IDH: 25 millones de bolivianos siguen “confiscados” en La Paz

Si bien la aprobación de la Ley de Adecuación de Obligaciones de los Gobiernos Departamentales respecto al IDH ha liberado unos 15 millones de bolivianos del presupuesto, todavía quedan más de 25 millones “confiscados” en el nivel Central del Estado.

La Ley ha liberado de la obligación del pago con recursos del IDH departamental algunas competencias de claro cariz nacional, como el Bono de Vacunación, la expedición de los títulos de Bachiller y los prediarios de Régimen Penitenciario, que en Tarija sumaban algo más de 15 millones de bolivianos: 8,2 millones para el bono de vacunación, 482.700 para los bachilleres y 4,7 millones para los prediarios. Esta medida, que entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, fue largamente exigida por las gobernaciones y celebrada por la gobernadora María René Soruco que lo consideró una “recuperación de soberanía”.

Sin embargo, todavía se consignan en el presupuesto unos 25 millones de bolivianos que son asignados a competencias nacionales. El más abultado y que se realiza precisamente antes del cálculo es el del Fondo de Promoción de Exploración, más conocido como el Fondo de Incentivos, y que se lleva unos cinco millones de bolivianos. Se trata de un Fondo para pagar más a las petroleras por hacer más rápido su trabajo, sin embargo sus resultados desde 2017 han sido exiguos.

Otro debate tiene que ver con la Renta Dignidad, ya que se paga con fondos departamentales pero se considera una competencia nacional. El monto destinado a ese programa es de 15 millones de bolivianos.

Además hay otras obligaciones con el Fondo Estatal de Vivienda, la Oficina Trinacional del Pilcomayo, el Cereci, la Casa Dorada, el Observatorio de Santa Ana y el Fondo de Fomento Cívico Patriótico que se seguirán pagando con fondos departamentales.

El debate pendiente

Diferentes actores han advertido que más allá de los 15 millones de bolivianos liberados y los 25 que siguen confiscados, es urgente avanzar en las definiciones del nuevo Pacto Fiscal que establezca claramente cuales son las competencias a ejecutar por cada nivel del Estado y los fondos y recursos financieros con los que se van a financiar.

El debate está paralizado mientras que las propuestas del reparto “50 – 50” que capitalizaron la campaña electoral se siguen difuminando.