ENDE, Larraín y Méndez: presuntos apagones y licitaciones sin explicación

El presidente ejecutivo interino de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Mario Larraín Saavedra, continúa sin responder un cuestionario remitido por este medio sobre su relación con el exasesor presidencial Fernando Cerimedo y sobre una serie de cortes de energía registrados en el trópico cochabambino desde mayo de 2026. La solicitud, enviada por teléfono y WhatsApp, incluyó 11 preguntas directas sobre presuntas interferencias de Cerimedo en decisiones de personal de la estatal, sobre el corte de más de dos horas ocurrido el 27 de mayo en el Trópico de Cochabamba, y sobre una licitación de ENDE Corani para el proyecto Miguillas cuyo precio referencial habría sido modificado al alza tras ser anulada y reconvocada. Larraín postergó la llamada, solo respondió una vez por mensaje para preguntar quién escribía, y no volvió a contestar. Una consulta paralela dirigida al gerente general interino de ENDE Corani, Jorge Méndez Marquina, sobre el mismo proceso licitatorio —identificado como Convocatoria Pública COR-MIG-OB-30-2026, para la construcción del Túnel 5 del proyecto hidroeléctrico Miguillas— tampoco obtuvo respuesta.

El señalamiento a ENDE se apoya en tres elementos: una entrevista de la abogada Nadia Beller con este medio, un audio difundido por el vicepresidente Edmand Lara y capturas de un chat que Beller atribuye a Cerimedo. Beller sostuvo que Larraín, en el cargo desde noviembre de 2025, era “un gran amigo” de Cerimedo y que este intervenía en decisiones de contratación y despido de personal dentro de la empresa estatal, algo que dijo haber documentado. Sobre los apagones, afirmó que se coordinaron cortes como táctica con la Policía en la región donde Evo Morales permanece resguardado de una orden de aprehensión, aunque dijo desconocer específicamente el episodio denunciado por Lara en Yapacaní. El 8 de septiembre, Lara presentó un audio que atribuyó a una conversación entre Cerimedo y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre cortar luz, agua e internet en una región no identificada; el propio vicepresidente aclaró que la autenticidad debe establecerse mediante pericia técnica. Un día después, Beller publicó en Facebook capturas de un chat en el que Cerimedo, en referencia a una zona del Chapare que ambos nombrarían en código como “el Chaco”, habría escrito sobre cortar la luz, “a ver hacen”.

El Senado activa una comisión investigadora

El 18 de septiembre, la Cámara de Senadores formalizó, con el respaldo de más de dos tercios de sus miembros, la creación de la Comisión Especial de Investigación sobre posibles actos de corrupción vinculados a Cerimedo y su participación en actos del Órgano Ejecutivo. La instancia, integrada por seis senadores de tres fuerzas políticas —Paola López y Marcelino Flores, del PDC; Leonardo Roca y José Sánchez, de Alianza Libre; y Eliana Acosta y Marcelo Cardona, de Unidad—, dispone de un plazo inicial de tres meses, prorrogable por 40 días adicionales, y puede convocar a ministros, funcionarios y exfuncionarios, así como a cualquier persona vinculada al caso, en el marco del Reglamento General de la Cámara. Según los legisladores, buena parte del trabajo se concentrará en las denuncias públicas de Beller, que incluyen referencias a presuntos negocios de combustible, diésel y oro, además de los apagones en el Chapare. Antes de esa resolución, un sector de la oposición había intentado, sin éxito, que el pleno aprobara por dispensación de trámite la creación de una comisión de carácter internacional; al no reunir los dos tercios necesarios, la propuesta fue remitida a comisión para su análisis.

ENDE: autocrítica interna y silencio ante la prensa

Mario Larraín Saavedra asumió la presidencia ejecutiva interina de ENDE Corporación en noviembre de 2025, en un acto de posesión conjunto con otras autoridades del sector energético realizado en Cochabamba. Un mes después, en una conferencia de prensa junto al presidente Paz, calificó la situación de la empresa como “uno de los momentos más complejos de su historia reciente”, atribuyó el deterioro a una estructura debilitada por veinte años de manejo acumulado, y anunció una auditoría que describió como “agresiva y urgente”. Meses más tarde, en abril, en un evento sectorial en Santa Cruz, insistió en la necesidad de alianzas público-privadas para garantizar la seguridad energética del país. Los resultados de la auditoría anunciada no han sido difundidos.

Frente al cuestionario remitido por este medio, Larraín no respondió ninguna de las 11 preguntas planteadas: ni sobre su relación con Cerimedo y la presunta injerencia de este en decisiones de personal de ENDE —algo que Beller dice haber documentado—, ni sobre la causa real del corte del 27 de mayo en el Trópico de Cochabamba y la existencia de un informe técnico interno, ni sobre si hubo alguna instrucción, de cualquier nivel jerárquico, para cortar el suministro en esa fecha, ni sobre si la empresa participó de algún modo en la ejecución de una instrucción como la referida en el audio presentado por Lara. Tampoco confirmó si la auditoría que él mismo anunció incluye específicamente los cortes de electricidad en el Chapare y la posible intervención de personas ajenas a la empresa en decisiones operativas, ni cuándo estarán disponibles sus resultados. Por vía telefónica, atendió una vez y prometió devolver la llamada, algo que no ocurrió; al menos tres llamadas posteriores quedaron sin respuesta. Por WhatsApp, solo preguntó quién escribía.

La licitación cuestionada del Túnel Palillada

Dos de las preguntas remitidas a Larraín, y una tercera enviada en los mismos términos al gerente general interino de ENDE Corani, Jorge Méndez Marquina, se refieren a la Convocatoria Pública COR-MIG-OB-30-2026, para la construcción del Túnel 5 del proyecto hidroeléctrico Miguillas. Según denuncias recibidas por este medio, esa licitación tenía originalmente un precio referencial menor, fue anulada durante la gestión de Larraín y se volvió a convocar con un precio referencial mayor. Ninguna de las dos consultas fue respondida.

Sobrecosto denunciado
El costo original del Túnel Palillada rondaba 69 millones de dólares, según la denuncia legislativa.

El asunto no es menor para el Legislativo. El 27 de agosto, la Cámara de Senadores aprobó, a pedido de la senadora Claudia Mallón Vargas, una Petición de Informe Escrito (P.I.E. N° 1630/2025-2026) dirigida al Ministerio de Hidrocarburos y Energías, con 18 preguntas específicas sobre la construcción del Túnel Palillada del mismo proyecto Miguillas. Entre ellas, se solicita confirmar si el costo originalmente previsto para esa obra ascendía a aproximadamente 69 millones de dólares, cuál es el monto actualmente proyectado, y —en caso de que el incremento supere el 200%— qué estudios técnicos sustentan esa variación. El cuestionario legislativo pide además identificar a la empresa recomendada para la adjudicación, su composición societaria y beneficiarios finales, verificar la existencia de posibles conflictos de interés entre esa empresa y autoridades de ENDE, y precisar si el contrato contempla un anticipo del 50% del monto contractual, porcentaje que la propia petición señala como excepcional frente al promedio manejado por la estatal en los últimos cinco años. La cadena de instrucciones —de la Presidencia de la Cámara de Senadores al Ministerio de la Presidencia, de ahí al Ministerio de Hidrocarburos y Energías, y finalmente a Larraín y a Méndez— fijó como plazo el 10 de septiembre. Ni ENDE Corporación ni ENDE Corani han hecho pública una respuesta a esa fecha.

En paralelo, el proyecto Miguillas —que contempla dos centrales en cascada, Umapalca y Palillada, con una potencia conjunta cercana a los 203 megavatios— reportó, según una inspección liderada por el propio Méndez, un avance del 78,4% al 31 de agosto de 2026. Esa cifra de avance físico no resuelve, sin embargo, las preguntas pendientes sobre el proceso de contratación de uno de sus componentes más costosos.

ENDE Brasil, otro frente de opacidad

El cuestionario remitido a Larraín incluyó también un pedido de los estados financieros y la nómina de directivos de ENDE Brasil, una subsidiaria constituida en ese país por dos empresas de ENDE Corporación. Este medio ya había reportado en abril un patrón de opacidad similar en torno a esa sociedad. La solicitud tampoco fue respondida, y no existe hasta la fecha información pública que permita establecer su situación financiera ni la identidad de quienes la dirigen.

Al cierre de esta edición

Ni la pericia técnica sobre el audio difundido por Lara, ni la auditoría interna que Larraín anunció hace casi un año, ni una investigación específica sobre los cortes de electricidad en el Chapare, registran resultados públicos. Tampoco hay una versión oficial de ENDE sobre la licitación del Túnel Palillada ni sobre la situación de su subsidiaria brasileña. Mario Larraín no ha dado su versión sobre ninguno de los puntos consultados por este medio, pese a los reiterados intentos de contacto. La invitación a él y a la oficina de comunicación de ENDE a remitir su versión para incorporarla a la cobertura de estos casos sigue abierta.

Beller declara en tres procesos judiciales

Nadia Beller ha declarado en al menos tres procesos judiciales distintos. El 17 de septiembre de 2026 prestó declaración informativa ante la Fiscalía de Santa Cruz, en la causa por enriquecimiento ilícito que se sigue contra Fernando Cerimedo, en una Cámara Gessell, un ambiente dividido por un vidrio de visión unilateral usado para entrevistar a víctimas vulnerables. En esa diligencia entregó su teléfono celular para que sea sometido a un desdoblamiento técnico por los investigadores.

El 23 de septiembre declaró, desde Bolivia y por videoconferencia, ante la Justicia argentina, en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ratificó ante el fiscal federal Franco Picardi versiones que ya había expresado públicamente, entre ellas que Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, habrían filtrado los audios del exdirector de esa agencia, Diego Spagnuolo, que expusieron esa presunta trama de corrupción. Puso además a disposición de la Justicia argentina el contenido de su teléfono que se extrae en Bolivia.

Al día siguiente, el 24 de septiembre, al referirse nuevamente al ataque que sufrió el 17 de agosto en Santa Cruz, Beller afirmó que existe un encubrimiento policial, porque más de un mes después los dos hombres que le dispararon no habían sido identificados ni detenidos. Dijo sentir menos preocupación por un supuesto sicario que circuló en redes sociales que por la situación de Cerimedo, a quien atribuye poder e influencia. Se trata de acusaciones de la víctima, no de conclusiones judiciales. La audiencia por la tentativa de feminicidio, prevista para ese mismo período, fue suspendida porque Cerimedo se presentó sin abogado; Beller anunció que se apersonará también en la investigación por violencia familiar.