El destino del dinero: un circuito de fuga

Esta investigación se realizó en el marco del Programa regional de capacitación en IA y Datos de Media Party y el Banco Mundial 2026, y fue uno de los cuatros proyectos elegidos para ser financiados para su realización. 

El activo financiero más grande de Bolivia no es una empresa estatal. No es la deuda pública. No es el patrimonio consolidado del sistema bancario. Es el dinero que 833.182 trabajadores formales depositan cada mes en sus cuentas individuales del Sistema Integral de Pensiones: a abril de 2026, ese fondo acumulaba un patrimonio total de USD 29.823 millones, equivalente al 56% del Producto Interno Bruto boliviano de 2024.

Es un fondo enorme para una economía pequeña. Para tenerlo en perspectiva: es 83 veces mayor que toda la inversión extranjera directa que Bolivia recibió en 2024. Equivale a 23 años de remesas de los migrantes bolivianos en el exterior. Y rinde, desde hace años, menos que la inflación.

Lo más relevante no es el tamaño del fondo, sino cómo se invierte. Porque en la respuesta a esa pregunta se encuentra la razón por la que el trabajador que aportó diligentemente durante todo 2025 terminó el año con ahorros que valen menos, en términos reales, que cuando empezó.

El mapa del fondo

A partir del valor total del FIP a abril de 2026 (USD 29.823 millones) y la estructura porcentual de la cartera reportada por la Gestora al 31 de marzo de 2026, se obtienen los siguientes montos en dólares:

Los porcentajes corresponden a la estructura de la cartera de inversiones al 31 de marzo de 2026 (fuente: Gestora Pública, Rendición Pública de Cuentas Inicial 2026). Los montos en USD se calculan aplicando esos porcentajes al valor total del FIP a abril de 2026 (USD 29.823 millones), que incluye tanto la cartera de inversiones como los recursos de alta liquidez. Esta aproximación permite estimar la distribución en dólares de todo el fondo.

El 93,06% del ahorro previsional está concentrado en dos destinos: el Estado boliviano (35,82%) y la banca privada (57,24%). El sector privado no financiero —empresas productivas que generan empleo y valor agregado— representa el 3,86% de la cartera, una proporción aún muy reducida si se considera que el mandato legal del artículo 140 de la Ley N° 065 es priorizar la inversión en empresas productivas nacionales. La diversificación internacional es prácticamente inexistente (3,08%).

La rentabilidad nominal anualizada del SIP al cierre de 2025 fue del 4,5%. La inflación acumulada ese año llegó al 20,4% según el INE. Usando la fórmula estándar de retorno real —(1 + rentabilidad nominal) / (1 + inflación) − 1—, que mide la variación porcentual del poder adquisitivo de un período a otro, la pérdida real del ahorrante fue del -13,2%. Usando la resta simple que calcula la especialista Edith Gálvez, y que mide cuánto cae el poder adquisitivo relativo al punto de partida, la brecha es del -15,9%.

En términos concretos, si en enero de 2025 tenías Bs 10.000 en tu cuenta individual, a diciembre tu saldo nominal creció a Bs 10.450. Pero para comprar lo mismo que comprabas en enero necesitabas Bs 12.040. Tu saldo quedó Bs 1.590 por debajo de lo que precisabas, es decir, experimentaste un déficit equivalente al 15,9% de tu capital inicial. 

En su respuesta al cuestionario de El País, la Gestora Pública defendió esa rentabilidad señalando que “demuestra la superioridad al rendimiento de 2,7% registrado en las anteriores administraciones de las AFP”. La comparación es en términos nominales y no ajusta por las distintas tasas de inflación de cada período. En términos reales, ambas cifras son negativas en los años de alta inflación. La diferencia es que la pérdida de 2025 (-13,2% a -15,9%, según el método) no tiene precedente reciente en el sistema.

El Estado como primer acreedor de sí mismo

El 35,82% del FIP —más de USD 10.600 millones— está invertido en instrumentos de deuda pública: bonos del Tesoro General de la Nación, bonos del Banco Central de Bolivia y deuda externa boliviana, con plazos de hasta 29 años. El Estado boliviano es el mayor deudor del fondo de pensiones de los propios bolivianos.

Esa estructura tiene consecuencias directas. El rendimiento de los bonos del TGN no sigue la inflación: cuando la inflación sube al 20,4%, los bonos que ya están en cartera no ajustan automáticamente su tasa. El trabajador asume el riesgo sin haberlo elegido.

En mayo de 2024, bajo la administración anterior, la Gestora adquirió bonos del Tesoro General de la Nación con tasas que el Ministerio de Economía del gobierno del presidente Rodrigo Paz —que asumió en noviembre de 2025— calificó públicamente como “excesivamente altas”. El Ministerio anunció auditorías para determinar el impacto financiero de esa operación sobre el fondo de pensiones. Al cierre de esta edición, el Ministerio no respondió al cuestionario del Equipo de Investigación sobre el estado de esas auditorías ni sobre el monto del daño estimado.

La Asamblea Legislativa mantiene investigaciones activas sobre la transparencia en la transferencia de datos y la rentabilidad real de las inversiones del FIP. La Asamblea tampoco respondió al cuestionario de El País.

La dependencia del Estado del ahorro previsional no es una anomalía, sino una consecuencia estructural. Según datos del Banco Mundial, en 2024 el crédito al gobierno central creció un 13,7% en relación a la masa monetaria, más de cuatro veces el ritmo del crédito al sector privado (3,4%). Los bonos del Tesoro que concentran el 32,37% de la cartera del FIP son el reflejo de esa dinámica: el Estado se financia con el ahorro de los trabajadores porque no tiene otras fuentes. El flujo neto de deuda externa fue negativo en USD 186 millones en 2024: el país pagó más deuda de la que recibió. Sin acceso a crédito externo, el FIP se convirtió en la caja fiscal de emergencia. La deuda del gobierno central con el sistema financiero alcanzó el 26,4% del PIB en 2024, un nivel que explica por qué el Estado recurre sistemáticamente al FIP para cubrir sus necesidades de liquidez.

Las operaciones de reporto: cuando el fondo fue colateral

Entre noviembre de 2024 y enero de 2025, la Gestora Pública realizó operaciones de reporto (repos) con bonos soberanos externos por un valor nominal de USD 918,8 millones, usándolos como garantía para obtener liquidez en divisas en plena crisis de reservas internacionales del país. En esas operaciones, el fondo de pensiones —el ahorro de 833.000 trabajadores— fue utilizado como colateral de las necesidades financieras del Estado.

En marzo de 2026, el gobierno canjeó bonos en poder de la Gestora —equivalentes al 50% de los títulos en circulación— por instrumentos denominados en bolivianos, pagando en dólares a los tenedores privados externos. La calificadora S&P elevó la nota crediticia de Bolivia dos escalones (de CCC- a CCC+), lo que fue presentado como un logro de política económica. La Gestora, sin embargo, asumió el riesgo de devaluación derivado de esa operación: el tipo de cambio referencial en el mercado paralelo llegó a 9,24 bolivianos por dólar, frente al tipo de cambio oficial de 6,96.

“El Estado utiliza el ahorro previsional como colateral para sus propias operaciones de deuda —señala Edith Gálvez—. Los trabajadores asumen el riesgo de inflación y devaluación, mientras el gobierno aligera su presión financiera externa. Es una transferencia de riesgo del Estado a los afiliados, sin que estos tengan voz ni voto”.

Estas operaciones fueron realizadas sin el directorio que la Ley N° 065 establece como autoridad máxima de la Gestora. El propio Gerente General Marcelo Vladimir Fernández Quiroga reconoció públicamente, en la Audiencia de Rendición de Cuentas del 17 de marzo de 2026, que la institución ha estado “los últimos años sin tener directorio”. El artículo 153 de la ley define al Directorio como el responsable de las políticas y estrategias de inversión. Lleva quince años vacante.

La Contraloría General del Estado, que tiene atribución constitucional para controlar el uso de recursos públicos y a cuyo cargo debería estar la supervisión de un fondo equivalente al 56% del PIB, no respondió al cuestionario del Equipo de Investigación sobre si ha realizado auditorías a la Gestora en el período 2023-2026 ni si ha emitido observaciones sobre la ausencia del directorio.

El circuito bancario

El 57,24% del fondo —más de USD 17.000 millones— está colocado en instrumentos del sistema bancario boliviano: depósitos a plazo fijo (DPF), bonos bancarios bursátiles y fondos cerrados vinculados a la banca. Los bancos reciben ese dinero a las tasas que ofrecen al fondo y lo prestan a sus clientes a tasas más altas. La diferencia es su margen de intermediación.

En 2025, el sistema bancario boliviano registró utilidades récord de USD 540 millones. Una parte de esas ganancias se distribuyó como dividendos a los accionistas. El análisis de los Hechos Relevantes de juntas de accionistas publicados en la Bolsa Boliviana de Valores permite rastrear al menos USD 88 millones en dividendos enviados al exterior durante 2025:

Para contextualizar esa cifra: USD 88 millones equivalen a los aportes anuales combinados de todos los cotizantes menores de 20 años durante más de veintiséis años, a salario mínimo. Es también el equivalente a 185.654 salarios mínimos anuales al tipo de cambio oficial vigente.

El esquema es el siguiente: el ahorro de 833.000 trabajadores formales financia a los bancos a través del FIP; los bancos generan utilidades récord con ese dinero; y una fracción de esas utilidades se distribuye como dividendos a matrices en jurisdicciones de baja tributación. Los cotizantes del SIP son, sin saberlo, una fuente de financiamiento de ese circuito.

La banca boliviana opera con un capital propio que apenas representa el 6,8% de sus activos, de acuerdo con datos del Banco Mundial (2022). Para cumplir con los requisitos de capitalización, emite bonos subordinados que el FIP adquiere con el ahorro de los trabajadores. Así, el sistema bancario se financia y se capitaliza con el mismo dinero que los trabajadores aportan para su jubilación. Los bancos obtienen liquidez barata y capital regulatorio; el FIP obtiene bonos que rinden menos que la inflación. La tasa de interés real en Bolivia fue del 2,6% en 2024 (Banco Mundial), un rendimiento positivo para la economía en su conjunto, pero que contrasta con la pérdida real del FIP (-15,9%), evidenciando que el ahorro previsional no participa de ese retorno real.

“No se trata de ilegalidad —precisa Gálvez—. Las inversiones en DPF bancarios están permitidas por la Ley 065, y la banca distribuye dividendos conforme a sus estatutos. El problema es de diseño, pues una política de inversiones que concentra el 57% del fondo en un solo sector, la banca, y que no diversifica hacia activos con mayor retorno real, es una política que favorece a los intermediarios más que a los ahorrantes”.

Para contrastar: mientras Bolivia tiene el 57% del fondo en instrumentos bancarios con rentabilidad real negativa, el sistema de pensiones de Chile invierte el 45% de sus fondos en el extranjero y obtuvo rentabilidades del 14,68% en el Fondo A durante 2025. La diferencia no es solo técnica; es el resultado de marcos regulatorios y políticas de inversión distintos.

El caso Fassil: USD 1.252 millones en default

El Banco Fassil fue intervenido por el Estado en 2023 tras revelarse una red de créditos vinculados fraudulentos. El caso más emblemático fue el préstamo de Bs 28 millones a un joven de 18 años sin capacidad de pago demostrable. Pese a la intervención, los datos de la Gestora Pública al 30 de junio de 2025 revelan que el Fondo de Pensiones tenía invertidos USD 1.252.456.154 en el Banco Fassil —el 4,37% del portafolio total—, en instrumentos calificados ‘D’ (default), el nivel más bajo de calificación de riesgo.

Esa cifra equivale al 100% del Fondo de Pensiones en el año 2009. Los instrumentos son principalmente bonos subordinados, que tienen el último lugar en la prelación de pagos en caso de liquidación. La doble exposición —a banco y a su holding controlante— amplifica el riesgo. La posición no se liquidó, probablemente porque los DPFs y bonos son contratos a plazo fijo sin posibilidad de retiro anticipado, y porque una salida masiva habría precipitado una crisis bancaria.

El proceso de liquidación de Fassil debe decidir sobre el pago de estos instrumentos. Ni la Gestora ni la APS han publicado un informe sobre el estado de esa exposición, ni sobre el plan de recuperación.

Tres empresas, tres mecanismos

El 2,88% del fondo que se destina a bonos de largo plazo —apenas USD 860 millones sobre un total de casi USD 30.000 millones—, instrumento habitual corporativo que ilustra un tercer mecanismo de transferencia de recursos. Tres casos documentados por El País, a partir de datos de cartera y registros de la Bolsa Boliviana de Valores, muestran cómo empresas con accionistas en el exterior captan ahorro previsional boliviano y lo transfieren, de distintas maneras, fuera del país.

Telecel (100% Millicom). En octubre de 2023, la empresa captó Bs 520 millones en bonos suscritos por el fondo de pensiones. Tres meses después, Telecel otorgó préstamos a sus matrices en Curazao y Suecia por un monto de Bs 450 millones. El ahorro de los trabajadores bolivianos financió la liquidez de una cadena corporativa internacional que transfirió esos recursos al exterior casi de inmediato.

COBEE (Compañía Boliviana de Energía Eléctrica). Esta concesión hidroeléctrica de 1925 estuvo sucesivamente controlada por Inkia Holdings (Bermudas) y Cobee Holding Ltd., cuya jurisdicción de incorporación no fue revelada públicamente. Entre 2006 y 2025, la empresa extrajo USD 124 millones en dividendos y préstamos a sus accionistas. Durante ese mismo período, el fondo de pensiones mantuvo inversiones de hasta USD 57,6 millones en bonos de COBEE. La empresa se financió con ahorro boliviano y extrajo utilidades al exterior de manera sostenida durante casi dos décadas.

Ferroviaria Oriental (FOSA). La Gestora posee el 49,91% de las acciones de FOSA y además es acreedora de la empresa por USD 37,97 millones en bonos. FOSA estaba controlada por Carlos Gill a través de una cadena de sociedades chilenas. En noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló el control accionario de Gill, dejando ese 49,91% de acciones que pertenece al fondo de pensiones boliviano sin una contraparte accionaria consolidada. Al cierre de esta edición, el litigio continúa y el ahorro previsional permanece en un limbo judicial cuya duración no es posible estimar.

Estos tres casos tienen una característica común: las empresas no trajeron inversión extranjera a Bolivia. Se financiaron con ahorro boliviano, operaron con recursos bolivianos y transfirieron utilidades o liquidez al exterior. El fondo de pensiones fue su fuente de capital.

Sinchi Wayra e Illapa: el financiamiento del grupo minero

Sinchi Wayra S.A., heredera de la Compañía Minera del Sur (COMSUR) —el grupo minero que perteneció al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada— y su subsidiaria Sociedad Minera Illapa S.A. han captado recursos del Fondo de Pensiones a través de múltiples instrumentos.

Entre 2007 y 2025, Sinchi Wayra recibió USD 277,6 millones a través de Valores de Titularización (programas NAFIBO 010 y 015), colocados en el Mercado de Valores de Bolivia y suscritos por las AFP y la Gestora. Illapa S.A., que explota las minas Porco (Potosí) y Bolívar (Oruro), ha emitido pagarés bursátiles por USD 50 millones en dos programas (Illapa I e Illapa II), también suscritos por el Fondo de Pensiones.

La cadena de propiedad de Sinchi Wayra muestra una estructura offshore: Iris Mines And Metals S.A. (Panamá) controlaba el 99,89% de Sinchi Wayra en 2008. En abril de 2025, Illapa obtuvo un préstamo de Bs 90,5 millones del Banco BISA —que a su vez recibe financiamiento de la Gestora a través de DPFs y bonos—, continuando un patrón en el que el ahorro previsional financia operaciones de empresas con accionistas en paraísos fiscales.

La Gestora tiene exposición indirecta a Illapa a través del banco BISA, que figura en el portafolio de inversiones de la Gestora con más de USD 1.400 millones a junio de 2025.

Fuentes

Informes diarios de la Gestora Pública, informes de la APS, Hechos Relevantes de la Bolsa Boliviana de Valores, prospectos de emisión registrados ante la ASFI y datos del Banco Mundial. Definiciones técnicas, series específicas del Banco Mundial y limitaciones de esta entrega —incluida la diferencia entre los USD 29.201 millones de cartera reportados por la Gestora y los USD 29.823 millones de valor total estimado del fondo— en el apéndice de la Parte 4.

Sigue leyendo: El silencio que protege al sistema

El vacío institucional y la opacidad del sistema. La cuarta parte de esta serie documenta el vacío de gobierno corporativo en la Gestora: quince años sin Directorio, subgerencias clave vacantes, hallazgos de auditoría no resueltos y el silencio de los reguladores que deberían fiscalizar el mayor activo financiero de Bolivia.

TRABAJAR A CIEGAS

Introducción. Trabajar a ciegas: La informalidad que vacía las pensiones bolivianas. El problema en cifras: el contraste entre asegurados y cotizantes, el tamaño del fondo y la pérdida real.

Parte 1. Bolivia, el país con mayor empleo vulnerable de América Latina. Radiografía regional con datos del Banco Mundial: informalidad, brecha de género, IED, remesas y cobertura de seguro social.

Parte 2. El espejismo de los 2,8 millones. El embudo de los cotizantes: perfil, recaudación, mora patronal y el silencio de la APS.

► Parte 3. El destino del dinero: un circuito de fuga. La ruta del ahorro, desde la cartera del FIP, reportos, canje de deuda, dividendos offshore, hasta los casos de Telecel, COBEE, Ferroviaria Oriental y Sinchi Wayra.

Parte 4. El silencio que protege al sistema. Directorio ausente, hallazgos de auditoría, silencio de los reguladores, interrupción de publicaciones. El final de la serie Trabajar a ciegas documenta la opacidad que protege al sistema.

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