Pensiones bolivianas en BlackRock: ETF identificado, vacío institucional pendiente

El 17 de marzo de 2026, durante la transmisión en vivo de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2025 a través de la página de Facebook de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, una pregunta enviada desde elpais.bo llegó al estrado. Era la misma que este medio había formulado por escrito nueve días antes, sin obtener respuesta: ¿cuál es el nombre completo, código ISIN y ticker bursátil del ETF de BlackRock en que están invertidos los fondos de pensiones bolivianos?

El gerente general Marcelo Vladimir Fernández Quiroga respondió: “Su código ISIN es US4642872000.”

Era la primera vez, desde septiembre de 2024, cuando la posición apareció en los registros oficiales, que la Gestora revelaba ese dato. No constaba en ningún informe público. No había sido entregado en respuesta a la solicitud formal de información presentada el 12 de marzo. Se dijo en una audiencia, de forma oral, sin documento adjunto.

El ISIN US4642872000 corresponde al iShares Core S&P 500 ETF, conocido por su ticker IVV. Es un fondo cotizado que replica el índice S&P 500, integrado por las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. No es el iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), el instrumento de inversión específico en el sector armamentístico que investigaciones previas de este medio señalaban como posibilidad. La diferencia es sustancial: en el IVV, el sector aeroespacial y de defensa representa alrededor del 2% del fondo total. Lockheed Martin, RTX o Northrop Grumman están presentes en proporción a su peso en el índice, no como objetivo de la inversión. Las principales posiciones del fondo son NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet.

La identificación del instrumento despeja una parte de la controversia ética. No cierra el problema institucional.

Lo que la identificación no resolvió

La Gestora Pública administra un fondo de aproximadamente USD 29.500 millones —el ahorro laboral acumulado de 2,79 millones de trabajadores bolivianos— sin que exista un Directorio legalmente constituido desde que la Ley Nº 065 de Pensiones fue promulgada, en diciembre de 2010. Quince años. Cuatro gobiernos nacionales. Ninguno convocó el proceso de selección que la propia ley establece.

Sin ese órgano, no existe una política de inversiones formalmente aprobada por una instancia competente. La decisión de comprar el IVV fue tomada en septiembre de 2024, por una gerencia que opera sin el marco de gobierno corporativo que la Ley Nº 065 exige, bajo el gobierno de Luis Arce, once meses después de que ese mismo gobierno rompiera relaciones diplomáticas con Israel y cuatro meses antes de que Bolivia cofundara el Grupo de La Haya, organización creada para promover sanciones internacionales contra ese país.

El 4 de marzo de 2026, el gobierno de Rodrigo Paz formalizó la salida de Bolivia del Grupo de La Haya; el 9 de diciembre de 2025 había restablecido relaciones diplomáticas con Israel. La contradicción política se resolvió. La pregunta institucional no: ¿quién evaluó, en septiembre de 2024, si esa inversión era compatible con la política exterior del Estado? La respuesta es la misma que para todas las preguntas anteriores: no existe el órgano que tenía esa obligación.

El propio Fernández Quiroga lo reconoció ante el público el 17 de marzo: “Hemos estado los últimos años sin tener directorio de la Gestora. Se ha solicitado al ente rector —el Ministerio de Economía— el establecimiento de un directorio para que la Gestora pueda trabajar de manera eficiente y con los controles de gobierno corporativo necesarios.”

El artículo 153 de la Ley Nº 065 define al Directorio como la máxima autoridad de la Gestora, responsable de definir políticas, normas internas y estrategias de inversión. Sus miembros responden personal y solidariamente de las resoluciones adoptadas. El artículo 154 establece que sus cinco integrantes deben ser designados por el Presidente del Estado de ternas aprobadas por dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados. Ese mecanismo nunca fue activado. Sin Directorio, todas las decisiones sobre el mayor activo financiero del Estado boliviano se adoptan sin los pesos y contrapesos que la propia ley prevé.

El gerente que tomó la decisión y los cargos vacíos

La inversión en el IVV de BlackRock fue impulsada por Moisés Murillo Lima, designado Gerente de Inversiones de la Gestora el 15 de junio de 2023, durante el gobierno de Luis Arce. Murillo Lima provino de Multivalores Agencia de Bolsa, donde trabajó seis años como subgerente. Antes de asumir el cargo, mantuvo vínculos societarios con Eduardo Valdivia Zambrana, hijo de Juan Valdivia Almanza, accionista de Gravetal S.A. Vendió sus participaciones en Multivalores un mes antes de incorporarse a la Gestora. Bajo su gestión, Gravetal amplió operaciones de préstamo con la institución. No existe resolución judicial sobre ninguna de estas conexiones. La Gestora tampoco ha respondido las preguntas sobre el posible conflicto de interés. La posición que abrió sigue en el portafolio. La responsabilidad sobre esa decisión no tiene domicilio institucional conocido en el gobierno de Paz Pereira.

Marcelo Vladimir Fernández Quiroga fue posesionado al frente de la Gestora el 18 de noviembre de 2025 por el ministro de Economía Gabriel Espinoza, quien destacó su trayectoria y “estándares de meritocracia”. Esa trayectoria incluye trece años en el Banco Central de Bolivia y, entre 2014 y 2021, la gerencia general del BDP Sociedad de Titularización S.A. En 2021, la ASFI emitió observaciones de fondo a varias operaciones del BDP ST bajo su responsabilidad. El plan de acción presentado fue rechazado en primera instancia y debió ser reformulado. Fernández Quiroga y otros dos funcionarios fueron desvinculados como consecuencia directa del proceso. Al momento del cierre de esta investigación, ni la ASFI ni el Ministerio de Economía habían respondido consultas sobre ese episodio. El instrumento jurídico de su designación como gerente general —que según la Ley Nº 065 corresponde al Presidente del Estado— no ha sido publicado en la Gaceta Oficial.

El cargo de Gerente Nacional de Inversiones continúa siendo ejercido en forma interina (a.i.) por Jorge Alejandro Zerdas Cisneros. La subgerencia de Análisis de Inversión y la de Operativa de Inversión —las posiciones técnicas directamente responsables de evaluar y ejecutar las compras de instrumentos financieros, incluidos los del exterior— están vacantes. También carecen de titular las subgerencias de Prestaciones No Contributivas, Cobranza Administrativa, Cobranza Judicial e Infraestructura Tecnológica. Seis de las posiciones clave del organigrama operan sin nombramiento formal.

La respuesta que no respondió

El 9 de marzo de 2026, este medio remitió a la Gestora un cuestionario de 27 preguntas sobre inversiones, gobierno institucional y transparencia, al amparo del Decreto Supremo Nº 28168 y la Ley Nº 341 de Participación y Control Social —normas que la propia institución invoca como fundamento de su rendición de cuentas. La carta ingresó el 12 de marzo. La respuesta llegó el 18 de marzo —un día después de la audiencia— firmada por el propio Fernández Quiroga.

El texto, en tres párrafos, no responde ninguna de las 27 preguntas. Señala que “las respuestas fueron expuestas de manera detallada durante la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2025” y redirige al lector a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) para acceder a la información solicitada. El Decreto Supremo Nº 28168 garantiza el derecho ciudadano a recibir información de entidades estatales en forma documental y verificable. La sustitución de una respuesta escrita por una referencia a un evento oral no equivale al cumplimiento de esa obligación.

El silencio no es exclusivo de la Gestora. El mismo 9 de marzo, este medio remitió solicitudes formales de información a la APS y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Mario Walter Requena Pinto, designado director de la ASFI el mismo 18 de noviembre de 2025 en que Fernández Quiroga asumió la Gestora, y también sin instrumento publicado en la Gaceta Oficial, provino del Grupo Financiero Fortaleza, cuyas entidades son supervisadas por la misma institución que ahora conduce. Ninguna de las dos autoridades reguladoras había respondido al momento del cierre de esta investigación. Bolivia tiene, para el mayor fondo financiero del Estado, un regulador que no superviso, un fiscalizador que no respondió y una Gestora que respondió sin contestar.

El instrumento de liquidez que pierde valor real cada año

La rentabilidad nominal anualizada del Sistema Integral de Pensiones al cierre de 2025 fue del 4,5%. La inflación acumulada en 2025 fue de 20,40%; en enero de 2026 llegaba al 19,64% interanual; en febrero había descendido al 17,41%, según datos del BCB al 25 de marzo. “Evidentemente el valor del dinero ya no cubre lo que es la inflación”, admitió Fernández Quiroga ante el público el 17 de marzo. Para un fondo que concentra el 32% de sus activos en bonos del Tesoro General de la Nación denominados en bolivianos —algunos con plazos de hasta 29 años, sin cláusula de ajuste cambiario— la depreciación monetaria es el riesgo central del portafolio.

A ese cuadro se suman dos operaciones documentadas en los registros del período. Entre noviembre de 2024 y enero de 2025, la Gestora utilizó bonos soberanos bolivianos externos —con valor nominal de USD 918,8 millones y valor de mercado de USD 653,8 millones, reflejo del descuento por riesgo crediticio— como garantía en operaciones de reporto para proveer liquidez de corto plazo al Estado. Las reservas internacionales líquidas del Banco Central habían caído a menos de 30 millones de dólares en mayo de 2025. El uso de activos previsionales como colateral durante tres meses consecutivos, en el peor momento de la crisis de divisas, no recibió explicación pública.

El canje del eurobono: dólares para afuera, bolivianos para adentro

El 9 de marzo de 2026 —mismo día en que El País remitió su solicitud formal de información a la Gestora— el gobierno anunció que enfrentaba el vencimiento de USD 356 millones en capital e intereses del eurobono de 2028, con pago previsto para el 20 de marzo. La solución adoptada define con precisión el lugar que ocupa el fondo de pensiones en la arquitectura fiscal boliviana: los tenedores privados externos recibirían el pago en dólares, confirmado por el ministro de Economía Gabriel Espinoza como “absolutamente garantizado”. Los bonos en poder de la Gestora Pública —que representa el 50% de los títulos en negociación— y del Banco Central —17%— serían canjeados por instrumentos de deuda a mediano plazo en bolivianos o en moneda local indexada al dólar. El Estado preserva sus reservas de divisas pagando a los acreedores externos. Los ahorristas bolivianos, cuyo fondo previsional sostenía esa deuda, recibirán bolivianos.

El informe de S&P Global Ratings del 23 de marzo de 2026 —publicado tres días después del vencimiento— confirma la operación y le pone cifras exactas que el Estado no había divulgado. Según la calificadora, el canje de los bonos en poder del BCB y la extensión prevista al fondo de pensiones reduce el servicio de deuda sobre los bonos internacionales de Bolivia a US$11 millones en el resto de 2026 y US$186 millones en 2027, frente a los US$381 millones y US$420 millones originalmente adeudados. S&P califica la operación como “gestión de pasivos intragubernamentales” (intragovernmental liability management) y no como incumplimiento selectivo. Esa distinción —técnica, pero de consecuencias legales y reputacionales— es la que permitió a la calificadora subir la nota del país dos escalones en un mismo movimiento, de CCC− a CCC+.

Lo que S&P no califica es la pregunta que este reportaje sí formula: si la contraparte boliviana —la Gestora Pública, tenedora del 50% de los bonos negociados— tenía el órgano competente para aprobar esa renegociación. El propio informe señala que el gobierno “busca extender el canje a los tenedores del fondo de pensiones público”, redacción que sitúa a la Gestora como parte negociadora activa en una operación de reestructuración de facto, sin mencionar que lleva quince años operando sin Directorio.

El informe semanal del BCB registra un giro de política monetaria que el informe de S&P apenas insinúa: la tasa de reporto del BCB en bolivianos —el precio al que el Banco Central presta liquidez de corto plazo al sistema financiero— pasó del 8,25% en noviembre de 2025 al 12,25% en la primera semana de marzo de 2026, el nivel más alto desde que existe el registro semanal. Es el encarecimiento más acelerado del costo del crédito en moneda nacional en la historia reciente del BCB. Combinado con el fin del financiamiento del déficit fiscal desde el banco central —mencionado en el informe de S&P como una de las reformas del gobierno Paz— configura un giro contractivo que aún no ha tenido incidencia visible en el portafolio de la Gestora: los bonos del Tesoro que concentran el 32% de sus activos fueron emitidos antes de este ciclo de tasas, y por tanto no capturan el nuevo costo de oportunidad del dinero en bolivianos.

Al cierre de esta investigación, ni la Gestora ni el Banco Central habían confirmado por escrito las condiciones definitivas del canje: el tipo de cambio aplicado, el plazo de los nuevos instrumentos en bolivianos, ni si estos llevan cláusula de indexación al dólar. Lo que sí confirma el upgrade de S&P tres días después del vencimiento es que el pago a los tenedores privados externos se ejecutó. Según declaraciones del ministro Espinoza a Bloomberg el 11 de marzo, el gobierno había acumulado reservas líquidas de aproximadamente US$460 millones desde los US$68 millones heredados de la gestión Arce, y destinó alrededor de US$130 millones al pago en dólares de esos acreedores. La operación de reporto por US$250 millones ejecutada por la Gestora en mayo de 2024 —usando bonos soberanos como colateral— vencía en ese mismo mes de marzo, lo que, según el propio Espinoza, permitió materializar el intercambio. Es la misma deuda soberana que el reportaje anterior de esta serie identificó como colateral en las operaciones de repo de noviembre 2024 a enero 2025. El círculo se cierra en el mismo mes en que los trabajadores bolivianos conocieron, por primera vez, el ISIN del ETF de BlackRock.

El informe semanal del BCB del 25 de marzo lo confirma con precisión: en la Semana 3 de marzo —la semana que incluyó el vencimiento del 20 de marzo— las divisas líquidas del BCB habían descendido a US$365 millones, desde los US$425 millones registrados en febrero. La caída de US$60 millones en tres semanas es la huella documental del pago a los tenedores privados externos. Los datos diarios del mismo informe precisan el momento exacto del impacto: el 23 de marzo las divisas líquidas cayeron a US$68 millones y el 24 de marzo —tres días después del vencimiento— tocaron US$52 millones. Es el nivel más bajo registrado en todo el período de la crisis.

Ese upgrade no visibiliza el costo que el canje traslada al fondo previsional. S&P proyecta que el tipo de cambio oficial pasará de BOB 6,91/US$1 actual a BOB 10,4/US$1 en 2026 y BOB 13,0/US$1 en 2027. El dato del BCB al cierre de esta investigación sitúa el tipo de cambio referencial —la cotización de mercado que el propio banco central publica desde diciembre de 2025 en reemplazo del bolsín— en BOB 9,24/US$1 en la Semana 3 de marzo, una depreciación del 8% en solo tres meses sobre el BOB 8,55/US$1 de diciembre 2025. La brecha con el tipo de cambio oficial de BOB 6,96/US$1 es del 33%, por debajo del 50% que S&P citó como promedio reciente, pero en línea con la trayectoria de convergencia que la propia calificadora proyecta hasta el BOB 10,4 de fin de año.

Los bonos en bolivianos que la Gestora recibirá como contraparte —y los que ya concentra en su portafolio, incluyendo el 32% en BTS a plazos de hasta 29 años— valdrán, en dólares, aproximadamente un tercio menos para fines de 2026 y casi la mitad menos para 2027. La calificadora también proyecta inflación del 16,2% para 2026, 13,9% para 2027, 10,7% para 2028 y 9,0% para 2029. Si el fondo mantiene su rentabilidad nominal histórica del 4,5%, la pérdida real acumulada en cuatro años supera el 30% del poder adquisitivo interno. Es la pérdida que no aparece en las cifras de rentabilidad nominal que publica la Gestora.

Los buitres de Trigo Paz

La dimensión de esa presión sobre el mercado soberano boliviano fue descrita públicamente, en septiembre de 2025, por Sergio Trigo Paz, exjefe de deuda de mercados emergentes de BlackRock y primo lejano del entonces candidato presidencial Rodrigo Paz. En declaraciones a Reuters, Trigo Paz advirtió que fondos de deuda en dificultades —los denominados “buitres” en la jerga financiera— estaban circulando sobre Bolivia, comprando sus bonos soberanos a aproximadamente 80 centavos por dólar en espera de litigar por recuperación. El exejecutivo de BlackRock señaló además que los fondos de pensiones locales habían generado un short squeeze que distorsionaba el precio de esos mismos bonos en el mercado. Era, en términos prácticos, una descripción del papel involuntario que la Gestora —por su tamaño y concentración en deuda soberana— ejercía sobre el valor de sus propios activos.

La advertencia de Trigo Paz sobre los “buitres” circulando sobre la deuda soberana boliviana adquiere dimensión concreta con la operación de marzo de 2026: los tenedores privados externos —precisamente el perfil de inversor que Trigo Paz describía— fueron los únicos que recibieron su pago en dólares. El fondo previsional recibió bolivianos.

Por otra parte, entre el 4,39% y el 5,17% de la cartera —entre USD 1.150 millones y USD 1.400 millones— estuvo durante todo el período en instrumentos calificados ‘D’, es decir, en situación de incumplimiento: Banco Fassil y su holding controlante Santa Cruz Financial Group. La posición no fue liquidada. Fernández Quiroga confirmó en la audiencia que esos fondos se están recuperando a través de un fideicomiso administrado por el Banco Unión.

Estar en BlackRock sin atribución para decidir

Invertir en el IVV no es solo comprar un instrumento financiero. Es ingresar a la red de gobierno corporativo más grande del mundo. BlackRock, Vanguard y State Street administran en conjunto aproximadamente USD 26 billones en activos y son, colectivamente, los mayores accionistas individuales en la mayoría de las empresas del S&P 500. Cuando la Gestora Pública compra cuotas del IVV, BlackRock vota las acciones subyacentes en juntas corporativas de cientos de empresas en nombre de todos los tenedores del fondo, Bolivia incluida. El Fondo Integral de Pensiones no tiene voz en cómo se ejercen esos votos. Tampoco existe el órgano institucional que podría formular una posición al respecto.

Esa ausencia de atribución se vuelve más crítica a la luz de un hecho reciente: en febrero de 2026, Vanguard —una de las tres grandes gestoras globales junto a BlackRock y State Street— firmó un acuerdo por USD 29,5 millones con Texas y otros diez estados estadounidenses, sin admitir culpa, para cerrar una demanda antimonopolio que las acusaba de coordinar, mediante sus posiciones accionarias en productoras de carbón y a través de coaliciones climáticas, la restricción de la producción energética. BlackRock y State Street continuaban en litigio activo al momento del cierre de esta investigación; en agosto de 2025 un juez federal en Texas permitió que la mayor parte del caso avanzara, y el Departamento de Justicia presentó en 2025 una declaración de interés en apoyo parcial a la tesis antimonopolio. Bolivia mantiene recursos del fondo previsional en un instrumento gestionado por una empresa bajo investigación activa de autoridades estadounidenses. No existe protocolo institucional alguno para evaluar ese riesgo regulatorio ni para responder a él.

El vínculo entre Bolivia y BlackRock tiene además una dimensión personal que ningún documento oficial recoge: Sergio Trigo Paz, quien fue jefe de deuda de mercados emergentes en BlackRock y participó en algunos de los mayores defaults soberanos de la última década —Argentina, Ucrania—, es primo lejano del presidente Rodrigo Paz. En septiembre de 2025, semanas antes de que Paz ganara las elecciones, Trigo Paz se ofreció públicamente a ayudar al nuevo gobierno en capacidad técnica para resolver la crisis de deuda, declarando a Reuters que no había tenido contacto con ninguno de los candidatos. Esa oferta nunca fue respondida públicamente. Al momento del cierre de esta investigación, no consta que Trigo Paz ocupe ningún cargo en el gobierno de Paz ni en la Gestora.

La doble exposición que el Comité Especial del Congreso de Estados Unidos sobre el Partido Comunista Chino documentó en 2024 añade otra dimensión: ese Comité registró que BlackRock invirtió al menos USD 1.900 millones en empresas vinculadas al complejo militar chino, incluyendo fabricantes de armas nucleares para el Ejército Popular de Liberación. El mismo gestor que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU identificó en 2024 como financiador de fabricantes de armamento que abastecen a Israel financia simultáneamente, por replicación de índices globales, al complejo militar del principal rival estratégico de ese país. El IVV no es un fondo de defensa; pero no tiene ningún filtro ético ni de geografía política. Bolivia registró cuatro giros diplomáticos mayores entre 2023 y 2026 mientras mantenía una posición en ese instrumento. En ninguno de esos momentos existía el órgano que debía evaluar la compatibilidad entre la cartera y la política exterior del Estado.

El cuadro de conjunto es el siguiente: Bolivia llegó al IVV de BlackRock sin una decisión institucional. Puede salir, ampliar la posición, o enfrentar un escenario de sanción regulatoria contra su gestor en exactamente las mismas condiciones: sin Directorio, sin política de inversiones aprobada, sin subgerencias técnicas con nombramiento formal. El IVV puede ser una buena inversión. Pero desde 2010, los bolivianos no tienen certeza de que el país cuente con la capacidad institucional para determinar tal cosa.

La opacidad que atraviesa gestiones de gobierno

Los informes detallados de diversificación de cartera del SIP —con desglose por instrumento, emisor, moneda y valoración de mercado— dejaron de publicarse a partir de junio de 2025, durante el gobierno de Arce. El gobierno de Rodrigo Paz Pereira, en funciones desde noviembre de 2025, no los ha reanudado. En la audiencia del 17 de marzo, Fernández Quiroga reconoció “deficiencias en el tema de la transparencia” y anunció mejoras en el portal institucional. Sin fecha, sin periodicidad comprometida, sin formato definido.

Los 2,79 millones de trabajadores bolivianos que aportan mensualmente al Sistema Integral de Pensiones no disponen, desde hace nueve meses, de los datos necesarios para conocer en qué está exactamente invertido su ahorro. Conocen el ISIN del ETF desde el 17 de marzo de 2026. Fue necesaria una pregunta formulada en una audiencia pública para obtenerlo. No alcanzó una solicitud formal de información.

El 23 de marzo, el mismo día en que S&P Global Ratings elevó la calificación de Bolivia dos escalones —reconociendo la reducción del servicio de deuda como señal de gestión fiscal— los 2,79 millones de aportantes al SIP seguían sin acceso a los informes detallados de cartera suspendidos en junio de 2025, sin saber en qué condiciones se pactó el canje de sus bonos, y sin que existiera el Directorio que debía haberlo autorizado.

El ETF boliviano replica el S&P 500 completo

El iShares Core S&P 500 ETF (ISIN US4642872000, ticker IVV) es administrado por BlackRock Inc. y replica el comportamiento del índice S&P 500, que agrupa las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos.

Sus diez principales posiciones al momento del cierre de esta investigación son NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet clase A, Alphabet clase C, Broadcom, Meta Platforms, Tesla y Berkshire Hathaway. En conjunto, estas posiciones representan aproximadamente el 40% del patrimonio del fondo. El resto está distribuido entre cientos de empresas de todos los sectores de la economía estadounidense.

El sector aeroespacial y de defensa —que incluye empresas como Lockheed Martin, RTX Corporation (antes Raytheon), Northrop Grumman, General Dynamics y Huntington Ingalls Industries— representa alrededor del 2% del fondo total. Esto contrasta con el iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ticker ITA, ISIN US4642877840), un instrumento diseñado específicamente para ese sector, donde las mismas empresas constituyen el núcleo de la cartera.

La diferencia práctica es significativa: quien invierte en IVV destina aproximadamente 2 dólares de cada 100 al sector defensa, en proporción a su peso en el mercado. El IVV no aplica filtros éticos ni exclusiones sectoriales: incluye tabaco, combustibles fósiles, defensa y cualquier otra industria representada en el S&P 500.

Para la Gestora Pública, la exposición indirecta al armamento existe, pero es marginal respecto al volumen total del fondo. La pregunta institucional pendiente —quién autorizó esa compra, con qué política y bajo qué criterios éticos y constitucionales— no depende de qué ETF específico se haya adquirido. Depende de que exista, o no, un Directorio y una política de inversiones formalmente aprobados.

El ETF soberano que Bolivia no tiene

La analista Edith Gálvez formula la pregunta que el debate sobre BlackRock no había planteado: si Bolivia puede comprar el S&P 500 mediante un instrumento cotizado y negociable, ¿por qué no existe un instrumento equivalente anclado en empresas de capital boliviano? “No existen razones técnicas de fondo que lo impidan. Existen razones políticas, históricas y de inercia institucional”.

Para Gálvez, la propuesta se define solo con empresas que tienen mayoría de capital boliviano. Eso excluye del índice a COBEE —accionista único: Inkia Holdings, con sede en Bermuda—, a Telecel —100% Millicom, Curaçao y Suecia— y a SOBOCE —controlada por el Grupo Gloria peruano—. La razón, escribe la autora, es de coherencia: “Si el propósito es que el ahorro de los trabajadores bolivianos financie el desarrollo de su propio país, los dividendos deben circular en la economía nacional, no ser repatriados a matrices en el exterior”.

Aplicado ese filtro, Gálvez propone el Fondo Bursátil Bolivia FBB-14, que replicaría un Índice BBV-14 de 14 empresas: BNB, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Ganadero, Banco BISA, Las Lomas Import Export, FANCESA, Plastiforte, Industrias de Aceite, Industrias Oleaginosas, Gravetal, ENDE Transmisión, DELAPAZ, Toyosa y Jalasoft. Todas, subraya, “ya emiten bonos en la BBV, ya están reguladas, ya tienen estados financieros públicos auditados”. El precedente más cercano es el ETFPERUD peruano, lanzado en 2025 en asociación con VanEck.

Sobre el rendimiento, Gálvez menciona que el parámetro relevante no es el S&P 500 sino la tasa real actual del SIP, que la propia Gestora admitió el 17 de marzo que no cubre la inflación. Un índice bien construido y sin interferencia política, concluye, “podría ofrecer rendimientos reales positivos en bolivianos” y cumplir a la vez el mandato del artículo 140 de la Ley Nº 065, que obliga a priorizar empresas productivas nacionales y que lleva quince años incumpliéndose: “El FBB-14 es la herramienta que la ley ya exige y que la burocracia no creó”.

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