Gobierno difumina el 50-50 pero promete nuevo marco autonómico

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, escoltado por el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, salió al paso para poner paños fríos a la expectativa creciente sobre la reunión de los Gobernadores con el presidente Rodrigo Paz en el marco de los actos de la efeméride nacional, y donde cada uno de los actores pretende encontrar un alivio a su situación y una posición de fuerza para el futuro.

Espinoza esencialmente “mató el eslogan”. El 50-50 funcionó en campaña, y aunque los funcionarios de comunicación y el propio presidente han insistido en el concepto, hace días que las autoridades involucradas en la neta gestión económica han advertido de su inviabilidad.

En ese sentido, el ministro de Economía devolvió el debate al marco natural: el Pacto Fiscal, incluyendo en ello una reforma de la Ley Marco de Autonomías, que efectivamente funciona como candado para el ejercicio propio de la autonomía departamental, particularmente, pero también la municipal.

Una hoja de ruta… larga

En principio los equipos técnicos de Gobierno y Gobernaciones han definido cuatro puntos sobre los que avanzar en la configuración de este nuevo Pacto Fiscal: la condicionalidad del gasto; las bases de la redistribución de ingresos; mecanismos de alivio de deuda y la reforma de la Ley Marco de Autonomías.

Sobre la condicionalidad del gasto, el Senado ya aprobó una Ley que libera de obligaciones de pago con IDH departamental varias competencias nacionales, como los prediarios o los títulos de bachiller, lo que dará cierto alivio, pero siguen existiendo otros asuntos, como el de la confiscación previa de recursos de IDH para la conformación del Fondo de Incentivos Petroleros que sigue siendo especialmente doloso. La discusión en este punto parece tener más que ver con quién se lleva los créditos que sobre el fondo.

El segundo punto, sobre las bases de la redistribución de los ingresos, viene a ser la verdad de la milanesa y la madre de todas las batallas, pues entran en juego no solo los porcentajes, sino los criterios.

Criterios La redistribución de futuros ingresos depende del acuerdo sobre los criterios a aplicar para ello

Por lo general se asume que el criterio “lógico” es el de la distribución por población, pero esto ya ha sido desmentido en casi todos los países que han avanzado en este tipo de descentralización. Por lo general las regiones más fuertes son las que tienen más población y actúan como polo de atracción, mientras que en las periferias se pierde la población mejor formada y el gasto es menos eficiente. Introducir factores de corrección que otorguen mayores posibilidades de desarrollo y fijen población es lo habitual, aunque necesita una pedagogía política que en Bolivia no abunda, como se ve cada vez que se convoca un Censo de Población y Vivienda.

El ministro Espinoza habló de estos factores de “justicia distributiva”, aunque también priorizó criterios de “eficiencia” y esfuerzo, lo que se vincula al control de gasto público y déficit.

Espinoza también habló de avanzar en materias de alivio de deuda. El tema es clave sobre todo para los departamentos pequeños, pero también para los más endeudados. Tarija en este sentido es una de las principales víctimas pues arrastra desde hace una década los efectos de la mala administración.

Entre 2006 y 2015 los ingresos por renta petrolera fueron creciendo y se comprometieron docenas de obras - todas por cierto con el visto bueno del Ministerio de Economía que certificaba la disponibilidad presupuestaria -, pero a partir de 2016 el precio de los hidrocarburos cayó y las exportaciones se redujeron, dejando esa “disponibilidad presupuestaria” en papel mojado. Para hacer frente a los compromisos se adquirieron diferentes mecanismos de deuda de los que todavía quedan unos mil millones por pagar.

El problema en esta negociación a nueve es que el volumen de deuda de unos y otros no es igual, y que por ende unos pedirán mecanismos de compensación respecto a los otros.

El último punto es el de reformar la Ley Marco de Autonomías, que efectivamente es la que centra lo operativo y define competencias, aunque su catalogación de exclusividad o concurrencia ya viene marcada desde la Constitución, por lo que exigirá un mínimo de creatividad legislativa para conformar un buen marco de acción.

Se esperan las conclusiones de la reunión para última hora de la tarde de este miércoles.

Reprogramar deudas y condonar

A 30 de abril de 2026 y según el informe dejado por el ex gobernador Óscar Montes, la deuda de Tarija ascendía a 944 millones de bolivianos incluyendo 113 por procesos contenciosos. La mayor parte, 803, son deudas con Bancos y Entidades Financieras, y de ellas, 503 con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es esencialmente público.

Además, existe el “famoso crédito” adquirido por el Estado con Italia en los 90 para pagar la construcción de San Jacinto, que pese a haber sido condonado al Estado, el nivel central lo sigue cobrando a Tarija.

Desde la Gobernación de Tarija se espera acceder a algún mecanismo que permita aliviar estas situaciones urgentes para pasar a discutir el resto de medidas a partir de 2027.