Conocimiento de primer nivel: La receta de Harvard para una Bolivia sin gas, sin dólares y con debilidad política

El 22 de abril de 2026, Claudia Cronenbold firmó su renuncia irrevocable a la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Su carta, dirigida al presidente Rodrigo Paz y al ministro Mauricio Medinaceli, era un acta de defunción institucional que diagnosticaba una empresa en un “estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”, con veinte años de “arquitectura perniciosa” encuadernados en “candados” que ningún plazo político puede desmantelar. Cronenbold había durado 23 días en el cargo. Era la segunda presidenta de YPFB en menos de dos meses bajo el gobierno de Paz.

Unas horas más tarde, el gobierno absorbía el impacto de esa renuncia en cámara lenta: Medinaceli era cesado y reemplazado por Marcelo Blanco, viceministro de Electricidad. El 23 de abril, Sebastián Daroca asumía como tercer presidente de YPFB en cinco meses de gestión. En su primer diagnóstico advirtió de manera lapidaria que Bolivia está “a puertas de una crisis energética mucho mayor” que podría obligar al país a importar gas natural en cuatro o cinco años.

En paralelo, el Harvard Growth Lab, dirigido por el economista Ricardo Hausmann, presentaba su ambicioso paquete de siete informes bajo el título Un Giro Económico para Bolivia en el MET Hotel de La Paz, y al día siguiente en Santa Cruz. De la coincidencia de fechas entre la crisis de YPFB y la “llegada de Harvard”, varios analistas han evocado una imagen del mismo Estado desintegrándose en dos registros simultáneos.

El estudio fue financiado por Marcelo Claure, el empresario boliviano-estadounidense que durante la campaña de 2025 dijo claramente que apoyaría al presidente que resultara ganador. Ese presidente es Rodrigo Paz, quien desde su llegada al poder en noviembre ha cultivado una relación estrecha con los mandatarios de derecha de la región. En las últimas semanas, sin embargo, el gobierno ha mostrado signos de desgaste acelerado: cambios intempestivos de ministros, renuncias forzadas por escándalos de gasolina adulterada —el gobierno admitió haber distribuido “gasolina desestabilizada” sin responsabilizarse por su origen— y un creciente descontento social que amenaza con desbordar la frágil estabilidad política.

En este contexto, analistas como Jaime Dunn —quien fuera precandidato presidencial en 2025— han celebrado los informes como “conocimiento de primer nivel”. Otros analistas creen que resume la recepción que ciertos sectores de la élite económica han dado a un documento que, en esencia, propone el mismo ajuste estructural que ya se aplicó en 1985: eliminación de subsidios, apertura a la inversión privada en sectores estratégicos, programa del FMI y reducción del gasto público. Otros dirigentes sociales perciben, además, un intento de unificar a la derecha boliviana para rescatar a un gobierno que tambalea, antes de que el poder popular exija su salida.

Este reportaje, basado en los siete informes de Harvard, en los Informes de Política Monetaria (IPM) del Banco Central de Bolivia (BCB) de enero y julio de 2025, en el reporte de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), en los flujos de caja del Tesoro General de la Nación (TGN) y en las investigaciones que este medio ha publicado a lo largo del último año, busca desentrañar qué hay detrás de las cifras, qué proponen realmente los economistas de Cambridge, Massachusetts, y cuál es el camino por el cual Bolivia podría caminar.

Un Estado que gasta más de lo que tiene

Para entender la magnitud de la crisis, basta con asomarse a los números del propio gobierno. El Boletín del TGN de 2024, publicado por el Ministerio de Economía de la gestión de Luis Arce Catacora, revela una fotografía fiscal demoledora: el TGN tuvo ingresos totales por Bs 37.475 millones y gastos por Bs 72.107 millones. El déficit global superó los Bs 34.632 millones. La diferencia se cubrió, principalmente, con crédito interno neto: Bs 39.854 millones que salieron del Banco Central y de los fondos de pensiones.

El patrón no es nuevo. Los datos de flujo de caja de 2023, también disponibles, muestran un déficit de Bs 28.359 millones, financiado con Bs 30.920 millones de crédito interno. En ambos años, el crédito externo neto fue negativo: Bolivia pagó más deuda de la que recibió. La máquina de gastar nunca se detuvo; solo cambió la fuente de financiamiento: de las reservas internacionales al crédito del BCB, y luego a los ahorros de los trabajadores.

El informe de Harvard pone el dedo en esta llaga. “El déficit fiscal de Bolivia para 2025, del 12,2% del PIB, se sitúa en el 4% superior de los episodios de crisis que han requerido intervención del FMI desde el año 2000”, señala el documento complementario sobre logros macroeconómicos. Solo tres países —Irak, Ucrania y Burundi— iniciaron programas del Fondo Monetario con déficits más altos, y todos estaban en guerra.

Lo que Harvard no consigna es que el propio gobierno de Paz presentó, el 21 de abril —dos días antes de sus presentaciones—, el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado para 2026, con un déficit proyectado del 9% del PIB y una inflación prevista del 14%. La cifra generó una reacción inmediata del empresario Samuel Doria Medina, quien la calificó de “decepcionante”: con ese nivel de déficit, argumentó, “nadie nos va a dar dinero para que se siga yendo al hueco negro”. El economista Gonzalo Chávez fue más diplomático, pero igualmente claro: “el PGE Reformulado ofrece diagnóstico sin respuesta”. Ese es el marco presupuestario en el que Harvard presentó sus recomendaciones.

La inflación que no se puede ocultar

En enero de 2025, el BCB proyectaba una inflación anual del 7,5%. Para julio, el mismo banco tuvo que admitir que la inflación acumulada a junio ya llegaba al 15,53%. El dato está registrado en el IPM de julio de 2025, un documento que, leído con atención, es una confesión de impotencia.

El BCB describe los “choques de oferta” que empujaron los precios: bloqueos de carreteras, escasez de combustibles, contrabando a la inversa, especulación, agio. Pero también admite que la inflación importada golpeó con fuerza, las expectativas se desanclaron y el ente emisor tuvo que recurrir a medidas extremas.

¿Qué medidas? El IPM de julio detalla al menos cinco. La compra masiva de oro en el mercado interno: entre enero y abril de 2025, el BCB adquirió 4,94 toneladas de oro fino, equivalentes a USD 527 millones, que luego refinaba y vendía en mercados internacionales. La emisión del Bono BCB en Dólares, que en 2024 acumuló un saldo de USD 258 millones. La legalización de los criptoactivos: para junio de 2025, se habían realizado 19 millones de transacciones por un volumen superior a USD 304 millones. La esterilización monetaria: las tasas de las Operaciones de Mercado Abierto subieron hasta el 5,5% anual. Y, sobre todo, el crédito interno neto al sector público, que el propio BCB describe con un eufemismo: “la priorización de la política fiscal, en ausencia de financiamiento externo, se tradujo en una mayor dependencia del financiamiento interno”.

En claro: el gobierno se quedó sin crédito externo y el BCB le prestaba dinero imprimiendo bolivianos.

La autopsia de las empresas públicas, un informe que Harvard no leyó

Más coincidencias. El mismo día que Harvard publicaba sus informes, la OFEP divulgaba los estados financieros de las empresas estatales desde 2006 hasta 2024. El documento es el acta de defunción de un modelo de gestión.

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) reportó en 2024 una pérdida neta de Bs 196,7 millones y un patrimonio negativo de Bs 143,4 millones. Había invertido más de USD 800 millones en tecnología de evaporación solar que resultó inadecuada para la salmuera boliviana. La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) multiplicó sus activos de Bs 920 millones en 2006 a Bs 8.079 millones en 2024, pero sus gastos administrativos se dispararon de Bs 65 millones a Bs 1.660 millones en el mismo período. La Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) acumuló un patrimonio negativo de Bs 213,7 millones, con pérdidas recurrentes. Papelbol, Cartonbol, Yacana, EBA, EMAPA, Quipus: todas muestran el mismo patrón de ingresos operativos bajos o nulos y dependencia absoluta de transferencias fiscales.

“Estos datos no son un argumento contra la propiedad estatal”, advierte la economista Edith Gálvez, cuyos análisis sobre el sistema financiero boliviano han sido publicados por este medio. “Son un argumento contra la mala gestión estatal. La pregunta no es si el Estado debe tener empresas, sino qué tipo de empresas debe tener, para qué, y bajo qué reglas de gobierno corporativo”.

El petróleo a 100 dólares

El 20 de abril de 2026, el barril de Brent se situó en 103,40 dólares, tras semanas de extrema volatilidad provocada por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio —con picos que superaron los 119 dólares—. El WTI rondaba los 92-94 dólares. Para Bolivia, que importa más del 80% del diésel y más de la mitad de la gasolina que consume, el dato se convierte en sentencia.

La factura de importación de combustibles ya superó los USD 3.000 millones en 2024, según datos del BCB. Con el petróleo a 100 dólares, esa factura se dispara. La Fundación Jubileo estima que el gobierno enfrenta un déficit de más de USD 5.000 millones este año, lo que “dificultará el pago de las importaciones y el cumplimiento de sus obligaciones sin financiación fresca”. Las exportaciones de gas, que en 2013 sumaban USD 6.113 millones, se han desplomado a USD 1.082 millones en 2025. El déficit comercial energético ya era alarmante antes de la escalada de precios. Ahora es sencillamente asfixiante.

Bajo esa luz, la advertencia del presidente interino de YPFB, Sebastián Daroca, no es mera retórica: si el país no logra frenar la caída de la producción de gas, en cuatro o cinco años podría verse obligado a importar gas natural para abastecer su mercado interno.

Las tres deudas que Harvard olvidó

El paquete del Growth Lab tiene el mérito de poner sobre la mesa la gravedad de la crisis con un rigor técnico que pocos documentos oficiales bolivianos han logrado. Pero su receta adolece de tres omisiones que, vistas desde Bolivia, resultan imperdonables.

La deuda histórica del gas. Harvard atribuye el desplome de la producción a la falta de inversión privada tras la nacionalización de 2006. Pero una investigación de este medio, publicada el 22 de abril, documenta que los megacampos San Alberto, San Antonio, Itaú, Sábalo y Margarita fueron identificados, certificados y parcialmente confirmados por YPFB estatal durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993). Cuando las transnacionales tomaron el control bajo el régimen de capitalización de Gonzalo Sánchez de Lozada, los reclasificaron fraudulentamente como “campos nuevos”, lo que les permitió tributar el 18% en lugar del 50%. La pérdida acumulada para el Estado entre 1999 y 2005 se estima en USD 1.310 millones nominales, equivalentes a unos USD 2.100 millones actualizados a 2025. A ello se suma el Decreto Supremo 26366, firmado por Jorge “Tuto” Quiroga en 2001, que eliminó la obligación de las petroleras de perforar al menos un pozo exploratorio por parcela. La sequía exploratoria que Harvard atribuye a la nacionalización comenzó, en realidad, con esa decisión.

“Construir una narrativa de causalidad política sobre cifras de reservas potencialmente infladas por actores con interés directo en el marco regulatorio pre-2006 no es economía rigurosa: es circularidad argumentativa”, escribió Gálvez el 24 de abril.

La deuda previsional. Harvard critica la “represión financiera”, pero omite quiénes fueron los verdaderos beneficiarios. Como este medio documentó, los 14 principales bancos del sistema financiero lograron utilidades récord de USD 540 millones en 2025, el peor año de la crisis de divisas, gracias al arbitraje cambiario. El Banco BISA distribuyó Bs 392,1 millones en dividendos en enero de 2026, con una cadena accionaria que conduce a Panamá. El circuito es conocido: los fondos de pensiones depositan en los bancos a tasas bajas; los bancos prestan a tasas más altas; las empresas emiten bonos que los fondos de pensiones compran. El intermediario bancario extrae margen en cada vuelta, y las utilidades se distribuyen como dividendos a accionistas en el exterior. Harvard propone liberalizar el mercado de capitales. Lo que no dice es que esa liberalización, sin una reforma estructural previa, profundizaría el drenaje de ahorro nacional hacia los mismos actores que ya lo controlan.

La deuda externa. El informe de Deuda Externa Pública al 31 de marzo de 2026 muestra un saldo total de USD 13.429,8 millones, y un saldo por desembolsar de USD 4.120,5 millones, que corresponde a préstamos aprobados y contratados con organismos como el BID, la CAF, el Banco Mundial y varios acreedores bilaterales, cuyos fondos no han sido desembolsados porque los proyectos a los que están atados —carreteras, plantas hidroeléctricas, sistemas de riego— no avanzan. Están frenados por falta de contraparte local, por condicionalidades no cumplidas o, en algunos casos, porque los propios acreedores han congelado las transferencias ante el deterioro de la situación fiscal boliviana. En la práctica, no son recursos disponibles. Son una ilusión contable que engrosa las cifras de financiamiento potencial sin aliviar en absoluto la falta de divisas.

China es el principal acreedor bilateral, con USD 1.065,2 millones. Los Bonos Soberanos suman USD 1.286,9 millones, tras un pago masivo de USD 563,1 millones en el primer trimestre de 2026. Pero la deuda con China no puede leerse en 2026 solo en el registro contable. En las semanas previas a la presentación de Harvard, el tablero geopolítico a nivel mundial de los minerales críticos se movió de manera que afecta directamente al Salar de Uyuni. Lo que Bolivia tiene bajo su sal vale más que nunca, y el país aún no ha cobrado por esa posición. Leer ese tablero mundial es condición para entender qué significa elegir entre los cinco pilares de Cambridge y cualquier camino alternativo.

El tablero que Bolivia no ha leído (o finge no leer)

El 24 de abril de 2026 Estados Unidos y la Unión Europea firmaron un acuerdo para coordinar el suministro de minerales críticos para industrias estratégicas. El secretario Marco Rubio dijo: “La excesiva concentración de estos recursos, el hecho de que estén dominados por uno o dos lugares, supone un riesgo inaceptable”. Washington ya firmó acuerdos similares con Argentina, Perú, Marruecos y Emiratos Árabes, entre otros. Los países de América Latina fueron sondeados por el Departamento de Estado para que firmen un Memorando de Entendimiento que privilegie a los capitales americanos y restrinja al máximo las inversiones directas de China. Bolivia —con el 30% de las reservas mundiales de litio— está conspicuamente ausente de esa lista.

Los expertos señalan que hay tres implicaciones directas que explican por qué ese dato importa más de lo que parece.

Primera: el FMI y Harvard no son solo economía, son geopolítica. El Pilar 3 de Harvard —programa del FMI, apertura a inversión privada occidental, reformas institucionales— no es solo un recetario de ajuste fiscal. Es, en el contexto del 24 de abril de 2026, una invitación tácita a que Bolivia ingrese al bloque occidental de minerales críticos. Aceptar las condiciones del FMI y abrir el litio bajo las reglas que Harvard propone equivale a señalizar a Pekín que Bolivia elige el carril occidental. China procesaría esa señal de inmediato: sus contratos con YLB —CBC y Citic Guoan— están pendientes de ratificación legislativa.

Segunda: el litio boliviano vale más que nunca, exactamente ahora. China controla más del 70% de las tierras raras y minerales estratégicos para industrias de alta tecnología, y ha ampliado recientemente su lista de control exportador para incluir ánodos de grafito, ciertas baterías de iones de litio y varias tierras raras. Al mismo tiempo, restringe la entrada de capital estadounidense en sus startups de inteligencia artificial: las empresas de IA y de vehículos eléctricos son los principales consumidores de litio para baterías. Si China blinda su sector tecnológico del capital de Washington, también necesita asegurar sus cadenas de suministro de materia prima fuera de la órbita de Washington. El litio boliviano —hoy sin dueño geopolítico consolidado— se convierte en un activo de primer orden.

Tercera: Bolivia es la ficha más codiciada del tablero, pero no está jugando. Argentina, Chile, Perú y Marruecos ya negocian su posición en la guerra de minerales críticos. Bolivia tiene el mineral más buscado del planeta y permanece inmóvil, sin un equipo negociador estable, sin una estrategia declarada y con cinco presidentes de YPFB, en la otra parte de la ecuación energética, en menos de dos años.

El precio que Bolivia puede cobrar

En ese tablero, Bolivia es la ficha más codiciada. El país más lítífero del planeta está sentado sobre su mayor carta de negociación geopolítica del siglo, mirando cómo otros la juegan por él. Varios expertos apuntan a “tres jugadas” que Bolivia podría hacer, pero que no está haciendo.

“Neutralidad litífera activa” (el “modelo Golfo” aplicado al litio). Bolivia podría declararse formalmente neutral en la guerra de minerales críticos y subastar el litio a ambos bloques en condiciones de mercado abierto, con mandatos de transferencia tecnológica diferenciados según el comprador. Arabia Saudita no elige entre EEUU y China: vende petróleo a ambos y compra tecnología militar de uno y manufactura del otro. Bolivia tiene el activo; lo que le falta es la institucionalidad para administrar esa posición. La propuesta del FBB-14 que se ha tratado en las páginas de opinión de este medio podría ampliarse para incluir un Fondo Soberano de Litio que emita bonos denominados tanto en dólares como en yuanes, captando capital de ambos bloques sin alinearse con ninguno.

“Litio por infraestructura” con China, condicionado al corredor ferroviario. Si China necesita litio boliviano fuera del control occidental, Bolivia tiene poder de negociación para exigir que los contratos con CBC y Citic Guoan incluyan la construcción del tramo faltante del Corredor Biocéanico —400 km de cordón sin rieles— como condición de acceso al salar. Esto resolvería simultáneamente el dilema de liquidez a corto plazo y el problema de infraestructura de largo plazo, sin necesitar al FMI ni a la devaluación. Como precedente, Ecuador negoció infraestructura —la represa Coca Codo Sinclair— a cambio de petróleo. El problema es que el operador actual de las ferroviarias —Carlos Enrique Gill Ramírez— convierte cualquier negociación ferroviaria con China en un campo minado de conflictos de interés.

Usar el acuerdo EU-EEUU del 24 de abril como palanca ante China. Bolivia podría notificar a Pekín que está “explorando adhesión” al marco de minerales críticos de EEUU-UE para obtener mejores condiciones en los contratos pendientes de CBC y Citic; no como amenaza vacía, sino como señal calibrada. Si China quiere el litio del Salar de Uyuni fuera del carril occidental, debe ofrecer condiciones que compitan. Esto requiere un gobierno con capacidad negociadora sostenida —exactamente lo que la rotación permanente de autoridades hace imposible.

Las tres jugadas comparten el mismo requisito: equipos estables, mandato claro y sin posiciones previas en las empresas que van a regular. Mientras Bolivia no negocia su posición, otros ya se han posicionado para negociarla en su lugar. El perfil de esos actores no aparece en ninguno de los siete informes del Growth Lab.

Marcelo Claure: litio, ferrocarriles y conflicto de interés estructural

Antes de evaluar los cinco pilares de Harvard, conviene preguntarse quién financia el diagnóstico y qué tiene en juego. Marcelo Claure, a decir de los expertos, no es un mecenas desinteresado. Su presencia en el centro del debate boliviano tiene una arquitectura de negocios que los informes de Harvard no declaran y que el entusiasmo de ciertos analistas tampoco menciona.

El primer nodo es el litio. En septiembre de 2023, Claure y socios adquirieron Ausenco, la mayor firma de servicios de ingeniería minera del mundo, con presencia en más de 80 proyectos globales y especialización explícita en litio y cobre. Dos meses después, en noviembre de 2023, Claure y el empresario paraguayo-venezolano Carlos Enrique Gill Ramírez constituyeron en Madrid Li3 Energy Holding SL, una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con un millón de euros de capital inicial y giro declarado en energía. En los documentos públicos, Claure figura como consejero y Gill como vicepresidente. En enero de 2024, esa empresa apareció en la lista de las 38 compañías que expresaron interés en el litio boliviano ante YLB. Harvard, en su Pilar 4, recomienda precisamente abrir el sector del litio a la inversión privada con nuevas reglas contractuales.

El 26 de febrero de 2025, apenas concluida la BMO Mining Conference, Claure publicó en su cuenta de X un tuit en el que explicitó posiciones que los informes del Growth Lab no recogen. Allí afirmó que Bolivia debe concentrarse en la producción de carbonato de litio y descartar la fabricación de baterías o autos eléctricos por falta de mercado, infraestructura y personal calificado. Señaló que los recursos no deben entregarse a “empresas rusas desconocidas o fabricantes de baterías chinos”, sino a compañías con experiencia en Argentina, Chile, Estados Unidos y Australia. Para ello, escribió, se requieren “reformas legales y posiblemente constitucionales” que garanticen seguridad jurídica. Propuso además un esquema de comercialización: 80% del carbonato en efectivo y 20% en participaciones accionarias de los compradores, que se depositarían en un fondo nacional con bloqueo de cinco años destinado a “reemplazar el sistema de pensiones mal administrado”. La publicación no menciona que Claure es propietario de Ausenco —firma de ingeniería minera especializada en litio— ni que integró Li3 Energy Holding SL junto a Carlos Gill, el controlador de las ferroviarias por donde el litio saldría al océano. Cada recomendación del tuit coincidía con un eslabón de esa cadena de negocios.

El segundo nodo es la infraestructura. Gill no es solo el socio de litio de Claure, es el controlador operacional de las dos únicas redes ferroviarias concesionadas de Bolivia. Desde 2014, preside el directorio de la Empresa Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA), que opera 1.244 kilómetros en el oriente con conexiones a Brasil y Argentina. Desde 2015, hace lo propio en la Empresa Ferroviaria Andina S.A. (FASA), con 2.276 kilómetros en el altiplano y salida a Chile y Perú. Ambas redes constituyen el esqueleto logístico del Corredor Ferroviario Bioceánico Central —el proyecto que convertiría a Bolivia en el eje de integración continental— y la vía natural de exportación del litio de Uyuni. Sin FOSA y FASA, no hay corredor. Sin corredor a escala, el litio no llega al océano a costos competitivos.

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Lo que complica el cuadro es que el control accionario de Gill sobre FOSA está judicialmente cuestionado. En noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la subasta de las acciones que, a través de una cadena de cuatro sociedades chilenas, le otorgan el 50,00035% de Ferroviaria Oriental. Las acciones no tienen dueño jurídico consolidado. Entretanto, el paquete que representa al Estado boliviano en ambas ferroviarias —el 49,91% de FOSA y el 49,93% de FASA— está administrado por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que también mantiene casi USD 38 millones en bonos de FOSA: los ahorros de jubilación de 2,79 millones de bolivianos financiando, como acreedora, a la empresa cuya estructura de control fue anulada por un tribunal extranjero. Gill, además, es propietario de La Razón, el diario paceño que cubre con mayor amplitud el proyecto biocéanico que él mismo impulsa.

Así, el hombre que financia el estudio de Harvard (Claure), es socio en una empresa de litio (Li3 Energy Holding SL) del hombre que controla la infraestructura ferroviaria por donde ese litio tendría que salir (Gill). Ambos necesitan, para que sus negocios prosperen, exactamente lo que Harvard recomienda: apertura del litio a inversión privada, nuevas reglas contractuales y el Corredor Biocéanico como proyecto de Estado. Señalar esto no invalida el rigor técnico de los economistas de Cambridge, Massachusetts. Pero sí obliga a leer sus recomendaciones sobre litio e infraestructura con la misma lupa que se aplica al déficit fiscal, preguntando siempre quién paga, quién cobra y quién queda afuera.

La receta de Harvard y el camino soberano

El paquete de informes del Growth Lab propone cinco pilares para la estabilización: consolidación fiscal mediante eliminación de subsidios y recorte de inversión pública; red de compensación social focalizada; unificación cambiaria y programa del FMI; reformas sectoriales para atraer inversión privada en hidrocarburos, litio, minería y agricultura; y desarrollo de capacidades productivas.

El diagnóstico describe la crisis con precisión técnica, pero Gálvez señala que falla en contar la historia de quién la produjo y quién deberá pagarla. El Pilar 3 recomienda explícitamente que Bolivia debe asegurar un programa del FMI como condición para reconstituir reservas y legitimar el ajuste. Esta recomendación se formula sin la más mínima reflexión sobre lo que significó el Decreto Supremo 21060 de 1985: el programa de estabilización que destruyó el empleo minero, relocalizó a 23.000 trabajadores y produjo la informalización estructural que el propio informe deplora décadas después. Cualquier análisis al respecto de la incidencia del 21060 en la estabilización económica nacional, por cierto, suele omitir el artículo que exigía la liquidación obligatoria de divisas de los exportadores al Banco Central de Bolivia.

La condición central que el FMI exige como acción previa —y que Harvard no menciona explícitamente— es la devaluación del boliviano. Según fuentes familiarizadas con las conversaciones entre el gobierno de Paz y el personal del Fondo, el ajuste del tipo de cambio es el requisito no negociable para acceder al mecanismo de Servicio Ampliado (SAF), que proyecta un financiamiento de entre USD 2.600 y 3.300 millones. El boliviano se ha mantenido artificialmente en torno a los 7 por dólar durante más de una década; el BCB publica ya un tipo referencial superior a los 9 bolivianos. Una devaluación formal golpearía directamente a los sectores populares que compran bienes importados, pagan deudas en dólares o trabajan en economías informales dolarizadas. Este es el costo silenciado del Pilar 3 que ningún informe técnico pone en la portada. El ministro de Economía José Gabriel Espinoza Yáñez negó formalmente, en febrero de 2026, que Bolivia estuviera “en un proceso de negociación con el Fondo”, aunque reconoció conversaciones con “todos los organismos multilaterales”. La distancia entre ambas formulaciones —negociación vs. aproximación— es, en sí misma, un dato político.

El economista Joseph Stiglitz, Premio Nobel y crítico documentado de la condicionalidad del FMI en economías en desarrollo, ha argumentado que la privatización de recursos estratégicos con baja densidad institucional produce captura rentista, no eficiencia. La experiencia boliviana de 1985-2005 es un caso de manual: las privatizaciones no generaron competencia ni bienestar; generaron oligopolios transnacionales que extrajeron rentas sin transferir tecnología ni desarrollar proveedores locales.

“El problema no es que haya que reducir el déficit. Eso es obvio”, explica el abogado Ramiro Moreno Baldivieso, uno de los expertos en hidrocarburos más respetados del país. “El problema es cómo se reduce, quién paga el costo y qué tipo de Estado emerge del ajuste”.

Algunos economistas de corte más social plantean la posibilidad de transferir empresas públicas fracasadas a sus trabajadores, como en parte se hizo con algunas iniciativas en los 90, pero con diferentes medidas de apoyo. Por ejemplo, la propiedad de EASBA, Cartonbol o Papelbol pasaría a cooperativas de trabajadores; se constituiría un fondo de salvataje financiado por la banca privada, emisión de bonos y venta de hasta el 30% de las acciones a inversores extranjeros con mandato de transferencia tecnológica y exportación. Para las estratégicas —YPFB, COMIBOL, YLB—, Moreno Baldivieso plantea que la receta es la refundación corporativa: directorios profesionales blindados contra la interferencia política, apertura de hasta el 40% del capital a inversores que aporten tecnología y mercados, y liquidación obligatoria de divisas en el BCB.

En ese contexto, el investigador Justo Zapata ha planteado la refundación y fortalecimiento de la COMIBOL como eje técnico y estratégico del sector, en respuesta a un modelo extractivo que —según evidencia el caso del metal indio— permite la salida de minerales de alto valor sin registro ni tributación. Zapata apunta a dotar a la estatal de un enfoque multidisciplinario, con geólogos, metalurgistas, químicos y economistas capaces de cuantificar y certificar los elementos presentes en los concentrados, además de implementar laboratorios de control que eviten la subdeclaración. El planteamiento se sustenta en un vacío institucional y normativo que hoy impide medir y gravar metales estratégicos como el indio —del cual Bolivia sería el segundo productor mundial—, así como otros recursos críticos (bismuto, tierras raras, cobalto), que actualmente se exportan sin capturar valor fiscal. Para Zapata, sin una COMIBOL fortalecida y orientada a la gestión integral de la cadena minera, el país continuará cediendo rentas millonarias y postergando la posibilidad de industrializar su riqueza mineral.

Las alternativas que se plantean desde otros espacios también pasan por la utilización correcta del sistema de pensiones. La propuesta de Gálvez pasa por “romper el circuito que drena el ahorro nacional”. La Gestora Pública administra un fondo de aproximadamente USD 29.823 millones al tipo de cambio BCB (USD 21.443 millones según el valor referencial). Los bancos captan más del 50% mediante depósitos a plazo fijo, prestan ese dinero a tasas más altas y, cuando las empresas emiten bonos en la Bolsa Boliviana de Valores para pagar esos préstamos, el fondo de pensiones compra esos bonos. Como ha documentado Gálvez, las Agencias de Bolsa, las SAFIs y las calificadoras de riesgo están controladas por los mismos bancos cuyos instrumentos colocan. La propuesta es reorientar esa cartera hacia bonos de desarrollo productivo emitidos por las empresas estratégicas y hacia un fondo bursátil soberano —el FBB-14— que agruparía, bajo una estructura cotizable en la Bolsa Boliviana de Valores, a las catorce principales empresas de capital mayoritariamente boliviano. La lógica es convertir el ahorro previsional en capital productivo nacional que, en lugar de financiar la expansión del balance de los bancos, financiaría directamente a las empresas que generan empleo, divisas y valor agregado en territorio boliviano, con auditorías públicas y gobierno corporativo independiente.

La tormenta política

Los informes de Harvard se publican mientras el gobierno de Rodrigo Paz se tambalea. En cinco meses han pasado tres presidentes por YPFB, suman cuatro ministros removidos, ciudades sin combustible y protestas que se multiplican. “La reforma de subsidios que Harvard reclama como pilar fiscal ya fracasó una vez”, recuerda Gálvez.

El Decreto Supremo 5503, promulgado en diciembre de 2025, eliminó el subsidio a los combustibles que había estado vigente durante más de dos décadas, disparando el precio de la gasolina entre un 40% y un 70% según el tipo. La medida —equivalente, en escala, al “gasolinazo” de Morales en 2010— provocó movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y del transporte público que obligaron al gobierno a diseñar un sistema de compensación parcial. El subsidio era regresivo: beneficiaba más a quien más consumía, es decir, a los propietarios de automóviles privados. Pero su eliminación abrupta, sin red de contención para los informales dependientes del transporte, fue la primera muestra de que el gobierno carece de la arquitectura social para administrar el ajuste que él mismo aprobó.

Desde diferentes movimientos sociales como la COB se entiende que la difusión de los informes de Harvard funciona como un intento de unificar a la derecha boliviana en torno a un programa que replica las recetas del Consenso de Washington. El argumento es que el Estado es el problema, y la inversión privada es la solución. Pero la narrativa omite que “la inversión privada que Bolivia tuvo entre 1996 y 2005 dejó un déficit fiscal histórico, y las empresas nunca pagaron lo que debían ni exploraron lo que prometieron”, señala un dirigente.

¿Existe un camino soberano con petróleo a 100 dólares?

Si Bolivia necesita divisas desesperadamente, ¿tiene sentido hablar de refundación corporativa de empresas que tardarán años en dar resultados? ¿No es más realista aceptar un programa del FMI que ya se está negociando?

René Martínez, analista de la Fundación Jubileo, advierte: “Mientras más antes se implementen las políticas para resolver la crisis, menos duradera va a ser”. Es cierto, como también lo es que con reservas líquidas de apenas USD 149,6 millones —tras el pago de los eurobonos en marzo— y vencimientos de deuda por USD 2.300 millones en 2026, Bolivia no tiene tiempo para una refundación corporativa. Ese proceso —directorios profesionales, nuevos contratos, apertura de capital con mandato tecnológico— tarda entre 18 meses y tres años en dar resultados visibles. En el ínterin, el país necesita dólares ahora.

“Esto no significa que el FMI sea la única opción ni que sus condiciones deban aceptarse como inamovibles” advierte un consultor que trabaja para diferentes organismos y prefiere no ser citado. Existen dos posibilidades que el debate boliviano ha explorado de forma insuficiente: un swap de divisas con China —el mayor acreedor bilateral, con USD 1.065 millones prestados—, y una monetización controlada de reservas de oro en mercados internacionales, opción que el propio BCB ya ejecutó en 2025 con 4,94 toneladas vendidas. “Ninguna de las dos es una varita mágica, pero ambas compran el tiempo que la refundación institucional requiere” señala.

Las condiciones del FMI tampoco tienen por qué ser las que Harvard sugiere. Como ha advertido el economista Gabriel Loza Tellería, expresidente del BCB, “la adopción de recetas que ignoran la estructura productiva interna y la protección del empleo suele derivar en fenómenos de desindustrialización prematura”. Siguiendo a Carlos Arze, investigador del CEDLA, una propuesta como la de Harvard buscaría “profundizar el extractivismo bajo el mismo esquema de dependencia que ha fallado históricamente”.

La historia regional ofrece pocas ilusiones. Argentina firmó un acuerdo con el FMI por USD 44.000 millones en 2018; ocho años después, sigue renegociando. Ecuador firmó un SAF por USD 6.500 millones en 2019; siete años después, la pobreza se ha profundizado.

Jamaica es citado como el caso más exitoso de ajuste del FMI en las últimas décadas. Entre 2013 y 2019, redujo su deuda de 140% a 90% del PIB y recuperó el crecimiento. Pero lo hizo a través de un instrumento que Bolivia no posee: el Consejo Nacional de Competitividad, un mecanismo de vigilancia social multipartidario que monitorizó el cumplimiento del programa y generó el consenso político para sostenerlo durante cuatro gobiernos consecutivos. Bolivia lleva cinco presidentes de YPFB en menos de dos años, Rodrigo Paz acaba de perder siete de nueve gobernaciones en las elecciones regionales de abril y la COB ha demostrado que puede movilizar suficientes bases para revertir cualquier medida de ajuste que no esté políticamente blindada. Copiar la receta sin copiar el ingrediente activo —el consenso institucional— es el error clásico de la política económica comparada.

Receta de pan

Economistas de una y otra corriente reconocen que Bolivia se encuentra en una encrucijada. El modelo económico que funcionó durante la bonanza se ha agotado. Las reservas están en niveles mínimos. La producción de gas sigue cayendo. Las empresas públicas son, en muchos casos, cascarones vacíos. La crisis es real y exige respuestas urgentes.

Ante esto, la corriente aparentemente más influyente en las altas esferas del gobierno le propone a Bolivia repetir el experimento de 1985-2005. Los críticos señalan que la apertura indiscriminada al capital privado ya demostró sus límites y que el control estatal sin gobierno corporativo ha fracasado estrepitosamente. “El debate no es la elección entre neoliberalismo y estatismo, sino sobre la manera de construir instituciones capaces de gestionar los recursos con eficiencia y equidad; cómo atraer inversión sin entregar soberanía; cómo proteger a los vulnerables sin perpetuar subsidios regresivos; cómo romper el circuito de intermediación bancaria que drena el ahorro nacional hacia paraísos fiscales” advierte Gálvez.

Jaime Paz Zamora, en entrevista con este medio, dijo en 2008: “Tenemos una cantidad enorme de gas que no podemos aprovechar… somos como el panadero de la esquina que hace pan, y cuando vamos a comprar dice: no hay, no tengo”.

Casi veinte años después, Harvard propone repetir el experimento.

El “conocimiento de primer nivel” que Jaime Dunn celebra puede ser técnicamente sólido, pero otros economistas señalan que la economía política boliviana tiene una característica que los modelos de Harvard no capturan bien: los actores que deben ejecutar el ajuste son los mismos que históricamente se han beneficiado de no ajustar. Los bancos que deben financiar el fondo de salvataje son los que extraen margen del circuito previsional. Las transnacionales que deben invertir en hidrocarburos con nuevas condiciones son las que durante diez años no perforaron lo que prometieron. El FMI que debe financiar la transición exige una devaluación que golpeará más a los informales que a los accionistas.

La conclusión inicial en ese enfoque es común: Aplicar las recetas del Growth Lab con este mapa de actores no producirá el “giro económico” que promete el título, sino que producirá, en el mejor de los casos, un ajuste socialmente costoso que dejará el modelo productivo intacto.

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