El silencio que protege al sistema

Esta investigación se realizó en el marco del Programa regional de capacitación en IA y Datos de Media Party y el Banco Mundial 2026, y fue uno de los cuatros proyectos elegidos para ser financiados para su realización. 

El 17 de marzo de 2026, en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Gestora Pública, el Gerente General Marcelo Vladimir Fernández Quiroga reconoció en público que la institución lleva “los últimos años sin tener directorio”. Nadie en la sala pidió que precisara cuántos años. La respuesta, según la propia Ley N° 065, es quince.

Todas las decisiones de inversión descritas en esta serie —la concentración en deuda pública, las operaciones de reporto con bonos soberanos, las posiciones en DPF bancarios, los bonos de Telecel, COBEE y Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA)— fueron tomadas sin el órgano de gobierno que la ley exige.

El artículo 153 de la Ley N° 065 establece que el Directorio de la Gestora es la “máxima autoridad” de la institución, responsable de definir las políticas y estrategias de inversión. El Directorio lleva quince años sin constituirse, desde la promulgación de la ley en diciembre de 2010. Han transcurrido cinco gobiernos nacionales, incluyendo la actual gestión, y ninguna administración convocó el proceso de selección que la ley establece: cinco integrantes designados por el Presidente del Estado de ternas aprobadas por dos tercios de la Cámara de Diputados.

El directorio ausente

La ausencia fue reconocida por el propio Gerente General Fernández Quiroga en audiencia pública. La APS, como organismo de fiscalización, no ha informado si advirtió formalmente al Ministerio de Economía sobre los riesgos de gobierno corporativo que implica esa vacancia. La Contraloría, como organismo de control gubernamental, tampoco ha emitido observaciones públicas al respecto.

Adicionalmente, las subgerencias de Análisis de Inversión y Operativa de Inversión —las posiciones técnicas responsables de evaluar y ejecutar las compras de instrumentos financieros— están vacantes, al igual que las de Prestaciones No Contributivas, Cobranza Administrativa, Cobranza Judicial e Infraestructura Tecnológica. Seis de las posiciones clave del organigrama operan sin nombramiento formal.

En esas condiciones, el fondo más grande de Bolivia operó durante quince años sin el contrapeso institucional que la propia ley diseñó para protegerlo.

Hallazgos de auditoría interna

El Órgano Interno de Fiscalización de la Gestora Pública programó 20 auditorías para 2026. Al primer trimestre, se habían ejecutado cuatro. La Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Gestora 2025 identificó 21 hallazgos que se encuentran en Plan de Acción. La Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025 identificó 16 hallazgos, también en Plan de Acción. Adicionalmente, dos auditorías sobre la aplicación de la Ley N° 1352 (Permanencia Obligatoria) identificaron 5 casos con posibles indicios de responsabilidad por la función pública.

Estos hallazgos, aunque no constituyen por sí mismos irregularidades sancionadas, revelan deficiencias en los controles internos de la institución que administra el mayor activo financiero de Bolivia.

Una alternativa técnica disponible

Frente a este panorama, Gálvez ha propuesto la creación de un Fondo Bursátil Bolivia (FBB-14) que agruparía acciones de catorce empresas de capital mayoritariamente boliviano —BNB, Banco Mercantil Santa Cruz, FANCESA, Las Lomas, ENDE Transmisión, entre otras—, replicando la metodología del ETFPERUD peruano, un instrumento que diversifica la inversión en empresas productivas nacionales con retornos verificables. La propuesta estima retornos reales del 8% anual, frente al -15,9% registrado en 2025.

“No se trata de nacionalizar ni de privatizar —matiza Gálvez—. Se trata de diversificar. El 93% del fondo no puede estar concentrado en el Estado y los bancos. Existe un tejido empresarial boliviano rentable que podría generar mejores retornos y dinamizar la economía real. Solo falta voluntad política para modificar la reglamentación de inversiones”.

No obstante, la propuesta de Gálvez no ha sido evaluada públicamente por la APS, el Ministerio de Economía ni por otro analista independiente; su viabilidad técnica y los riesgos de concentración en un nuevo instrumento bursátil siguen sin un examen externo.

La propuesta requiere cambios en los límites de inversión establecidos en los artículos 140 a 146 de la Ley N° 065. El gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció un cambio en la política de inversiones de la Gestora, pero al cierre de esta edición no ha precisado su alcance ni su cronograma.

Los números de cierre

Al terminar esta primera serie de reportajes, el retrato del sistema previsional boliviano puede resumirse en ocho cifras:

“Las reformas aprobadas hasta ahora son ajustes de parámetros en un sistema cuya arquitectura de fondo está rota —concluye Gálvez—. El 70% de los bolivianos no llega a jubilarse por este sistema porque nunca pudo cotizar. Y eso no se resuelve con una modificación de límites, sino con una política de formalización laboral, un régimen efectivo para independientes y una gestora que rinda cuentas por los números que importan, no por los que lucen bien”.

Las preguntas que quedan

Esta primera serie deja abierto un conjunto de preguntas que El País continuará investigando. Cuatro de las siete instituciones consultadas no respondieron:

La APS dejó de publicar sus boletines estadísticos mensuales en 2024 sin explicación pública. No respondió por qué, no proveyó datos de cotizantes para 2025-2026, no informó sobre la recuperación de mora judicial ni sobre sus eventuales dictámenes respecto a la ausencia del directorio. Además, desde junio de 2025, interrumpió la publicación de los informes mensuales de Diversificación de los Fondos por Instrumento, Moneda y Riesgos, y de Diversificación de los Fondos del SIP por Calificación de Riesgo. Desde diciembre de 2025, tampoco publica los informes de Detalle de Cartera y Aporte de la Reforma a la Economía.

El Ministerio de Economía anunció auditorías a la gestión previa de la Gestora, pero no informó sobre su alcance, su ejecutor ni sus hallazgos preliminares. No precisó la tasa de los bonos TGN comprados en mayo de 2024, ni cuándo tiene previsto instalar el Directorio.

La Contraloría General no informó sobre auditorías, investigaciones activas ni observaciones emitidas sobre la Gestora en el período 2023-2026.

La Asamblea Legislativa no informó sobre el estado del Proyecto de Ley 315/2025-2026, los hallazgos de su comisión investigadora sobre las operaciones de reporto ni sobre iniciativas para constituir el Directorio.

Por otra parte, la Gestora Pública dejó de actualizar en su sitio web las estadísticas diarias de inversiones, donde se detallaba el crecimiento del valor del fondo, el valor de la cuota y la rentabilidad diaria y promedio mensual. La última actualización de esos datos corresponde a mediados de mayo de 2026, sin que exista una explicación pública de la interrupción.

Estas preguntas definen la agenda de una próxima serie. El Equipo de Investigación reiterará las solicitudes formales, con constancia del silencio previo, y continuará el rastreo de las operaciones de reporto por USD 918,8 millones, los bonos TGN de mayo de 2024, el litigio de FOSA en Santiago y la distribución completa de la cartera del FIP.

Los trabajadores que financian el fondo más grande de Bolivia merecen saber a dónde va su dinero.

Fuentes y metodología de la serie

Esta investigación combina boletines y balances de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, archivos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), el Censo de Población y Vivienda 2024 y la Encuesta Continua de Empleo del INE, indicadores del Banco Mundial (WDI Data360), informes de la OIT y el INESAD, Hechos Relevantes de la Bolsa Boliviana de Valores, prospectos de emisión registrados ante la ASFI, y el análisis de la especialista en finanzas previsionales Edith Gálvez. El 15 de mayo de 2026, el Equipo de Investigación remitió cuestionarios formales a siete instituciones, con plazo legal hasta el 29 de mayo. Respondieron dentro del plazo el INE, el SENASIR y la Gestora Pública; no respondieron la APS, la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Contraloría General del Estado ni el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Parte 1 — Empleo vulnerable y mercado laboral

Empleo vulnerable (% del empleo total): suma de trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados. Estimaciones modeladas de la OIT (ILOEST, 2021-2025) para la comparación regional, complementadas con el Censo 2024 del INE para Bolivia (51,8% cuenta propia + 8,6% familiar no remunerado). Inversión extranjera directa: dólares corrientes y % del PIB, 2024, balanza de pagos del FMI y la UNCTAD. Remesas personales: dólares corrientes, 2024, FMI y Banco Mundial. Cobertura de seguro social: dato más reciente 2023 (ASPIRE, Banco Mundial); la OIT reporta 82,3% de informalidad en su Panorama Laboral 2025 con metodología distinta. PIB per cápita PPA: dólares internacionales corrientes, 2024. Población de Bolivia: 12.413.315 habitantes (2024), Naciones Unidas. Muestra: diez países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay), última observación disponible 2023-2025.

Parte 2 — Cotizantes y mora

Asegurado registrado: toda persona inscrita alguna vez en el SIP (Art. 12, Ley N° 065). Cotizante activo: quien aportó al menos una vez en el período de referencia. Mora judicial: aportes descontados del salario, no depositados, con sentencia firme. Mora administrativa: en fase de cobro inicial. Los datos de mora a 2024 (Bs 951.172.595) incluyen capital, intereses y multas; el dato de marzo 2026 (Bs 337.556.267) corresponde solo a capital, por lo que no son cifras directamente comparables. La APS no ha publicado cotizantes activos de 2025 ni del primer semestre de 2026; la última cifra oficial sigue siendo la de 2024.

Parte 3 — Cartera del FIP

Valor a mercado: precio actual de venta de los activos del fondo. Valor nominal: precio original de compra. Reporto: uso de un activo como garantía para obtener liquidez de corto plazo. Canje de deuda: reestructuración de pasivos cambiando moneda o condiciones. Bonos subordinados: se pagan después de todos los demás acreedores en caso de quiebra; computan como capital regulatorio bancario (norma SBN 039/2008). Series del Banco Mundial utilizadas: crédito al gobierno central (FM.AST.CGOV.ZG.M3, 2024: 13,7%), crédito al sector privado (FM.AST.PRVT.ZG.M3, 2024: 3,4%), créditos al gobierno central % del PIB (FM.AST.CGOV.GD.ZS, 2024: 26,4%), capital bancario sobre activos (FB.BNK.CAPA.ZS, 2022: 6,8%), préstamos netos de deuda externa (DT.NFL.PCBO.CD, 2024: -186.163.000), tasa de interés real (FR.INR.RINR, 2024: 2,6%). La cifra de USD 29.201 millones reportada por la Gestora al 31 de marzo de 2026 corresponde solo a la cartera de inversiones, sin recursos de alta liquidez (USD 433.751.996 al cierre de 2025); el valor total del FIP usado en esta serie (USD 29.823 millones) suma ambos componentes.

Limitaciones generales

La APS interrumpió la publicación de los informes de Diversificación de los Fondos por Instrumento, Moneda y Riesgos desde junio de 2025, y los de Detalle de Cartera y Aporte de la Reforma a la Economía desde diciembre de 2025. La Gestora dejó de actualizar las estadísticas diarias de inversiones en su sitio web desde mediados de mayo de 2026.

Acceso a los datos: Banco Mundial (https://databank.worldbank.org); Censo 2024 INE (https://cpv2024.ine.gob.bo).

TRABAJAR A CIEGAS

Introducción. Trabajar a ciegas: La informalidad que vacía las pensiones bolivianas. El problema en cifras: el contraste entre asegurados y cotizantes, el tamaño del fondo y la pérdida real.

Parte 1. Bolivia, el país con mayor empleo vulnerable de América Latina. Radiografía regional con datos del Banco Mundial: informalidad, brecha de género, IED, remesas y cobertura de seguro social.

Parte 2. El espejismo de los 2,8 millones. El embudo de los cotizantes: perfil, recaudación, mora patronal y el silencio de la APS.

Parte 3. El destino del dinero: un circuito de fuga. La ruta del ahorro, desde la cartera del FIP, reportos, canje de deuda, dividendos offshore, hasta los casos de Telecel, COBEE, Ferroviaria Oriental y Sinchi Wayra.

► Parte 4. El silencio que protege al sistema. Directorio ausente, hallazgos de auditoría, silencio de los reguladores, interrupción de publicaciones. El final de la serie Trabajar a ciegas documenta la opacidad que protege al sistema.

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