Repsol va por Mayaya

El 15 de julio de 2024, el presidente Luis Arce anunció el hallazgo de un “megacampo” con 1.7 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural en Mayaya Centro-X1, ubicado en el área Lliquimuni del norte de La Paz. El mandatario calificó el descubrimiento como “el más importante para Bolivia desde 2005” y proyectó ingresos de 6.800 millones de dólares durante la vida del proyecto, con una producción inicial de hasta 10 millones de metros cúbicos diarios de gas. Sin embargo, los plazos de producción se han extendido: de los tres años inicialmente anunciados por Arce, YPFB ahora proyecta cinco años, con inicio en 2028. El hallazgo de Mayaya, tras haber destinado 85,6 millones de dólares, es fruto del trabajo de YPFB.

El 8 de septiembre YPFB Corporación comunicó que se analizaba la conformación de una Sociedad Anónima Mixta con YPFB Andina, una Sociedad Anónima conformada a su vez por YPFB Corporación, propietaria del 51% de las acciones, la transnacional con base en España, Repsol, que tiene un 48,3% de las acciones y otros accionistas menores que suman el 0,67%. El objetivo de esa sociedad sería precisamente explotar Mayaya, el “gran campo petrolero” al que se aferra el presidente Luis Arce y su equipo para reivindicar en unos años su gestión y que ha sido descubierto, en esencia, por los estudios y sísmicas encargadas por YPFB.

Mayaya está dentro de uno de los bloques que varios ingenieros petroleros bolivianos han señalado como productivos y que fueron identificados hace años y cuyos estudios de factibilidad se han reforzado en los últimos años. José Luis Lavandez, ingeniero petrolero que trabajó en YPFB desde los 90 hasta 2015 ya advirtió que la producción no es difícil “lo podemos hacer sin más” afirmó. Sin embargo, en Yacimientos parecen considerar oportuna y necesaria la participación de una empresa extranjera.

El propio gerente de YPFB Andina, Raúl Giraudo, lo asume con naturalidad: “Hemos firmado un memorando de entendimiento para conformar una SAM. El documento debe ser analizado por el Directorio de la compañía aún, para definir las participaciones” y añade: “Luego del descubrimiento de la estructura central (Mayaya centro), el riesgo geológico es bastante menor para investigar estructuras aledañas dentro del bloque Lliquimuni. La sísmica es muy buena, se identifican claramente unas cinco o seis estructuras más. El total a descubrir puede llegar a ser hasta 6 TCF de gas. La idea es extender un poco más la cobertura sísmica para identificar más estructuras”.

Los ingenieros petroleros han advertido que “la historia se repite”, haciendo referencia a los megacampos descubiertos por la YPFB nacionalizada en Tarija a principios de los 90, San Antonio y San Alberto, que fueron reclasificados como “nuevos” durante la capitalización de los años 90 para beneficio de transnacionales.

Las auditorías sepultadas de Mariaca

Enrique Mariaca Bilbao, ingeniero de 93 años coordinador de las auditorías ordenadas por el Decreto 28701 de 2006, descubrió el saqueo sistemático de las transnacionales durante la capitalización. Sus hallazgos revelaron sobrevaloración de inversiones por 800 millones de dólares, violaciones contractuales que justificaban nacionalización sin indemnización, y daños ambientales no reconocidos. Repsol nunca quiso referirse a estas conclusiones.

Las auditorías probaron que Repsol sobrevaloró inversiones en 200 millones, denuncian que falsificó documentos y que contabilizó gastos personales como inversión empresarial. Mariaca recomendó la recuperación total de activos sin compensación, pero Carlos Villegas, el sobrevenido ministro de Hidrocarburos tras el cese del impulsor de las auditorías, Andrés Soliz Rada, y que después sería el todopoderoso presidente de YPFB Corporación, guardó los documentos “bajo siete llaves” y las modificó durante las negociaciones de Camiri.

Varios testigos de la época consideran la modificación “ilegal” y señalan que el ocultamiento representó una “oportunidad histórica perdida ”, pues argumentan que Bolivia pudo nacionalizar Chaco, Andina y Transredes (las tres sociedades anónimas creadas durante la capitalización donde no se evidenciaron aportes) sin indemnización alguna, como probaban las violaciones contractuales documentadas. En cambio, el Gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera concedió pagar millones en compensaciones por activos que técnicamente ya le pertenecían.

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¿La historia se repite?: de San Alberto a Mayaya

Los megacampos San Alberto y San Antonio, hoy controlados operativamente por Petrobras, no fueron descubiertos durante la capitalización sino por YPFB décadas antes. San Alberto fue descubierto en 1967 con el pozo SAL-X3 que encontró petróleo en la Arenisca Miller, mientras que el verdadero tesoro gasífero se descubrió en 1990 cuando YPFB alcanzó la formación Huamampampa del Sistema Devónico.

La maniobra legal fue perfecta: el 22 de abril de 1996, apenas 8 días antes de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos, se firmó el contrato YPFB-Petrobras para San Alberto. Al reclasificar estos megacampos como “nuevos” en lugar de “existentes”, Petrobras pagó solo 18% de regalías en lugar del 50% correspondiente durante la fase productiva, cuando producían más del 70% del gas boliviano. Una comisión investigadora presidencial dirigida por Francesco Zaratti concluyó en 2004 que la definición fue “hecha a medida del cliente”, generando pérdida fiscal estimada superior a 2.000 millones de dólares.

Ingenieros petroleros consultados advierten que Mayaya podría seguir el mismo patrón. YPFB descubrió el megacampo con inversión estatal de 85.6 millones de dólares, pero ahora YPFB Andina, participada por Repsol, busca participación accionaria que le permitiría beneficiarse de un descubrimiento ajeno. La diferencia crucial es que esta vez el descubrimiento ocurre bajo control estatal post-nacionalización, no durante la capitalización de los años 90.

El abrazo de Brufau, estrategia de supervivencia corporativa

Antonio Brufau Niubó, presidente de Repsol desde 2004, convirtió la adaptación política en estrategia corporativa. Su relación con Evo Morales, marcada por “abrazos, risas y bromas”, le permitió sobrevivir a la nacionalización de 2006 manteniendo control operativo de facto en YPFB Andina y en otros campos estratégicos, como Caipipendi.

La dependencia tecnológica explica por qué YPFB necesita a Repsol: experiencia en perforaciones ultra-profundas, tecnologías de fracturación hidráulica y conexiones comerciales internacionales. Esta dependencia otorga a la multinacional un poder de negociación desproporcionado, permitiendo condiciones favorables incluso después de la nacionalización. Según sus memorias, Repsol invirtió 3.400 millones de dólares en casi 30 años, y no solo sobrevivió al cambio normativo, sino que mantiene pragmáticamente 300 empleados bolivianos y compromete nuevas inversiones en momentos de tensión política.

El récord mundial se materializó con Boyuy X2: 7.963 metros, el pozo más profundo de Sudamérica. La hazaña técnica se volvió fracaso comercial y controversia política cuando Luis Alberto Sánchez declaró encontrar un “mar de gas”, aunque no productivo. Mientras, el Estado asumió indebidamente 130 millones en costos de exploración fallida.

Las contradicciones de Luis Arce

Luis Arce Catacora encarna las contradicciones de la política hidrocarburífera boliviana. Como Ministro de Economía durante el gobierno de Morales (2006-2017, 2019), Arce fue arquitecto del modelo económico que dependía fuertemente de ingresos hidrocarburíferos mediante monetización acelerada de reservas conocidas, aprovechando altos precios internacionales para financiar gasto público y programas sociales.

Contrario a sus declaraciones recientes minimizando su rol en hidrocarburos (“yo era ministro de Economía, no de Hidrocarburos”), la evidencia documental revela participación activa desde 2010 como parte del Directorio de YPFB, proponiendo el nombramiento de Marcelo Montenegro como su representante en la petrolera estatal. En 2018, después de dejar el ministerio por salud, asumió directamente como Director Titular de YPFB Transporte. Extrañamente, registros de la ASFI revelan que su nombre también aparece en el puesto de Director Titular de YPFB Andina, según hechos relevantes de esta empresa.

Durante su gestión ministerial, Arce conocía el declive productivo desde 2014 que afectaba a las cuentas nacionales. El propio presidente admitió en 2025 que “todos los años, al elaborar el Presupuesto General del Estado, mostrábamos la caída del IDH y advertíamos que eso era resultado directo de la disminución en la producción de gas”. Sin embargo, estas alertas no se tradujeron en cambios sustanciales en política exploratoria. Entre 2006 y 2019 solo se realizaron 8 proyectos exploratorios sin resultados exitosos, mientras de forma directa o indirecta, supuestamente, se invertían 3.500 millones de dólares en exploración fallida.

Como presidente, Arce implementó correcciones estructurales radicalmente diferentes: YPFB asume control directo de exploración, inversión del 65% del presupuesto en exploración y 56 proyectos exploratorios con 18 resultados exitosos. El descubrimiento de Mayaya, cuestionado en su viabilidad por varios expertos, que consideran que la información disponible es insuficiente para determinar su volumen, representa el éxito más visible de esta nueva estrategia, aunque su resistencia a asumir responsabilidad completa sobre errores pasados genera interrogantes sobre la transparencia narrativa.

El futuro de Mayaya en la historia hidrocarburífera

Mayaya Centro X-1 se inscribe en la tercera fase de la historia petrolera boliviana: después de Standard Oil (1921-1937) y Gulf Oil (1953-1969), nacionalizadas por defraudación y control excesivo; después de la capitalización (1996-2006) que entregó control a transnacionales como Petrobras, Repsol y Total; después emergió la era de control estatal directo con participación privada minoritaria.

La diferencia fundamental es que YPFB mantiene propiedad del descubrimiento desde el inicio. Sin embargo, advierten los ingenieros nacionales, la búsqueda de socios tecnológicos como Repsol plantea riesgos de repetición histórica. La estatal proyecta inversiones de hasta 403 millones de dólares para desarrollo inicial del campo, mientras estudios sísmicos identifican cinco o seis estructuras adicionales con potencial total de 6 a 7 TCF.

S&P Global Commodity Insights ubicó Mayaya entre los 10 principales descubrimientos mundiales de petróleo y gas de 2024, legitimando internacionalmente el hallazgo boliviano. Sin embargo, críticos como el analista Álvaro Ríos señalan que “con un solo pozo no es posible determinar reservas” y advierten sobre la transferencia indebida de riesgos al Estado, como ocurrió con Boyuy X2.

La construcción de infraestructura ya comenzó: planchadas para pozos adicionales MYC-X2 y MYC-X3, planta procesadora y gasoducto de conexión Alto Beni-Caranavi destinado a una futura termoeléctrica. El proyecto contempla la producción inicial de 50 millones de pies cúbicos diarios en 2028, expandiéndose durante más de 20 años según proyecciones oficiales.

La historia hidrocarburífera boliviana demuestra que la soberanía sobre recursos naturales no es incompatible con la eficiencia operativa, siempre que se mantenga el control estatal sobre las decisiones estratégicas y la distribución equitativa de beneficios. El desafío actual es evitar que Mayaya se convierta en otro San Alberto: un descubrimiento estatal del cual se beneficien principalmente operadores privados mediante ingeniería jurídica y dependencia tecnológica.

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