Bolivia, el país con mayor empleo vulnerable de América Latina

Esta investigación se realizó en el marco del Programa regional de capacitación en IA y Datos de Media Party y el Banco Mundial 2026, y fue uno de los cuatros proyectos elegidos para ser financiados para su realización. 

El mercado laboral boliviano presenta una paradoja que condiciona todo el sistema de protección social: la tasa de desempleo abierto es la más baja de Sudamérica (2,8% según el Censo 2024), pero la calidad del empleo es la peor de la región. Según los datos más recientes del Banco Mundial, el empleo vulnerable –que incluye a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados, es decir, ocupaciones sin contrato, sin seguridad social y sin perspectiva de jubilación– alcanza el 62,7% del total de personas ocupadas en Bolivia.

El Censo de Población y Vivienda 2024, del Instituto Nacional de Estadística (INE), confirma esta magnitud: al sumar los trabajadores por cuenta propia (51,8%) y los familiares no remunerados (8,6%), se obtiene un 60,4% de empleo vulnerable, una cifra casi idéntica. Esta situación sitúa al país muy por encima del promedio regional y lo convierte en el caso más extremo de informalidad estructural en América Latina.

En contraste, Chile registra un 20,9% de empleo vulnerable; Argentina, 22,3%; Uruguay, 24,4%; y Brasil, 26,1%. Incluso países con niveles históricamente altos de informalidad, como Perú (47,5%) o Ecuador (50,1%), presentan porcentajes notablemente inferiores al boliviano. La diferencia entre Bolivia y los países del Cono Sur supera los 40 puntos porcentuales.

Brecha de género persistente

La vulnerabilidad no afecta por igual a hombres y mujeres. En Bolivia, el 58,5% de los hombres ocupados se encuentran en empleo vulnerable, frente al 67,6% de las mujeres. Esta brecha de nueve puntos es una de las más altas de la región, solo superada por Ecuador (donde la diferencia alcanza 15 puntos a favor de los hombres). En cambio, en Colombia, Brasil y Argentina las mujeres presentan tasas de vulnerabilidad ligeramente inferiores a las de los hombres, lo que sugiere una inserción laboral femenina relativamente mejor en el empleo asalariado formal.

El Censo 2024 detalla las diferencias por categoría ocupacional: mientras el 39,6% de los hombres ocupados son asalariados, solo el 34,9% de las mujeres lo son. Por el contrario, el 11,8% de las mujeres trabajan como familiares no remuneradas, frente al 6,0% de los hombres. Las mujeres también se concentran en sectores de alta vulnerabilidad: el 34,4% de las ocupadas son trabajadoras de servicios y vendedoras, y el 28,0% se dedican a la agricultura.

Inversión extranjera y remesas: dos caras de una misma moneda

El empleo vulnerable no es un fenómeno aislado; se relaciona directamente con la escasa capacidad del país para atraer inversión productiva y generar empleo de calidad.

En 2024, la inversión extranjera directa (IED) en Bolivia alcanzó los 358 millones de dólares según la serie de balanza de pagos del FMI y el Banco Mundial (entrada neta de capital), apenas el 0,65% del PIB, la segunda más baja de Sudamérica (solo por encima de Ecuador). Otras fuentes, como la CEPAL y el Banco Central de Bolivia, reportan cifras ligeramente inferiores (USD 247 millones) debido a diferencias metodológicas en el registro de los flujos de capital. En cualquiera de los casos, el orden de magnitud es el mismo: Bolivia recibe una fracción de la inversión que captan sus vecinos. Chile recibió 12.521 millones (3,79% de su PIB); Brasil, 74.091 millones (3,39%); Colombia, 13.684 millones (3,27%); y Paraguay, 1.097 millones (2,47%). En términos per cápita, Bolivia recibe 29 dólares por habitante en IED, frente a los 203 dólares de Perú o los 159 de Paraguay.

La otra cara de la moneda son las remesas familiares. Bolivia recibe 1.280 millones de dólares anuales por este concepto, equivalentes a 103 dólares por habitante y al 2,33% del PIB. Este flujo es 3,6 veces superior a la IED entrante. En contraste, las remesas que salen de Bolivia hacia el exterior suman 246 millones de dólares (20 dólares por habitante), lo que arroja un saldo neto positivo de 1.034 millones de dólares, que convierte a las remesas en el segundo flujo de divisas más importante del país, solo por detrás de las exportaciones de hidrocarburos y minerales.

Mientras que en Chile, Brasil o Colombia la IED supera o iguala a las remesas, en Bolivia ocurre lo contrario. El país depende más del dinero que envían sus emigrantes que del capital extranjero. Esta dependencia estructural se explica por la debilidad del mercado laboral interno: la mayoría de los ocupados trabaja por cuenta propia (51,8%) o como familiar no remunerado (8,6%), sectores que no generan empleo asalariado formal ni atraen inversión productiva. Las remesas, aunque vitales para el consumo de los hogares, no sustituyen a la inversión extranjera como motor de desarrollo y creación de empleo de calidad.

Cobertura de seguro social: el eslabón más débil

La consecuencia más directa del altísimo empleo vulnerable es la exclusión masiva del sistema de protección social. La cobertura de programas de seguro social –que incluye pensiones contributivas y seguridad social– alcanza solo al 6,8% de la población boliviana, según el Banco Mundial. Es la segunda más baja del continente, únicamente por delante de Paraguay (5,7%). En Chile, el 45,5% de la población está cubierta; en Uruguay, el 34,9%; en Argentina, el 31,6%; y en Brasil, el 28,3%.

Los datos oficiales de la Gestora Pública reportan 2.827.870 asegurados registrados hasta mayo de 2026. Pero la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) registró en 2024 apenas 833.182 cotizantes activos —personas que efectivamente realizaron aportes—. Sobre una Población Económicamente Activa de 5.985.494 personas según el INE, eso significa que 5.152.312 personas, el 86,1% de la PEA, está fuera del sistema de pensiones contributivo.

En respuesta a un cuestionario formal del Equipo de Investigación de El País, el INE confirmó que al primer trimestre de 2026 apenas el 9,9% de los ocupados en el área urbana declara al mismo tiempo tener seguro de salud y realizar aportes a la Gestora. Aplicado a la población ocupada urbana de 4.661.000 personas que registra la Encuesta Continua de Empleo del mismo trimestre, ese porcentaje equivale a unas 461.000 personas con doble cobertura, en la franja más extensa del mercado laboral.

Estructura del empleo: mayoría por cuenta propia

El Censo 2024 detalla la composición del empleo: el 51,8% de los ocupados trabaja por cuenta propia, un porcentaje que alcanza el 51,9% entre los hombres y el 51,6% entre las mujeres. Los asalariados (empleados u obreros) representan solo el 37,5% del total –39,6% de los hombres y 34,9% de las mujeres–. Los empleadores son una minoría (1,9%), y los trabajadores familiares no remunerados constituyen un 8,6%, con una incidencia mucho mayor entre las mujeres (11,8%) que entre los hombres (6,0%). Esta estructura explica por qué el 86% de la PEA no cotiza: la mayoría trabaja por cuenta propia, sin relación de dependencia que genere el aporte patronal obligatorio.

Por sectores, la agricultura concentra al 29,0% de los ocupados, seguida del comercio (19,2%). Ambos son sectores de alta informalidad. La construcción (7,4%) y el transporte (6,2%) son predominantemente masculinos, mientras que el comercio, la enseñanza y la salud concentran la mayoría de las mujeres ocupadas.

PIB per cápita y desarrollo: Bolivia a la cola

El nivel de ingreso refuerza el diagnóstico. El PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo de Bolivia es de 12.880 dólares internacionales, el más bajo de los diez países analizados. Uruguay y Chile superan los 36.000 dólares; Argentina ronda los 30.000; México y Brasil se acercan a los 22.000-26.000. La brecha de ingreso con los países de mejor desempeño es de casi tres veces.

Existe una correlación negativa clara entre el PIB per cápita y el empleo vulnerable: a menor ingreso, mayor informalidad. Bolivia, con su bajo nivel de desarrollo, paga el precio de una estructura productiva poco diversificada, una reducida base exportadora (dependiente de hidrocarburos y minerales) y una débil institucionalidad laboral.

Un círculo vicioso

El empleo vulnerable elevado impide la ampliación de la base de cotizantes al sistema de pensiones. La baja cobertura de seguro social desalienta la formalización, pues los trabajadores perciben que el sistema no les ofrece un beneficio claro. La escasa IED limita la creación de empleos asalariados de calidad. Y las remesas, aunque alivian la pobreza en el corto plazo, no sustituyen a la inversión productiva.

Mientras los indicadores de desempleo engañan con cifras bajas (2,8% de desocupación abierta), los de empleo vulnerable (60,4% según el censo, 62,7% según el BM) revelan la verdadera naturaleza del mercado laboral: una mayoría trabaja por cuenta propia, sin contrato, sin protección y sin jubilación.

La cobertura de seguro social (6,8% de la población) es la segunda más baja del continente, y las remesas, aunque alivian la pobreza, no logran compensar la ausencia de un sistema de protección sólido. En este contexto, cada dólar que entra por remesas es un síntoma, no una solución: refleja la expulsión de fuerza de trabajo que no encontró cabida en el mercado formal interno.

Sin una transformación estructural del empleo –que reduzca el trabajo por cuenta propia y amplíe el asalariado formal–, cualquier reforma del sistema de pensiones será solo un parche sobre una estructura rota.

Fuentes

Esta entrega utiliza datos del Banco Mundial (WDI Data360, 2023-2025) y del Censo de Población y Vivienda 2024 del INE. Definiciones de cada indicador, series específicas del Banco Mundial, la muestra de diez países y las diferencias entre el Censo y las estimaciones de la OIT (metodología completa en el apéndice de la Parte 4).

Sigue leyendo: El espejismo de los 2,8 millones

El embudo de los cotizantes y la mora patronal. La segunda parte de esta serie desmonta el espejismo estadístico de los 2,8 millones de asegurados. Detalla el perfil de quienes realmente cotizan, la hipercentralización geográfica de la recaudación y la hemorragia silenciosa de la mora patronal, que roza los mil millones de bolivianos.

TRABAJAR A CIEGAS

Introducción. Trabajar a ciegas: La informalidad que vacía las pensiones bolivianas. El problema en cifras: el contraste entre asegurados y cotizantes, el tamaño del fondo y la pérdida real.

► Parte 1. Bolivia, el país con mayor empleo vulnerable de América Latina. Radiografía regional con datos del Banco Mundial: informalidad, brecha de género, IED, remesas y cobertura de seguro social.

Parte 2. El espejismo de los 2,8 millones. El embudo de los cotizantes: perfil, recaudación, mora patronal y el silencio de la APS.

Parte 3. El destino del dinero: un circuito de fuga. La ruta del ahorro, desde la cartera del FIP, reportos, canje de deuda, dividendos offshore, hasta los casos de Telecel, COBEE, Ferroviaria Oriental y Sinchi Wayra.

Parte 4. El silencio que protege al sistema. Directorio ausente, hallazgos de auditoría, silencio de los reguladores, interrupción de publicaciones. El final de la serie Trabajar a ciegas documenta la opacidad que protege al sistema.

^{Este reportaje periodístico tiene la finalidad de difundir en lenguaje accesible los resultados de investigaciones basadas en documentos disponibles de acceso público, tales como Estados Financieros, Auditorías externas a los Estados Financieros, Calificaciones de riesgo, Memorias Anuales, Prospectos de emisión de valores, reportes a entidades regulatorias, actas de juntas de accionistas, actas de reuniones de directorios, registros documentales de actividades empresariales, que incluyen testimonios notariales, poderes, informes de registro público, estudios de expertos y otros. Todos, sin excepción, auténticos y registrables.
Invitamos a los expertos del país o de fuera de nuestras fronteras que estén o no de acuerdo con parte o con todos los resultados difundidos, las conclusiones o enfoque de cada reportaje, a publicar sus criterios en la sección de comentarios, o, si ven por conveniente, hacerlo en forma privada al correo electrónico [email protected], aclarando si quieren mantener o no su nombre en reserva para aplicar las protecciones del secreto de fuente establecido en la Ley de Imprenta.
También invitamos a añadir sus propias investigaciones, análisis y conclusiones, las que publicaremos contrastando con las del equipo de investigación de El País, a cuyo efecto ofrecemos a nuestros estimados lectores suscritos el acceso a la base de datos que El País ha utilizado en cada caso, con la única condición de asumir formal y públicamente su compromiso de hacernos llegar los resultados y alcance de su trabajo en determinado tiempo a acordarse.
La finalidad última es la de informar objetiva y respetuosamente a la población boliviana que busca mejores días para su patria.}