Soliz Rada y O’Connor: pensar Bolivia con cabeza propia

Este 2 de septiembre se cumplen diez años de la muerte de Andrés Soliz Rada. Hace seis años, el 18 de agosto, se fue Jorge O’Connor d’Arlach. Un político y periodista paceño; un ingeniero y científico tarijeño. Dos vidas que transcurrieron por carriles distintos y que, sin embargo, llegaron a la misma conclusión: Bolivia solo puede vivir mejor si decide su destino con cabeza propia.

No se conoce que ambos coincidieran en tribunas ni en partidos. Uno midió el país con fórmulas de ingeniería y cifras de deuda externa; el otro lo recorrió con la pluma del periodista y la convicción del militante nacionalista. Juntos ofrecen una misma conclusión alcanzada desde dos disciplinas que rara vez se cruzan en el debate público boliviano.

El ingeniero que leyó el país en números

O’Connor se formó en La Plata, Argentina, y completó posgrados en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y en la Universidad de Michigan. Patentó un dispositivo electrónico para proteger equipos eléctricos de los cortocircuitos, dirigió la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y fue ministro de Energía e Hidrocarburos con Walter Guevara Arce y Hernán Siles Suazo.

En 1994, en pleno auge del programa de “capitalización” de Gonzalo Sánchez de Lozada, publicó “Nación, Independencia y enajenación de la economía”, un libro que hoy se lee como advertencia cumplida.

El propio O’Connor recordaba que ni siquiera la nacionalización minera de 1952, el hito fundacional del nacionalismo boliviano, fue una confiscación. El Estado pagó USD 22,2 millones en indemnizaciones a Patiño, Hochschild y Aramayo, prueba de que en Bolivia ni la nacionalización ni la privatización han sido, históricamente, procesos absolutos.

Con precisión, documentó cómo Estados Unidos jamás permite que capitales extranjeros controlen sus sectores estratégicos —citó el caso de una aerolínea holandesa a la que no se dejó superar el 25% de los votos en una aerolínea norteamericana— mientras exige a países como Bolivia vender “todas las empresas y todas las materias primas”. Ilustró la “psicología del endeudamiento”: en 1992 el 76% de la inversión pública boliviana provino de financiamiento externo (BID, USAID, CAF, Alemania, Banco Mundial, FMI), y denunció que con esos créditos se financiaba incluso el empedrado de caminos vecinales que podrían haberse construido con recursos nacionales.

Su diagnóstico no era ideológico sino técnico. Cuando le exigían pruebas, comparó el crecimiento de ENDE con el de su par privada COBEE-BPC entre 1967 y 1993, y mostró que la estatal había crecido 22,3 veces frente a apenas 2,62 veces de la privada. La pérdida de independencia, insistía, no ocurre solo cuando se cede territorio, sino cuando los ciudadanos pierden el control sobre las decisiones que definen su futuro.

Hay un dato biográfico que ilumina esa vocación. O’Connor era nieto del escritor tarijeño Tomás O’Connor d’Arlach y tataranieto del militar irlandés Francisco Burdett O’Connor, héroe de la independencia. Pese a ese linaje de armas y letras, él eligió los circuitos, los balances de pago y los informes de deuda externa como territorio de combate. No necesitó un fusil ni un cargo de alto perfil para defender la soberanía. Le bastó un cuaderno de cálculos y la honestidad de publicar, en plena euforia privatizadora de los años noventa, un libro que incomodaba al poder de turno.​​​​​​​

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El político que convirtió la teoría en decreto

Soliz Rada llegó a las mismas conclusiones por otra vía. Periodista, corresponsal de medios como Le Monde y La Opinión, diputado y senador por Conciencia de Patria, heredero intelectual de Carlos Montenegro, Sergio Almaraz y Marcelo Quiroga Santa Cruz, publicó en 1984 “El gas en el destino nacional”, donde sostuvo cuatro tesis que aún interpelan a la política boliviana: que el gas no es un recurso abundante ni renovable y exige planificación de largo plazo; que la nacionalización de los hidrocarburos es un acto de soberanía y no solo una cifra contable; que sin industrialización, exportar materia prima reproduce un rol colonial; y que la democracia se vacía de contenido cuando los gobiernos, sea cual sea su origen electoral, terminan atados a acuerdos que convierten al país en proveedor barato de recursos.

En 2006 tuvo la oportunidad de convertir esas ideas en política de Estado. Como ministro de Hidrocarburos del primer gobierno de Evo Morales, firmó el Decreto Supremo 28701 “Héroes del Chaco”, de nacionalización de los hidrocarburos, redactado en sigilo para evitar filtraciones y ejecutado en apenas tres meses. Poco después, al disponer la recuperación de refinerías en manos de Petrobras, chocó con presiones internas y externas, y renunció con la cabeza en alto.

Desde entonces, y hasta su muerte, denunció con nombre propio que su sucesor en el manejo de la política de hidrocarburos, el vicepresidente Álvaro García Linera, descalificó las auditorías petroleras que el propio decreto había ordenado —y que llegaron a reconocer USD 2.097 millones en inversiones previas a la nacionalización, aún no depreciadas— encargando a un nuevo presidente de YPFB sin formación petrolera que las calificara de “mal hechas”.

También criticó que García Linera no impulsara la recuperación de las reservas monetarias internacionales depositadas en bancos extranjeros, insistió en que la nacionalización solo tendría sentido si iba acompañada de industrialización real, y advirtió sobre el papel de ciertas organizaciones no gubernamentales financiadas desde el exterior, a las que consideraba instrumentos de intereses ajenos a la voluntad nacional.

Defendió también la raíz mestiza e indomestiza de la nación boliviana frente a tesis que, a su juicio, la fragmentaban en identidades étnicas separadas. Contrapuso el indigenismo, que propone romper el Estado-nación en comunidades autónomas, con lo que llamó “Estados Continentales”: integración latinoamericana capaz de negociar de igual a igual con los bloques de poder mundial. Su apuesta fue siempre una nación fuerte, dueña de sus decisiones.

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Dos libros, un blanco común: Sánchez de Lozada

O’Connor y Soliz Rada, sin coordinarse, apuntaron sus obras más influyentes al mismo hombre.

En 1994, mientras Sánchez de Lozada aplicaba la capitalización de YPFB, ENDE, ENTEL, ferrocarriles y la línea aérea estatal, O’Connor publicó su libro con el lenguaje de quien había manejado esas empresas desde adentro. Su crítica fue estructural, dirigida al modelo más que a la persona. También desmontó el argumento de que las elecciones de 1993 habían legitimado ese programa: el MNR ganó con apenas 34,3% de los votos emitidos —el 20% del padrón potencial—, y la capitalización no fue debatida a fondo en campaña.

Dos años después, en 1996, todavía en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, Soliz Rada publicó “La Fortuna del Presidente”, un libro de investigación que puso nombre y apellido al fenómeno que O’Connor había descrito en abstracto. Con documentos y cifras, reconstruyó cómo el mismo proceso de capitalización y los negocios mineros previos de Sánchez de Lozada habían construido una fortuna personal que el propio libro comparó con la de los antiguos “barones del estaño”.

El texto, que llegó a una cuarta edición y que, según denunció su autor, fue objeto de intentos de compra masiva para silenciarlo, se convirtió en pieza central del cuestionamiento al “gonismo”: la alianza entre oligarquías locales y capital transnacional que, una década más tarde, terminaría por expulsar del país a Sánchez de Lozada en la llamada Guerra del Gas de octubre de 2003.

Leídos juntos, funcionan como un díptico. O’Connor entrega el diagnóstico técnico, por qué la capitalización erosiona la soberanía; Soliz Rada, la instrucción del caso, quién se benefició, con qué contratos. Que dos bolivianos, desde oficios distintos, hayan llegado a advertencias parecidas no es casualidad, es prueba de que el problema denunciado era un hecho verificable desde cualquier disciplina que se acercara a mirarlo con honestidad.

Un mismo punto de llegada

O’Connor advirtió con cifras que la dependencia del financiamiento externo erosiona la capacidad de decisión de un país; Soliz Rada llegó a la misma advertencia leyendo la historia de las privatizaciones y concesiones petroleras. Ninguno rechazaba la relación con el mundo en sí misma; ambos rechazaban la resignación, la costumbre de aceptar condiciones que un país más fuerte nunca aceptaría para sí.

Los dos denunciaron el doble estándar de las potencias que predican la apertura total de las economías ajenas mientras protegen celosamente sus propios sectores estratégicos. O’Connor lo tradujo en una cuenta regional: hasta mediados de 1994, las privatizaciones en seis países latinoamericanos habían recaudado USD 57.000 millones, apenas el 11% de la deuda externa regional y casi lo que la región pagaba en un año de intereses de esa misma deuda. Los dos insistieron en que la industrialización, no la exportación de materia prima, es la vía para que Bolivia deje de ser furgón de cola, y entendieron que la soberanía se pierde poco a poco, en decretos y créditos que parecen técnicos y terminan siendo políticos.

En el diagnóstico sobre el endeudamiento, O’Connor documentó que al 30 de junio de 1992 la deuda externa boliviana ascendía a USD 4.370 millones, el 83% del PIB. Soliz Rada, por su parte, denunció en 2014 que Bolivia mantenía USD 15.000 millones en Reservas Internacionales, 4.400 millones de los fondos de jubilación y otros 60 millones en cajas de gobernaciones y alcaldías, depositados en bancos extranjeros en lugar de financiar la industria nacional, desde la siderurgia del Mutún hasta una industria farmacéutica propia.

Esas mismas cifras admiten una comprobación tres décadas después, y las cuentas actuales del Banco Central de Bolivia (BCB) la confirman. La fórmula de acreedores que citó O’Connor en 1992 —BID, USAID, CAF, Banco Mundial, FMI— sigue vigente en 2026, con dos diferencias mayores: USAID, que entonces financiaba el 12,1% de la inversión pública boliviana, fue desmantelada por Washington en 2025 y ya no existe, mientras que China entró como nuevo acreedor bilateral, algo impensable hace tres décadas. Y las reservas que Soliz Rada denunció sin destino productivo en 2014 —USD 15.000 millones— cayeron hoy a poco más de 3.600 millones, mayormente inmovilizados en oro.

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Diez años después de la muerte de Soliz Rada y seis después de la de O’Connor, sus advertencias interpelan a un país que otra vez discute su matriz energética, su endeudamiento y su relación con el capital extranjero. Ninguno ofreció recetas fáciles, sino algo más exigente, la costumbre de pensar los problemas del país con información propia, sin subordinar el análisis a lo que bancos, organismos multilaterales o modas ideológicas consideran conveniente. Esa es la lección que ninguna de las dos vertientes académicas —la técnico-científica y la político-social— puede reclamar en exclusiva, que cualquier política económica boliviana, para merecer ese nombre, debe partir de la capacidad de decidir con cabeza propia.

Recordar a estos dos bolivianos es exigirles a quienes hoy disputan el poder una pregunta que O’Connor habría planteado con una fórmula y Soliz Rada con una crónica: ¿quién decide, al final, sobre el destino económico de Bolivia? O’Connor lo advirtió con una frase que hoy vuelve a sonar exacta: si Bolivia cede los últimos vestigios de soberanía que le quedan, las decisiones sobre su futuro terminarán tomándose “en alguna junta de accionistas en algún lugar del extranjero”.

Si la respuesta sigue estando, en la práctica, fuera del país, ni la ingeniería ni la política habrán cumplido su tarea. Y si, en cambio, un gobierno logra que esa decisión vuelva a manos bolivianas, sin caer en el aislamiento ni en la dependencia disfrazada de cooperación, ambos legados —el técnico y el político— habrán encontrado, por fin, su cumplimiento práctico y duradero en la vida cotidiana del país que los formó, el mismo país que ambos, cada uno a su manera, se negaron a entregar.

Cuando la soberanía se negocia en Washington

El gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que asumió el 8 de noviembre de 2025 tras el fin de veinte años de gobiernos del MAS, ofrece un contraste directo con las tesis de O’Connor y Soliz Rada. En sus primeros meses, Paz restableció relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos —rotas a nivel de embajadores desde 2008— y reanudó, tras dos décadas, la cooperación militar bilateral. En mayo de 2026 regresó a Bolivia la agencia antidrogas DEA, expulsada por Evo Morales en 2008, con oficina permanente en La Paz. En diciembre de 2025, en Washington, Bolivia restableció relaciones con Israel, rotas en 2023 por la guerra en Gaza, y eliminó la exigencia de visa para ciudadanos israelíes.

En el frente económico, el Ejecutivo negocia con el FMI un crédito de hasta 3.300 millones de dólares dentro de un paquete de financiamiento externo que podría llegar a 5.000 millones, sumado a una deuda externa que ya supera los 13.700 millones. El Gobierno niega que YPFB vaya a privatizarse, pero sindicatos denuncian el cierre de empresas estatales deficitarias como “privatización encubierta”, mientras la petrolera estatal tuvo tres presidentes en seis meses en medio de denuncias de corrupción. Desde mayo de 2026, protestas y bloqueos por la crisis de combustibles y divisas dejaron muertos y detenidos, y forzaron al mandatario a salir temporalmente de La Paz.

Frente al llamado de O’Connor a evitar la “psicología del endeudamiento” y de Soliz Rada a preservar el control nacional sobre los recursos estratégicos y a desconfiar de las agendas geopolíticas ajenas, el gobierno actual ha optado por el camino inverso: más deuda externa, más presencia de agencias extranjeras y una alineación explícita con Washington y Tel Aviv como estrategia de salida a la crisis.

Las mismas cifras, tres décadas después

Las advertencias de O’Connor y Soliz Rada no quedaron en el papel: sus propias cifras pueden compararse, punto por punto, con los datos que hoy publica el Banco Central de Bolivia (BCB).

El BID y la CAF concentran hoy una porción mayor que en 1992; USAID, el segundo financista que citó O’Connor, desapareció como institución; y China se volvió el mayor acreedor bilateral, un actor que no figuraba en absoluto en el cuadro de hace tres décadas.

Las reservas que Soliz Rada denunció sin destino productivo cayeron más de tres cuartas partes, y lo que queda está mayormente en oro, no en dólares disponibles para importar combustible o pagar deuda. El fondo de pensiones, en cambio, se multiplicó casi por siete tras la nacionalización del sistema de AFP en 2023 —hoy equivale a más de la mitad del PIB del país—, pero una investigación reciente documentó que lleva quince años sin el directorio que exige la ley y que en 2025 perdió valor real para los trabajadores que lo financian.

Las cifras, en suma, confirman el diagnóstico de ambos autores desde ángulos distintos: la dependencia del financiamiento externo que O’Connor describió no ha disminuido, solo cambió de acreedores; y el “ahorro interno” que Soliz Rada exigía movilizar para el desarrollo nacional es hoy mucho mayor en términos absolutos, pero sigue sin cumplir la función que ambos le asignaban.

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Dos vidas, una misma exigencia nacional

Andrés Soliz Rada nació en La Paz en 1939. Fue periodista, corresponsal de medios como Le Monde de París, La Opinión de Buenos Aires y Tiempo de México, y senador y diputado nacional por Conciencia de Patria. Dirigió durante décadas la revista “Patria Grande” y publicó una docena de libros, entre ellos “El gas en el destino nacional” (1984) y “La Fortuna del Presidente” (1996). En 2006 fue ministro de Hidrocarburos del primer gobierno de Evo Morales y firmó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, ejecutado en apenas tres meses. Renunció meses después, tras disponer la recuperación de refinerías en manos de Petrobras. Fue crítico permanente del papel de ciertas organizaciones no gubernamentales financiadas desde el exterior y defensor de la identidad mestiza de la nación boliviana, así como promotor de la integración latinoamericana como camino hacia una soberanía económica real. Murió en La Paz el 2 de septiembre de 2016, a los 77 años de edad.

Jorge O’Connor d’Arlach nació en Tarija y se formó como ingeniero mecánico y electricista en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Completó posgrados en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Patentó un dispositivo electrónico basado en semiconductores y transistores para proteger equipos eléctricos de sobrecargas de corriente durante cortocircuitos. Dirigió la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y fue ministro de Energía e Hidrocarburos durante los gobiernos de Walter Guevara Arce (1979) y Hernán Siles Suazo (1982-1985). En 1994 publicó el libro “Nación, Independencia y enajenación de la economía”, donde alertó sobre los riesgos del endeudamiento externo excesivo y de la privatización de las empresas estratégicas del Estado. Murió en Tarija el 18 de agosto de 2020.