Justiniano responde a Evo y afirma que “nadie está por encima de la ley”

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respondió a la advertencia del expresidente Evo Morales sobre posibles movilizaciones contra las medidas adoptadas por el Gobierno y sostuvo que cualquier protesta debe desarrollarse dentro del marco legal.

Justiniano afirmó que Morales tiene derecho a cuestionar las decisiones del Ejecutivo y a convocar movilizaciones pacíficas, pero rechazó que las diferencias políticas sean planteadas mediante ultimátums o medidas que afecten la libre circulación.

“Nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley”, manifestó la autoridad, en declaraciones difundidas este domingo.

La respuesta surge después de que organizaciones afines a Morales, reunidas en un ampliado de Evo Pueblo en Lauca Ñ, fijaran hasta el 3 de octubre como plazo para que el Gobierno abrogue el Decreto Supremo 5716 y la norma que establece como prioritaria la reorganización, disolución y/o liquidación de empresas públicas.

El sector anunció que, si sus demandas no son atendidas, podría activar movilizaciones desde el 13 de octubre. Durante el encuentro, Morales advirtió: “Si no es de a buenas va a ser de a malas”.

Frente a esa posición, Justiniano sostuvo que las diferencias políticas deben ser canalizadas mediante las instituciones y dentro de la democracia.

“Las diferencias políticas se resuelven dentro de la democracia y de la ley, no bajo la advertencia de que ‘si no es de buenas será de malas’”, señaló.

El ministro también hizo referencia a la situación judicial de Morales y sostuvo que existen órdenes de aprehensión vigentes contra el expresidente. En ese sentido, afirmó que corresponde que se presente ante la Justicia para ejercer su defensa bajo las garantías establecidas por la Constitución.

“Y si hoy quiere hablar de cumplimiento de la ley, debería comenzar por cumplirla él mismo”, agregó.

Justiniano señaló además que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de diálogo con los distintos sectores, aunque remarcó que tiene la responsabilidad de garantizar la libre circulación, el abastecimiento y los derechos de la población.

La posición del Gobierno se da en un escenario de rechazo de distintos sectores al Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel, mientras el Ejecutivo ha ratificado su decisión y mantiene reuniones con organizaciones que cuestionan sus medidas económicas.