Ocho trimestres en rojo: Bolivia profundiza la recesión tras el cambio de motor

La economía boliviana se contrajo 3,27% entre enero y junio de 2026. El dato lo publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 30 de octubre. Solo en el segundo trimestre, la caída interanual fue de 5,94%.

La nota oficial atribuye el golpe a “los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio”. Las cifras sectoriales lo respaldan en parte. La construcción cayó 29,21%; el transporte, 14,50%; la manufactura, 11,33%; el comercio, 9,28%. Esas cuatro actividades restaron 3,55 puntos al semestre, cerca del 87% de la caída del valor agregado.

Pero los propios cuadros del INE dicen más. La caída no empezó con los bloqueos, pues el primer trimestre ya fue negativo (-0,31%). Es el octavo trimestre consecutivo de contracción, una racha que comenzó en el tercer trimestre de 2024. Por otra parte, la construcción y el transporte ya se hundían antes de mayo. Caían 24,63% y 10,94% en el primer trimestre, sin un solo día de bloqueo. Y el PIB en bolivianos creció 20,5%. Mientras el volumen se encogía, los precios implícitos de la economía subieron casi 25%.

El cierre del comunicado tampoco es habitual en un instituto estadístico. Pide “sostener las medidas económicas” y habla de “la reconstrucción de nuestra economía”. Es el lenguaje del Ejecutivo, no el de un órgano técnico, y defiende medidas contrarias a lo que Rodrigo Paz ofreció en campaña, que han cosechado rechazo popular y empresarial.

Recesión antes del cambio de gobierno

La recesión no empezó con Paz. Con el nuevo año base del INE (2017), 2024 pasó de un crecimiento de 0,73% a una caída de 1,12%. Desde el tercer trimestre de ese año, bajo Luis Arce Catacora, no hubo un solo trimestre positivo. En el segundo trimestre de 2026, el volumen del PIB fue 5,8% menor que en el mismo periodo de 2019 y apenas 1,6% mayor que en 2017. Casi una década perdida.

Arce entregó reservas por 3.227 millones de dólares, apenas 72,6 millones en divisas, inflación interanual de 23,3% en septiembre de 2025 y un déficit fiscal de 10,2% del PIB en 2024. La producción de gas había caído de 60 a 28 millones de metros cúbicos diarios, y el subsidio a los combustibles superaba los 2.000 millones de dólares en 2024.

Paz sabía lo que iba a administrar. Su programa de gobierno, la Agenda 50/50 del Partido Demócrata Cristiano, describía una economía en “terapia intensiva”: estanflación, reservas líquidas de 153 millones de dólares, un déficit de 12% del PIB y gas en declive. Advertía incluso de “una recesión prolongada” si no se actuaba. Ya en el Gobierno, su DS 5516 habla de una crisis “estructural y terminal, heredada del anterior gobierno”.

El programa preveía “recomponer” los precios de los combustibles y reducir subsidios. Pero en campaña Paz prometió salir de la crisis sin ajustes bruscos, y su rival Jorge Quiroga lo acusó después de haber prometido no tocar la subvención.

Del decreto abrogado al FMI

El 17 de diciembre de 2025, el Decreto Supremo 5503 subió la gasolina de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro y el diésel de 3,72 a 9,80. También elevó 20% el salario mínimo.

La Central Obrera Boliviana respondió con seis días de bloqueos en siete departamentos. El 11 de enero de 2026, el Gobierno firmó la abrogación total del decreto. Dos días después, el DS 5516 lo reemplazó manteniendo los nuevos precios de los combustibles y el aumento salarial, subiendo el bono Juancito Pinto de 200 a 300 bolivianos y la Renta Dignidad en 150, y creando un bono temporal para familias vulnerables.

En mayo, Bolivia volvió a los mercados con 1.000 millones de dólares en bonos al 9,45%. El 29 de junio, el dólar oficial pasó de 6,96 a 9,73 bolivianos con un régimen flexible. En agosto y septiembre, el diésel quedó a precio internacional. El 2 de octubre, el FMI aprobó un programa de 36 meses por unos 1.900 millones de dólares, que obliga a alinear la gasolina desde enero de 2027.

La inflación, principal logro del Gobierno, bajó a 5,70% anual en septiembre, desde más de 23% un año antes. Las reservas subieron a 3.978 millones de dólares a mediados de octubre, aunque las divisas utilizables eran solo 647 millones.

Crédito más caro y más escaso

El financiamiento conseguido es para el Estado. A septiembre, Bolivia pagó 1.744 millones de dólares de deuda externa y recibió 1.280 millones, una transferencia neta negativa.

Dentro del país, el crédito se restringe. Para frenar el dólar, el Banco Central elevó el encaje legal sobre depósitos en bolivianos, que llegó a 7,5% en septiembre. Luego creó una reserva adicional de 2,5% sobre depósitos de corto plazo, inmovilizada sin intereses hasta marzo de 2027.

El único alivio fue el diferimiento por seis meses de cuotas de vivienda social y de micro y pequeñas empresas, que el DS 5516 reglamentó a partir de una ley de noviembre de 2025. No fue crédito nuevo, y los intereses siguieron corriendo. Las medidas del Banco Central, en cambio, retiran liquidez de los bancos. El expresidente de la Asociación de Bancos Privados, Marcelo Trigo, anticipó “un crédito más limitado y selectivo”. Analistas prevén requisitos más duros y préstamos más caros para empresas y familias, un efecto que se notará con más fuerza en 2027.

Bloqueos y Súper Niño

El segundo gran conflicto empezó el 1 de mayo. La COB, sectores campesinos y grupos afines a Evo Morales bloquearon el país durante 53 días. Exigían un aumento salarial, combustible y la abrogación de la Ley 1720 sobre tierras, que el Gobierno anuló el 13 de mayo. El conflicto dejó 24 muertos y 583 detenidos.

En julio, el ex ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, estimó que el PIB de 2026 caería entre 0,7% y 1%. Para cerrar en -1%, la economía tendría que crecer 1,3% en el segundo semestre.

El 31 de octubre, el Decreto 5759 declaró emergencia nacional por la sequía y El Niño 2026-2027. La sequía ya afectó a 114.048 familias y destruyó más de 60.000 hectáreas de cultivos. El riesgo apunta al agro, que creció 6,66% en 2025 y fue el único motor de ese año.

Una economía que produce menos y cobra más

Los anexos del INE revelan que, en el primer semestre, el PIB en bolivianos corrientes creció 20,5%, mientras el volumen caía 3,27%.

La diferencia es el deflactor implícito, el precio promedio de todo lo que produce el país, que subió 24,6%. Entre 2018 y 2023 osciló entre -1,2% y 2,8% anual.

La brecha tiene origen en la minería. La actividad extractiva duplicó su valor en bolivianos con un volumen apenas 2,4% mayor, impulsada por los precios de la plata y el oro y por el nuevo tipo de cambio. Su peso en el PIB saltó de 11,1% a 18,9% en un año.

Al otro lado, la inversión fija cayó a 11,4% del PIB, la mitad que en 2017.

Para Tarija, la lectura es doble. La renta extractiva que crece es minera, del occidente; el gas sigue en declive. La Gobernación calculó pérdidas de hasta 100 millones de dólares por los bloqueos, y sus ingresos por hidrocarburos cayeron 92% entre 2014 y 2026.

Quién dejó de gastar

Los cuadros de gasto muestran que la recesión cambió de motor. La inversión empezó a derrumbarse en 2024 y tocó fondo a inicios de 2025, con -30,9%. Las exportaciones cayeron con el gas.

El consumo de los hogares resistió todo 2025, con combustibles subsidiados. En 2026 cayó 1,1% y luego 5,8%. En el segundo trimestre fue el componente de la demanda interna que más restó.

El consumo del gobierno, en cambio, cayó todo 2025 y creció en 2026: 4,7% y 2,0% en volumen. Su precio implícito subió solo 2,5% en el semestre, frente a 24,6% del conjunto de la economía. El Estado no recortó servicios, sino que el ajuste recayó en el costo. El DS 5516 prohibió nuevas contrataciones, salvo en salud, magisterio, Fuerzas Armadas y Policía, y obligó a ajustarse a techos presupuestarios. Los sueldos públicos no siguieron a la inflación.

Los audios y el caso Cerimedo

El argentino Fernando Cerimedo, estratega de campaña y luego asesor principal de Paz, fue detenido el 18 de agosto. La Fiscalía lo acusa de ser autor intelectual de un intento de feminicidio contra la abogada Nadia Beller. Su defensa niega los cargos.

Desde el 31 de agosto circulan al menos una docena de audios atribuidos a Cerimedo, al presidente, a la primera dama y a ministros. Según lo publicado, mencionan una “novela” para justificar el estado de excepción, cortes de servicios básicos a manifestantes, cerca de un millón de dólares para un operativo contra Evo Morales e influencia de la primera dama en el mando policial y en hidrocarburos. Su autenticidad no está establecida judicialmente. Paz insinuó que podrían ser creados con inteligencia artificial; verificadores no hallaron indicios de ello en varios. Legisladores del propio PDC, de Alianza Popular y de Libre piden investigarlos.

Sin margen

El FMI proyecta una caída de 3% en 2026 y de 1,5% en 2027; el Banco Mundial, de 2,8% y 1,4%. Bolivia sumaría cuatro años seguidos de contracción.

Aprobación desplomada
En las cuatro ciudades del eje, la aprobación de Paz cayó de 65% a 25%.

Paz llega a su segundo año sin margen. Una encuesta de Ipsos Ciesmori en las cuatro ciudades del eje troncal registra 21% de aprobación y 76% que no volvería a votar por él. Los exportadores, el agro cruceño y los gremiales rechazaron el diésel a precio internacional, y los comerciantes se declararon en emergencia por el dólar.

El presidente heredó la crisis, pero la conocía y describía con precisión en su programa. Llegó con la promesa de evitar el ajuste brusco y lo aplicó; el principal decreto cayó por presión popular. Hoy el crédito se encarece y los hogares gastan menos. En enero de 2027 debe subir la gasolina, la medida más temida, con un Gobierno debilitado por los audios y sin el respaldo que lo llevó al poder.

La Agenda 50/50 quedó en 1%

El corazón del programa con el que Rodrigo Paz ganó la presidencia es la Agenda 50/50, es decir, la repartición por mitades de los recursos públicos entre el nivel central y las gobernaciones, alcaldías y universidades.

El documento del Partido Demócrata Cristiano parte de un diagnóstico duro. Describe un “Estado tranca” que concentra más del 80% del Presupuesto General y decide “desde la comodidad” de la Casa Grande del Pueblo. Su primera política es un “nuevo modelo económico” basado en esa redistribución, financiada con el ahorro de congelar empresas públicas deficitarias y contrataciones del nivel central.

El programa propone además un Fondo de Estabilización Cambiaria, con recursos de bancos multilaterales, para unificar el tipo de cambio. Pero el Gobierno eligió un dólar flexible que el Banco Central intenta contener restringiendo la liquidez.

En diciembre de 2025, el exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que el 50/50 empezaría a aplicarse de forma gradual con el presupuesto de marzo de 2026. Pero en julio, Paz advirtió que el 50/50 “no es repartir plata”, sino reestructurar el Estado. En agosto firmó en Sucre un acuerdo con los gobernadores para una aplicación gradual. En octubre, en Cobija, Gobierno y regiones todavía debatían cómo iniciarlo en 2027.

El 3 de noviembre, el Gobierno anunció un proyecto de ley que asigna a las gobernaciones el 1% de los impuestos coparticipables desde 2027, mientras los gobernadores apuntan a comenzar con 5%.

Para las regiones productoras, como Tarija, la distancia es grande. Sus ingresos dependen de una renta gasífera en caída libre, y la promesa de autonomía fiscal llega en dosis mínimas, en medio del ajuste más severo en dos décadas.