YPFB en la era de Rodrigo Paz: ¿una empresa por potenciar o privatizar?

El 9 de noviembre de 2025, Yussef Akly Flores juró como presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), heredando una empresa con patrimonio neto de Bs 54.390 millones, descubrimientos recientes valorados en miles de millones de dólares, y la misión del presidente Rodrigo Paz de “reconstruir y estabilizar” el sector energético.

Tres décadas de transformaciones radicales precedieron este momento: la capitalización de 1996 que fragmentó YPFB en empresas mixtas controladas por transnacionales, la nacionalización de 2006 bajo Evo Morales que intentó revertir ese proceso, pero fracasó por boicots del mismo, y ahora un gobierno de centroderecha que promete “capitalismo para todos” con reforma de hidrocarburos pendiente.

La trayectoria de Akly revela la complejidad de este momento. Ingeniero industrial con maestría en Petróleo y Gas Natural, representó durante 15 años a las empresas privadas como director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energías (CBHE) entre 2005 y 2020, y pasó cinco años como gerente general de YPFB Andina, subsidiaria que aporta el 40% de la producción nacional de gas, donde Repsol tiene el 48,33% de acciones.

Su designación no fue accidental. Paz busca en Akly el perfil “técnico” capaz de implementar transformaciones que el gobierno considera urgentes.

YPFB, del colapso a la recuperación

Para comprender lo que está en juego, es necesario revisar tres décadas de alternancia entre modelos. Entre 1985 y 1995, YPFB operaba como empresa integrada y aportó USD 3.500 millones al Estado boliviano, representando el 46,7% de los ingresos fiscales. La Ley de Capitalización de 1994, promulgada bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cambió radicalmente ese esquema. En 1996, YPFB fue fragmentada en tres empresas mixtas: YPFB Andina, YPFB Chaco (exploración y producción) y Transredes (transporte), con 50% de capital privado controlado por consorcios internacionales como Repsol, BP y Enron-Shell.

Durante la era neoliberal (1996-2005), la renta petrolera promedio fue de apenas USD 300 millones anuales. Bajo la antigua Ley de Hidrocarburos, el Estado recibía solo 18% en regalías y participaciones mientras las transnacionales se quedaban con 82% del valor de la producción. Las reservas de hidrocarburos, estimadas en USD 150.000 millones, fueron transferidas a capitales privados sin compensación adecuada.

La Ley de Hidrocarburos 3058 de mayo de 2005, impulsada por la bancada del MAS dirigida por Santo Ramírez Valverde, elevó las regalías al 50% (18% regalías departamentales y participaciones, más 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos). La renta petrolera aumentó de USD 674 millones en 2005 a USD 1.473 millones en 2006, y promedió USD 2.742 millones anuales entre 2006 y 2020.

El 1 de mayo de 2006, el D.S. 28701 “Héroes del Chaco” decretó la nacionalización. YPFB recuperó control de Andina, Chaco, Transredes y refinerías, e impuso una participación transitoria (de 2006 a 2007) del 32% adicional de la producción de los megacampos Sábalo y San Alberto. Entre 2006 y 2024, Bolivia acumuló aproximadamente USD 50.000 millones en renta petrolera.

El presupuesto de YPFB pasó de USD 745 millones en 2006 a USD 15.100 millones en 2014, llegando a representar el 54% del Presupuesto General del Estado. Durante este período, se inauguraron infraestructuras estratégicas: la Planta Separadora de Líquidos Río Grande (USD 180 millones), la Planta Gran Chaco (USD 700 millones) y la planta de Amoniaco y Urea (USD 1.000 millones). Las inversiones acumuladas post-nacionalización superaron los USD 6.500 millones.

La nacionalización boicoteada

Sin embargo, la implementación del D.S. 28701, que prometía recuperar “la propiedad, posesión y control total y absoluto” de los hidrocarburos, estuvo marcada por tensiones internas. El primer ministro de Hidrocarburos bajo el gobierno de Morales, Andrés Soliz Rada, estructuró un equipo técnico liderado por Enrique Mariaca Bilbao para ejecutar auditorías exhaustivas a las transnacionales operadoras, como disponía el decreto.

Las auditorías, realizadas con asistencia técnica de Noruega y Canadá, revelaron documentadamente fraude contable por parte de Repsol-YPF e incumplimientos de compromisos de inversión de Petrobras, Total y otras empresas. Los hallazgos debían servir para recuperar el control del total de las acciones de las empresas “capitalizadas” sin gastos para el Estado e incluso recuperar el control total de campos estratégicos. Esa estrategia fue formulada en 2001 por el equipo político que acompañó luego a Soliz Rada en el Ministerio de Hidrocarburos y se tradujo en varios artículos del D.S. 28701 de nacionalización.

Cuando las auditorías estaban en curso de ejecución, un “emisario palaciego” buscó a Soliz Rada en su despacho ministerial en junio de 2006, con la misión de encargarse de las auditorías: Erick San Miguel Rodríguez, abogado que ejerció cargos en la Contraloría de la República cuando la dirigía el hermano de Gonzalo Sánchez de Lozada, Antonio Sánchez de Lozada, quien fue sucedido por su concuñado Marcelo Zalles Barriga. Soliz Rada rechazó la insinuación del enviado de Evo Morales y Álvaro García Linera, e invitó (sin éxito) a San Miguel, un hombre de la más alta confianza de quienes iban a ser auditados, a sumarse al equipo de Mariaca Bilbao.

Tras el fracaso, el “núcleo palaciego” designó en agosto de 2006 a Guillermo Aruquipa Copa (informático sin experiencia alguna en el sector) como viceministro de Exploración, quien se encargó de obstaculizar el avance del trabajo de Mariaca Bilbao dedicándose a criticar en público las auditorías que no habían concluido.

Cuando Soliz Rada, en ejecución del D.S. 28701, quiso tomar control de las refinerías de Petrobras en septiembre de 2006 pronunciando la Resolución Ministerial 207/2006, el vicepresidente Álvaro García Linera cedió a la presión brasileña y lo desautorizó públicamente. El 15 de septiembre, Soliz Rada presentó su renuncia irrevocable. Luego, García Linera siguió descalificando las auditorías afirmando que “no servían para nada” y estaban “mal hechas”, y tiempo después también declaró que en aquella labor habían participado “antropólogos” y “gente incapaz”.

Costos irrecuperables
2007-2018: transnacionales recibieron USD 17.864,1 millones en participaciones, costos recuperables y montos auditados como fraude contable.

En octubre de 2006, sin esperar los resultados de las auditorías, el gobierno firmó 44 contratos de operación con las mismas transnacionales. Poco después, Aruquipa Copa ocupó la presidencia de YPFB, mientras Akly hacía carrera en la CBHE, “el sindicato de las transnacionales”, según Soliz Rada.

Los contratos mejoraron la participación estatal del 18% al 50-82% según el campo, pero Bolivia perdió la oportunidad de recuperar control total de megacampos como San Alberto, Sábalo y Margarita, que siguen hasta hoy operados por Petrobras y Repsol. Mientras Soliz Rada cuestionaba las políticas sobre hidrocarburos y otros recursos, el gobierno argumentó que evitó costosas batallas legales internacionales mientras multiplicaba por ocho los ingresos fiscales del sector.

Entre 2007 y 2018, las transnacionales recibieron USD 7.906,7 millones en participaciones, más USD 8.457,4 millones en “costos recuperables”. En estos se incluyeron más de USD 1.500 millones reportados como fraudulentos por Mariaca Bilbao.

El sector enfrentó desafíos persistentes. Entre 2005 y 2020, de 192 pozos perforados, solo 24 resultaron productivos, aportando menos del 2% de la producción nacional. El colapso de precios del petróleo en 2014-2016 (de 100 a 26 dólares por barril) agravó la crisis. Para 2020, la renta petrolera cayó a USD 600 millones.

Mayaya y Bermejo

El Plan de Reactivación Upstream (PRU), lanzado en 2021 con 56 proyectos exploratorios, produjo resultados mixtos pero dos descubrimientos destacan. En julio de 2024, YPFB anunció el hallazgo del campo Mayaya Centro-X1 en el Subandino Norte, municipio de Alto Beni, La Paz. El pozo alcanzó 6.000 metros de profundidad y reveló reservas certificadas de 1,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural, con potencial de hasta 6,7 TCF en estructuras aledañas.

S&P Global Commodity Insights ubicó a Mayaya entre los 10 mayores descubrimientos de petróleo y gas del mundo en 2024, superando hallazgos en Rusia, Egipto y Estados Unidos, validando su importancia. El campo abre la cuenca del Subandino Norte, zona históricamente inexplorada que abarca La Paz, Beni y Pando, con potencial estimado de 17 TCF. La inversión requerida para desarrollar Mayaya se calcula en 403 millones de dólares, incluyendo la construcción de un gasoducto de 455 kilómetros hasta el sistema nacional. La producción podría iniciar en 2026 con 1,4 millones de metros cúbicos diarios, aumentando a 2,5 millones con cinco pozos adicionales. YPFB busca un socio internacional que aporte tecnología y capital, con empresas como Repsol, Petrobras y Fluxus mostrando interés.

En octubre de 2025, YPFB anunció el descubrimiento del campo Bermejo-X46D en Tarija, zona petrolera tradicional desde 1924. Las reservas oficiales son de 0,2 TCF, aunque geólogos independientes estiman hasta 2,1 TCF considerando las tres formaciones atravesadas (Huamampampa, Icla I y II, Santa Rosa). La inversión proyectada es de 518 millones de dólares. Aunque Bermejo es un productor marginal comparado con Mayaya, su ubicación en zona tradicional con infraestructura existente facilita su desarrollo.

El patrimonio y las filiales

YPFB Corporación cerró 2024 con patrimonio neto de 54.390 millones de bolivianos, activos totales de 101.360 millones y pasivos de 47.000 millones. El patrimonio ha declinado 7,9% desde 2022 (59.043 millones), resultado de distribuciones de dividendos que superan la reinversión de ganancias, mientras los pasivos aumentaron 84% en el mismo período, indicando fragilidad patrimonial.

El sistema YPFB incluye siete filiales con desempeño dispar. YPFB Andina (patrimonio estimado de 4.000 millones de bolivianos) aporta el 27% de la producción nacional, pero tiene participación accionaria 50/50 con Repsol, limitando el control estatal. YPFB Chaco, también con propiedad casi completa de YPFB, enfrenta situación crítica con pérdidas de 444,1 millones de bolivianos en 2021-2022 y producción declinante.

Las filiales más sólidas son YPFB Refinación (ingresos de 968 millones de dólares en 2024), YPFB Transporte (utilidad neta superior a 80 millones de dólares) y YPFB Transierra (utilidad de 12,2 millones en 2023). YPFB Aviación y YPFB Logística se recuperaron después de la crisis pandémica.

El valor patrimonial de los descubrimientos de Mayaya y Bermejo, calculado conservadoramente con valor presente del flujo de caja proyectado a 30 años, suma 7.830 millones de bolivianos adicionales, elevando el patrimonio potencial total del sistema a aproximadamente 65.000-73.000 millones de bolivianos.

La agenda Paz y el riesgo compartido

La controversia sobre las auditorías petroleras ejecutadas en 2006 por mandato del decreto de nacionalización cobra nueva relevancia con la designación de Akly. Su trayectoria replica el perfil de quienes representaron intereses privados antes de asumir cargos estatales.

Ese debate está nuevamente sobre la mesa. El presidente Paz propone reforma de la Ley de Hidrocarburos con “riesgo compartido 50/50”, agenda que coincide con las demandas históricas de la CBHE, la cámara gremial que agrupa a Repsol, Shell, Total, Petrobras y otras transnacionales: reforma de la Ley 3058, modelo de riesgo compartido, “seguridad jurídica” (menos regulación estatal), flexibilización ambiental e incentivos tributarios. El vicepresidente Edmand Lara tiene mandato de consensuar reformas en seis meses.

Proyecciones comparativas muestran dos escenarios para 2030. Manteniendo la Ley 3058, con mejoras de eficiencia operacional, YPFB alcanzaría patrimonio de Bs 70.500 millones y renta petrolera acumulada de USD 12.500 millones. En un escenario de reforma 50/50, el patrimonio sería de Bs 64.000 millones y la renta acumulada de USD 7.000 millones. Extrapolado a 10 años, la pérdida superaría los USD 8.000 millones.

En 2016, Akly declaró como ejecutivo de la CBHE: “Para las petroleras, es una época muy complicada. Para atraer inversiones, el gobierno tiene que ofrecer condiciones que son realmente competitivas”. El modelo de riesgo compartido aparentemente atrae mayor inversión privada, pero transfiere rentas masivamente. Las transnacionales invierten más capital, pero capturan la mayoría de los retornos, mientras Bolivia obtiene menor flujo operativo. La experiencia de 1996-2005 es el precedente: bajo ese esquema, el Estado recibió apenas USD 300 millones anuales comparado con USD 2.742 millones bajo el modelo estatal.

La historia de YPFB demuestra que la diferencia no es marginal: es financiar salud, educación y programas sociales como el Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad, o transferir esos recursos a accionistas extranjeros. El modelo de gestión determina radicalmente la distribución de riqueza.

Akly: del lobby privado a YPFB

Yussef Akly Flores tiene el perfil del tecnócrata competente con orientación pro-mercado, pero los analistas advierten que esa línea discrepa con intereses nacionales si permite que reformas perjudiciales se presenten como “técnicamente necesarias”.

Su designación ocurre en momento crítico. YPFB cerró 2024 con patrimonio neto de Bs 54.390 millones, y pasivos de Bs 47.000 millones que aumentaron 84% desde 2022. La empresa administra siete filiales: YPFB Chaco (99,3% participación estatal), YPFB Transporte (98,6%), YPFB Refinación (99,9%), YPFB Andina (51%), YPFB Transierra (55,5%), YPFB Petroandina (60%) y YPFB Logística (99,7%).

En su posesión, Akly anunció auditorías a la gestión anterior y destituyó al distrital comercial amazónico por presunta venta irregular de combustible. Habla de “volver eficiente a YPFB” y “prometedor futuro gasífero”, aunque aún no menciona protección de regulaciones ambientales, consulta previa a comunidades indígenas ni fortalecimiento del control estatal. Tampoco se ha referido al rol de transnacionales o su escasa inversión histórica en exploración.

Akly, en su primera semana como presidente de YPFB, confirmó que “hay un potencial real en Mayaya”, pero advirtió que resta “dimensionar su potencialidad concreta y cuáles son los costos” para determinar si es viable comercialmente. Analistas advierten que el éxito comercial de ambos campos dependerá no solo de factores geológicos y técnicos, sino crucialmente del marco regulatorio bajo el cual se desarrollen. El gran desafío es la ubicación remota del campo, sin infraestructura existente.

La reforma de la Ley 3058, prevista para los primeros seis meses de 2026, determinará si Akly es el tecnócrata comprometido con Bolivia o si el país replica el ciclo de 1996-2005. Organizaciones sociales y la Central Obrera Boliviana advirtieron que resistirán cualquier debilitamiento de la soberanía energética. Sin mayoría propia en el Congreso (49 de 130 diputados; 16 de 36 senadores), Paz dependerá de alianzas para aprobar reformas profundas.

Información que desaparece en la transición

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías anunció el 19 de noviembre de 2025 que “habilitará en los próximos días” un sistema completo de acceso a información del sector energético. El ministro Mauricio Medinaceli reveló que “en la anterior administración los viceministerios del área hidrocarburífera no cumplieron la normativa de transparencia” y que “no existe información actualizada”.

Sin embargo, es incierto el momento en que comenzó la opacidad. Esta investigación solo fue posible gracias a que un ciudadano anónimo archivó durante años los estados financieros de YPFB en un repositorio digital privado. Esos documentos, que abarcan desde 2008 hasta 2020, permitieron calcular cifras como las participaciones de transnacionales (USD 7.906,7 millones) y los costos recuperables (USD 8.457,4 millones) entre 2007 y 2018.

Hoy, 23 de noviembre de 2025, ningún estado financiero de YPFB está disponible en la página web institucional. La evidencia sugiere que la documentación histórica estuvo accesible hasta algún momento entre agosto y noviembre de 2025, pero desapareció antes, durante o inmediatamente después de la transición gubernamental, sin certeza de qué administración ordenó retirarla.

La Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos (31 de agosto de 2007) establece en su Artículo 6 que YPFB debe publicar anualmente costos recuperables, gastos operativos, volúmenes de producción, precios, ingresos e inversiones por campo. Mientras el Ministerio de Hidrocarburos avanza en la implementación de su plataforma de transparencia, El País pone a disposición pública los estados financieros de YPFB rescatados del archivo digital (2008-2020), disponibles AQUÍ y AQUÍ.

La ciudadanía boliviana tiene derecho constitucional a conocer el desempeño de sus empresas estatales. Estos documentos históricos contribuyen al debate informado sobre el futuro de YPFB mientras se espera la publicación oficial de información actualizada.

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