Petrobras en Bolivia: tres décadas de promesas incumplidas y subsidios

La historia de Petrobras en Bolivia es un relato de contrastes. Por un lado, la empresa brasileña ha sido el socio comercial más importante de nuestro país, llegando a representar el 60% de la producción total de gas boliviano entre 2007 y 2011. Por otro, su trayectoria está plagada de compromisos incumplidos, contratos lesivos y una salida de hecho del país que dejó a YPFB, la empresa estatal petrolera de Bolivia, en una crisis energética sin precedentes.

Hoy, cuando el prematuramente debilitado y cuestionado gobierno de Rodrigo Paz negocia con la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, el regreso de la petrolera a toda la cadena de hidrocarburos, una pregunta persiste en el debate energético nacional: ¿qué puede ofrecer genuinamente una empresa cuyos principales accionistas son fondos de inversión privados y extranjeros, y cuyo historial de incumplimientos con Bolivia es extenso, documentado y con cuantiosas pérdidas económicas para este país?

Al final de este reportaje se incluyen valores actuales de las pérdidas y compensaciones.

El contrato que lo empezó todo: el GSA y los compromisos paralelos

En febrero de 1993, YPFB y Petrobras suscribieron el Acuerdo de Suministro de Gas (GSA) que sentó las bases para la exportación de gas natural boliviano a Brasil. Tres años después, el 16 de agosto de 1996, se firmó el contrato definitivo. En paralelo, Brasil comprometió la instalación de alrededor de 24 plantas termoeléctricas a gas para justificar la magnitud de la compra. Era la urgencia de Brasil por nutrir de energía boliviana barata a su industria en Sao Paulo.

Ese compromiso nunca se cumplió a cabalidad. Petrobras invirtió en apenas 16 de las cerca de 38 plantas del Programa Prioritario de Termoelectricidade (PPT) y, según sus propios reportes financieros, registró una provisión por pérdidas de US$ 205 millones en 2002 por sus compromisos de gas a termoeléctricas, lo que terminó frenando nuevas inversiones en el sector eléctrico.

El exministro de Hidrocarburos Andrés Solíz Rada, fallecido en 2016, bautizó irónicamente este episodio como “las 24 termoeléctricas para Ríos”, en alusión al entonces ministro del sector (octubre de 2003 a 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa, sucesor de Gonzalo Sánchez de Lozada tras la renuncia de éste por presión social) de tendencia liberal, Álvaro Ríos Roca, y lo señaló como uno de los tantos compromisos paralelos que Brasil asumió y no cumplió.

Megacampos Sábalo y San Alberto, el primer subsidio boliviano a Brasil

Los años coinciden: mientras se negociaba y firmaba en agosto de 1996 el contrato GSA durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Locada (GSL), éste completaba el denominado proceso de “capitalización” (una modalidad de privatización) de empresas estatales, entre ellas YPFB, y firmaba contratos de explotación de campos gasíferos, privatizando el sector.

En ese proceso, basado en la Ley de Hidrocarburos No. 1689 de 30 de abril de 1996, el decreto supremo No. 24400 de 31 de octubre de 1996 (reclasificación de campos) y el decreto supremo No. 24806 de 4 de agosto de 1997 (dos días antes de fenecer su primer mandato), con el que aprueba los modelos de contrato “de riesgo compartido” con las petroleras, entre ellas Petrobras y Repsol, se entregó el control de los megacampos Sábalo y San Alberto, ambos ubicados en el chaco tarijeño, y que fueron descubiertos por YPFB estatal en 1990 y 1991, a Petrobras y Repsol, respectivamente.

• Lea aquí el contrato firmado por YPFB con Repsol en octubre de 2006

Ese agosto de 1997 los megacampos ya estaban  “reclasificados”  como “campos nuevos” (de supuesto reciente descubrimiento por parte de ambas empresas), lo que derivó en que el Estado boliviano sólo recupere el 18% del valor de la venta del gas de esos campos enviados principalmente a Brasil, en vez del 50% ordenado por la ley de entonces, si se reconocía el hecho de que esos campos fueron descubiertos por YPFB.

Entre 1999, año en el que empezó la exportación de gas a Brasil, y mayo de 2006, cuando se dictó el decreto de la tercera nacionalización, Petrobras se benefició de ese “subsidio”, cuya cuantía se estimó en US$ 2.800 millones de ese entonces (la diferencia entre el 18% y el 50% entre regalías y participaciones). Recién en mayo de 2005, con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos 3058 los megacampos empezaron a tributar 50%. Un año después, en mayo de 2006, con el decreto 28701 de nacionalización, se estableció que esos megacampos paguen el 82% del valor de su producción a YPFB, medida que solo estuvo vigente seis meses. Ése 32% adicional significó una compensación transitoria de aproximadamente 190 millones de dólares de ese entonces.

El esquivo proyecto petroquímico

Otro de los grandes compromisos incumplidos fue la promesa de instalar una planta petroquímica binacional en Santa Cruz de la Sierra para industrializar parte del gas exportado. El proyecto fue calificado de “inviable” por asesores y funcionarios brasileños.

Pero mientras Bolivia esperaba una planta en su territorio, Petrobras construía —con gas boliviano como insumo— complejos petroquímicos y de fertilizantes en Três Lagoas y Uberaba, en territorio brasileño, operativos parcialmente desde 2013. Recién en enero de 2019, aún en el gobierno de Morales/García Linera, ad portas del vencimiento del contrato GSA, Brasil planteó a Bolivia asociarse como socia minoritaria de la petroquímica “Três Lagoas”, pero en Brasil, no en Bolivia. Esa “oferta” tampoco se cumplió.

Los condensados: otro “subsidio” de US$ 3.000 millones

Quizás uno de los episodios más graves documentados por el gobierno boliviano el año 2006 fue el de los hidrocarburos licuables (condensados) contenidos en el gas exportado y que han sido y siguen siendo la materia prima de las dos petroquímicas y plantas de fertilizantes en Três Lagoas y Uberaba. Durante cerca de una década, entre 1999 y 2009, Petrobras recibió estos licuables sin compensación específica, un beneficio adicional a la “reclasificación de campos nuevos”, y que se cifró por autoridades bolivianas en más de US$ 3.000 millones adicionales (el valor de mercado de ese entonces del etano, propano, butanos, pentanos y hexanos incluidos en el flujo del gas metano enviado a Brasil).

El reclamo boliviano derivó en la cuarta adenda al GSA, firmada el 18 de diciembre de 2009, que estableció pagos anuales adicionales de Petrobras a YPFB por el contenido líquido del gas. Esa adenda, sin embargo, a exigencia de Petrobras, mantuvo la obligación de YPFB de entregar un gas enriquecido con licuables, que es y fue la base del desarrollo petroquímico brasileño (“Cuarta adenda al GSA. Se ratifica la entrega de gas enriquecido (mínimo 9.200 Kcal/m³)”) hasta la finalización del contrato, sin modificar el estándar de calidad pactado en 1996. Pero el daño ya estaba hecho: Bolivia había perdido una década de ingresos por sus propios recursos y no es accionista de ninguna de las dos petroquímicas que operaran con los licuables del gas boliviano.

El contrato de “hedging” que nadie vio venir

El 28 de octubre de 2002, la empresa Petrolera Andina (controlada por Repsol) y Petrobras suscribieron, sin conocimiento de YPFB, un contrato de cobertura (hedging) que fijó un precio en una banda estrecha que fijaba el precio del gas natural exportado a Brasil entre US$ 1,92 y US$ 1,94 por millón de BTU, mientras el GSA obligaba a Petrobras pagar a YPFB una media de US$ 4,2 por millón de BTU de gas enriquecido hasta 2019, desligado del precio internacional del petróleo, que servía de referencia para actualizar trimestralmente ese precio contractual.

El ex director de YPFB Andina, Herman Camacho Cuellar, designado como miembro del Directorio el año 2006, tras el decreto de la tercera nacionalización de los hidrocarburos de Bolivia, impulsado por el gobierno de Evo Morales con Soliz Rada de ministro de Hidrocarburos, denunció el daño económico contra YPFB Andina como consecuencia de ese contrato “hedging”. Los pagos efectuados por Repsol a Petrobras por el gas exportado por YPFB, causaron perjuicio al socio minoritario (los Fondos de Capitalización Colectiva – FCC, de propiedad de los bolivianos), cuantificados en aproximadamente 300 millones de dólares mientras el mismo estuvo vigente.

• Lea aquí el informe del director Herman Camacho Cuellar al Directorio de YPFB en abril de 2007.

Las auditorías petroleras de 2006 – 2007, confirmaron las denuncias de Camacho Cuellar y cuantificaron el daño. El contrato fue anulado casi de inmediato, pero sin reposición del daño.

En forma previa, el entonces ministro de Hidrocarburos en el gobierno de Carlos Mesa, Álvaro Ríos, declaró en 2004 que YPFB se enteró de la existencia de este contrato al leer la memoria anual de la petrolera Andina, pero no se reporta ninguna acción de protección de los intereses del Estado en la petrolera administrada por Repsol desde 1997.

La nacionalización de 2006 y la suspensión de inversiones

El 1 de mayo de 2006, el entonces presidente Evo Morales decretó la nacionalización de los hidrocarburos. La respuesta de Petrobras fue inmediata: suspendió cualquier nueva inversión en Bolivia y anunció que no aceptaría aumentos en el precio de venta del gas.

• Lea AQUÍ y AQUÍ los argumentos de Petrobras respecto del decreto 28701 de nacionalización

El equipo técnico liderado por el ingeniero Enrique Mariaca Bilbao durante la gestión ministerial de Soliz Rada, auditó a las petroleras entre 2006 y 2007 dando cumplimiento a esa disposición contenida en el decreto de nacionalización (auditorías a los campos petroleros privatizados por GSL) y documentó incumplimientos de los compromisos de inversión exploratoria de Petrobras, Total y otras compañías durante la “capitalización”.

Pero el episodio más dramático ocurrió en septiembre de 2006. El ministro Solíz Rada dictó la Resolución Ministerial 207/2006 para tomar las refinerías de Petrobras en Bolivia. El vicepresidente Álvaro García Linera, responsable del manejo del sector energético y financiero en Bolivia, desautorizó la medida ante la presión brasileña y Solíz Rada renunció el 15 de septiembre de 2006. El exministro confirmó que renunció por el congelamiento de esa resolución. Cuarenta y cinco días después, a fines de octubre de 2006, el gobierno de Evo Morales/García Linera, firmaba nuevos contratos de explotación de campos con Petrobras, Repsol y otras empresas, dejando sin efecto las disposiciones de la tercera nacionalización. Desde entonces hasta hoy rige una política abierta a empresas extranjeras, pero que no invirtieron en exploración.

La caída de las reservas y la renegociación de 2020

El contrato GSA original de 20 años venció el 31 de diciembre de 2019. Tras una prórroga transitoria de 90 días, el 6 de marzo de 2020, durante el efímero y débil gobierno de Jeaninne Áñez Chávez, autodefinida como liberal, se firmó la octava adenda, que extendió la vigencia hasta 2026, redujo el volumen contratado de 30 a un rango de 14-20 MMm³d, trasladó el punto de entrega a Mutún y puso el costo de transporte a cargo de YPFB. La debilidad política e institucional de Bolivia e YPFB, se tradujo en evidente abuso de Petrobras y pérdidas económicas para Bolivia.

Para entonces, las reservas de gas bolivianas habían caído de 10,7 TCF (2017) a 3,7 TCF, y la producción bajó de 60 MMm³d (2014) a 27 MMm³d (2025), por debajo de los 35 MMm³d de 2006.

El contrato, según críticos, liberó a Petrobras de las pocas responsabilidades que aún tenía y dejó a YPFB en una posición de debilidad.

La estructura accionaria de Petrobras: ¿quién manda realmente?

Para entender qué puede aportar Petrobras a Bolivia, es necesario analizar quién es realmente dueño de la compañía.

Según la estructura accionaria oficial de mayo de 2026, el grupo de control (Gobierno Federal de Brasil, BNDESPar y BNDES) concentra el 50,26% de las acciones ordinarias con derecho a voto, pero apenas el 36,26% del capital total. Esto significa que el control político de Petrobras está asegurado por el Estado brasileño, pero el 63,74% del capital está en manos del free float (que significa el porcentaje de acciones de una empresa que está disponible para que los inversores las compren y vendan libremente en el mercado, excluyendo las acciones restringidas en manos de fundadores, directivos o inversores estratégicos).

Los inversionistas no brasileños controlan el 47,64% del capital total y el 41,60% de las acciones ordinarias. Entre ellos destacan:

• BlackRock, Inc.: con una participación del 5,89% según datos de junio de 2026, es el mayor accionista institucional privado de Petrobras. BlackRock es también el principal accionista de Repsol con el 6,20% de los derechos de voto.
• BNDESPar: con 8,03% del capital, es el brazo financiero del Estado brasileño.
• GQG Partners LLC: con 5,60% del capital.
• Norges Bank (Government Pension Fund Global): con participaciones tanto en Petrobras (~1,17% del capital) como en Repsol (5,45%).

La coincidencia de BlackRock y Norges Bank como accionistas relevantes tanto de Petrobras como de Repsol plantea interrogantes sobre la independencia de las decisiones de estas compañías y explican, según analistas consultados, la existencia de contratos como el “hedging” entre ellas. Ambas son gestoras de inversión pasiva que mantienen participaciones minoritarias en la generalidad de las grandes petroleras mundiales.

Petrobras no es, en su estructura de capital, una empresa “estatal” en el sentido tradicional. Es una compañía con control estatal en el voto, pero cuyo capital pertenece mayoritariamente a fondos de inversión privados y extranjeros.

¿Qué puede aportar realmente Petrobras?

El actual ministro de Hidrocarburos del gobierno de Paz Pereira, Marcelo Blanco, ha asegurado que Petrobras está dispuesta a “volver a producir, a explotar aquí en Bolivia, y explorar” y a establecer “una sociedad estratégica”. También ha afirmado que la petrolera brasileña colaborará en la reestructuración de YPFB, “dada la experiencia en superación de crisis energética”.

Pero la historia sugiere cautela:

• Petrobras ya fue responsable del 60% de la producción boliviana y, sin embargo, las reservas cayeron drásticamente debido, principalmente, a falta de actividad exploratoria, pese a los “subsidios” recibidos. Hoy opera solo el 25% del gas producido en Bolivia.
• Los compromisos de inversión asumidos durante la capitalización fueron incumplidos, según documentó la auditoría de 2006.
• El contrato de hedging de 2002, firmado a espaldas de YPFB, costó al Estado boliviano ingresos  estimados en 300 millones de dólares que nunca se recuperaron.
• Las termoeléctricas y la planta petroquímica prometidas nunca se materializaron en Bolivia y las construidas en Brasil no tienen participación accionaria boliviana.
• La octava adenda de 2020 trasladó costos a YPFB y redujo los volúmenes contratados.

El escenario actual: ¿una nueva oportunidad o el mismo guion?

El 1 de julio de 2026, los presidentes Rodrigo Paz y Luiz Inácio Lula da Silva acordaron acelerar las negociaciones entre YPFB y Petrobras. El 13 de julio se instalaron mesas técnicas conjuntas. El anuncio se da en medio de una escasez de combustibles y cuestionamientos a la gestión de YPFB.

El ministro Blanco ha dicho que Petrobras no ha puesto “ninguna condición” para dialogar, pero que es importante establecer un marco jurídico que viabilice su actividad. También ha señalado que “no daré cifras. No seré irresponsable. Nunca doy cifras ni fechas exactas”.

La cautela del ministro es comprensible. Bolivia ha sido víctima de promesas incumplidas durante tres décadas. La caída de las reservas de 10,7 TCF a 3,7 TCF y la producción por debajo de los niveles de 2006 son evidencia de que el modelo anterior no funcionó.

Conclusión: socios o verdugos

Petrobras llega a la mesa de negociación con un historial de incumplimientos que abarca desde 1993 hasta la fecha. Sus principales accionistas son fondos de inversión privados y extranjeros como BlackRock y GQG Partners, cuyo interés primordial es el retorno financiero, no el desarrollo energético de Bolivia.

El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta un dilema: necesita inversión y tecnología para revertir la crisis energética, pero el socio histórico ha demostrado ser poco confiable. La pregunta que los bolivianos deben hacer no es si Petrobras puede aportar, sino si está dispuesta a hacerlo en términos justos y con compromisos vinculantes.

Tres décadas de historia sugieren que, sin mecanismos de control estrictos y transparencia, el regreso de Petrobras podría repetir el guion: promesas grandiosas, inversiones insuficientes, succión de riqueza y un país que vuelve a “negociar” con Petrobras con un gobierno debilitado y acorralado por cuestionamientos a su legitimidad tras incumplir compromisos electorales recientes.

Reporte Consolidado de Daños Netos: YPFB vs. Petrobras (1999-2026)

Análisis Financiero del Balance Ajustado

1. Impacto de la Compensación: Los 190 millones de dólares recuperados durante los seis meses de vigencia del DS 28701 representan apenas un 3,4% del valor presente de los daños totales calculados. Financieramente, esta cifra no logra mitigar el impacto estructural de la reclasificación de los megacampos Sábalo y San Alberto, que fue el origen del mayor drenaje de recursos.
2. El Factor de la Octava Adenda (2020): Aunque  no se ha incluido una cifra exacta en el cuadro por falta de auditoría final, las fuentes señalan que esta adenda trasladó los costos de transporte a cargo de YPFB y redujo los volúmenes contratados, lo que constituye un daño emergente continuo desde 2020 hasta la fecha.
3. Deuda por Industrialización: El reporte no contabiliza el lucro cesante por la no instalación de la planta petroquímica en territorio boliviano. Mientras Petrobras declaraba “inviable” el proyecto en Bolivia, utilizaba los licuables bolivianos técnicamente gratuitos para operar sus plantas en Três Lagoas y Uberaba,.
4. Riesgo de Reincidencia: El historial muestra que Petrobras, a pesar de haber controlado el 60% de la producción, redujo drásticamente su actividad exploratoria, contribuyendo a la caída de reservas de 10,7 TCF a 3,7 TCF.

Este balance de 18.111 millones de dólares a valor presente representa la base técnica sobre la cual YPFB debería estructurar cualquier nueva “sociedad estratégica” para asegurar que los términos futuros sean genuinamente justos y compensatorios para el país.