Los bonos sin reformas y la factura de 2027

En corto

• El salario mínimo subió a Bs 3.300 y la Renta Dignidad a Bs 500.
• Los aumentos de la Renta Dignidad y del Juancito Pinto vencen en diciembre de 2026.
• No hubo normas para educación de calidad, deporte, población LGBTI ni protección animal.
• En enero de 2027, la gasolina pasará a precio de costo.

La política social del primer año de Rodrigo Paz Pereira en la presidencia puede definirse como “compensatoria”. El programa del PDC prometía un sistema educativo con estándares internacionales, hospitales de calidad y protección para los sectores vulnerables, todo bajo el sello 50/50. Lo que se aplicó fue una red de bonos para que el alza de los combustibles y del dólar no golpeara a los más pobres. Funcionó como amortiguador, pero no cambió los servicios que recibe la gente.

La red de transferencias

El paquete social nació junto con el primer ajuste, en diciembre de 2025. El salario mínimo subió 20%, a Bs 3.300. La Renta Dignidad para quienes no tienen jubilación pasó de Bs 350 a Bs 500 al mes. El bono Juancito Pinto subió de Bs 200 a Bs 300 por estudiante. Se creó además el Programa Extraordinario de Protección y Equidad, el PEPE, que pagó Bs 150 mensuales durante tres meses a familias con hijos en escuelas fiscales, madres gestantes y personas con discapacidad.

En noviembre de 2026 empezó una segunda ronda, el PEPE II, con Bs 250 cada dos meses hasta abril de 2027. Los maestros recibieron un bono anual de Bs 2.400 por cumplir el calendario escolar.

Según simulaciones del Banco Mundial citadas por el FMI, el primer paquete llegó a cerca del 71% de la población y al 84% de los hogares pobres. El acuerdo con el Fondo incluye incluso un piso mínimo de gasto social: Bs 9.300 millones en 2026.

Parece un detalle, pero según el anexo del informe del FMI, el aumento de la Renta Dignidad y el del Juancito Pinto son temporales y vencen en diciembre de 2026. Su continuidad dependerá del presupuesto de 2027, que debe cumplir un techo de déficit más estrecho.

Lo prometido no llega

En educación, el programa prometía actualizar la currícula, formar docentes, crear un sistema trilingüe con inglés y acreditar las escuelas con la norma ISO 21001. Nada de eso tiene norma. Hubo un diploma de bachiller digital, pasantías ampliadas a universidades privadas y la certificación de idiomas oficiales, que no incluye el inglés.

En salud, el programa prometía un nuevo modelo hospitalario, terapia intensiva en hospitales de segundo y tercer nivel y digitalización. El propio programa documentaba que el 60% de los hospitales no tenía los medicamentos necesarios. Lo que hubo fueron leyes declarativas, como un centro oncológico para Tarija y pasajes gratuitos para pacientes con cáncer, y exenciones aduaneras para donaciones.

Varias promesas para sectores vulnerables quedaron en blanco. No hay ninguna norma para la población LGBTI. Tampoco para la protección animal, y la única ley que menciona animales endurece las penas por robo de ganado, es decir, protege la propiedad. El deporte, con seis estrategias en el programa, no tuvo ni un decreto.

Empleo y pensiones

En empleo, el resultado fue mixto. Además del aumento salarial, la Asamblea aprobó un préstamo de USD 100 millones para un programa de emergencia de empleo y el gobierno creó un fideicomiso de apoyo productivo. La formalización llegó por la vía del “perdonazo” con una ley condonó deudas tributarias antiguas y abrió un régimen de regularización. La modernización de la normativa laboral, en cambio, no tuvo norma. En pensiones subieron las rentas del sistema de reparto, pero no hubo reforma. El FMI advierte sobre la alta exposición de la Gestora previsional a la deuda del sector público, en consonancia con la reducción que ese ahorro tuvo gracias a la devaluación.

Ambiente: una estrategia y tres contradicciones

El gobierno aprobó una estrategia nacional de biodiversidad para 2026-2030 y declaró la emergencia por sequía y el fenómeno de El Niño. En el programa se había hecho una promesa concreta de abrogar las “leyes incendiarias”, a las que culpaba de los incendios que en 2024 arrasaron más de 10 millones de hectáreas, pero esa abrogación no ocurrió.

En cambio, el Decreto 5613 ordenó revisar concesiones forestales en Pando y Beni para revertirlas y entregarlas a comunidades con “resolución de asentamiento”, incluso en tierras fiscales “no disponibles”. Otro decreto declaró de interés nacional un túnel dentro del Parque Nacional Aguaragüe. La Ley 1720, que permitía convertir la pequeña propiedad agraria en mediana con una simple declaración jurada, fue abrogada al mes para proteger territorios indígenas y áreas protegidas.

La factura de 2027

El memorando firmado con el FMI fija para el próximo año un calendario que afectará a todos los hogares.

En enero, la gasolina dejará el precio congelado de 6,96 y pasará a precio de costo, según el decreto 5652. El presupuesto de 2027 no tendrá subsidios a los combustibles y deberá cerrar con un déficit de hasta Bs 36.800 millones. La masa salarial del Estado deberá crecer menos que la economía.

Enero 2027. La gasolina dejará los 6,96 bolivianos por litro y pasará a precio de costo real.

En marzo, el gobierno deberá presentar a la Asamblea una ley de registro social unificado con comprobación de ingresos. El objetivo declarado es focalizar mejor la ayuda. El efecto posible es que bonos hoy universales, como la Renta Dignidad, se vuelvan selectivos. En la misma fecha vence la estrategia de recaudación, que debe sumar al menos un punto del PIB por año desde 2028.

Hasta junio desaparecerán los topes a las tasas de interés y las cuotas obligatorias de crédito productivo y de vivienda social. El crédito barato para esos sectores dependerá del mercado.

Todo ocurrirá en una economía que, según las proyecciones del propio programa, caerá 1,5% en 2027, con una inflación que el FMI espera en 14% a fines de 2026. El Fondo identifica como primer riesgo del programa “el reavivamiento del malestar social” por la eliminación de los subsidios. La primera revisión del acuerdo está prevista para diciembre, el mismo mes en que vence la ampliación del estado de excepción. A eso se suma la sequía: el 31 de octubre se declaró la emergencia, con 114.048 familias afectadas.

El balance

Un año después, el gobierno de Rodrigo Paz puede mostrar inflación en baja, reservas en alza y acceso al crédito internacional. Ninguno de esos logros figuraba con ese nombre en su programa, y ninguno frenó la caída de su aprobación, que según Ipsos Ciesmori pasó de 65% en noviembre a 21% en septiembre. La promesa central, la del 50/50, sobrevive como un acuerdo con los gobernadores y un proyecto que les ofrece el 1% de los impuestos, sin ley ni presupuesto. Las reformas de calidad no tienen ni lo uno ni lo otro. El año que viene dirá si los bonos alcanzan para sostener el ajuste que falta.

ESPECIAL | UN AÑO DE PAZ

PARTE 1 — Paz frente a su programa: 364 normas, 15 promesas cumplidas | Todo lo que el gobierno publicó en la Gaceta Oficial en su primer año, comparado, estrategia por estrategia, con el programa electoral que lo llevó al poder.

PARTE 2 — El FMI fijó el calendario que Paz nunca anunció | El programa de gobierno no mencionaba al FMI, pero sus condiciones terminaron ordenando la economía del año y la agenda de 2027.

PARTE 3 — Paz heredó la arquitectura financiera de García Linera y Arce Catacora | Paz heredó la arquitectura financiera de García Linera y Arce. Con la devaluación, la banca batió récords mientras el ahorro previsional de los trabajadores perdió casi un tercio en dólares.

PARTE 4 — Diésel liberado, pozos quietos y 15 empresas estatales en quiebra | El gobierno abrió el negocio de los combustibles a privados, a precio internacional, mientras la exploración petrolera, el litio y las empresas públicas siguen sin respuesta.

PARTE 5 — Más Presidencia, más excepción y ninguna reforma para la justicia | El programa prometía descentralizar el poder y reconstruir la justicia. En la práctica, el poder se concentró en Palacio y se legisló un régimen de excepción.

► PARTE 6 — Los bonos sin reformas y la factura de 2027 | La política social del año consistió en transferencias para amortiguar el ajuste. Las reformas prometidas en educación, salud y ambiente no llegaron. Enero de 2027 traerá el siguiente golpe económico.