Los ahorros de los bolivianos financiaron el emporio minero de Goni

Cuando en 1997 se crearon las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), la narrativa oficial destacaba la modernización del sistema de jubilación boliviano. El impulsor de esa transformación fue Gonzalo Sánchez de Lozada, quien había aprobado un año antes la Ley de Pensiones 1732 (1996). El nuevo modelo reemplazó el antiguo sistema de reparto por uno de capitalización individual: cada trabajador debía aportar mensualmente a una cuenta personal, administrada por las AFPs, que invertirían esos recursos en el mercado financiero.

La promesa era simple: mayor eficiencia, rentabilidad y seguridad para los futuros jubilados. Pero dos décadas más tarde, los mismos fondos se convirtieron en el sostén de las empresas mineras ligadas al expresidente, a través de emisiones de bonos y pagarés bursátiles.

Una ley clonada

En 2010, durante el gobierno del MAS, la Ley 065 de Pensiones reemplazó a la norma de Sánchez de Lozada. Sin embargo, en lo esencial, el esquema se mantuvo casi intacto: cuentas individuales obligatorias, administración centralizada y la obligación de invertir en instrumentos financieros del mercado local. Lo único que cambió fue la figura del administrador: en 2022, tras la nacionalización del sistema, nació la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que absorbió las carteras de las AFPs.

La estructura legal que abrió la puerta para que los ahorros de millones de trabajadores financiaran al grupo minero heredero de Comsur nunca se modificó.

Sinchi Wayra: USD 277 millones

El caso más emblemático es el de Sinchi Wayra S.A., empresa heredera de Comsur. Entre 2006 y 2011 lanzó emisiones bursátiles que sumaron 277 millones de dólares, principalmente en bonos corporativos. Los principales compradores fueron las AFPs Futuro de Bolivia y Previsión, que absorbieron más del 70% de los papeles, con el argumento de que ofrecían rentabilidad superior al promedio y estaban garantizados con activos mineros.

En la práctica, esto significó que miles de millones de bolivianos de aportes jubilatorios terminaron financiando la operación y expansión de la empresa minera que continuó el legado económico de Sánchez de Lozada.

Illapa: pagarés por USD 50 millones

En 2013, otra compañía del mismo grupo, Illapa S.A., acudió al mercado bursátil con pagarés corporativos por alrededor de 50 millones de dólares. La mecánica fue la misma: los papeles fueron adquiridos en gran parte por los fondos de pensiones, lo que garantizó liquidez a la minera y una renta a los administradores de las cuentas individuales.

Emipa: bonos por Bs 327 millones

La lista no termina ahí. Empresa Minera Paitití (Emipa), otra filial vinculada al entramado minero, emitió bonos por 327 millones de bolivianos. Según registros de la Bolsa Boliviana de Valores, nuevamente los fondos de pensiones fueron compradores clave, repitiendo el patrón de canalizar recursos previsionales hacia el emporio minero.

San Lucas: pagarés hasta 2025

Finalmente, la compañía San Lucas, también asociada al conglomerado, emitió pagarés bursátiles por 140 millones de bolivianos con vencimiento en 2025. Estos instrumentos, vigentes aún bajo la administración de la Gestora, muestran la continuidad de la relación entre el ahorro previsional de los trabajadores y las empresas ligadas al expresidente.

Un movimiento invisible de fondos

Detrás de cada emisión, el mecanismo era siempre el mismo: los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), formados por aportes obligatorios de los trabajadores, se desplazaban hacia títulos emitidos por estas compañías. Para los gestores de inversión, la ecuación era positiva: alto rendimiento, respaldo en activos tangibles y cumplimiento normativo.

Para los afiliados, sin embargo, el panorama era distinto: pocas veces supieron que el dinero de su futura jubilación estaba sirviendo para apuntalar a las empresas asociadas al expresidente más cuestionado de la democracia boliviana.

La paradoja de la seguridad social

La legalidad de estas operaciones nunca estuvo en duda: todas se realizaron bajo la supervisión de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) y en conformidad con la normativa vigente. Pero el trasfondo genera un debate que sigue abierto: ¿es legítimo que los ahorros de jubilación de millones de bolivianos hayan servido para financiar a un grupo económico directamente vinculado a un expresidente prófugo de la justicia?

El caso revela la paradoja de un sistema previsional que, bajo dos gobiernos ideológicamente opuestos, mantuvo la misma lógica de inversión canalizando los ahorros de los trabajadores hacia los grandes grupos empresariales, incluso aquellos ligados a las heridas más profundas de la historia reciente del país.

Este texto es un extracto del reportaje completo que se puede leer AQUÍ.

^{Este reportaje periodístico tiene la finalidad de difundir en lenguaje accesible los resultados de investigaciones basadas en documentos disponibles de acceso público, tales como Estados Financieros, Auditorías externas a los Estados Financieros, Calificaciones de riesgo, Memorias Anuales, Prospectos de emisión de valores, reportes a entidades regulatorias, actas de juntas de accionistas, actas de reuniones de directorios, registros documentales de actividades empresariales, que incluyen testimonios notariales, poderes, informes de registro público, estudios de expertos y otros. Todos, sin excepción, auténticos y registrables.
Invitamos a los expertos del país o de fuera de nuestras fronteras que estén o no de acuerdo con parte o con todos los resultados difundidos, las conclusiones o enfoque de cada reportaje, a publicar sus criterios en la sección de comentarios, o, si ven por conveniente, hacerlo en forma privada al correo electrónico [email protected], aclarando si quieren mantener o no su nombre en reserva para aplicar las protecciones del secreto de fuente establecido en la Ley de Imprenta.
También invitamos a añadir sus propias investigaciones, análisis y conclusiones, las que publicaremos contrastando con las del equipo de investigación de El País, a cuyo efecto ofrecemos a nuestros estimados lectores suscritos el acceso a la base de datos que El País ha utilizado en cada caso, con la única condición de asumir formal y públicamente su compromiso de hacernos llegar los resultados y alcance de su trabajo en determinado tiempo a acordarse.
La finalidad última es la de informar objetiva y respetuosamente a la población boliviana que busca mejores días para su patria.}