YPFB, la eterna refundación: tres presidentes, dos ministros y ninguna reforma en ocho meses

Marcelo Blanco Quintanilla lleva apenas tres meses como ministro de Hidrocarburos y ya suena, como sus antecesores, a funcionario que hereda un problema más viejo que él en el cargo. Lo dijo sin rodeos: la reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la empresa insignia del Estado boliviano, “no anda a la velocidad que todos quisiéramos”. Reveló, de paso, que el Gobierno obtuvo hace dos meses un financiamiento del Banco Mundial para esa tarea —sin precisar el monto—, aunque no explicó en qué consiste exactamente la reforma, ni sus objetivos, ni sus plazos. Es, otra vez, una promesa sin manual de instrucciones.

Este medio buscó ese financiamiento en los repositorios públicos del Banco Mundial. Los hallazgos, más adelante en este reportaje.

Ocho meses, tres presidentes, dos ministros

El desgaste institucional no es una figura retórica: es un dato duro. En los ocho meses que lleva el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que asumió el 8 de noviembre de 2025, YPFB ya estrenó tres presidentes ejecutivos —Yussef Akly Flores, Claudia Cronembold y el actual Sebastián Daroca Oller— y el propio Ministerio de Hidrocarburos cambió de titular: de Mauricio Medinacelli Monroy, que ocupó el cargo entre noviembre de 2025 y abril de 2026, a Blanco Quintanilla, que juró en abril. de este año. Cambiar de capitán tres veces en menos de un año no es la mejor manera de terminar de construir el barco, y menos uno tan averiado como este.

La cesión de los 90: cuando YPFB se repartió en cinco

Para entender la frustración de hoy hay que remontarse a 1996. Bajo el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la Ley de Capitalización de 1994 se ejecutó fragmentando YPFB en cinco sociedades de economía mixta: dos de exploración y producción (Chaco y Andina), una de transporte (luego Transredes, con Enron y Shell como socios), una de refinación y una de comercialización.

La promesa oficial era que la gestión privada, un cambio de inversión comprometida, modernizaría el sector sin “vender” nada del Estado. El resultado fue una renta fiscal de apenas 18% en regalías y participaciones —incluso sobre los megacampos Sábalo y San Alberto, que YPFB había descubierto entre 1990 y 1991 pero que Repsol, Petrobras y otras operadoras explotaron desde 1999 como si fueran nuevos hallazgos.

Entre 1997 y 2002, los gobiernos de Hugo Banzer y Jorge Quiroga profundizaron la apertura privatizando también las refinerías. Y en 2001, un decreto firmado por el propio Quiroga, entonces presidente sustituto de Banzer, liberó a las transnacionales de la obligación de perforar al menos un pozo exploratorio por cada parcela concedida: el inicio silencioso de la sequía de reservas que hoy asfixia al país.

El impuesto que costó una presidencia

El malestar social por ese reparto desembocó en el referéndum vinculante de julio de 2004, que ordenó recuperar la propiedad estatal de los hidrocarburos. El Congreso respondió con la Ley 3058, del 17 de mayo de 2005, que reafirmó al Estado como titular de todos los hidrocarburos, ordenó la “refundación” de YPFB y elevó la carga fiscal combinada (regalías más el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH) al 50%.

La norma tiene, además, una anécdota reveladora de cuánto pesaba ya entonces el tema en la política boliviana: el entonces presidente Carlos Mesa Gisbert se negó a promulgarla, por lo que tuvo que hacerlo el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez. Mesa luego se negó también a reglamentarla del todo, un pulso que profundizó la crisis política que terminaría por costarle la renuncia.

La nacionalización que no fue

Con Evo Morales ya en el Palacio Quemado desde enero de 2006, el Decreto Supremo 28701, “Héroes del Chaco”, declaró el 1 de mayo de ese año la nacionalización de los hidrocarburos: el Estado recuperaba la propiedad, posesión y control total de la producción, y todas las petroleras quedaban obligadas a entregar su producción a YPFB, que asumía en exclusiva la comercialización. El decreto dio 180 días para renegociar los contratos y ordenó una reembolso integral de YPFB en apenas 60 días, convertida en “empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social”. El Estado tomó, además, el control accionario mayoritario de Chaco, Andina, Transredes/Transierra y las refinerías.

Pero el titular grande no coincidió con la letra chica. En octubre de 2006, YPFB firmó 44 Contratos de Operación con las 15 petroleras que operaban en el país (uno se desarrolló después, quedando 43 vigentes), con plazos de entre 30 y 35 años. Esos contratos dejaron una renta estatal promedio del 50% —muy lejos del control “total y absoluto” que anunciaba el decreto— y, sobre todo, dejaron sin efecto sus disposiciones centrales, incluida la propia reembolsación de YPFB, que desde entonces quedó reducida al papel de administradora de esos contratos, con una actividad exploratoria propia mínima.

El Congreso los ratificó en 2007, en medio de denuncias por irregularidades en la custodia y modificación de anexos, y sin aplicar nunca del todo las auditorías petroleras que el mismo DS 28701 había ordenado: auditorías que, cuando se hicieron, detectaron fraudes contables e incumplimientos de inversión de las petroleras extranjeras, pero que no sirvieron para que el Estado recuperara el control de los campos sin pagar compensaciones. Diecinueve años después, esa “refundación” sigue siendo una tarea pendiente.

De la estabilidad de Villegas a la sequía de gas

Entre 2006 y 2009, la silla de la presidencia de YPFB pareció una puerta giratoria ocupada, incluso, por perfiles ajenos al sector —editores de libros, contadores públicos sin experiencia petrolera—, como se ve en el cuadro de gestiones al final de este reportaje. Fue Santos Ramírez Valverde uno de los más relevantes, pero que terminó su gestión con un incidente que anuló incluso su carrera política (ver nota de apoyo). Le siguió Carlos Villegas Quiroga, que entre 2009 y 2015 le dio a la estatal su período más estable, ampliando la corporación con filiales (Chaco, Andina, Transporte, Refinación, Petroandina, Logística) e impulsando plantas de urea y separadoras de líquidos para industrializar el gas.

Villegas operó los retrasos en las Plantas Separadoras, tanto la de Río Grande, que la inició Santos Ramírez, como la del Gran Chaco, que la impulsó el ex ministro Soliz Rada en junio de 2006, pero recién se materializó a mediados de 2015. Tanto las dos plantas separadoras como la Planta de Úrea y Amoníaco instalada en Bulo Bulo con cerca de 1.000 millones de dólares de inversión, han sido señaladas como fuente de corrupción por sobreprecios. La falta posterior de gas como insumo básico, afectó a todas ellas, debido a que los contratos de octubre de 2006 nunca obligaron a las petroleras a explorar, y sin exploración no hay reservas nuevas.

Desde mediados de la década de 2010 cayeron la producción y las reservas de gas, y Bolivia pasó de exportador a importador neto de diésel y gasolina, con una subvención a los combustibles cada vez más pesados ​​para las cuentas fiscales. La cuenta llegó, con toda su fuerza, en marzo de 2023, ya bajo el gobierno de Luis Arce Catacora: fue entonces cuando el Estado empezó a sentir en carne propia la falta de divisas para sus operaciones económicas más elementales, golpeadas por menores volúmenes y menores precios de exportación de gas.

A esa crisis, que se combinó con una rotación de presidentes especialmente intensa entre 2019 y 2021 (bajo los gobiernos de Jeanine Áñez y de Arce), llegó Rodrigo Paz Pereira con la promesa de resolverla.

La frustración de Blanco, treinta años después.

Y aquí cierra el círculo con el que abrió este reportaje. El gobierno de Paz volvió a plantear, como sus antecesores, reformar la Ley de Hidrocarburos y reorientar a YPFB hacia la exploración y la producción, dejando la comercialización en manos de actores privados, bajo la etiqueta de “capitalismo para todos”. Pero, ocho meses después, ni siquiera se ha explicado en público qué significa la “reestructuración” que el propio ministro admite que va lenta. Con tres presidentes de YPFB y dos ministros de Hidrocarburos en menos de un año, y con la escasez de combustibles todavía en las calles, la pregunta que queda flotando es la misma que se hacen los bolivianos desde 2006: ¿quién, y cuándo, va a terminar de reestructurar YPFB?

Hidrocarburos en Bolivia: 1994-2026

Presidentes de YPFB (1997 – julio de 2026)

Durante la etapa de capitalización (1997–2005), YPFB operó como una entidad residual sin control operativo sobre la producción, por lo que los registros públicos sobre sus máximas autoridades ejecutivas en ese período son escasos; se incluyen los nombres documentados. Desde 2006 (gobierno de Evo Morales/García Linera), la empresa ha tenido una alta rotación, con 16 presidentes entre 2006 y abril de 2026 (más uno adicional en funciones a julio de 2026), casi todos en calidad de interinos. Usted, amable lector, aún si ha seguido de cerca los vaivenes del sector, tal vez no se acuerde de varios de estos nombres:

Informe: El caso Catler-Uniservice, caída de Santos Ramírez, extrañas muertes y el costo del retraso en la Planta de Río Grande

El 14 de julio de 2008, YPFB —bajo la presidencia de Santos Ramírez Valverde, exsenador del MAS y eximpulsor de la Ley de Hidrocarburos 3058— firmó un contrato con la sociedad accidental Catler-Uniservice para construir la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, en Santa Cruz, por un monto de US$ 86,35 millones. La empresa se había constituido apenas tres días antes de la firma del contrato, y Ramírez aceptó que el consorcio no presentara las boletas de garantía bancaria exigidas por la licitación, sustituyéndolas por una simple póliza de caución de una firma que ni siquiera figuraba en el registro de comercio.

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El escándalo. El 27 de enero de 2009, el socio de Catler, el tarijeño Jorge O'Connor D'Arlach, fue asesinado en la ciudad de La Paz por delincuentes comunes que le robaron US$ 450.000 que portaba en un maletín, supuestamente destinados como comisión a cuñados de Ramírez. El hecho provocó la intervención de YPFB y la destitución de Ramírez, quien fue posteriormente condenado en 2012 a 12 años de cárcel. Años después, ya libre, Ramírez acusó al entonces vicepresidente Álvaro García Linera y al ministro Juan Ramón Quintana de haber organizado el crimen para sacarlo de la carrera presidencial de 2009, versión que coincidió con la de su abogado, quien sostuvo que Ramírez fue víctima de intereses políticos de Morales y García Linera “para no hacer sombra” al mandatario.

Pérdida financiera directa. El Tesoro constituyó un fideicomiso de 45 millones de dólares en el Banco Unión; De ese fondo, Ramírez ordenó pagos por US$ 13,21 millones a la firma estadounidense Gulsby Process Systems y US$ 3,30 millones a Uniservice, dinero que YPFB nunca logró recuperar (US$ 16,51 millones en total). A esto se sumó una pérdida adicional de US$ 9,3 millones por una garantía que las aseguradoras se negaron a cubrir. Pérdida directa acreditada: ≈ US$ 25,8 millones.

El costo del retraso. El proyecto quedó paralizado desde 2009. Recién en 2010, YPFB adjudicó la obra a la firma argentina Astra Evangelista (AESA) por US$ 159,46 millones, monto que se elevó a US$ 168,4 millones , y que según cifras oficiales de 2014 llegó a US$ 184,3 millones, un 16% por encima de lo contratado con AESA . La planta fue finalmente inaugurada por Evo Morales el 10 de mayo de 2013, casi cinco años después de la firma original. Para entonces, Brasil ya consolidó su petroquímica en base a licuables casi gratuitos enviados desde Bolivia y García Linera terció invariablemente a la vicepresidencia mientras Evo Morales repetía cuatro veces la primera magistratura.

Comparación de costos

Contrato Catler-Uniservice (2008): US$ 86,35 millones. Costo final AESA (2013-2014): US$ 184,3 millones. Es decir, la planta terminó costando más del doble (+113%) de lo pactado originalmente, tal como señala un análisis periodístico: “la pérdida mayor se contabilizó en el retraso de más de tres años en la concreción de una nueva planta, al doble de costo, porque Bolivia siguió enviando en ese tiempo gas rico en licuables a título gratuito a Brasil”.

Costo de oportunidad por el gas no cobrado. Mientras la obra estuvo detenida, Bolivia siguió exportando gas rico en licuables sin poder separarlos. El Adendum 4 obliga a Petrobras a compensar entre US$ 100 y 180 millones anuales por esos licuables; Aplicado a los ~4 años de parálisis (2009-2013), el costo de oportunidad estimado ronda US$ 400 a 720 millones adicionales, aunque esta cifra depende de supuestos sobre volumen y precio y no es un dato oficial cerrado.

Las cifras y consecuencias finales son elocuentes: El caso Catler-Uniservice costó a Bolivia al menos US$ 26 millones en fondos irrecuperables, dobló el costo final de la planta (de US$ 86 a US$ 184 millones) y retrasó casi cinco años la captura de licuables del gas exportado a Brasil, con un costo de oportunidad que pudo superar los US$ 400 millones. Políticamente, el episodio eliminó al rival de mayor peso interno frente a Álvaro García Linera dentro del MAS, aunque la responsabilidad directa en el crimen de O'Connor sigue sin resolución judicial firme.

La Planta Gran Chaco, del acuerdo binacional de 2006 a la subutilización actual

En junio de 2006, tras negociaciones entre el entonces ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada y el gobierno argentino, Bolivia y Argentina acordaron ampliar el suministro de gas boliviano, comprometiéndose Argentina a financiar una planta separadora de líquidos en el Gran Chaco (Yacuiba, Tarija) con capacidad para más de 30 millones de metros diarios (MMmcd), estimada entonces en US$ 400 millones. La urgencia de gas boliviano forzó a los argentinos a financiar esa planta, cuya ejecución insistieron en hacerla en su propio territorio. Solíz Rada afirmó que esa diferencia estuvo a punto de hacer fracasar el acuerdo general con Argentina.

El proyecto se licitó recién años después. En octubre de 2011, siendo Carlos Villegas presidente (interino) de YPFB, la española Técnicas Reunidas se adjudicó las obras por US$ 498,65 millones frente a un precio referencial de US$ 523,01 millones, y el propio Villegas firmó el contrato ese mismo mes, bajo la modalidad llave en mano, con entrega prevista para el primer semestre de 2014. Sumando estudios, construcción y equipamiento —incluidos cuatro turbocompresores y tres turbogeneradores de Siemens Energy por US$ 93,4 millones —, el costo del proyecto ascendía a US$ 592,05 millones , casi $US200 millones más de los proyectado por Soliz Rada.

En 2014, YPFB situó el costo del proyecto en alrededor de US$ 640 millones. La cifra siguió creciendo: para 2019 y ratificada en 2024, la inversión total reconocida fue de casi US$ 695-700 millones, es decir, más de 290 millones por encima del contrato de Técnicas Reunidas y cerca de 300 millones sobre la estimación de US$ 400 millones de 2006 (un incremento superior al 70%) .

Entrada en operaciones. Las pruebas comerciales comenzaron en octubre de 2014, y la planta —bautizada “Carlos Villegas” en honor a quien la contrató— fue inaugurada oficialmente el 23 de agosto de 2015 por Evo Morales, con capacidad de procesamiento de 32,2 MMmcd de gas natural. El entonces ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, proyectó ingresos crecientes hasta US$ 2.200 millones anuales en 2025.

Estado actual. La planta nunca operó cerca de su capacidad de diseño, porque depende enteramente del volumen de gas que Bolivia exporta a Argentina, mercado que se reduce drásticamente por la caída de reservas bolivianas. En 2023 funcionaba a apenas el 16% de su capacidad, procesando solo 5 MMmcd frente a los 23-27 MMmcd previstos en 2006. En 2024, con el cierre casi total de las exportaciones de gas a Argentina, un analista financiero alertó que operaba al 50% y estaba “al borde del colapso”, sin certeza de que se hubiera recuperado la inversión de cerca de US$ 700 millones. Una cuarta adenda al contrato con Argentina, firmada en 2026, redujo casi 50% el volumen de gas acordado originalmente, lo que reduce aún más la separación de líquidos disponible para la planta. Los analistas advierten que, sin un flujo estable de gas para procesar, la megaobra corre el riesgo de convertirse en infraestructura ociosa.

La Planta de Urea y Amoníaco de Bulo Bulo, del anuncio de mil millones a la parálisis actual

El 13 de septiembre de 2012, siendo Carlos Villegas presidente de YPFB, la estatal firmó con la surcoreana Samsung Engineering Co. Ltd. un contrato llave en mano por US$ 843.911.998,85 para el diseño de proceso, ingeniería, procura, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento asistido de la planta, a instalarse en Bulo Bulo, provincia Carrasco (Cochabamba). El propio presidente Evo Morales explicó que el Gobierno tenía previsto invertir originalmente US$ 1.100 millones, pero la oferta ganadora de Samsung —elegida entre cinco competidores internacionales— permitió un “ahorro” de US$ 257 millones frente a esa estimación inicial. El proyecto, enteramente financiado con un crédito del Banco Central de Bolivia, se convirtió en la mayor inversión individual en la historia del país.

El monto contractual creció en el camino de ejecución. Reportes de 2013 ya hablaban de una inversión de US$ 862,5 millones, cifra que en los balances de la inauguración (2017) subió a US$ 953 millones y que análisis posteriores sitúan en más de US$ 960 millones. Es decir, el costo final terminó siendo entre US$ 110 y 120 millones por encima del contrato firmado con Samsung , aunque todavía por debajo del techo presupuestario original de US$ 1.100 millones.

El proyecto, cuyo plazo contractual era de 36 meses (con meta inicial de funcionamiento a fines de 2015), se retrasó casi dos años: Evo Morales inauguró la planta el 14 de septiembre de 2017, con capacidad nominal de 2.100 toneladas diarias de urea, consumiendo hasta 50 millones de pies cúbicos (1,4 millones de m³) de gas natural al día.

El desempeño operativo fue crónicamente deficiente. Entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018, la planta produjo apenas 28,48% de lo que debía producir a plena capacidad, y un informe interno de YPFB de octubre de 2018 la situó incluso en solo 12% de su capacidad máxima; desde su inauguración registró cuatro paralizaciones, atribuidas por especialistas a la falta de mercados de exportación y a los costos elevados de transporte por su ubicación en el centro del país. Un análisis independiente de la consultora GELA determinó que entre 2017 y 2023 la tasa de operación promedio fue de solo 27% de la capacidad instalada, con paros reiterados —uno de ellos de más de 50 días en 2023 por mantenimiento. La situación no mejoró con el tiempo: en marzo de 2026 la planta se encontraba totalmente paralizada por fallas críticas en la caldera generadora de vapor, dañada por la mala calidad del agua utilizada en el sistema, y por la degradación de los catalizadores de conversión, cuyo reemplazo se estima entre US$ 300.000 y 400.000, sin contar la asesoría técnica especializada necesaria para la reactivación; incluso reiniciando, un especialista consultado estimó que la planta no podría operar por encima del 70% de su capacidad.

Balance. De una inversión histórica de cerca de US$ 960 millones —la mayor de la historia boliviana— y una promesa de soberanía y exportación de fertilizantes, la planta de Bulo Bulo ha operado en promedio a poco más de una cuarta parte de su capacidad de diseño durante gran parte de su vida útil, y hacia 2026 permanece detenida por fallas técnicas que datan de su construcción y primeros años de operación. Las plantas de fertilizantes instaladas por Brasil y que operan con el mismo gas boliviano, en cambio, no han sufrido los mismos problemas y el producto boliviano que podía hacerles competencia en calidad y precio, casi desaparece del mercado local e internacional.

La pista del Banco Mundial que no aparece

Este medio buscó de forma exhaustiva el financiamiento que Blanco Quintanilla dijo haber obtenido para la reestructuración de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Se revisaron el buscador de proyectos del Banco Mundial (Projects & Operations), la página oficial de país para Bolivia, el portal de documentos de la institución y su sistema de datos financieros Finances One. El resultado fue negativo: no existe una ficha de proyecto, un Documento de Evaluación del Proyecto, un Documento de Información del Proyecto ni un comunicado de prensa del propio Banco Mundial que respalde, con número de proyecto, monto o fecha de aprobación, una operación específica de reestructuración institucional de YPFB y la ANH hacia mayo de 2026, cuando el ministro dice haberla conseguido.

Lo que sí figura, con todo detalle, es la cartera vigente del Banco Mundial en Bolivia: seis proyectos de inversión que suman US$ 993 millones, concentrados en transporte, desarrollo rural y agricultura, desarrollo urbano, energía y agua. El componente energético de esa cartera corresponde, como en operaciones anteriores del Banco en el país, a electrificación rural y energías renovables, no a la gobernanza del sector hidrocarburos ni a la petrolera estatal.

En cambio, sí hay financiamiento internacional reciente, cuantioso y bien documentado para el sector energético boliviano, pero de otro organismo: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 29 de abril de 2026, el mismo día en que el presidente Rodrigo Paz firmó el Decreto Supremo 5617 -que autoriza a YPFB a comprar combustible directamente en el mercado spot internacional sin licitación ni aprobación de directorio-, el BID aprobó una línea de crédito de US$ 800 millones para Bolivia, la mayor inyección multilateral desde que Paz adoptó la presidencia. Ese diseño se suma a un paquete de apoyo de US$ 4.500 millones acordado entre el BID y el país en enero de ese mismo año.

La coincidencia de fechas y de sector -energía, combustibles, YPFB- entre lo que efectivamente desembolsó el BID y lo que el ministro Blanco atribuye al Banco Mundial abre una pregunta que este reportaje no puede cerrar con la información disponible: si se trata de una confusión entre ambos organismos multilaterales, frecuentes en el discurso oficial boliviano, o si existe en efecto un financiamiento del Banco Mundial que, a diferencia de casi toda su cartera en el país, no ha sido divulgada por ninguno de los canales de transparencia habituales de la institución.