Trabajar a ciegas: La informalidad que vacía las pensiones bolivianas

Esta investigación se realizó en el marco del Programa regional de capacitación en IA y Datos de Media Party y el Banco Mundial 2026, y fue uno de los cuatros proyectos elegidos para ser financiados para su realización.

Hay una cifra que el Sistema Integral de Pensiones de Bolivia difunde con orgullo en cada foro y cada rendición de cuentas: 2.827.870 asegurados registrados al cierre de mayo de 2026, según los últimos datos publicados por la Gestora Pública. Es un número que transmite cobertura, alcance, solidez institucional. Es también, en parte sustancial, una ficción estadística.

Un asegurado registrado no es un cotizante activo. Es cualquier persona que en algún momento de su vida laboral se inscribió en el sistema, aunque jamás haya vuelto a aportar. La cifra que define la salud real del sistema es otra: 833.182 personas. Eso es todo. Ese es el número de quienes efectivamente depositaron dinero en sus cuentas previsionales durante 2024. Sobre esa base —el 14% de la Población Económicamente Activa del país— descansa el activo financiero más grande que Bolivia ha acumulado en su historia.

Ese fondo alcanzó en abril de 2026 un patrimonio de USD 29.823 millones. Siguiendo los datos del Banco Mundial, equivale al 56% del Producto Interno Bruto boliviano de 2024. Equivale a varias décadas de inversión extranjera directa y de remesas combinadas, cuyas proporciones exactas se detallan en la tercera parte de esta serie. Y se administra, desde hace quince años, sin el directorio que la Ley N° 065 establece como autoridad máxima.

En 2025, esos ahorros rindieron un 4,5% nominal. La inflación fue del 20,4%. Un trabajador que cotizó con disciplina durante todo el año vio cómo su saldo nominal creció, pero su capacidad de compra se contrajo. El ahorro previsional boliviano termina el año valiendo menos en términos reales que cuando empezó.

Esta serie documenta cómo ocurre eso: cómo se construyó un fondo enorme sobre una base laboral precaria, cómo se invierte ese dinero, a quién beneficia en los hechos y por qué la mayoría de los bolivianos nunca tendrá acceso a él.

Los números de partida

Antes de entrar al detalle, conviene establecer el mapa de lo que esta serie documenta. Cinco cifras resumen el problema:

El recorrido

Esta investigación se despliega en cuatro entregas.

La PRIMERA PARTE traza la radiografía estructural. Bolivia tiene el mercado laboral más informal de América Latina: ocho de cada diez ocupados trabajan sin contrato, sin seguridad social y sin perspectiva de jubilación. El Censo 2024 del INE y los datos del Banco Mundial permiten ubicar al país en el extremo de la región, más de cuarenta puntos porcentuales por encima de Chile o Uruguay en empleo vulnerable. Sin esa base, todo lo demás es consecuencia inevitable.

La SEGUNDA PARTE retrata al universo de quienes sí cotizan: quiénes son, cuánto ganan, dónde viven y por qué su número no crece. El aportante típico del SIP no es el trabajador boliviano promedio: es un funcionario público, un empleado bancario o un profesional de empresa grande con un salario que triplica el mínimo nacional. El 83,4% de la recaudación se origina en La Paz. La juventud está casi completamente fuera. Y la mora patronal —aportes descontados del salario de los trabajadores, pero nunca depositados por los empleadores— supera los novecientos millones de bolivianos.

La TERCERA PARTE sigue el dinero. El 36% del FIP está en deuda del Estado boliviano, que en 2025 usó los bonos soberanos del fondo como colateral en operaciones de reporto por casi USD 919 millones. El 57% está en depósitos bancarios: una banca que en 2025 registró utilidades récord de USD 540 millones y distribuyó al menos USD 88 millones en dividendos hacia Panamá, Bermudas, Luxemburgo y otras jurisdicciones de baja tributación. Y cerca del 3% está en bonos corporativos de empresas que, como se documenta en casos concretos, usaron esos recursos para financiar a sus matrices en el exterior. El resto va a diversificación internacional y otros instrumentos.

La CUARTA PARTE cierra la serie con el vacío de gobierno corporativo que hace posible todo lo anterior: la Gestora opera hace quince años sin el Directorio que la ley exige, con posiciones técnicas clave que se mantienen acéfalas, hallazgos de auditoría interna sin resolver y un bloque de reguladores —la APS, la Contraloría, la Asamblea— que no responde ni informa.

El método

Esta investigación se basa en boletines estadísticos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo; archivos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS); datos del Banco Mundial y su iniciativa Data360, del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Censo de Población y Vivienda 2024; informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD); reportes de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN); Hechos Relevantes de la Bolsa Boliviana de Valores; los Decretos Supremos 5161, 5383 y 5503; la Ley N° 1582 de octubre de 2024; el Proyecto de Ley 315/2025-2026; y el análisis de la especialista en finanzas previsionales Edith Gálvez.

El 15 de mayo de 2026, el Equipo de Investigación remitió cuestionarios formales a siete instituciones: la Gestora Pública, la APS, el Instituto Nacional de Estadística, el SENASIR, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Contraloría General del Estado y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los plazos de respuesta previstos por la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo vencieron el 29 de mayo de 2026. Respondieron tres: el INE, el SENASIR y la Gestora Pública. Sus respuestas —y los silencios de las otras cuatro instituciones— se consignan en cada sección donde corresponden.

Sigue leyendo: Bolivia, el país con mayor empleo vulnerable de América Latina

La radiografía del mercado laboral que vacía las pensiones. La primera parte de esta serie traza el contexto regional. Bolivia tiene el mercado laboral más informal de América Latina: ocho de cada diez ocupados trabajan sin contrato, sin seguridad social y sin perspectiva de jubilación. El Censo 2024 del INE y los datos del Banco Mundial permiten ubicar al país en el extremo de la región, más de cuarenta puntos porcentuales por encima de Chile o Uruguay en empleo vulnerable.

TRABAJAR A CIEGAS

► Introducción. Trabajar a ciegas: La informalidad que vacía las pensiones bolivianas. El problema en cifras: el contraste entre asegurados y cotizantes, el tamaño del fondo y la pérdida real.

Parte 1. Bolivia, el país con mayor empleo vulnerable de América Latina. Radiografía regional con datos del Banco Mundial: informalidad, brecha de género, IED, remesas y cobertura de seguro social.

Parte 2. El espejismo de los 2,8 millones. El embudo de los cotizantes: perfil, recaudación, mora patronal y el silencio de la APS.

Parte 3. El destino del dinero: un circuito de fuga. La ruta del ahorro, desde la cartera del FIP, reportos, canje de deuda, dividendos offshore, hasta los casos de Telecel, COBEE, Ferroviaria Oriental y Sinchi Wayra.

Parte 4. El silencio que protege al sistema. Directorio ausente, hallazgos de auditoría, silencio de los reguladores, interrupción de publicaciones. El final de la serie Trabajar a ciegas documenta la opacidad que protege al sistema.

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