En la mitología de J.R.R. Tolkien, las palantíri son piedras videntes capaces de mostrar lo que ocurre en cualquier rincón de la Tierra Media. Quien las usa cree ver todo, pero en realidad solo ve lo que el Ojo Oscuro de Sauron le permite ver. La persona que mira a través del Palantir queda expuesta, vigilada, controlada: no es el que ve, sino el que es visto.

Cuando David Cohen y Peter Thiel fundaron su empresa en 2003, eligieron ese nombre con deliberada precisión literaria, y así Palantir Technologies es más que una metáfora accidental: es una declaración de principios expresada en la lengua de la fantasía épica anglosajona. La empresa ve. El Estado que la usa cree ver. Los ciudadanos del Estado son vistos. Esa asimetría es el modelo de negocio.

La Tierra Media de Tolkien tiene sus propias criaturas de vigilancia: los nazgûl, que detectan a quienes portan poder, y el Ojo que todo lo ve sobre la torre de Barad-dûr. La fantasía anglosajona, exportada al mundo como modelo cultural dominante desde Hollywood hasta las startups de Silicon Valley, propone que el poder de vigilancia total pertenece a la oscuridad, y que solo los elegidos del Bien pueden resistirlo. Lo que no dice esa ficción es que sus propios herederos institucionales, los que hoy financian y construyen las tecnologías más potentes del planeta, se identifican con el Ojo y no con los hobbits.

Este reportaje es el resultado del cruce de documentos legislativos internos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, información estadística oficial, análisis geopolíticos y financieros sobre Bolivia, investigaciones regionales sobre la expansión de Palantir Technologies, y fuentes de prensa verificadas de acceso público. Todos han sido sujetos a verificación de autenticidad, y, cuando existe incertidumbre en criterio del editor, se lo expresa así.

El momento es urgente. Mientras Bolivia atraviesa su mayor crisis económica en cuatro décadas y sus calles arden bajo bloqueos, el esquema articulado (legal y factual) de su futuro digital se negocia (o se entrega) en silencio.

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1. El contexto general

La inteligencia artificial que no es lo que parece

La narrativa dominante sobre la inteligencia artificial promete prosperidad universal, eficiencia estatal y modernización sin costo. Los datos apuntan en otra dirección.

Según el economista Daron Acemoglu, Premio Nobel de Economía 2024, el progreso tecnológico genera prosperidad compartida solo cuando se distribuye el poder entre trabajadores y empresas y cuando la tecnología crea nuevas tareas en lugar de limitarse a automatizar las existentes. En su conferencia para la UNESCO, Acemoglu documentó que, en Estados Unidos, entre 1980 y 2016, casi la mitad de los grupos demográficos no vieron mejorar sus ingresos reales, y que la automatización explica entre el 60 y 70% del aumento en la desigualdad salarial. “Somos nosotros quienes elegimos el tipo de instituciones en las que vivimos”, afirmó. “El problema actual es que estamos renunciando a esa decisión y dejando el debate sobre la IA en manos de unos pocos individuos”.

El empresario Matt Shumer, fundador de varias empresas de IA, escribió en febrero de 2026 que las herramientas de IA ya ejecutan proyectos completos de código sin intervención humana, y que este proceso, iniciado en el sector tecnológico, avanza hacia el derecho, la medicina, las finanzas y el análisis político.

La métrica METR (Model Evaluation and Threat Research) mide cuánto tardan los agentes de IA en completar desafíos complejos de software con una tasa de éxito del 50%. Los datos de mediados de 2026 revelan una aceleración sin precedentes: los modelos de frontera más capaces, como Claude Opus 4.6 y GPT-5.3, alcanzan un horizonte temporal de aproximadamente 17 horas, lo que significa que pueden completar de forma autónoma tareas que a un experto humano le tomarían ese tiempo de trabajo continuo. Los modelos en fase interna de prueba, aún no disponibles públicamente, superan ese horizonte y alcanzan tareas de 16 a 20 horas, situándose hasta dos meses por delante de lo que el público puede acceder. El paradigma MirrorCode, denominación de las versiones más avanzadas en desarrollo, ya aborda tareas cuya complejidad representa semanas completas de desarrollo humano. La tasa de duplicación de este horizonte temporal se estima en pocos meses, con un ritmo exponencial que no muestra señales de desaceleración. Para contextualizar la escala del cambio: en 2024, ese mismo horizonte era de menos de una hora.

Lo que esto significa, en términos concretos, es que el reemplazo laboral no es una proyección futura: ya ocurre. Y que sus costos no son neutros. Las empresas de IA tienen deudas colosales. Anthropic, que desarrolla Claude, levantó cientos de millones para financiar su investigación. Mistral, el rival europeo, recaudó 830 millones de dólares solo para infraestructura. Las valoraciones de estas compañías se sostienen en expectativas de crecimiento a largo plazo, mientras sus deudas son inmediatas.

Este modelo de negocio presiona directamente sobre los recursos estratégicos del mundo. Los centros de datos consumen cantidades crecientes de agua, energía y minerales críticos. Un reportaje de Anton Leicht para Le Grand Continent documenta que dar acceso a un modelo de IA de vanguardia tiene un costo marginal enorme: “Los principales desarrolladores se enfrentan regularmente a una escasez de recursos de computación”. Anthropic debió aliarse con xAI, empresa rival de Elon Musk, para acceder a centros de datos menos utilizados. La IA no es abundancia: es escasez que se distribuye de forma asimétrica.

Palantir y Peter Thiel: el ojo de Sauron llega al Sur Global

Palantir Technologies no es una empresa tecnológica ordinaria. Fundada tras el 11 de septiembre de 2001 con financiamiento inicial de la CIA, construyó su modelo de negocio sobre el análisis masivo de datos para agencias de inteligencia, fuerzas armadas e inmigración. En 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos firmó un contrato adicional de 1.000 millones de dólares con la compañía para potenciar las operaciones del ICE, la agencia migratoria.

Peter Thiel, su cofundador y presidente de la junta directiva, escribió en 2009 sin ambigüedades: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. Su biógrafo Max Chafkin lo describe como alguien con “un anhelo de un ejecutivo más poderoso, un dictador”. Thiel financió con 15 millones de dólares la campaña senatorial de JD Vance, hoy vicepresidente de Estados Unidos, y aportó 1,25 millones al primer ascenso de Donald Trump.

Su CEO, Alex Karp, doctor en teoría social con un patrimonio de 18.000 millones de dólares, publicó en 2025 La república tecnológica: Poder duro, pensamiento débil y el futuro de Occidente. En sus cartas a accionistas, Karp cita al teórico Samuel Huntington para justificar el modelo de negocios de la empresa: “El ascenso de Occidente no fue posible por la superioridad de sus ideas o valores, sino por su superioridad en la aplicación de la violencia organizada”. En abril de 2026, la cuenta oficial de Palantir en X publicó un manifiesto de 22 puntos que defiende la colaboración estrecha entre tecnológicas y Estados para asegurar la supremacía militar de Occidente.

El periodista Nicolás Lantos, de El Destape (Argentina), ha documentado con consistencia la penetración de este ecosistema en su país. En editoriales y análisis sucesivos (ver “Palantir en Argentina, la arquitectura del espionaje”, “Argentina en el ojo de Palantir”, “El plan de Palantir y el Pentágono para América Latina” o “Milei+Palantir=Fraude”), Lantos describe la alianza entre Silicon Valley y el giro autoritario de Trump como la expresión más clara del tecnofeudalismo: los nuevos señores no controlan la tierra, controlan los algoritmos, las plataformas y los datos.

En ese contexto, Javier Milei usó las páginas del Financial Times para invitar a la inteligencia artificial a liberarse a sí misma. Milei propone la categoría jurídica de “corporación no humana” para que agentes de IA y robots operen con independencia y responsabilidad limitada, “precondición para su existencia”. Esto convertiría a Buenos Aires para la IA en “lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación”, un puerto legal donde el capital tecnológico pueda desplegarse sin las “mortíferas manos de una regulación prematura y mal comprendida”.

Analistas observan que esta apertura radical, con baja presión fiscal y la potestad de las empresas para elegir su propia ley de gobierno corporativo, se decide desde la cúpula ejecutiva, sin plebiscito, sin debate legislativo profundo ni mecanismos de participación popular. La población argentina, que eligió democráticamente a Milei para presidir, no tiene hoy ninguna vía para pronunciarse sobre si desea que su país se convierta en un laboratorio de algoritmos sin frenos, donde entidades autónomas y no humanas gocen de derechos patrimoniales mientras los ciudadanos quedan expuestos a sus decisiones sin asomo de control directo.

El sociólogo Thomas Dekeyser nombra esta dinámica como “el abandono activo de la fachada progresista en favor de una aceptación mucho más abierta de un estrecho vínculo entre los intereses del Estado y los de las empresas”. Y pregunta: “¿Quién escucha hoy a las comunidades locales afectadas por el desarrollo de los centros de datos? ¿O incluso a la población en general, que expresa su profunda preocupación ante los avances de la IA?”

El arma que nadie debería tener: Claude Mythos

En abril de 2026, Anthropic anunció Claude Mythos Preview, un modelo de inteligencia artificial que la propia empresa reconoció como demasiado peligroso para el público general. El modelo es capaz, siguiendo instrucciones simples, de identificar y explotar vulnerabilidades de día cero en sistemas operativos y navegadores de forma autónoma. En pruebas internas, encontró una vulnerabilidad que había permanecido oculta durante 27 años en OpenBSD, y ya había identificado más de 23.000 vulnerabilidades potenciales en proyectos de código abierto.

El acceso a Mythos está restringido al Proyecto Glasswing, que involucra a un puñado de empresas y organismos gubernamentales, todos con sede en Estados Unidos. Esto no es filantropía: es geopolítica. Quien tenga acceso a Mythos tiene una capacidad ofensiva digital sin precedentes. Quien no lo tenga, enfrenta un déficit estructural en ciberseguridad que ninguna ley nacional puede compensar si no existe la infraestructura para hacerlo.

Leicht documentó que esta dinámica crea divisiones geopolíticas nuevas: los países se dividirán entre aquellos que tienen acceso a tecnologías de vanguardia y los que no. “Si fracasamos, tendremos que asumir los costos económicos y geopolíticos”.

Bolivia, en este mapa, está en el margen más vulnerable.

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2. El contexto regional

El recorrido de Thiel por América Latina

Antes de que Rodrigo Paz asumiera la presidencia de Bolivia, Peter Thiel ya había trazado un recorrido estratégico por el Cono Sur. En cinco semanas, se reunió con cuatro presidentes y adquirió bienes inmuebles por 22 millones de dólares. A bordo de su Bombardier Global 7500, aterrizó primero en Buenos Aires y desde allí desplegó una estrategia de posicionamiento territorial que incluyó encuentros reservados, operaciones inmobiliarias con características de búnker y la siembra de contratos tecnológicos en los estados de la región.

Ecuador: la puerta de entrada de Palantir

Antes de que Thiel pisara suelo sudamericano, Ecuador ya funcionaba como laboratorio. En 2025, el gobierno de Daniel Noboa firmó acuerdos con Palantir para usar la plataforma Foundry en el control aduanero. En enero de 2026, Alex Karp y Noboa se reunieron en el Foro de Davos y anunciaron que la compañía abriría sus primeras oficinas en América Latina, en Quito. La colaboración se extendió al combate de la minería ilegal, la pesca irregular y la prevención de fraudes en el sector público. Para mayo de 2026, Ecuador tenía conversaciones avanzadas para expandir Palantir a salud y seguridad interior. El contenido exacto de los contratos no fue divulgado.

Chile: ley de inteligencia bajo la presidencia de Kast

Thiel visitó al presidente José Antonio Kast antes de viajar a Buenos Aires. La reunión fue de carácter reservado y generó pedidos de informes parlamentarios. Palantir ya había registrado su marca en Chile con el objetivo de ofrecer al Estado plataformas de seguridad, aduanas y digitalización.

El 30 de mayo de 2026, el gobierno de Kast promulgó la Ley N°21.821, que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado y centraliza la producción de inteligencia estratégica directamente bajo la presidencia. La ley crea exactamente la arquitectura que Palantir necesita para anclar su plataforma en el núcleo del poder ejecutivo. Además, Thiel se reunió en Chile con José Piñera, el arquitecto del Código Minero que privatizó el cobre y diseñó el sistema de AFP, en el marco del interés de Thiel por la minería de metales en el país.

Uruguay: el búnker de Punta del Este

En mayo de 2026, Thiel realizó una operación inmobiliaria que supera en significado a la mansión de Buenos Aires: adquirió cinco lotes en el complejo Fasano Las Piedras, en Maldonado, a pocos minutos de Punta del Este, por aproximadamente 10 millones de dólares. La operación fue confirmada por cinco medios de la región. Ni Thiel ni su oficina hicieron declaraciones públicas. Según información del propio desarrollo publicada por Infobae, la propiedad incluirá cámaras frigoríficas, áreas técnicas para funcionamiento independiente durante períodos prolongados, estructuras de hormigón reforzado y sistemas de control diseñados para operar sin servicios externos: todo lo que el mercado inmobiliario llama, sin ambages, un búnker.

El New York Times reportó que Thiel ha confesado a amigos cercanos que tiene miedo de la guerra nuclear y de los riesgos de la inteligencia artificial. Abandonó California antes del 1 de enero de 2026, fecha límite de residencia para una iniciativa fiscal que le habría costado 1.400 millones de dólares en impuestos sobre su patrimonio de 28.000 millones, y trasladó a su familia al Río de la Plata.

Argentina: Casa Rosada, mansión y gemelo digital

El desembarco más ostensible ocurrió en Argentina. En abril de 2026, Thiel llegó a Buenos Aires, compró una mansión en el barrio Palermo Parque por aproximadamente 12 millones de dólares, y se reunió en privado con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Sin agenda publicada, sin periodistas. El embajador argentino Alec Oxenford había señalado que Thiel consideró que “las ideas de Milei son tan relevantes a nivel mundial como lo son para la Argentina”. Ningún gobierno ni Palantir confirmó un contrato formal.

El 22 de mayo de 2026, Argentina lanzó el “Gemelo Digital Social”, un sistema que cruza registros de la ANSES, datos tributarios, sanitarios y sociales. Fue narrado con la terminología exacta que Palantir usa para su plataforma Foundry en su página oficial; el gobierno de Milei no reveló qué empresa lo ejecuta. Paralelamente, el análisis de El Destape, mediante acceso a la información pública, reveló que Argentina firmó memorándums de entendimiento con Israel sobre inteligencia artificial y lucha antiterrorista, en el marco de los cuales se mencionó la posible incorporación de empresas israelíes de tecnología de vigilancia. Uno de esos acuerdos estaba vinculado a un crédito de 150 millones de dólares.

El investigador Ariel Garbarz, ingeniero en Electrónica y especialista en IA, describió el alcance real del sistema: “Palantir viene a enchufarse al sistema nervioso del Estado: energía, datos, comunicaciones, infraestructura, seguridad, servicios digitales, registros públicos, migraciones, salud, educación, justicia, bancos, cámaras, cárceles, redes sociales y geolocalización”.

Paraguay: centro de datos con Taiwán y reunión presidencial

El 13 de mayo, en la misma gira que lo llevó a reunirse con Milei y Kast, Thiel se presentó en la casa presidencial de Paraguay, el Mburuvicha Róga, con el lenguaje característico del momento: “oportunidades para el capital privado en inteligencia artificial, energía y tecnología financiera”. El presidente paraguayo, Santiago Peña, ya se había referido a Thiel como “uno de los inversores más visionarios del mundo”.

El país había firmado con Taiwán el proyecto “Yguazú Digital”, un centro soberano de computación de IA que en su fase final consumiría el equivalente a una turbina y media de la represa de Itaipú (aproximadamente 500 megavatios, comparable al consumo anual de 500.000 hogares). El Cono Sur tiene esa energía sin la regulación que la proteja.

Lo que busca Thiel en América Latina

El Technological Republic, el libro de Karp, ofrece la respuesta más explícita. Su tesis central es que las democracias liberales deben aliarse con las empresas tecnológicas para mantener la supremacía militar y económica de Occidente frente a China. América Latina es, en este esquema, una zona de influencia por dominar: controlar sus datos, vigilar sus poblaciones, asegurar sus minerales y garantizar que sus gobiernos sean aliados estratégicos antes que soberanos.

La lectura geopolítica de estos movimientos es relevante para el contexto boliviano. Un hombre que ha construido uno de los sistemas de vigilancia más potentes del mundo, y que por tanto sabe más sobre la estabilidad política de cada país que sus propios gobiernos, decide que el hemisferio sur es el lugar más seguro para sobrevivir a las crisis que su propio modelo de negocios ayuda a crear. Quien construye el Palantir también necesita un lugar donde el Palantir no lo alcance. La suma de sus inversiones inmobiliarias en la región supera los 22 millones de dólares, mientras Palantir factura 687 millones de dólares en contratos con el gobierno Trump solo en el primer trimestre de 2026, y Anduril Industries, otra empresa de tecnología militar donde Thiel tiene participación, firma un contrato de 10 años con el Ejército de Estados Unidos por hasta 20.000 millones.

Un análisis comparativo publicado por El País identificó un patrón que no puede atribuirse a la casualidad: Argentina en 2023, Bolivia en 2025, y en menor medida Honduras, siguieron el mismo itinerario: acuerdos con el FMI, créditos multilaterales condicionados del BID y la CAF, autorización de Starlink, restablecimiento de relaciones con Israel, apertura de sectores de minerales críticos a la inversión extranjera mediante memorandos con Washington, y reincorporación de la cooperación con agencias de seguridad de Estados Unidos.

Thiel, según investigadores y periodistas que han seguido su trayectoria, no actúa como un inversor común. Su visita al Cono Sur es parte de una estrategia de posicionamiento territorial. Comprar una mansión, reunirse con presidentes sin agenda pública, y aparecer en el momento exacto en que sus socios del gobierno Trump refuerzan vínculos con esos países no es coincidencia: es ejecución de objetivos políticos.

Perú: el alumno adelantado

Perú lleva la delantera regulatoria en la región. En julio de 2023 aprobó la Ley 31814, que promueve el uso de IA en favor del desarrollo económico y social. Su reglamento entró en vigor en enero de 2026. El 1 de mayo de 2026, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026–2030 (ENIA) mediante la Resolución Ministerial N.° 152-2026-PCM. La norma es de aplicación obligatoria para entidades públicas y empresas estatales, y crea el Catálogo IA Perú, una plataforma que reúne modelos, datos y métricas bajo estándares de transparencia. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital actúa como ente rector.

Perú no ha resuelto todos sus problemas: sus plataformas de datos abiertos siguen operando con tecnología obsoleta y la mayoría de archivos se publican en formatos poco procesables por máquina, lo que limita la interoperabilidad. Pero tiene una ley con reglamento activo, una estrategia con horizonte definido y una autoridad de aplicación operativa. Bolivia no tiene nada equivalente en vigor.

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3. El contexto nacional

Un gobierno alineado, en urgencia

Rodrigo Paz Pereira asumió la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2025, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas. Su discurso inaugural fue claro: “El país que recibimos está devastado”. A su investidura asistieron los presidentes de Argentina (Milei), Chile (Boric), Ecuador (Noboa), Uruguay (Orsi) y Paraguay (Peña). El alineamiento geopolítico con el bloque favorable a Washington fue inmediato.

En cinco días de gestión, la embajada de Estados Unidos en La Paz ya mencionaba a Starlink en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas. El 24 de diciembre de 2025, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 5509, que autorizó a empresas de internet satelital de órbita baja, como Starlink, OneWeb y Kuiper de Amazon, a operar en Bolivia. El 3 de febrero de 2026, Starlink inició operaciones en alianza con Entel, la empresa estatal de telecomunicaciones.

Setenta y siete días desde la asunción hasta el inicio de operaciones de Starlink, que había sido prohibida durante años por razones de soberanía digital. Un análisis publicado por El País señaló lo que el gobierno no dijo: “Starlink no es una empresa de telefonía, sino una infraestructura de datos”. Y Bolivia no tiene una ley de protección de datos que encuadre qué ocurre con la información de sus ciudadanos cuando pasa por los satélites de Elon Musk. El propio Decreto 5509 autorizó operaciones sin ese marco normativo previo.

El Decreto también anunció 10.000 becas de formación tecnológica en alianza con IBM, Google, Amazon Web Services, Oracle y el Project Management Institute. El esquema concreto de la dependencia tecnológica se instaló antes que la discusión pública.

El 28 de abril de 2026, el vicesecretario estadounidense Caleb Orr y el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, firmaron un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, con el litio como prioridad. El convenio no establece ninguna garantía de industrialización en territorio boliviano ni obliga a las empresas interesadas a construir plantas de procesamiento ni a definir mecanismos de transferencia tecnológica.

Los préstamos y su costo

Entre noviembre de 2025 y junio de 2026, el gobierno de Paz formalizó el siguiente paquete de deuda:

• USD 3.100 millones con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), aprobados en diciembre de 2025 para estabilidad macroeconómica, inversión pública y sostenibilidad ambiental en el periodo 2025-2030.
• USD 4.500 millones del BID, acordados en enero de 2026 para el periodo 2026-2028, enfocados en protección social, infraestructura y apoyo presupuestario.
• Negociaciones activas con el FMI que fluctuaron entre USD 3.300 millones y USD 5.000 millones.
• Emisión de bonos soberanos por USD 1.000 millones al 9,45% con vencimiento en 2031, marcando el retorno de Bolivia a los mercados internacionales de deuda.

La deuda externa pública acumulada a marzo de 2026 era de USD 13.429,8 millones, equivalente al 24,3% del PIB. Con todos los compromisos ya asumidos, economistas estiman que el total de obligaciones podría superar los USD 21.700 millones al cierre del primer semestre de 2026. El servicio anual de esa deuda podría alcanzar los USD 5.000 millones, equivalentes a aproximadamente el 10% de un PIB estimado en USD 50.000 millones, una cifra significativa pero manejable solo si los ingresos del litio se materializan en tiempo.

El problema es que las estimaciones más optimistas ubican la producción industrial a gran escala del litio en, al menos, una década: es decir, después del vencimiento de los bonos en 2031. Las reservas internacionales totales a marzo de 2026 alcanzaban USD 3.612 millones, de los cuales apenas USD 144 millones correspondían a divisas líquidas: una restricción de liquidez severa que limita la capacidad de reacción ante cualquier shock externo.

Los bloqueos: una crisis con tres capas de video

Desde el 1 de mayo de 2026, Bolivia vive movilizaciones sostenidas: campesinos, obreros, mineros, transportistas, maestros y otros sectores bloquearon carreteras exigiendo primero soluciones a la crisis económica y de combustible, y luego la renuncia del presidente. Al 27 de mayo los conflictos habían dejado al menos 7 muertos y 120 detenidos. Para el 5 de junio, Bolivia acumulaba más de 30 días de bloqueos, el país seguía sin abastecimiento normal, y el gobierno había cambiado tres ministros (Defensa, Educación y Trabajo) en medio de la presión.

Lo que ocurrió con los videos durante esas semanas exige una distinción precisa, porque en la misma crisis convivieron tres tipos de material audiovisual radicalmente distintos: deepfakes fabricados para desinformar, material real de manifestantes usado por el gobierno como evidencia, y un video auténtico del propio presidente que fue publicado y luego borrado de sus cuentas oficiales. Confundirlos sería un error periodístico. Son tres fenómenos separados, pero los tres habitan el mismo vacío normativo: Bolivia no tiene ley de IA, no tiene ley de protección de datos, y no tiene institución con mandato explícito de regular estos contenidos.

Los deepfakes: fabricaciones sobre la imagen presidencial

Bolivia Verifica documentó al menos tres piezas de contenido falso generado con IA que circularon durante la crisis:

Un deepfake en el que Rodrigo Paz “anuncia su renuncia” y la asunción del vicepresidente Edman Lara, difundido más de 3.000 veces en TikTok con el logotipo del canal Red Uno. El análisis con la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector arrojó un puntaje de autenticidad de entre 2 y 27 sobre 100, concluyendo que el audio fue generado artificialmente. El video utilizó una conferencia de prensa real de Paz, con el audio completamente reemplazado.

Un deepfake en el que Paz realiza declaraciones discriminatorias contra mujeres de pollera y sectores indígenas. La verificación demostró que el material corresponde a la conferencia de prensa real del 20 de mayo de 2026, manipulada: en ninguna parte de ese evento el presidente realizó las expresiones atribuidas.

Un deepfake en el que Paz promueve inversiones con retornos de 5.000 bolivianos en 24 horas. La herramienta Hiya arrojó 1% de autenticidad; Hive Moderation determinó 99,1% de probabilidad de generación artificial.

En todos los casos, la mecánica fue la misma: un video real del presidente fue utilizado como base visual, con el audio original reemplazado por uno generado con IA. La entonación poco natural, las pausas irregulares y la falta de sincronización entre el movimiento labial y el audio son los indicios técnicos que los sistemas de verificación identificaron.

El video de los Ponchos Rojos: material de manifestantes presentado como evidencia

El 18 de mayo de 2026, el vocero presidencial José Luis Gálvez mostró en conferencia de prensa un video difundido en redes sociales en el que aparecía una veintena de supuestos miembros de la organización campesina aymara del altiplano Ponchos Rojos en una carretera andina, mostrando armas antiguas y gritando “ahora sí, guerra civil”. Gálvez lo presentó como evidencia de que sectores afines a Evo Morales habían “pasado al uso de armas”. No existe verificación independiente publicada sobre la cadena de custodia del video, quién lo grabó ni en qué circunstancias exactas fue producido.

El video real borrado: la convocatoria presidencial a la militarización civil

El caso más significativo desde el punto de vista político y el que más directamente atañe al debate sobre la información en tiempos de IA es el del 3 de junio de 2026. Ese día, tras posesionar al nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano (quien reemplazó a Marcelo Salinas, renunciante), el presidente Paz publicó un video en sus cuentas oficiales de redes sociales. El contenido era claro: “Necesitamos que toda la sociedad boliviana, aquellos que quieren la Bolivia del futuro, se movilice, se movilice junto a nuestras Fuerzas Armadas, junto a nuestra Policía, se movilicen para desbloquear el país, defender la democracia, la institucionalidad y la Constitución”. El video también incluía el anuncio del plan “Acción Humanitaria” y el envío al Parlamento de un proyecto de ley para reglamentar los estados de excepción.

Minutos después de su publicación, el video fue eliminado de todas las plataformas oficiales del presidente sin explicación inmediata.

El material se viralizó de todas formas. Ante la circulación masiva y las dudas sobre su autenticidad, en un contexto donde los deepfakes habían proliferado, varios medios consultaron a la Vocería Presidencial. El vocero José Luis Gálvez confirmó la autenticidad del video y explicó las circunstancias de su publicación y posterior borrado: “El presidente grabó un video para que tenga postproducción, no lo ha vuelto a revisar y los técnicos lo publicaron sin una previa revisión de los detalles”. Según la versión oficial, fue un error técnico del equipo de comunicación.

Bolivia Verifica sometió el material a análisis visual y técnico y concluyó: el video es verdadero. Las declaraciones atribuidas al mandatario fueron efectivamente realizadas por él. La verificadora publicó su conclusión el 4 de junio de 2026: “Por ello, Bolivia Verifica concluye que el video es verdadero y que las declaraciones atribuidas al mandatario fueron efectivamente realizadas por él”.

La secuencia tiene consecuencias analíticas importantes. Un presidente que acaba de impulsar la abrogación de la Ley 1341, que contenía las salvaguardas para los estados de excepción, que ha enviado al Parlamento un proyecto para reglamentar esos estados, que ha cambiado a su ministro de Defensa, y que ese mismo día convoca a la ciudadanía a “movilizarse junto a las Fuerzas Armadas y la Policía”, grabó ese llamado, lo publicó y lo borró. La explicación oficial es un error técnico de postproducción. Otras lecturas, como que el video fue borrado por el tono confrontacional que podía generar, o por presión de asesores que advirtieron sus implicancias legales en el contexto de un proyecto de ley sobre estados de excepción aún no aprobado, no han sido confirmadas por ninguna fuente. Lo que sí está confirmado, por la propia vocería presidencial y por la verificación independiente de Bolivia Verifica, es que las palabras son auténticas.

El episodio ilustra con precisión el problema central de Bolivia frente a la IA y la desinformación: en un entorno donde los deepfakes circulan masivamente y donde el gobierno mismo usa videos de manifestantes como evidencia política, un video auténtico del presidente puede ser confundido con una falsificación. La única institución que estableció la verdad fue un medio de verificación periodística independiente. No existe ninguna autoridad estatal con mandato técnico para hacer ese trabajo de forma sistemática, porque Bolivia no tiene ley de IA, no tiene ley de protección de datos y no tiene organismo regulador de estos contenidos.

El apoyo de Washington y la escalada institucional

El 3 de junio de 2026, el mismo día del video borrado, el presidente Paz posesionó al nuevo ministro de Defensa Ernesto Justiniano, con experiencia como “zar antidrogas”, y anunció la remisión al Parlamento de una ley para reglamentar los estados de excepción. Evo Morales señaló que Justiniano había mantenido una reunión reciente con la DEA, un vínculo que el gobierno no confirmó ni desmintió.

El 4 de junio de 2026, el secretario de Estado Marco Rubio llamó al presidente Paz para reafirmar el “compromiso inquebrantable” de Estados Unidos con la democracia boliviana y su “labor de reconstrucción del país tras veinte años de políticas socialistas fallidas”. El Departamento de Estado calificó de “ilegales” los bloqueos y denunció que están “destinados a desestabilizar la sociedad boliviana”. Rubio anunció que Estados Unidos intensificaría la asistencia médica, de alimentos y el apoyo logístico al gobierno.

El mismo día, el secretario de Guerra Pete Hegseth publicó en X: “El Departamento de Guerra y la Coalición Contra el Cártel de las Américas (A3C) rechazan todo intento de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia. Estados Unidos está atento. Bolivia no debe permitir que vuelva el antiguo dominio narcoterrorista en la región”.

Bolivia se adhirió en marzo de 2026 al “Escudo de las Américas” (A3C), el pacto multilateral liderado por Washington para combatir cárteles e influencias extranjeras en la región. Esa adhesión es la que da marco formal al respaldo de Hegseth.

Para el 5 de junio de 2026, el Senado había aprobado el proyecto de ley de reglamentación de estados de excepción, y la Cámara de Diputados activaba su tratamiento para el fin de semana. Decenas de policías y militares, encabezados por el propio Justiniano, trabajaban desde la madrugada para restablecer el tránsito. El presidente declaró: “El estado de excepción es una acción que permite la Constitución. Ese marco legal se tiene que debatir en la Cámara de Diputados”. El 6 de junio, la Cámara de Diputados sesionaba la ley de estados de excepción, extendiéndose hasta la madrugada del 7 de junio.

La cadena completa es: abrogación de la Ley 1341 en mayo → remoción de salvaguardas para los estados de excepción → cambio de ministro de Defensa → video presidencial convocando a la movilización civil junto a las FFAA (borrado) → apoyo explícito de Rubio y Hegseth → nueva ley de estados de excepción → inicio de operativos militares. Todo en el lapso de dos semanas, sin que exista ninguna ley de IA ni ninguna autoridad reguladora de los contenidos digitales que circularon durante la crisis.

San Julián, 6 de junio de 2026: la primera sangre del plan “Acción Humanitaria”

El 6 de junio de 2026, a las 6:30 de la mañana, un contingente mixto de policías y militares llegó al municipio cruceño de San Julián para desbloquear la carretera que une Santa Cruz con el departamento de Beni, paralizada desde hace 24 días por campesinos y sectores organizados. Era la primera prueba de fuego del plan “Acción Humanitaria” anunciado por el presidente Paz junto con el video que luego borró.

Los manifestantes respondieron con palos, piedras, quema de llantas, pastizales y troncos. La policía usó gases lacrimógenos para intentar dispersarlos. Durante el operativo, que duró cuatro horas, se reportaron disparos. Se reportó que hasta cuatro policías resultaron heridos de bala, uno de ellos en la cabeza, trasladado de emergencia al Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud. Al menos 30 civiles también resultaron heridos. Una motocicleta fue incendiada en la carretera. Un periodista que transmitía en vivo para Radio Nirvana estuvo a punto de ser alcanzado por un machetazo; el momento quedó grabado en la transmisión y se viralizó en redes sociales. Después de cuatro horas, la policía se replegó de la zona “por razones de seguridad”. El bloqueo seguía en pie al cierre de este reportaje.

En paralelo a la intervención policial, grupos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), organización cívica de Santa Cruz con historial de confrontación con movimientos indígenas y campesinos, se trasladaron a San Julián y participaron en los enfrentamientos junto a los manifestantes y ante la presencia de efectivos policiales. Evo Morales calificó la situación de “paramilitarismo” y advirtió que “cuando se alienta la confrontación entre bolivianos, se debilita la institucionalidad democrática y se pone en riesgo la vida del pueblo”. De acuerdo a diversas fuentes, la organización cívica retrocedió ante el avance de los bloqueadores.

Por otra parte, el Ejército boliviano desmintió mediante comunicado que 800 integrantes de la UJC hayan sido alojados en el Colegio Militar del Ejército en Irpavi, calificando dicha información de “absolutamente falsa”.

El balance oficial de la Defensoría del Pueblo al 6 de junio de 2026 era de 10 muertos, 37 heridos y más de un centenar de procesados desde el inicio de las protestas el 1 de mayo. Siete de las muertes correspondían a personas que no pudieron acceder a atención médica a tiempo por los bloqueos. Respecto al operativo en San Julián, la verificación in situ recogió 16 civiles heridos, dos de ellos aún internados, y 19 efectivos policiales afectados.

Lo que San Julián revela en el contexto de esta investigación es que el Estado boliviano ya está ejecutando operaciones de control territorial, con bajas reales, con participación de civiles organizados, con transmisiones en vivo que se viralizan a nivel internacional, sin ningún sistema de regulación sobre cómo se documenta, almacena, analiza o comparte esa información. Las imágenes del machetazo al periodista y las de los policías heridos circularon por las mismas plataformas que los deepfakes de renuncia presidencial. En ese ecosistema sin árbitro, no existe tecnología que distinga la verdad de la manipulación sin inversión institucional específica. Y esa inversión no existe.

Starlink y la narrativa educativa

El 5 de junio de 2026, un día antes de los enfrentamientos en San Julián, la cuenta oficial de Starlink publicó en X: “Starlink está conectando a más de 1.000 personas, incluidos estudiantes y profesores de 14 escuelas en Bolivia, a un internet de alta velocidad confiable, permitiéndoles desarrollar habilidades digitales y mejorar los niveles de alfabetización”. A las 9:39 de la noche, Elon Musk reposteó el mensaje con la leyenda: “Starlink connecting schools in Bolivia”. A las 10:00 de la noche, Fernando Cerimedo reposteó el mensaje de Musk.

La publicación de Musk llega cuando Bolivia lleva más de un mes en crisis política abierta, con bloqueos y muertos. El gobierno de Paz recibe el apoyo explícito de la administración Trump, de la que Musk es figura orgánica, y la empresa que opera sin ley de protección de datos en territorio boliviano, sin marco regulatorio de soberanía digital, elige ese momento para publicar imágenes de niños y maestros conectados a sus satélites.

La narrativa educativa cumple la función de humanizar la infraestructura de datos, haciendo difícil y contradictoria la oposición a Starlink, una empresa que promueve la educación de los niños bolivianos. Es un mecanismo de legitimación pública que se ejecuta en el mismo momento en que el debate regulatorio sobre esa infraestructura está completamente paralizado en las cámaras legislativas.

La combinación de deuda creciente, respaldo militar de Washington, desmantelamiento de salvaguardas legales, ausencia total de regulación sobre IA y vigilancia, y una narrativa de conectividad educativa que avanza sin marco normativo forma un ecosistema donde el margen para la soberanía digital se estrecha mientras se ensanchan las dependencias, y donde la verdad y la falsificación compiten en las mismas plataformas sin árbitro institucional.

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4. Proyectos de Ley sobre IA en Bolivia

Un laberinto de cuatro proyectos y un rompecabezas de siglas

Bolivia tiene, a junio de 2026, al menos cuatro proyectos de ley sobre inteligencia artificial en distintos estados de tramitación y un proyecto adicional sobre el Sistema de Inteligencia del Estado Plurinacional. Ninguno está vigente. El detalle:

El dato más revelador del análisis político: el PL-288, presentado por el PDC como iniciativa propia, reproduce casi totalmente el texto del PL-558 de Comunidad Ciudadana, la oposición de la gestión anterior. La diferencia crucial: en el texto original, la autoridad propuesta era la ASFIA, una entidad nueva e independiente. En la versión del PDC, esa autoridad es AGETIC, la agencia existente bajo control del Ejecutivo. El partido gobernante copió la ley de la oposición, pero cambió el órgano de control para que quedara bajo su órbita.

Qué dicen los proyectos

Los cuatro proyectos sobre IA coinciden en varios antecedentes: Bolivia ocupa el puesto 16 de 19 países en el Índice Latinoamericano de IA (ILIA), con un puntaje de 25 sobre 100. Y el puesto 117 de 138 países en el Índice Global de IA Responsable (GIRAI), último en Sudamérica. El caso detonante citado en todos los proyectos: el 10 de febrero de 2025, una organización criminal usó IA para clonar la voz del Ministro de Educación.

Los textos prohíben, con variaciones:

• Manipulación subliminal
• Reconocimiento facial masivo sin autorización judicial
• Sistemas de puntuación social
• Uso militar con toma de decisiones autónomas sobre fuerza letal
• Vigilancia masiva sin justificación legal

El PL-CS-178 incluye prohibiciones adicionales no presentes en los demás: la inferencia de emociones en lugares de trabajo y centros educativos, y la creación de bases de datos de reconocimiento facial mediante extracción no selectiva. Solo ese proyecto reconoce el derecho de los ciudadanos a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado con efectos jurídicos perjudiciales.

El régimen sancionatorio varía. Mientras el PL-CS-178 establece multas de hasta 10 salarios mínimos nacionales, un monto modesto frente a corporaciones transnacionales, los otros proyectos dejan los montos para reglamentación posterior.

El proyecto del sistema de inteligencia estatal

El PL-102, que busca crear el Sistema de Inteligencia del Estado Plurinacional (SIEP), es el que tiene más afinidad directa con el programa de gobierno de Rodrigo Paz. El documento analizado contiene una estructura que incluye: la Dirección General del SIEP bajo la Presidencia del Estado, organismos de inteligencia en el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Una restricción llamativa: los funcionarios no podrán desempeñarse en el SIEP si “guardan vínculos familiares con extranjeros o hayan suscrito contratos con empresas transnacionales”. Esta cláusula, en el contexto de una administración que acaba de firmar convenios con Starlink, Amazon, IBM, Oracle, Google y el gobierno de Estados Unidos, no deja de ser irónica.

El SIEP clasifica toda su documentación. La información clasificada “no podrá ser divulgada, revelada ni reproducida”. Esto entra en tensión directa con los derechos de acceso a la información y el control ciudadano, pero ninguno de los proyectos de IA incluye excepciones ni salvaguardas para coordinar ambos marcos.

¿Son suficientes las leyes?

El análisis de la analista financiera y política Edith Gálvez es categórico: “en el contexto geopolítico actual, los proyectos de ley bolivianos son insuficientes, aunque estuvieran aprobados”. Gálvez apunta tres razones estructurales:

Primera: Las prohibiciones legales bolivianas no tienen alcance extraterritorial. Si Palantir opera en Bolivia desde servidores en Estados Unidos, o si el gobierno boliviano accede a plataformas de análisis de datos alojadas en la nube de Amazon, Google o Microsoft, la ley boliviana no puede fiscalizar el tratamiento real de esa información. La Cloud Act estadounidense, que obliga a las empresas tecnológicas norteamericanas a entregar datos a su gobierno cuando lo solicite, aplica independientemente de dónde esté el usuario.

Segunda: Ninguno de los proyectos prevé mecanismos de financiamiento para que la autoridad de aplicación, sea AGETIC o ASFIA, tenga la capacidad técnica real de auditar algoritmos propietarios de empresas transnacionales. Inspeccionar el código de Palantir o los modelos de IA desplegados por una empresa de ciberseguridad estadounidense requiere capacidades que Bolivia no tiene.

Tercera: El diseño de la dependencia tecnológica ya está instalado antes de que exista la ley. Starlink opera sin ley de protección de datos. Las becas del gobierno con IBM, Google y Amazon crean vínculos institucionales con empresas cuyos modelos de negocio se basan en la captura de datos. Una ley posterior a esos acuerdos tendrá que negociar contra intereses ya consolidados.

Gálvez propone que cualquier marco regulatorio boliviano verdaderamente soberano debe incluir, como condición no negociable, la “residencia de datos en servidores bolivianos o de países con legislación compatible, la prohibición de transferencia de datos de ciudadanos bolivianos a sistemas de análisis extranjeros sin consentimiento comunitario, y la auditoría obligatoria de cualquier sistema de IA que opere en el sector público por parte de una entidad técnica independiente del Ejecutivo”.

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5. La sabiduría ancestral como marco regulatorio

Lo que el Teko Porã le dice a Silicon Valley

Ante la mitología de la piedra vidente, Gálvez indica que Bolivia tiene otras ficciones fundadoras: “El Amaru, la serpiente bicéfala de los Andes, no es una criatura de vigilancia sino de transformación que conecta el mundo de abajo con el de arriba, lo húmedo con lo seco, el pasado con el futuro. No domina, sino que integra. El Teko Porã guaraní no es un ojo que ve todo, sino una ética de la plenitud comunitaria que no necesita control porque se construye sobre el vínculo. La Loma Santa de los guaraníes orientales no es una torre de vigilancia, porque es la Tierra Sin Mal, el horizonte que mueve a la comunidad y que no admite señores”.

“Bolivia, con sus propias ficciones fundadoras, que en realidad son cosmovisiones jurídicamente reconocidas y accionables, tiene las herramientas para no convertirse en un nodo más del Palantir de Sauron que Silicon Valley está construyendo sobre el mundo”, dice Gálvez.

El concepto guaraní de Teko Porã, “modo de ser en plenitud”, establece que el conocimiento es colectivo e inseparable del cuerpo social que lo genera. “Un dato sobre una persona guaraní no es un dato sobre un individuo, sino sobre una red de relaciones. Esto destruye el primer supuesto de Palantir, que trata los datos como bienes extraíbles de su contexto de origen”.

El Ñande Reko, “nuestro modo de ser”, establece que el consentimiento es comunitario, no individual. El GDPR europeo y cualquier marco de privacidad occidental asume que el titular del dato es la persona. “Pero el Ñande Reko dice que esto es una ficción. Si pertenezco a una comunidad, los datos sobre mí contienen información sobre todos. El consentimiento debe ser colectivo”.

Según Gálvez, la lógica de la Loma Santa guaraní, la Tierra Sin Mal como principio de movimiento, invierte el paradigma de la transparencia total: “Hay momentos en que la seguridad es la opacidad, la salida del registro, la invisibilidad. Esta es una base para el derecho al olvido colectivo y para la existencia de zonas de datos prohibidos”.

Las redes hidráulicas precolombinas del pueblo Mojeño-Trinitario del TIPNIS son, en términos de arquitectura de sistemas, un modelo de red distribuida sin nodo central: “Son miles de kilómetros cuadrados de canales sin un punto de control único. Es un esquema opuesto al panóptico de Palantir”.

El cabildo chiquitano, institución deliberativa rotativa, sin delegación a oráculos externos, establece que ningún algoritmo puede sustituir la deliberación colectiva con historia compartida. “Las decisiones de gobierno que afecten derechos deben tener supervisión humana comunitaria, no quedar delegadas a sistemas de puntuación automatizada”.

Gálvez apunta que Bolivia tiene algo que pocos países tienen: “El Convenio 169 de la OIT está ratificado, el artículo 30 de la Constitución de 2009 reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos, y el Vivir Bien está en el preámbulo constitucional”. Esto significa que un fideicomiso de datos guaraní en Bolivia tendría personería jurídica constitucional para demandar a cualquier actor, incluyendo al Estado, que procese datos de su comunidad sin consentimiento colectivo. “Es una palanca legal que la mayoría de los movimientos de soberanía de datos indígenas del mundo no tiene”.

La analista sostiene que Bolivia debería incorporar en su legislación de IA los principios CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics), desarrollados en 2019 por el Global Indigenous Data Alliance específicamente como respuesta a los marcos de datos abiertos ciegos a la soberanía indígena. “Combinados con herramientas técnicas como el aprendizaje federado, que permite entrenar modelos de IA sin que los datos salgan del territorio de quien los genera, y con contratos inteligentes de consentimiento revocable, estos principios ofrecen un camino real, no metafórico, hacia la soberanía de datos. Y Bolivia tiene la base constitucional para hacerlo de forma más ambiciosa que casi cualquier otro Estado”.

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6. Mirada prospectiva

Tres escenarios

Escenario 1: Entrega total

Bolivia aprueba una ley de IA laxa, con AGETIC como autoridad bajo control del Ejecutivo y sin capacidades reales de fiscalización. Firma contratos de digitalización estatal con proveedores como Palantir, Google o Amazon sin exigir residencia de datos ni transferencia tecnológica. El costo de digitalizar el Estado con IA se financia con deuda adicional: los estimados comparables internacionales ubican ese costo entre 2.250 y 3.600 millones de dólares en un horizonte de cinco a siete años, equivalente al 4,5% al 7,2% del PIB.

En este escenario, la deuda total boliviana superaría los 21.700 millones de dólares ya comprometidos al primer semestre de 2026. Los datos de ciudadanos bolivianos residen en servidores extranjeros, sujetos a la Cloud Act estadounidense. La “política” digital del Estado es, en la práctica, una extensión de la infraestructura de Silicon Valley. Cualquier crisis geopolítica entre Bolivia y Washington puede traducirse en corte de servicios críticos.

Escenario 2: Resistencia con leyes

Bolivia aprueba el marco regulatorio más robusto de los cuatro proyectos en disputa (el PL-CS-178, con sus prohibiciones de biometría masiva, inferencia emocional y reconocimiento facial sin orden judicial), crea una autoridad de supervisión independiente, e incorpora los principios CARE y el consentimiento comunitario para pueblos indígenas. Exige residencia de datos y auditorías independientes como condición para cualquier contrato público con empresas de IA.

En este escenario, Bolivia puede resistir la presión de Palantir y de los ecosistemas tecnológicos dependientes de Washington, pero a un costo político real: posibles fricciones con los multilaterales que condicionan sus créditos a “ambiente de negocios favorable”. La capacidad de ejecutar la ley depende de que AGETIC o ASFIA tengan presupuesto y personal técnico suficiente, algo que hoy no existe.

Escenario 3: Vía soberana total

Este escenario es el más difícil y el único que resuelve de raíz la contradicción. Requiere que Bolivia desarrolle capacidades tecnológicas propias: servidores estatales con software de código abierto, formación de ingenieros en universidades públicas con fondos no condicionados, y un modelo de gobierno digital que no dependa de licencias privadas. Estonia, la referencia mundial en gobierno digital, invirtió aproximadamente el 1,5% de su PIB anual durante una década. Para Bolivia, partiendo de una infraestructura limitada y bajo presión de deuda, esa trayectoria requeriría condiciones que hoy no están dadas.

Gálvez señala que la vía soberana no requiere un salto inmediato a la independencia tecnológica total, sino una secuencia estratégica: “Primero el marco legal con dientes reales, luego la formación de capacidades locales, luego la negociación de transferencia tecnológica como condición de cualquier acuerdo con empresas extranjeras, y finalmente el desarrollo gradual de infraestructura propia. La clave está en no construir la dependencia primero y la regulación después, que es exactamente lo que Bolivia hizo con Starlink tras asumir Paz Pereira, aunque pueda revocar la decisión”.

Los préstamos y la IA: ¿está incluido el gobierno digital?

Los créditos del BID y la CAF firmados por Paz se destinan a proyectos de desarrollo en infraestructura, empresas estatales y diversas áreas productivas. Los detalles sobre si incluyen componentes de digitalización o IA no han sido publicados en su totalidad. El memorando sobre minerales críticos con Estados Unidos no contempla industrialización local. Los contratos con Google, IBM y Amazon, anunciados como fuentes de las 10.000 becas tecnológicas, no tienen términos públicos conocidos.

Esta opacidad es parte del problema. Como documenta el Bank for International Settlements (Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, Suiza), la deuda para financiar IA genera vulnerabilidades sistémicas porque los flujos de caja se materializan en el largo plazo mientras los compromisos de pago son inmediatos.

¿Hasta dónde llegará Estados Unidos?

El respaldo de Rubio y Hegseth el 4 de junio de 2026 fue el pronunciamiento más directo que un gobierno norteamericano ha hecho sobre Bolivia en años. La mención de Hegseth a la Coalición A3C y al “narcoterrorismo” encuadra la crisis boliviana dentro de la doctrina de seguridad hemisférica de la administración Trump.

Este encuadramiento tiene consecuencias prácticas. La “asistencia logística” anunciada puede incluir equipos de vigilancia, vehículos, comunicaciones o entrenamiento para fuerzas de seguridad. En el contexto del manifiesto de 22 puntos de Palantir, que defiende la colaboración entre tecnológicas y Estados para asegurar la supremacía militar, y de la alianza operativa entre empresas como Palantir y agencias de defensa e inteligencia norteamericanas, la pregunta sobre si algún sistema de análisis de datos de Palantir está o estará activo en Bolivia no tiene respuesta pública.

Lo que está claro es la dirección general: un gobierno endeudado, alineado con Washington, sin ley de IA, sin ley de protección de datos, con Starlink ya operando, con el sistema estatal de inteligencia en proceso de creación, y con salvaguardas para los estados de excepción eliminadas del ordenamiento jurídico.

¿Hasta dónde llegará Bolivia?

Bolivia llega al debate sobre la inteligencia artificial sin las condiciones mínimas para negociarlo en posición de fuerza. No tiene ley de IA, no tiene ley de protección de datos, no tiene infraestructura digital propia significativa, no tiene capacidades técnicas estatales para auditar sistemas privados, y tiene una deuda que hipoteca su margen de maniobra por al menos una generación.

Al mismo tiempo, tiene algo que los países del Norte no tienen: 36 naciones originarias reconocidas constitucionalmente, con cosmovisiones que ofrecen una alternativa real al paradigma extractivo de los datos. Tiene el Convenio 169 de la OIT ratificado. Tiene la mayor reserva de litio del mundo, el mineral más buscado para la transición energética y la infraestructura de IA. Y tiene una ciudadanía que lleva décadas demostrando que sabe decir que no.

La IA está en Bolivia, pero no sabemos bajo qué condiciones opera, con qué marcos, y en beneficio de quién.

Como escribió el Premio Nobel Daron Acemoglu: “Siempre tenemos la oportunidad de tomar decisiones que son esenciales. Cada día elegimos el tipo de instituciones en las que vivimos”.

Bolivia tiene aún esa oportunidad. Por cuánto tiempo más, es difícil saberlo.

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