Nathanael Hastie: “García Linera archivó el proyecto de ley contra la fuga de capitales”

Nathanael Hastie Falkiner llega con un ejemplar bajo el brazo y lo deja sobre la mesa antes de sentarse. “Igual está todo en PDF por internet, pero siempre es ideal tener una copia física”, dice. Es la primera reimpresión de Dueños de Bolivia. La historia (no oficial) del saqueo , más de 500 páginas impresas por Subterránea Editores, un sello paceño que abre las puertas a producciones independientes y críticas. Viene de presentarlo en sindicatos del magisterio, juntas vecinales y organizaciones estudiantiles, y esa noche del 13 de octubre lo hizo en Tarija.

Sus apellidos son de otra geografía. Hastie es de raíz escocesa; Falkiner, irlandesa. Vienen de ese mundo anglosajón que también conoció sus propias luchas de reivindicación, de las tierras altas escocesas a las huelgas y levantamientos irlandeses. Esta historia se entrelaza con el legado de parte de su familia materna, de la resistencia anticolonial del pueblo maorí en medio del océano pacífico. Nathanael nació en marzo de 1992 y creció en la zona sur de Cochabamba, donde, cuenta, aprendió de primera mano que en unos barrios no había agua potable, y la realidad de la falta de recursos para los colegios fiscales. Este hecho lo llevó a militar en la Federación de Estudiantes de Secundaria de Cochabamba y luego en la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia, espacios que lucharon por el título de bachiller gratuito, el pasaje estudiantil y un presupuesto digno para la educación pública. Con sus padres, dice, discutió mucho y durante años; hoy, aunque con enfoques distintos, siente que comparten el horizonte de un mundo sin explotación ni opresión.

Estudió Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Simón y pasó dos años por la Normal Simón Rodríguez. A los 22 años se trasladó a La Paz para estudiar Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés, donde en 2021 defendió la tesis Los dueños de Bolivia: reconfiguración de la oligarquía financiera en el “proceso de cambio” (2006-2019) , bajo la tutoría de María Luisa Auza. Esa tesis es el germen del libro, que amplía el período desde 1952 hasta 2025. Vive con su compañera Daniela, junto a dos perritos y dos gatitas, y se gana la vida con consultorías y trabajos de informática, otro oficio que aprendió por el camino.

Su recorrido político comenzó en la Juventud Comunista de Bolivia, que apostaba por “profundizar el proceso de cambio”, y en 2014 fue candidato a senador en listas del MAS-IPSP. Ese mismo año rompió con el Partido Comunista junto a un grupo de jóvenes, ante la falta de espacios democráticos internos para debatir las diferencias políticas, apostando por la construcción de nuevos espacios políticos.  Decepcionado por la falta de horizonte estratégico, las prácticas de censura y la homofobia de las diversas tendencias estalinistas, fue su compañera, Daniela, quien llevaba años militando en el trotskismo, quien le llevó a cuestionar las limitaciones del socialismo en un solo país, y le debatió la revolución permanente. Desde 2022  milita en la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI), parte de la Corriente Revolución Permanente, que impulsa La Izquierda Diario , en cuyo consejo editorial participa. Hoy es uno de los críticos más duros del partido en cuyas listas estuvo.

En la conversación se muestra como un joven de inteligencia rápida, una mente incesante y atenta que salta de un dato a otro sin perder el hilo. Tiene una memoria notable para nombres, porcentajes y números de decreto, y se expresa con claridad, incluso cuando el tema es tan árido como una composición accionaria. Cita de memoria a Marx, a Zavaleta ya funcionarios de la USAID de los años ochenta.

Hastie no oculta que escribe desde la militancia, sostiene que no existe ciencia imparcial y que las ciencias sociales deben estar al servicio de las luchas populares. Su respuesta al dilema es ser “doblemente riguroso” con los datos y dejar todas las fuentes a la vista para que cualquiera pueda verificarlas. Su libro descansa sobre bases de datos de la ASFI, Fundempresa, la Bolsa Boliviana de Valores, los informes parlamentarios sobre privatización y Papeles de Panamá, y documentos desclasificados de Washington. Pero el tránsito de la tesis académica al texto de divulgación deja una costura visible, y es que la conclusión programática (nacionalizar la banca, la agroindustria y el comercio exterior), motivada por los datos, no se desprende de ellos, sino de una convicción política previa. Él lo admite. También plantea quedada la tensión que surge de quien denuncia al MAS por haber pactado con la oligarquía, después de haber sido parte de ese proyecto.

El lector juzgará. Como sea, valen las palabras del dramaturgo alemán Heiner Müller respecto de su maestro: “Usar a Brecht sin criticarlo es traición”.

A continuación, la transcripción de la entrevista completa.

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El País (EP): ¿Cómo decide investigar este tema?

Nathanael Hastie (NH): Hacia 2017 y 2018 se hablaba mucho de que habría surgido una nueva burguesía con el gobierno del MAS, y eso me generó una duda. A eso se sumó encontrar textos muy valiosos, como Bolivia, imperialismo y oligarquía de JM de la Cueva, o el de Lorgio Orellana sobre el Resurgimiento y caída de la gente decente , que relatan hasta inicios de los 2000 cómo se habían incorporado las élites del país. Quería informar si con el llamado proceso de cambio había habido una ruptura de esos grupos de poder o si había una línea de continuidad.

EP: ¿Cómo fue el paso de la tesis al libro? ¿Qué es lo diferente y qué lo igual?

NH: En lo metodológico se ha tomado como base el análisis de redes sociales. Hay varios autores académicos de Brasil, del Perú y de otros países que lo aplican desde el materialismo histórico. Eso permite entender cómo se relacionan los distintos grupos económicos y financieros. Un momento clave es 2006, cuando se produjo la fusión del Banco Mercantil con el Banco Santa Cruz, y pasó de tener un bloque oligárquico de Oriente y otro de Occidente con poca comunicación entre sí a una ligazón cada vez mayor entre las distintas oligarquías del país. Sobre la misma base de datos se ha ido ampliando el período hacia atrás y hacia adelante, y eso permite una lectura más amplia. La tesis especifica cada paso metodológico; en el libro, como el objetivo es divulgar, hay elementos que no se plantean de forma específica y quedan en la tesis y en algunos artículos como referencia. Pero en ambos casos el objetivo es claro, que las ciencias sociales tienen que estar al servicio de las luchas populares. No hay ciencia imparcial. Todo escrito tiene una posición, consciente o no. Aquí se relata con rigor científico en la recolección de datos, pero con un compromiso político muy claro de principio a fin.

EP: ¿Eso resuelve la tensión entre el academicismo y el compromiso político?

NH: Pienso que, al tomar una posición abiertamente, uno tiene el reto de ser doblemente riguroso al recolectar la información. Los datos son objetivos, y la interpretación que les demos tiene que responder a esa información. Y por supuesto hay sorpresas en el camino. Hay un capítulo dedicado, por ejemplo, a los petrodólares de Venezuela, al caso Fondo Indígena, a los empresarios que surgieron del MAS, que ayudan a contrastar cuál fue el alcance de este proyecto político y cuáles sus limitaciones. Uno puede ver a lo largo de la historia grupos económicos que se mantienen desde los años cincuenta hasta hoy, grupos que ascienden y otros que descienden. Y hay contradicciones que solo se entienden con los datos. En 2014 y 2015 estábamos en pleno boom del gas, pero en esos mismos momentos encontramos la mayor fuga de divisas del país.

EP: ¿Qué es la CEMIPyC y qué papel ha tenido en la creación del libro?

NH: Es la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, una comisión parlamentaria que duró dos legislaturas y cuyo papel fue investigar, entre 1985 y 2005, los procesos de privatización, capitalización, enajenación y liquidación de empresas públicas. Para mí es una documentación muy importante, porque en sus tres tomos indica, con fuentes documentadas, hojas escaneadas, fotografías, recortes de prensa y estados financieros, quiénes fueron los beneficiarios directos de muchas privatizaciones. En mi libro critico algunas cosas, como empresas que no fueron abordadas o cifras que metodológicamente podrían haber tratado de forma más uniforme. Pero en general, nos proporciona la prueba documental de 28.000 millones de dólares de daño económico al país en más de veinte años de privatización. Y vemos cómo hoy se reproduce el mismo cuento de que las empresas estarían quebradas, valoraciones que no cumplen ciertas reglas, todo con el objetivo de reducir a su mínima expresión la presencia estatal en la economía.

EP: Si esa comisión cuantificó 28.000 millones de dólares de daño en los veinte años anteriores al MAS, ¿de qué sumas hablamos en total?

NH: De cifras enormes. Para cuantificarlo habría que sumar esos 28.000 millones a los 32.000 millones de dólares en divisas que salieron del país durante los gobiernos del MAS sin ser fiscalizados. Los responsables son principalmente la familia Marinković, la familia Camacho, la familia Doria Medina, los dueños de los bancos y de las grandes aseguradoras. Y hay otro informe parlamentario al respecto, el de los Papeles de Panamá, que cuantifica la salida de divisas. Lo lamentable es que no se hizo prácticamente nada. Ahí hay una tremenda hipocresía del propio gobierno del MAS, porque tenía dos tercios en el Parlamento. Álvaro García Linera va a Argentina oa España y dice que había que agarrar del cuello a los empresarios, pero fue él quien tenía en su escritorio el proyecto de ley contra la fuga de capitales, y lo archivó. ¿Por qué? Había un informe que demostraba el volumen de la fuga, y en una decena de países, como Islandia, donde tuvo que renunciar al primer ministro, se desarrolló una legislación mucho más fuerte. Bolivia, con el informe en la mano, con un MAS supuestamente de izquierda, con dos tercios en ambas cámaras, con un vicepresidente supuestamente marxista y revolucionario, no hizo nada. Es una gran deuda con el país y una respuesta que nos deben el MAS y el propio García Linera. Fíjate que 28.000 más 32.000 millones son ya más de 60.000 millones, solo entre 1985 y 2024.

EP: Eso incluye la gestión de Arce.

NH: Incluye parte de la gestión de Arce, así es. El dato de 2025 es parcial, porque el Banco Central no está publicando toda la información en los plazos establecidos. La comisión de los Papeles de Panamá plantea patrones y tendencias de fuga de capitales hasta 2018, con poco más de doscientos actores identificados entre empresas, individuos y también bufetes de abogados que hicieron la gestión. La documentación del CEMIPyC de 1985 a 2005.

EP: ¿Ha quedado algo fuera del libro, por criterio de edición o porque no llegaste a procesarlo?

NH: En los últimos meses han salido a la luz muchos más documentos, específicamente sobre las relaciones de este gobierno con grandes negociados, con escándalos en torno al manejo del poder político y las redes sociales, con empresas ligadas a Cerimedo, con la exportación. Han salido como artículos en distintos medios y es una tarea constante. También hay otros libros espectaculares, como Santa Cruz SA , que hace un aporte tremendo orientado a ese departamento, con elementos ligados a la agroindustria y la acumulación de tierras. Este libro forma parte de todo un abanico donde están el libro de De la Cueva, el de Orellana, el que salió hace poco en Dum Dum Editora, que intenta poner el foco en los procesos de acumulación, concentración y centralización de capital.

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EP: Desde joven te vinculaste a la Federación de Estudiantes y luego a una militancia cada vez más profunda. ¿Fuiste parte del MAS? ¿Cómo viviste este cambio de las últimas décadas y cómo te define ahora?

NH: Empecé militando en la Juventud Comunista de Bolivia, que como juventud del Partido Comunista apostaba por profundizar el proceso de cambio, es decir, estaba dentro de ese espectro de apoyo al gobierno del MAS. Milité ahí porque creí, como millones de personas, en la posibilidad de transformar el país a partir de una nueva Constitución y de cambiar las reglas de juego. Llegué a ser candidato en listas del MAS-IPSP. Luché por esa visión hasta 2014, cuando junto a un grupo significativo de la juventud rompimos con el Partido Comunista y apostamos por distintas vías para construir alternativas de izquierda. Desde el golpe de Estado de 2019 empecé un proceso de reflexión estratégica y de diferencias con la organización en la que militaba, luego empecé a discutir con otras tendencias y   grupos, hasta llegar a mediados de 2022 a militar en la Liga Obrera Revolucionaria, que impulsa La Izquierda Diario , Pan y Rosas y Combate Rojo. Tenemos muchos acuerdos en torno al marxismo, concretamente al trotskismo, como la teoría de la revolución permanente y el programa de transición como forma de entender por qué nuestro país es como está y cuáles son las contradicciones del capitalismo en su desarrollo propio en Bolivia. Como organización apostamos por la autoorganización, como la que se dio en los 53 días en El Alto y en el movimiento campesino, y acompañamos activamente a distintas organizaciones y autoconvocados en esas luchas contra el ajuste de paz y contra el saqueo del país.

Por supuesto que todo lo escrito viene desde una posición militante. Pero fíjate en Carlos Mesa, militante político que también aborda la historia nacional desde su punto de vista, o en Jorge Richter. No hay autor ni periodista en el país que analiza la historia desde una óptica totalmente neutral, porque al final todos llegamos a casa y en una crisis como esta a todos nos toca pagar el doble por la gasolina. La posición que toma cada uno frente a esa realidad varía. Hay quienes asumen que el ajuste está bien porque no les afecta tanto el bolsillo, o que hay que aguantar un cambio de mantener la relación de dependencia con el FMI. Y hay quienes se indignan ante un gobierno que dispara a pocos metros contra una periodista, como fue el caso de Violeta Tamayo, de La Izquierda Diario , a quien le disparó en el brazo en plena manifestación.

EP: ¿Cómo está ella?

NH: Está recuperando el uso del brazo. Aún hay mucho por hacer, pero ya estás mucho mejor.

EP: ¿Cómo financiaste el libro?

NH: Ha sido un esfuerzo militante, en primer lugar. Trabajo desde la mañana hasta la tarde, llegaba a casa y me ponía a escribir, escribir y escribir. Es el compromiso con sacar estas ideas y hacerlas públicas. La primera edición salió con trabajo, ahorros y la solidaridad de compañeros; esta segunda se financia en parte con la primera y con la editorial. Es una obra totalmente independiente. No hay ninguna empresa, ningún financiador, absolutamente nadie que haya puesto un centavo para delinear por dónde tenía que ir.

EP: Para borrar algún nombre, por ejemplo.

NH: Exacto.

EP: ¿Cómo ha sido el trabajo con el análisis de redes sociales?

NH: Hay varias herramientas de software libre y código abierto que permiten procesar los datos e identificar relaciones: Gephi , R , PSPP , que es una versión libre de SPSS. Por otro lado, están los datos abiertos, porque el Código de Comercio dicta que la información del registro de comercio es pública. Cuando estudiaba la licenciatura, desde la universidad hicimos una solicitud muy costosa en tiempo a la entonces Fundempresa; la rebotaron al ministerio, volvieron a rebotarla y finalmente se logró acceder a una base de datos. Otros datos los saqué de las páginas de la ASFI, de la Bolsa Boliviana de Valores y de la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio, que tiene digitalizada casi toda la documentación de las empresas desde mediados de la década pasada, y de las memorias institucionales que muchas empresas están obligadas a publicar, recabadas en hemerotecas y sitios web como la de la ASFI. Toda esa documentación se procesó con estas plataformas. También está Aleph , el software que puso a disposición el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los que sacaron los Papeles de Panamá. Liberaron la herramienta con la que procesaron cientos de millas de documentos, y al instalarla en una versión local permite trabajar de forma muy ágil.

EP: ¿Cuántas fuentes ha cruzado?

NH: Millas. Está la bibliografía de libros consultados, pero también bases de datos de la ASFI, Fundempresa (ahora SEPREC), la Bolsa Boliviana de Valores, la Gaceta de Comercio, los Papeles de Panamá y el Banco Central de Bolivia; archivos hemerográficos de al menos una docena de periódicos; documentos del gobierno de Estados Unidos, cuyos informes técnicos de los años cincuenta a los noventa, ya disponibles, tienen más información sobre la economía boliviana que los propios documentos del gobierno boliviano; documentos de inteligencia de la CIA; del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central. Estamos hablando de cientos de documentos, millas de cruzados.

EP: ¿Cuál fue el dato más difícil de conseguir?

NH: Muchos. Definitivamente Fundempresa puso muchas trancas. Y hay bancos y grandes empresas que cumplen con lo legal de subir sus documentos, pero en Fundempresa o en la Gaceta de Comercio uno encuentra hojas borroneadas justo donde están los accionistas y los porcentajes. Pasan en el sistema, pero el dato hay que buscarlo en segundas y terceras fuentes para validarlo. Hojas mal escaneadas, con una recurrencia que da indicios de que podrían ser a propósito para ciertas empresas y ciertos datos.

EP: Hablabas de 28.000 millones de dólares, pero en otras partes del libro se mencionan 22.000 millones. ¿A qué se debe la diferencia?

NH: Al valor del dólar, que no es el mismo a lo largo del tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, con Bretton Woods, el dólar equivalía a una medida exacta de oro. A partir del gobierno de Nixon se desliga del oro, y desde entonces hay una inflación regulada prácticamente por el propio mercado. Un dólar de 2017 o 2018, cuando se presentó el informe parlamentario, no vale lo mismo que uno de 2025. En el libro todos los valores están actualizados a 2025, salvo que se indica otra cosa, con los índices del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Así, por ejemplo, la fuga de capitales del septenio banzerista, que en su momento fue de 236,8 millones de dólares, equivale a unos 1.145 millones de hoy. El informe parlamentario hablaba de 22.000 millones con el índice de su momento; el libro toma 28.105 millones, al cierre de 2025.

EP: Cita una lista de condiciones del Banco Mundial para el cierre de la banca estatal. ¿Cómo llegas a esos documentos?

NH: Son públicos. Todos los documentos citados tienen su código preciso en el pie de página. Por ejemplo, aquí está la agenda de McNamara en La Paz, con su fecha. La gran mayoría pueden buscarse en español, y los que no tienen traducción están en inglés, con fecha y país, en los archivos históricos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La limitación es que, según el tipo de documento, se desclasifican a los 5, 10, 20 o hasta 30 años. Por eso los documentos de los años setenta, igual que los de la CIA, ya están publicados. Para los más recientes recurrimos a los cables diplomáticos publicados por WikiLeaks , a los Papeles de Panamá y otras filtraciones, siempre citadas como fuente. Y aún así, en varios documentos de la CIA sobre el golpe de Banzer, después de cincuenta años, encontramos nombres tapados con corrector negro. Quizás no se especifican nombres o lugares, pero el resto del párrafo se entiende con bastante claridad.

EP: Con todo esto, ¿te presentas más como sociólogo o como militante?

NH: Sobre todo, militante. Soy sociólogo, y como sociólogo y como militante considero fundamental difundir esta información y esta denuncia, porque no se trata solo de historia, sino de lo que vivimos hoy: el préstamo del Fondo Monetario Internacional que acaban de aprobar y el anuncio del Ministerio de la Presidencia sobre la liquidación y reestructuración de empresas públicas. Soy las dos cosas.

EP: Hablas de denuncia. ¿Hasta dónde quieres que llegue? ¿Cuál es el impacto realista y cuál el ideal, incluso utópico?

NH: En términos de llegada, es importante que alcance todos los espacios posibles del país, como sindicatos campesinos, sindicatos de trabajadores, juntas vecinales. Agradezco de sobremanera a quienes han organizado charlas y conversatorios y han difundido el texto, que está disponible para descarga gratuita en la página de La Izquierda Diario . Llevamos poco más de un año desde la primera presentación y hemos tenido experiencias muy lindas con el magisterio, juntas vecinales y organizaciones estudiantiles y comunitarias. Me encantaría seguir llegando lo más lejos posible, y que esto sea más que una denuncia, que sea una herramienta al servicio de las luchas. En los cabildos de El Alto, en las veinte provincias de La Paz, en los 53 días de mayo y junio, la gente tenía muy claro que nos quieren saquear, que este ajuste afecta a los más pobres y beneficia a los grandes ricos. Este libro quiere dotar de más datos y fuentes históricas a quienes ya tienen plena conciencia de la necesidad de luchar contra el ajuste de paz.

EP: En el libro se menciona una reunión de alto perfil en 2009 entre García Linera y empresarios cruceños. ¿Qué sabes de esa negociación?

NH: Creo que es el puntapié de un nuevo tipo de relación entre el MAS y las élites económicas. De 2006 a 2009, hasta la aprobación de la nueva Constitución, hubo una relación álgida, una lucha muy callejera, con el 11 de enero en Cochabamba, la masacre de Porvenir en Pando, un enfrentamiento duro en torno al proyecto de país. Es el momento en que muchos jóvenes, me incluyo, nos incorporamos a militar por un cambio real. Pero la Constitución que tenemos no es la que aprobó la Asamblea Constituyente. Cuatro señores, Carlos Romero y Edmundo Novillo por el MAS, y Carlos Börth y Roberto Ruiz en nombre de la oposición, se sentaron en una sala y cambiaron más de cien artículos. Entre ellos, los referidos a la gran propiedad de la tierra, con la falsa disyuntiva entre 5.000 y 10.000 hectáreas, la no retroactividad y otros elementos que garantizan los privilegios de los grandes agroindustriales.

A partir de ese pacto vienen mayores acercamientos. La reunión de 2009 es un gran ejemplo, y en 2014 un grupo de empresarios que se proclaman amigos de Evo le financian tremenda campaña en Santa Cruz. Empiezan una serie de reuniones de alto nivel. Para mí, una de las claves, además de la fuga de capitales, es la Ley de Servicios Financieros, que deja sentado el andamiaje legal con el que luego se respalda la estafa del Banco Fassil. Esa ley establece la responsabilidad solo de las empresas del rubro financiero de un conglomerado, no de sus empresas de servicios. En Fassil, las propiedades pasan a la Sociedad de Inversión en Bienes Raíces (SIBRA) y no al banco. Hay un puenteo de millones de dólares en inmuebles desde el sector financiero hacia el sector formalmente de servicios. Eso es lo que les permitió estafar al país. Hasta ahora no nos responden por el 4,6% de los fondos de capitalización individual que las AFP, y luego la Gestora, invirtieron en el Banco Fassil y que no sabemos dónde están. Y entre los beneficiarios de esa maniobra está el actual gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco Dalence, que, como denunciamos en el libro, figura como accionista de Sociedad de Inversiones de la Sierra, con 0,57%, que es la dueña de Santa Cruz Financial Group y, a través de ella, del Banco Fassil. Es un inversionista minoritario, por supuesto, pero está junto a su padre, su hermano, su tío. Entre los exdirectivos del grupo Fassil encontramos también a la familia Camacho, incluido Luis Fernando Camacho, hoy embajador en Paraguay.

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EP: ¿Qué otros personajes de la escena actual aparecen en ese esquema?

NH: Tuto Quiroga fue directivo del Banco Mercantil. Él, igual que Óscar Ortiz, juega más un papel de manager que de accionista, y son quienes gerencian estas empresas sin ser propiamente los grandes empresarios. Y si miramos los años noventa e inicios de los 2000, aparece Mauricio Urquidi, suegro de Rodrigo Paz Pereira y padre de la primera dama, que fue uno de los seis responsabilizados por el desfalco del Banco Sur, unos 200 millones de dólares de entonces, con sentencia judicial. Fue un intento fallido de fusión de dos bancos, cuyos detalles están en el libro Bancovínculos, publicado a fines de los noventa.

EP: Mencionabas Santa Cruz S.A.. ¿Qué relación tiene con tu libro?

NH: Creo que ambos, como muchos otros, vienen de una vertiente de las ciencias sociales en Bolivia que intenta denunciar las relaciones de poder, muchas veces contra la voluntad de otros, con censura y con mucha dificultad. Es natural que coincidamos en temas como la denuncia del Banco Fassil o los créditos impagos. Pero son enfoques distintos, pues uno es nacional y general, y otro está enfocado en Santa Cruz, con un valor muy importante en lo que aborda sobre la tierra, la identidad, los procesos bancarios, el agronegocio y los transgénicos. Es otra mirada a un fenómeno parecido, la acumulación, concentración y centralización del capital, donde encontramos los mismos actores y procesos históricos, abordados de forma diferente.

EP: En tu caso, ¿cuántos años de trabajo hay detrás?

NH: Entre siete y ocho años. Primero la investigación en la universidad, con el apoyo de mi tutora, María Luisa Auza, de los docentes y de la universidad. En el libro, buena parte de la diagramación y el diseño gráfico lo hizo Daniela Castro. Y hubo un proceso colectivo desde la organización en la que milito, la LOR-CI, con una lectura interna, intercambio de criterios, sugerencias y aportes. Como todo trabajo militante, es también un producto colectivo. Además de muchas investigaciones citadas, de los años treinta a los setenta, que aportan una mirada tremenda.

EP: ¿Cómo explicas la relación entre el MAS de Evo y la oligarquía cruceña, que al principio no se querían para nada, luego tuvieron una relación, y finalmente rompieron en 2019? ¿Cómo manejó esa ruptura Arce y cómo la maneja ahora Rodrigo Paz?

NH: Hay un pasaje del Dieciocho Brumario de Marx que me gusta mucho, el de la espada de Damocles: al que le ceden el trono goza de todo el lujo del palacio, pero sobre su cabeza cuelga una espada de un hilo muy delgado que tarde o temprano ha de caer. Marx plantea que, en algún momento, la burguesía es capaz de ceder la corona a cambio de cuidar la bolsa. En los primeros años del MAS hubo una lucha de clases mucho más visible en torno a la Constitución. ¿Y qué garantiza el MAS? La estabilidad de la gran propiedad privada. Lo hace también con las nacionalizaciones. Se compra un paquete mayoritario de acciones en Entel, en las subsidiarias de YPFB, pero se reconoce a las transnacionales el precio de mercado, y el MAS está dispuesto a ir al CIADI a pagar lo que determinen los tribunales del capital financiero para mantenerlas tranquilas.

De 2009 a 2019 hubo una década de oro, pues encontraron mecanismos de acuerdo en reuniones de alto nivel, donde la Confederación de Empresarios Privados se sentaba con Evo, con Arce, con García Linera y pactaba legislación. Había tensiones, y eso es clave, porque el del MAS no es un gobierno como el de Rodrigo Paz, el de Goni o el de Jaime Paz, que eran representación orgánica del capital financiero. Tenía que negociar permanentemente entre la base social que lo eligió y el poder económico que lo presionaba. Y cuando la torta es grande, las tajadas son grandes para todos. Los bonos de transferencia condicionada, como el Juancito Pinto o el Juana Azurduy, ayudan a generar más movimiento económico, movilidad social, mayor escolaridad y tasas de atención en hospitales, pero conviven con esa negociación permanente.

Para la ruptura veo dos o tres elementos. Uno: tenemos una oligarquía por naturaleza racista, que aceptaba las condiciones económicas, como ellos mismos decían, mejores que con cualquier otro gobierno, pero a la que le molestaba que fuera un campesino, un indio, del movimiento popular, quien ejerciera directamente el poder político. Eso se vio en 2019, con toda esa carga de odio racista propia de la formación colonial de la oligarquía boliviana.

Dos: por fin tenían la oportunidad de recuperar el ejercicio directo del poder. Por primera vez en diez años ya no era inevitable que Evo ganara en primera vuelta, y hubo coordinación directa. Días antes del golpe, Almagro, de la OEA, se reunió con Ibo Blazicevic, de la Cámara Nacional de Industrias, para hablar de democracia en Bolivia. Todos sabemos hacia dónde iba eso; Blazicevic sería luego nombrado por Áñez presidente del directorio de Entel.

Y tres, lo geopolítico. Si tomamos lo que María Galindo destapó en su entrevista con Waldo Albarracín, está la reunión de la Universidad Católica, con representantes del MAS, de la embajada de Brasil, en nombre del gobierno de Bolsonaro, de la Unión Europea, del Comité Cívico y del Conade. Ahí acordaron que asumiría Jeanine Áñez, por encima de la Constitución y del voto popular, con militares colgándole la banda presidencial en un Parlamento vacío.

EP: ¿Qué pruebas documentales existen sobre el financiamiento que habría venido de la CAINCO y del Comité Pro Santa Cruz a policías y militares durante el golpe?

NH: Un comunicado de prensa conjunto del Comité Pro Santa Cruz y la Cainco en el que ellos mismos aseguran haber entregado insumos a policías y militares para “restaurar el orden”. Está publicado en las páginas web de ambas instituciones, con fotografías de la entrega. Con lo geopolítico, lo otro es el juego en torno al litio, que desnuda Elon Musk con su tuit: “Daremos un golpe a quien queramos”. Y lo demuestra Declassified UK, un medio de periodistas independientes británicos que documentó la relación del entonces embajador británico en Bolivia con el golpe. Días después habría propiciado reuniones del gobierno de facto con la Bolsa de Metales de Londres para cotizar el litio y otros minerales críticos y gestionar la llegada de inversionistas británicos. Hay un documento de Clacso que habla directamente del “golpe del litio”.

Y con Arce, para responder la otra parte, hay una contradicción de origen. En agosto de 2020 la protesta popular decía “fuera Áñez”, no “elecciones ya”, pero desde Buenos Aires llegó el mandato de “elecciones ya” para que el MAS pudiera volver al poder. Parte de ese pacto se refleja en la impunidad garantizada. Algunos caen presos, con los procesos Golpe I y Golpe II, pero a Branko Marinković no se le toca un pelo, tampoco a Rojo Parada ni a Óscar Ortiz. Los grandes empresarios que formaron parte del gobierno de Áñez quedan totalmente libres. Aun así, la oligarquía cruceña, con el paro cívico de 36 días, supuestamente por el censo, le fuerza la mano al gobierno de Arce hasta el acuerdo de los diez puntos, que les garantiza libre exportación y devolución de CEDEIM, es decir, reposición de impuestos por exportación. Hoy, en la Autoridad de Impugnación Tributaria, hay trámites de la familia Marinković que superan los 200 millones de bolivianos para que el Estado les reponga supuestos gastos de exportación mediante CEDEIM.

EP: ¿A través de Industrias Oleaginosas?

NH: Que en realidad vendría a ser la empresa de su hermana y sus hijos, porque desde que él se autoexilió, su hermana, sus cuñados, sus sobrinos y su hijo asumieron la propiedad accionaria. En el caso del Banco Económico, sus acciones pasaron por los Papeles de Panamá antes de llegar a su hermana y a sus hijos, y luego se vendieron a la familia Kuljis. Pero Arce, sobre todo después de los 36 días, con el pacto de los diez puntos y el de fortalecimiento productivo, aun sabiendo y denunciando que estaban fugando capital, apuesta por mantener a los grandes banqueros y agroindustriales en una situación altamente privilegiada y sin fiscalización. Eso es lo que desata la crisis que tenemos desde 2023: falta de divisas y, por lo tanto, de gasolina y combustibles. Y de la cual los bancos se han beneficiado muchísimo.

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EP: Se ha hablado sobre la continuidad gonista en el gobierno del MAS, con funcionarios de gobiernos abiertamente neoliberales que aparecen en puestos técnicos en todas sus gestiones, incluida la de Arce. ¿Lo has estudiado? ¿Por qué ocurre?

NH: Justamente, eso está en las “puertas giratorias”. Marcelo Zabalaga, que presidió el Banco Central durante varias gestiones con Evo Morales, venía de ser uno de los principales directivos de una AFP. Las AFP eran una de las puertas giratorias del tiempo neoliberal, donde un exfuncionario pasaba a representar a una AFP, con sueldo jugoso, mientras, entre comillas, “administraba los aportes de los trabajadores”. Y el MAS lanzó en varios momentos la invitación a incorporar exautoridades del banzerismo, del MIR, del MNR, de toda la vieja partidocracia, con la idea que expresaba Choquehuanca de que el cóndor vuela con sus dos alas, izquierda y derecha, o la de García Linera de que eran el nuevo centro, que habían “derrotado e incorporado”. En realidad, no derrotaron nada; solo incorporaron. Una exministra de Desarrollo Productivo del MAS, Viviana Caro, pasó a organismos financieros internacionales y hoy es directora ejecutiva de la Confederación de Empresarios Privados. También Orlando Careaga, que fue senador por Podemos y en 2019 primer candidato a senador por Potosí del MAS en las elecciones luego anuladas; ahora su hijo candidateó primero con Rodrigo y luego con Samuel. Hay un reciclaje. Más allá de su base social, el MAS tomó cuadros técnicos del aparato neoliberal y encajaron muy bien.

EP: ¿Será porque “la población es pequeña y no hay tanta gente calificada”?

NH: Decir eso es desconocer la capacidad de las organizaciones sociales de producir profesionales capaces de dirigir el país. Estoy convencido de que de la Universidad Siglo XX, cuyo objetivo era ese, de la UPEA, de las universidades indígenas y de muchas instituciones de extracción popular, así como de los cuadros formados en las organizaciones sociales con una visión desde abajo, había gente que podría haberlo asumido.

EP: Rodrigo Paz habla de qamirismo y “capitalismo para todos”. Con el MAS mucha gente mejoró sus condiciones de vida. ¿Crees que ese proceso queda truncado?

NH: Con el MAS hubo una transformación objetiva de las condiciones de vida de amplios sectores. La pobreza extrema, que en 2005 alcanzaba al 38% de la población, bajó alrededor del 13% en 2019. Muchas familias que vivían bajo el umbral de la pobreza pasaron a vivir en condiciones mucho mejores. Es innegable cómo cambiaron la escolaridad, la cobertura de salud y la infraestructura, de la mano de una política que no fue una nacionalización plena de los recursos naturales, pero que, con mayor participación estatal en la economía, mejoró la vida de amplios sectores.

Lo que sí vemos históricamente es que los ajustes impuestos por el Fondo Monetario Internacional siempre impactan en las familias con menos recursos. Una garrafa que hoy cuesta 22,50 bolivianos se venderá desde el próximo año en 130. Por la gasolina, que antes costaba menos de 50 centavos de dólar, pagamos casi el doble; el diésel está por encima de los 18 bolivianos el litro. Se justifica diciendo que están acordes al mercado internacional, cuando el salario mínimo no lo está ni de cerca. La Defensoría del Pueblo publicó un estudio según el cual un tercio de los hogares bolivianos ha pasado de tres a dos comidas al día. Si eso no es alarmante, no sé qué podría serlo. El magisterio de La Paz denunció un incremento del 37% en la deserción escolar respecto del año pasado. Las familias que viven de la economía informal o del salario mínimo pagan las consecuencias cada día, mientras los grandes ricos se enriquecen aún más. Los bancos privados tuvieron entre 2024 y 2025 un crecimiento inédito de utilidades, y El País publicó un reportaje detallado sobre hacia dónde iban esas ganancias. Solo en un trimestre se pagaron 500 millones de dólares de servicio de la deuda externa, y el gobierno se sigue poniendo la soga al cuello con más deuda, mientras nos cuentan que las empresas públicas son deficitarias, alterando las propias fórmulas que ellos establecieron para calificarlas en estado crítico.

La salida no es volver a un modelo anterior, sino pensar alternativas nuevas, como un país que no pague la deuda externa, que nacionalice la banca privada y la agroindustria bajo control y gestión de los trabajadores, donde el comercio exterior sea monopolio estatal y cada dólar de oro, de soya o de estaño que sale regrese al país y no se quede en Panamá. Con esa base se podría enfrentar la crisis con otro enfoque por completo. Por supuesto, eso no es posible con este gobierno ni con su ley electoral, sino con un gobierno de los trabajadores y el pueblo, surgido sobre la base de la autoorganización, desde abajo, desde asambleas de barrio, de fábrica y del campo, construyendo organismos realmente democráticos para definir un nuevo rumbo.

EP: El Banco Bisa abrió una sucursal en Panamá. ¿Qué opinas?

NH: Me suena a historia repetida. En los años ochenta, el Banco Santa Cruz de la Sierra tenía su sucursal en Panamá. Uno esperaría encontrar un edificio, un banco; si entras a la dirección por Google Maps, es un barrio residencial. La propia USAID, en un informe de 1987, denunció un movimiento extraño de capital desde Bolivia hacia esa sucursal panameña.

En el caso del Bisa, empecemos por ver que la plata de Julio César León Prado viene de las dictaduras sangrientas de Centroamérica, donde fue contratista de la USAID al servicio de Somoza, entre otros. Luego bajó a Bolivia y, en tiempos de Banzer, la USAID lo recomendó como contratista para instalar parte de la red de la Cooperativa Rural de Electrificación de Santa Cruz, teniendo el Estado una empresa muy capaz, que era ENDE. Es un banco que, por admisión de su propio dueño en su autobiografía, obtuvo una prórroga de la Superintendencia de Bancos pidiéndole el favor a Carlos Mesa cuando era presidente. No cumplía los plazos, León Prado lo llamó y Mesa instruyó a la Superintendencia ampliárselos. También relata con cinismo que, como no le entregaban una resolución, se encontró en el aeropuerto de El Alto con Gonzalo Sánchez de Lozada, ambos rumbo a una reunión del FMI en Washington, y Goni mandó a un viceministro de vuelta a la hoyada para que le trajera la resolución al aeropuerto. Es un tipo para el que las reglas no aplican. Siempre ha tenido empresas como Montrose en Panamá, y lo admite abiertamente. En los últimos meses, según los reportes del Banco Central, es el banco que más transacciones de dólares ha hecho, con capacidad de incidir directamente en los bajones y subidones del tipo de cambio, más aún con los recientes cambios reglamentarios. Aparece en el informe parlamentario como uno de los responsables de fuga de capitales. No queda duda de que su sucursal en Panamá va a facilitar estas transferencias hacia un paraíso fiscal muy conocido.

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EP: ¿Dirías que hay sesgos en tu investigación? ¿Cómo manejas eso? ¿Te han acusado de mentir?

NH: Todos los datos citados están completos y con fuente, para que cualquier persona los pueda validar e interpretar a su manera. Junto a ellos hay una interpretación hecha con las herramientas de la ciencia social, con el materialismo histórico, con un compromiso, pero eso no implica dejar de tener todos los datos disponibles. Hasta ahora nadie me ha dicho: “este dato es impreciso”. Hay personas a las que no les gusta que se diga que en 2019 hubo un golpe de Estado, porque contradice su accionar o algún sentimiento suyo, como si las masacres de Senkata y Sacaba, o un militar colgándole la banda presidencial a Jeanine Áñez, tuvieran un ápice de democracia. Les planteo que demuestren con datos cómo no habría sido un golpe imponer una presidencia contraria a la voluntad popular, con el país militarizado, con masacres de por medio, y con documentación que muestra que Luis Fernando Camacho habló de haber pagado a altos mandos militares y transacciones bancarias que lo respaldan. Eso son hechos objetivos.

La salida programática, en cambio, sí es la visión militante de quien cree que este país y el mundo entero pueden avanzar hacia una sociedad nueva sin pequeños grupos de poder, donde quienes producimos decidamos el destino de la sociedad, el socialismo desde abajo. Siempre estoy abierto a la crítica. Varios compañeros han planteado otros insumos que seguramente incorporaremos en próximas ediciones. Pero hay datos contundentes que muestran un patrón de acumulación, concentración y centralización del capital, y un puñado de familias que son dueñas de la agroindustria, de la banca, de las minas privadas y de la gran mayoría de los medios, y que durante buena parte de la vida republicana han estado sentadas en el Parlamento, en el gabinete y, muchas veces, en la silla presidencial, tomando las decisiones más importantes del país.

EP: ¿Cuál es la forma de realizar propuestas como “no pagar la deuda externa”, o “no pagar un laudo del CIADI”, sin aislar al país, ya suscrito por el presidente al Escudo de las Américas?

NH: No hay que aislarnos, para nada. Soy profundamente internacionalista. Hay relaciones increíblemente parecidas en todos nuestros países vecinos. Francisco Durand, en el Perú, tiene un texto sobre Los doce apóstoles de la economía peruana, doce grupos que controlan esa economía. En Chile, Argentina o Paraguay vemos situaciones parecidas de pequeños grupos de poder que concentran casi toda la economía y la ponen al servicio del imperialismo, fundamentalmente estadounidense. Para mí la salida, lejos de aislarnos como país, está en expandirnos como clase trabajadora, como campesinos y como pueblos indígenas en todo el continente y en el mundo. El estallido de Jujuy hace un par de años, las luchas de estudiantes secundarios en Chile hace pocos días, las grandes marchas de la juventud brasileña. Al estallar procesos de lucha contra el capital financiero en Bolivia, se replicarán en los países hermanos. En el estallido chileno de 2019, en Antofagasta, se organizaron comités de autoorganización de trabajadores y estudiantes. Ahí está nuestro mejor aliado para romper la dependencia con el Escudo de las Américas, el FMI, el CIADI y el Banco Mundial, en un proyecto conjunto a nivel latinoamericano y mundial. Pensar en Cuba, resistiendo sola el bloqueo en medio del Caribe, es pensar en que, cuando avancemos hacia el control estatal del comercio exterior, lo hagamos trabajando con los movimientos desde abajo de los países que nos rodean, porque los intereses de los grandes ricos en Bolivia están entrelazados con el capital financiero mundial. Los agroindustriales de Mainter, por ejemplo, están ligados al capital sionista. Adama, que vende agrotóxicos en Bolivia, es la empresa señalada por envenenar agua y cultivos en la Franja de Gaza. Una lucha contra un enemigo de esa magnitud exige tejer solidaridad internacionalista.

No son voces de un profeta en el desierto. El primero de mayo, en el cabildo de la Central Obrera Boliviana, se resolvió masivamente que el comercio exterior tiene que ser monopolio estatal. Otra cosa es que una camarilla de dirigentes, como Argollo, haya ido a negociar otra cosa con el gobierno. Y no solo el cabildo, fueron 53 días de un pueblo movilizado que gritó “Bolivia no se vende”, que encarna ese programa de que nuestros recursos sean nuestros y los industrialicemos dentro de una concepción nueva y democrática de la economía, en lugar de alimentar la cadena de minerales críticos que quieren los Estados Unidos y que firmó el gobierno de Paz. Eso va de la mano de las marchas en Argentina contra la extranjerización de la tierra y en defensa de la universidad. Aquí mañana nos tocará salir en defensa de la universidad pública, que quieren desfinanciar; Los maestros ya salen en defensa de la educación pública. En Francia y en el Estado Español hay una juventud que se levanta por la vivienda, la educación, contra el militarismo y contra el ajuste. Todas estas luchas, lejos de encerrarnos, nos hermanan con los pueblos del mundo contra los intereses de unos pocos.

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EP: En 2014 fuiste candidato a senador por el MAS-IPSP. ¿Volverías a esa vía?

NH: No. Soy un militante trotskista convencido de la Cuarta Internacional. En ese momento aposté por llevar lo más lejos posible el proceso de cambio, pero tras un proceso de autocrítica y reflexión no veo viable un proyecto en el que el empresario y el gobierno estén sentados dándose la mano. Romper con el Partido Comunista fue también romper con la idea de una sociedad que avanza paulatinamente, por etapas, y abrazar la revolución permanente. Que sean la clase obrera, los campesinos y los pueblos indígenas quienes tomen el poder y dirijan el país con un proyecto totalmente distinto al de los grandes empresarios.

EP: ¿Qué le recomendaría a un joven boliviano que quiere saber más, investigar, saber dónde fijarse?

NH: Como página, evidentemente, La Izquierda Diario , de cuyo consejo editorial forma parte; ahí ponemos a disposición toda esta información. Y que se indigna, que se movilice, que se organice. Es clave no solo indignarse, sino tomar partido y militar por un cambio profundo de nuestro país.