio que fue exclusivo de YPFB durante dos décadas.

Hoy cualquier privado con almacenaje puede importar y vender derivados a precio de mercado y usar la infraestructura existente. Las refinerías pueden importar crudo y vender lo que procesan. Las empresas pueden importar gas natural, incluso licuado, para su propio consumo o para generar electricidad. Para un país que fue el proveedor de gas de la región, esa autorización marca un giro histórico.

La apertura alcanzó también a la electricidad. Cualquier agente puede ahora comprar o vender energía a países vecinos. Las distribuidoras pueden generar hasta 15% de su energía con fuentes renovables propias. Hogares y empresas pueden generar electricidad con paneles solares y aportar al sistema.

Ninguna de estas medidas tiene rango de ley ni pasó por la Asamblea. Todas cuelgan de decretos de emergencia, con frases como “de manera excepcional”. Un inversionista sabe que lo que un decreto abre, otro decreto puede cerrarlo.

Lo que no se movió

La exploración petrolera era el centro de la política energética del PDC. El programa prometía incentivos legales y fiscales, nuevos yacimientos y una ley moderna de hidrocarburos. Un año después no hay ninguna de las tres. El único decreto sobre incentivos los ajusta cuando el precio del crudo supera un umbral. El régimen de estabilidad jurídica para inversionistas cayó con el decreto 5503. Según el FMI, el gobierno envió a la Asamblea un proyecto de ley de inversiones en agosto y prepara normas para hidrocarburos y minería. Mientras tanto, la producción de gas cayó cerca de 20% en lo que va del año.

El litio es un silencio todavía mayor. No hay un solo decreto sobre Yacimientos de Litio Bolivianos en todo el año.

En minería, el patrón se repite. En abril, el gobierno declaró una reserva fiscal minera en Chuquihuta, en Potosí, y la anuló dos meses después para “fortalecer la socialización” con las comunidades. Tampoco hay ley minera ni medidas contra el mercurio en los ríos. La única norma de peso obliga a los exportadores de oro a liquidar el 80% de sus divisas. Hay más control estatal, no más inversión.

YPFB intervenida

A fines de agosto, el gobierno intervino YPFB por 180 días y creó una comisión de ministros para auditar su cadena de importación y distribución. Días después intervino también a la ANH, que es el regulador. No es la reestructuración que prometía el programa, sino un instrumento de control.

Utilidad prestada. YPFB reportó Bs 2.787 millones de utilidad gracias a Bs 18.379 millones en compensaciones estatales.

Los estados financieros de la petrolera explican la urgencia. En 2025, YPFB reportó una utilidad de Bs 2.787 millones. Pero sus ingresos operativos, de Bs 28.364 millones, no alcanzaron para cubrir el costo de lo que vendió, que fue de Bs 43.341 millones. La utilidad aparece gracias a Bs 18.379 millones en “otros ingresos”, que en esencia son compensaciones del Estado por el subsidio. Sus deudas de corto plazo superan los Bs 37.000 millones.

La intervención llegó después de otro golpe. El primer ministro de Hidrocarburos de Paz, Mauricio Medinaceli, dejó el cargo en abril en medio del caso de la “gasolina basura”, el combustible fuera de especificación importado entre octubre de 2025 y enero de 2026. En julio fue aprehendido, acusado de haber firmado una resolución para liberar tanques precintados por la ANH y distribuir gasolina sin control de calidad, y recibió detención domiciliaria. Más tarde, entre los audios atribuidos a Cerimedo que difundió el vicepresidente, aparecieron conversaciones sobre hidrocarburos que mencionan al ministro Marcelo Blanco y al presidente de YPFB. Ninguno de esos audios tiene pericia oficial.

El inventario de las empresas públicas

El reporte financiero de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) cubre 67 empresas entre 2006 y 2025. En 2025, 24 de ellas cerraron con pérdidas que suman Bs 2.092 millones. Es el peor registro anual desde la pandemia. En abril, el director de la OFEP, Pablo Camacho, informó que 15 empresas están en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas de Bs 2.655 millones.

Diez empresas perdieron dinero en al menos cuatro de los últimos cinco años. Siete tienen patrimonio negativo, es decir, deben más de lo que valen. Cuatro aparecen en ambas listas: YLB, la azucarera EASBA, la textil Yacana y la metalúrgica de Karachipampa.

El presupuesto reformulado ordenó a la OFEP diagnosticar a todas las empresas en 30 días y autorizó liquidar las inviables. En julio, el COSEEP, que fija la política para las empresas estatales, pidió a cada ministerio un plan de cierre, reestructuración o alianza con privados. La lista definitiva todavía no se conoce.

Hay un límite que la discusión pública suele pasar por alto, y es que cerrar empresas pequeñas ahorra poco. El agujero mayor está en los créditos del Banco Central a ENDE, YPFB y YLB, que suman unos Bs 34.000 millones y no se resuelven cerrando nada. Por eso el FMI exige revisar la solidez del balance del propio Banco Central.

ESPECIAL | UN AÑO DE PAZ

PARTE 1 — Paz frente a su programa: 364 normas, 15 promesas cumplidas | Todo lo que el gobierno publicó en la Gaceta Oficial en su primer año, comparado, estrategia por estrategia, con el programa electoral que lo llevó al poder.

PARTE 2 — El FMI fijó el calendario que Paz nunca anunció | El programa de gobierno no mencionaba al FMI, pero sus condiciones terminaron ordenando la economía del año y la agenda de 2027.

PARTE 3 — Paz heredó la arquitectura financiera de García Linera y Arce Catacora | Paz heredó la arquitectura financiera de García Linera y Arce. Con la devaluación, la banca batió récords mientras el ahorro previsional de los trabajadores perdió casi un tercio en dólares.

► PARTE 4 — Diésel liberado, pozos quietos y 15 empresas estatales en quiebra | El gobierno abrió el negocio de los combustibles a privados, a precio internacional, mientras la exploración petrolera, el litio y las empresas públicas siguen sin respuesta.

PARTE 5 — Más Presidencia, más excepción y ninguna reforma para la justicia | El programa prometía descentralizar el poder y reconstruir la justicia. En la práctica, el poder se concentró en Palacio y se legisló un régimen de excepción.

PARTE 6 — Los bonos sin reformas y la factura de 2027 | La política social del año consistió en transferencias para amortiguar el ajuste. Las reformas prometidas en educación, salud y ambiente no llegaron. Enero de 2027 traerá el siguiente golpe económico.