Los vacíos de la Ley de Inversiones

A nueve meses de gestión, el presidente Rodrigo Paz remitió el 11 de agosto a la Asamblea Legislativa Plurinacional el Anteproyecto de Ley de Inversiones, un texto de 103 artículos que el Ejecutivo presenta como el instrumento central para revertir la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas. Medios nacionales e internacionales lo describieron como la primera de una serie de medidas destinadas a atraer capital privado mediante un régimen tributario y de regalías más competitivo frente a la región. El anteproyecto llega además en medio de un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional por 1.900 millones de dólares —el primer programa plurianual de Bolivia con el organismo desde 2006—, anunciado el 29 de julio y aún pendiente de aprobación del Congreso y del Directorio del FMI, mientras el propio Fondo proyecta una contracción económica del 3,3% para 2026 y un déficit fiscal superior al 10% del PIB.

El artículo 1 del anteproyecto establece que la ley busca “el fortalecimiento de la economía plural, la industrialización, la innovación, la generación de empleo digno y el desarrollo sostenible”. El artículo 5 fija catorce principios rectores, entre ellos la “soberanía económica del Estado” y la “prioridad de la inversión boliviana”, en referencia directa al artículo 320 de la Constitución, que dispone que “no podrán otorgarse a Estados o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos”. El instrumento crea la Agencia Nacional de Inversiones (ANI), “entidad pública autárquica... bajo tuición del Ministerio de Economía” (artículo 22), y una Ventanilla Única con plazos máximos de treinta días hábiles (artículo 48). Establece también una Matriz de Desempeño de cien puntos que determina el acceso a un crédito tributario de entre 25% y 80% sobre el Impuesto a las Utilidades (artículo 58). En arbitraje, el artículo 99 exige “consentimiento expreso, específico y válido” del Estado caso por caso, y el artículo 101 excluye de esa vía “la propiedad de recursos naturales... tributos y regalías como potestad normativa” y “sanciones penales”. La norma abroga la Ley 516 de 2014 y modifica el Código Penal para que la materialización de riesgos contractuales ya identificados “no constituya, por sí sola, conocimiento de lesividad”, salvo dolo o corrupción probados.

Incentivo ciego
La ley otorga hasta el 80% de crédito tributario sin verificar el origen del capital.

El proyecto se debate en un Congreso fragmentado en seis bloques sin mayoría confiable —el legislador Carlos Alarcón, de la Alianza Unidad, denunció que el Gobierno “pide préstamos sin cambiar el modelo económico”— y en medio de un ciclo de protestas sociales iniciado en mayo, con al menos siete muertos y 120 detenidos, que organizaciones de transportistas y campesinos anunciaron retomar en octubre. En paralelo, la Exposición de Motivos cita el respaldo de enero de 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo a la agenda “Bolivia Crece”, un paquete de hasta 4.500 millones de dólares para 2026-2028 que incluye 450 millones del BID y la Corporación Financiera Internacional para el sector privado boliviano.

Ningún artículo menciona explícitamente al litio, pero el mineral es el trasfondo político de la reforma. Bolivia posee las mayores reservas del mundo, aunque su producción real —3.500 toneladas anuales— es marginal frente a las 300.000 de Chile. Los contratos que YLB firmó en 2023 con el consorcio chino Hong Kong CBC y la rusa Uranium One nunca fueron ratificados por la Asamblea y permanecen frenados por una acción popular de comunidades indígenas potosinas ante el Tribunal Constitucional. El presidente de YLB, Guillermo Trigo, admitió en agosto que la suerte de esos contratos “ya no está en mis manos, están en las manos de la Asamblea”. En paralelo, Estados Unidos firmó en abril un memorando de minerales críticos con Bolivia —uno de más de 50 países en esa estrategia frente a China— que, según analistas de la Fundación Jubileo, no establece “ninguna garantía de industrialización en territorio boliviano”.

Bolivia se retiró en 2007 del CIADI, el mecanismo del Banco Mundial para arbitrar disputas de inversión, junto con Ecuador y Venezuela, tras una ola de demandas de inversionistas en el ciclo de nacionalizaciones. El anteproyecto de 2026 no propone el reingreso: mantiene el arbitraje fuera de ese centro y exige consentimiento estatal caso por caso, una arquitectura más restrictiva que los tratados bilaterales “irrestrictos” de los noventa, de los cuales solo sigue vigente el capítulo de inversiones del TLC con Chile de 1993.

Edith Gálvez, analista política y financiera, sostiene que el anteproyecto “no es, en el fondo, una ley extractivista clásica ni una entrega de soberanía como las que caracterizaron a otros países de la región en los años noventa”, porque “no reabre el CIADI, mantiene fuera del arbitraje a los recursos naturales y a la potestad tributaria, y no promete estabilidad fiscal congelada”. Pero advierte que el problema “no está en lo que dice, sino en lo que delega”: la ANI, que certificará beneficios y calificará proyectos, “queda con su organización interna completamente en manos de un futuro decreto supremo”, y su Directorio “lo preside el propio Ministro de Economía, sin un asiento fijo para la Contraloría ni para observadores independientes”. Sobre el litio, añade que “el memorando con Estados Unidos no incluye compromisos de industrialización local, mientras los contratos con China y Rusia sí contemplaban construcción de plantas en territorio boliviano”, y que la nueva ley “no obliga, en ningún artículo, a que la inversión extranjera en minerales críticos transfiera tecnología... más allá de los puntos voluntarios de la matriz de desempeño”.

Ningún artículo del anteproyecto se refiere, además, al mecanismo mediante el cual buena parte de lo registrado como inversión extranjera en Bolivia se financió, en los hechos, con ahorro interno. Una investigación de este medio, basada en registros de la ASFI y de la Bolsa Boliviana de Valores, documentó ese patrón en empresas como COBEE, la hidroeléctrica que entre 2006 y 2025 distribuyó 112,9 millones de dólares en dividendos a su accionista extranjero mientras dejaba de invertir en nueva capacidad desde 2008, financiada en gran parte con bonos comprados por el Fondo de Pensiones; o Telecel (Tigo), que en 2023 captó 520 millones de bolivianos del fondo previsional y, tres meses después, prestó 450 millones a sus matrices en Curazao y Suecia. El patrón se repite, con variantes, en Ferroviaria Oriental, Sinchi Wayra-Illapa, el Banco BISA, el Frigorífico BFC y EMIPA. A abril de 2026, el Fondo de Ahorro Previsional acumulaba 29.823 millones de dólares, el 56% del PIB boliviano, del cual el 93% está concentrado en deuda estatal y banca privada, y apenas el 3,86% en empresas productivas.

Gálvez sostiene que estos casos “no son anomalías aisladas, sino la forma normal en que ha operado el capital extranjero en Bolivia durante treinta años, y el anteproyecto... no cierra ninguna de las puertas que lo permitieron”. Explica el mecanismo: “una empresa con matriz en el exterior coloca bonos que compra en buena parte el Fondo de Pensiones, usa esa liquidez para operar o pagar a su matriz, y cuando genera utilidades las gira afuera como dividendos. En ningún momento entra un dólar fresco. Lo que se contabiliza como inversión extranjera directa es, en la práctica, ahorro boliviano con pasaporte extranjero”. Precisa que no hay ilegalidad —“las inversiones en DPF y bonos corporativos están permitidas por la Ley 065”—, sino un problema de diseño del sistema financiero que la nueva ley “no toca en absoluto”: la Matriz de Desempeño del artículo 57 “no pondera ni excluye del beneficio a los proyectos financiados con ahorro interno”.

La analista plantea tres reformas que, a su juicio, deberían tramitarse junto con la ley o incorporarse a ella. Primero, una obligación de trazabilidad del origen de los fondos: “la ANI debería verificar y publicar qué porcentaje del capital ejecutado proviene efectivamente del exterior y qué porcentaje se financió con el Mercado de Valores boliviano, incluido el Fondo de Pensiones”. Segundo, una reforma de la Ley del Mercado de Valores de 1998, que “nunca logró que las empresas bolivianas coticen sus acciones de manera significativa”, dejando ese mercado dominado por bonos y DPF que canalizan el ahorro previsional “sin que el ahorrante obtenga participación accionaria ni rentabilidad real”; propone condicionar los incentivos del Título VI a una apertura accionaria progresiva. Tercero, restablecer una obligación de liquidación de divisas en el Banco Central para sectores con incentivos fiscales, en el marco del nuevo régimen cambiario flexible adoptado el 26 de junio: “el artículo 39 garantiza el derecho a transferir capitales al exterior, pero no articula esa garantía con ninguna obligación recíproca de liquidación mínima que fortalezca las reservas del país que le está dando el beneficio fiscal”.

Gálvez concluye, “no es si esta ley va a traer inversión extranjera, sino si esa inversión va a ser adicional a lo que Bolivia ya se financia a sí misma, o si va a ser, otra vez, el mismo ahorro boliviano dando una vuelta por una cuenta en el exterior antes de volver como crédito tributario subsidiado por el propio Estado”. Advierte que “el riesgo documentado... no se corrige con una ley de incentivos más prolija, se corrige cambiando las reglas del sistema financiero que hace posible ese circuito, y ese cambio no está en el anteproyecto que hoy se debate”.

El anteproyecto ingresa a un proceso legislativo de duración incierta. La Disposición Transitoria Primera fija 120 días calendario para su reglamentación, lo que trasladará parte de las definiciones institucionales —organización de la ANI, nómina arancelaria, procedimientos de la Ventanilla Única— a decretos supremos posteriores a la aprobación. En paralelo, el Gobierno prepara proyectos de ley adicionales para reducir el control estatal en energía y minería, con un tope combinado de impuestos y regalías cercano al 50%, buscando equipararse a los regímenes de Perú y Argentina.

Siete empresas, un mismo patrón

Siete casos documentan el mismo patrón financiero en distintos sectores de la economía boliviana. COBEE, la hidroeléctrica de Zongo controlada desde Bermudas, distribuyó 112,9 millones de dólares en dividendos entre 2006 y 2025 sin invertir en nueva capacidad desde 2008; una parte significativa de sus 235 millones de dólares en bonos fueron comprados por el Fondo de Pensiones. Telecel (Tigo), 100% de la sueca Millicom, captó 520 millones de bolivianos del fondo previsional en 2023 y, tres meses después, prestó 450 millones a sus matrices en Curazao y Suecia. Ferroviaria Oriental, bajo control del venezolano Carlos Gill hasta que la Justicia chilena anuló ese control en 2025, dejó al Fondo de Pensiones con el 49,91% de sus acciones y 37,97 millones de dólares en bonos en un litigio societario sin resolución. Sinchi Wayra e Illapa, herederas de la minera COMSUR con matriz panameña, captaron 327,6 millones de dólares en valores suscritos por las AFP y la Gestora entre 2007 y 2025.

El Banco BISA, con cadena accionaria hacia Panamá, distribuyó 392,1 millones de bolivianos en dividendos en enero de 2026 y concentró 57 de los 88 millones de dólares que la banca boliviana envió a paraísos fiscales en 2025. El Frigorífico BFC, con capitales paraguayos y una sanción rusa vigente desde 2023 por certificados de origen falsificados, recibió cien millones de dólares en bonos de la Gestora en 2024 y créditos del Banco Unión por garantía simple. EMIPA, controlada por la canadiense Orvana, financia su Proyecto Óxidos con bonos locales y capitalizaciones de deuda con su matriz, en lugar de capital verdaderamente fresco proveniente efectivamente del exterior boliviano.

Este texto es un extracto del reportaje completo que se puede leer AQUÍ.