Las pensiones bolivianas llegaron a BlackRock, el financiador de las guerras

No es rumor ni hipótesis. Figura en los informes oficiales de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo: a junio de 2025, el Fondo Integral de Pensiones (FIP) tenía USD 2.125.438 invertidos en fondos cotizados (ETFs) administrados por BlackRock Inc., la mayor gestora de activos del mundo, según la valoración directa a precio de mercado reportada en el Detalle de Cartera de la Gestora.

Inversión duplicada
En nueve meses, la Gestora duplicó su posición en BlackRock: de USD 999.299 a USD 2.125.438, por una decisión deliberada.

Nueve meses antes, en septiembre de 2024, el monto era de USD 999.299, según la misma fuente de valoración. En menos de un año, la Gestora duplicó activamente su posición en los fondos de una empresa que figura en el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como financiadora de fabricantes de armamento que abastecen a Israel.

Fondo sin directorio, ley sin control: el vacío institucional que lo hace posible

El FIP no es cualquier fondo. Al 30 de junio de 2025, acumulaba exactamente USD 28.647.213.037. Al 24 de febrero de 2026, esa cifra creció hasta Bs 205.383.056.525, equivalentes a más de USD 29.500 millones al tipo de cambio oficial de Bs 6,96. Representa aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto nominal boliviano de 2024, o, si se toma en cuenta el último cálculo estimado de la CEPAL de 2025 (PIB de USD 55 mil millones), el 53.6% de este último.

Es, en una sola cifra, el mayor activo financiero del Estado boliviano: el ahorro de toda la vida laboral de centenares de miles de trabajadores. La inversión en BlackRock representa el 0,0075% de ese total. Una fracción mínima en términos aritméticos. Una cadena de implicaciones enorme en términos políticos y éticos.

Pero, ¿puede una política de inversiones del ahorro interno ser contraria al espíritu y la letra del texto constitucional, cuyo artículo 10 establece que “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados”, y, de forma expresa, “rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado”?

Adicionalmente, ¿cómo se conjuga este préstamo (inversión, en jerga financiera), con el mandato legal de la Ley de Pensiones del año 2010, que obliga a la Gestora (art. 140.III) a “priorizar los recursos de los Fondos administrados en empresas productivas”? Y ese deber, además, debe cumplirlo siguiendo ciertas políticas de inversión dictadas por su Directorio. Pero nunca se constituyó su Directorio y, por tanto, desde 2010 a la fecha, tanto cuando las AFPs como, luego, desde 2023, la Gestora Pública, prestan (invierten) los recursos acumulados en los Fondos de Pensiones que administran, sin ninguna política aprobada por instancias competentes.

BlackRock, armando a Israel y China al mismo tiempo

Para entender por qué importan esas inversiones (préstamos del dinero de pensiones), cualquiera que sea el monto, es necesario saber exactamente qué es BlackRock. Fundada en 1988 en Nueva York, administra hoy aproximadamente USD 14 millones de millones en activos de clientes en todo el mundo, el equivalente al 13% del PIB global; más que el PIB de cualquier país, salvo Estados Unidos y China. Su plataforma tecnológica Aladdin monitoriza otros USD 20 millones de millones adicionales. Cuando alguien compra un ETF de BlackRock, no contrata a un gestor cualquiera: ingresa a la red financiera más interconectada del planeta. Y esa red tiene exposición, por replicación de índices bursátiles globales, a las principales empresas armamentísticas del mundo.

El informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2024 identificó a BlackRock junto a Vanguard, State Street y otras grandes instituciones financieras como financiadoras de empresas fabricantes de armamento que abastecen a Israel en su campaña contra Palestina.

“El Consejo de Derechos Humanos y de los expertos independientes de las Naciones Unidas (exhortamos) a los Estados para que cesen la venta, transferencia y desvío de armas, municiones y otros equipos militares a Israel, los fabricantes de armas que abastecen a Israel”, dice parte del reporte del año 2024, justo cuando la Gestora decidió destinar parte del FIP a BlackRock.

Entre las empresas fabricantes de armas y municiones citadas están Lockheed Martin, Boeing, RTX-Raytheon, Caterpillar y Northrop Grumman, además de otras inversiones en BAE Systems, General Dynamics, Oshkosh, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Power Systems y ThyssenKrupp. Quienes las financian, según el reporte, son Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Amundi Asset Management, Bank of America, BlackRock, Capital Group, Causeway Capital Management, Citigroup, Fidelity Management & Research, INVESCO Ltd, JP Morgan Chase, Harris Associates, Morgan Stanley, Norges Bank Investment Management, Newport Group, Raven’s wing Asset Management, State Farm Mutual Automobile Insurance, State Street Corporation, Union Investment Privatfonds, The Vanguard Group, Wellington y Wells Fargo & Company.

Ese mismo año, el Congreso de Estados Unidos agregó otra dimensión: el Select Committee on the Chinese Communist Party documentó que BlackRock invirtió al menos USD 1.900 millones en empresas vinculadas al complejo militar chino, incluyendo fabricantes de armas nucleares para el Ejército Popular de Liberación. La paradoja estructural de BlackRock es ser simultáneamente accionista del armamento de Israel y del armamento de China, no por hipocresía, sino porque replica los mercados de todo el planeta.

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El boliviano detrás de la operación

La inversión boliviana en BlackRock no cayó del cielo. La impulsó Moisés Murillo Lima, designado Gerente de Inversiones de la Gestora el 15 de junio de 2023, durante el gobierno de Luis Arce. La primera compra de ETFs de BlackRock se registró en septiembre de 2024, bajo ese mismo gobierno, catorce meses antes de que Rodrigo Paz asumiera la presidencia en noviembre de 2025.

Los datos muestran que la duplicación ocurrió en diciembre de 2024, aún bajo el gobierno de Arce: la posición pasó de aproximadamente USD 1 millón a más de USD 2 millones en un solo mes, nivel que se mantuvo estable hasta junio de 2025, último dato disponible hasta el cierre de esta investigación.

Esta cronología es crucial: la inversión no es un signo del giro político de Paz. Es una decisión de una gestora pública que opera con su propia lógica institucional a través de los cambios de gobierno y, según los analistas consultados, incluso en contra de una definición constitucional y en ausencia deliberada del Directorio, por sus efectos.

Bajo el gobierno de Paz, la posición en BlackRock se mantuvo estable en torno a los USD 2 millones. En paralelo, el giro diplomático fue acelerándose: en diciembre de 2025 el nuevo gobierno restableció relaciones con Israel, rotas durante el gobierno de Arce. Esta semana, Bolivia formalizó su salida del llamado Grupo de La Haya, una organización de países defensores de Palestina que el propio Estado boliviano había cofundado bajo Arce. El canciller israelí Gideon Sa’ar agradeció públicamente la decisión y felicitó a Bolivia por ‘estar del lado correcto de la historia’. El gobierno intenta además poner en marcha una política denominada Capitalismo para todos y Poner Bolivia en el mundo.

Murillo Lima llegó al cargo desde Multivalores Agencia de Bolsa, donde fue subgerente durante seis años y mantuvo vínculos societarios con Eduardo Valdivia Zambrana, hijo de Juan Valdivia Almanza, accionista de Gravetal S.A. Un mes antes de asumir en la Gestora, vendió sus participaciones en Multivalores. Bajo su gestión, Gravetal multiplicó sus operaciones de préstamos bancarios con la Gestora. No hay resolución judicial. Pero las preguntas sobre conflicto de interés no requieren condena para ser periodísticamente legítimas e institucionalmente urgentes.

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¿A quién se entrega el dinero de los trabajadores bolivianos?

La pregunta que la Gestora no ha respondido públicamente es técnica y precisa: ¿en qué ETFs específicos de BlackRock está invertido el dinero del FIP? Si se trata del iShares U.S. Aerospace and Defense ETF (ITA), diseñado específicamente para el sector defensa, la exposición directa a fabricantes de armamento activos en conflictos es sustancial. Si se trata de fondos de renta variable global amplia, la exposición es indirecta y proporcional a la presencia de esas empresas en los índices. La diferencia es enorme. Mientras esa información no se publique, cualquier análisis sobre el vínculo entre las pensiones bolivianas y el armamento en conflictos globales es una aproximación.

El debate real no es geopolítico, en primera instancia. Es institucional. Bolivia administra entre el 50% y 60% de su PIB en un fondo previsional sin una política de inversión responsable formalizada, sin criterios éticos y constitucionales públicamente definidos sobre en qué puede o no puede invertir ese ahorro, y sin transparencia sobre los productos específicos adquiridos en el exterior. El monto invertido en BlackRock es pequeño. El problema que revela es enorme: ¿quién decide, con qué criterios y con qué controles, cómo se invierte el ahorro de toda la vida de los trabajadores bolivianos?

La salida de Bolivia del Grupo de La Haya cierra un ciclo que este reportaje documenta desde el dinero: el mismo Estado que cofundó ese grupo de defensa de Palestina venía, en paralelo, depositando el ahorro previsional de sus trabajadores en una gestora de activos señalada por la ONU por financiar a fabricantes de armamento que abastecen a Israel. No hay evidencia de que esas dos decisiones estuvieran coordinadas. Pero tampoco hay nadie que, institucionalmente, tenga la obligación de explicar por qué no lo estaban.

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La Ley de Pensiones prevé el funcionamiento de un Directorio en la Gestora Pública. Hasta la fecha, desde 2010, año en que se aprobó esa Ley, no se conoce que se haya cumplido con la designación de ese Directorio, órgano de decisión superior al que debe sujetarse la Gerencia General. Tampoco se conoce el instrumento jurídico con que se designó al actual Gerente General, Vladimir Fernández Quiroga, lo que cierra un círculo de opacidad que va desde quien invierte hasta quien lo nombró.

¿Qué son los ETFs y por qué importa en Bolivia?

Un ETF (fondo cotizado en bolsa) es un producto financiero que agrupa cientos o miles de activos, como acciones, bonos o materias primas, y permite comprar una participación en todos ellos con una sola transacción, igual que si fuera una acción ordinaria en bolsa. BlackRock es el mayor emisor de ETFs del mundo a través de su marca iShares, con más de 1.000 fondos distintos disponibles en los mercados globales.

La clave técnica que define el alcance de la controversia boliviana es que no todos los ETFs de BlackRock son iguales. Algunos replican índices amplios del mercado global, con miles de empresas de todos los sectores. Otros son específicos de sectores concretos: el iShares U.S. Aerospace and Defense ETF tiene como ticket ITA e invierte exclusivamente en fabricantes de armamento y tecnología militar estadounidense. La diferencia entre comprar uno u otro no es menor: en el primero, la exposición a Lockheed Martin o Boeing es marginal, menos del 1% del fondo. En el segundo, esas mismas empresas representan el núcleo de la inversión.

En el informe de diversificación de fondos de septiembre de 2024 aparece por primera vez la mención a BlackRock, y en el último informe conocido, junio de 2025, la exposición se duplicó. La Gestora Pública informó la inversión en fondos BlackRock ETF sin especificar cuáles. Esa imprecisión es lo que impide saber si el ahorro de los trabajadores bolivianos tiene exposición directa o marginal a los fabricantes de armas señalados por la ONU. La transparencia institucional básica exige que la Gestora publique el ISIN o ticket exacto de cada ETF adquirido con el dinero del FIP. Sin ese dato, el debate no puede resolverse con rigor periodístico ni con certeza para los propios aportantes.

Directorio, una mutilación de facto

La designación de ministros es una facultad presidencial y se manifiesta mediante decretos presidenciales. En el caso del Directorio de la Gestora, entidad que administra, como se vio, fondos que equivalen a entre 50 y 60% del PIB nacional, la ley dispuso que su Directorio, además de ser la máxima autoridad en la Gestora, esté integrado por miembros elegidos de ternas seleccionadas en la Cámara de Diputados; es decir, con la participación de otro Órgano del Estado, el que detenta por representación la soberanía popular legislativa.

En efecto, éstas son las disposiciones expresas de la Ley de Pensiones:

Artículo 153. (DIRECTORIO). El Directorio es la Máxima Autoridad de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, responsable de definir políticas, normas internas y la fiscalización de éstas; así como de establecer estrategias administrativas, operativas, de inversiones y financieras.

Las y los miembros del Directorio deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia necesarios y serán responsables personal y solidariamente de las resoluciones adoptadas en Directorio, salvo que hubieran hecho constar su desacuerdo en acta.

Artículo 154. (CONFORMACION). El Directorio de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo estará conformado por la Presidenta o Presidente y cuatro Directores.

La Presidenta o Presidente y los cuatro (4) Directores serán designados por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia de ternas aprobadas por dos tercios de votos de los miembros presentes en sesión de la Cámara de Diputados.

Artículo 155. (PERIODO DE FUNCIONES). La Presidenta o Presidente del Directorio es la Máxima Autoridad Ejecutiva y ejercerá sus funciones durante cinco (5) años, no pudiendo ser reelegido sino después de transcurrido un período igual a aquél durante el cual ejerció sus funciones.

Cada Directora o Director ejercerá en sus funciones cinco (5) años no pudiendo ser reelegido sino después de transcurrido un período igual a aquél durante el cual ejerció sus funciones. Serán sustituidos periódicamente a razón de uno por año. Para éste efecto, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá elevar ternas al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, seis (6) meses antes de la finalización del periodo de ejercicio de funciones. Estos períodos no se aplican al primer Directorio.

El incumplimiento de la ley fue desde que nació la ley

¿Por qué la Cámara de Diputados no aprobó esas ternas ni puso en su agenda esa temática ni siquiera desde el gobierno de Evo Morales y García Linera, y tampoco en la actual legislatura?

Entretanto, los fondos administrados, según la información oficial, son prestados en su mayor parte en moneda nacional, sin cláusulas de mantenimiento de valor, a empresas extranjeras que operan en Bolivia sin evidencias de sumar inversión extranjera directa, como Telecel, Cobee, las mineras vinculadas al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, como Illapa, Paitití, varias de las cuales tienen como domicilio paraísos fiscales, incluso bancos nacionales, cuyos beneficiarios finales radican fuera del país. ¿Empresas productivas bolivianas? No existen registros de ellas en el Mercado de Valores de Bolivia.

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