833 mil personas sostienen el ahorro previsional en Bolivia

La cifra que el sistema previsional boliviano exhibe con orgullo es 2.827.870: los asegurados registrados al cierre de mayo de 2026, según la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. Es un número que transmite cobertura y solidez institucional.

Esconde, sin embargo, un matiz decisivo: un asegurado registrado no es quien cotiza cada mes. Es cualquier persona que en algún momento se inscribió en el sistema, aunque jamás haya vuelto a aportar.

La cifra real es otra: 833.182 personas cotizaron en 2024. El 14% de la Población Económicamente Activa. Sobre esa base descansa el activo financiero más grande de Bolivia: un fondo de USD 29.823 millones, equivalente al 56% del PIB del país y administrado, desde hace quince años, sin el directorio que la ley exige.

La raíz del problema está en el mercado laboral

Según datos del Banco Mundial, Bolivia tiene el empleo vulnerable más alto de América Latina: el 62,7% de sus ocupados trabaja sin contrato, sin seguridad social y sin perspectiva de jubilación. Chile registra 20,9%; Argentina, 22,3%; Brasil, 26,1%. La inversión extranjera directa llegó apenas al 0,65% del PIB en 2024, la segunda más baja de la región. Sin inversión productiva, no hay empleos formales. Sin empleo formal, no hay aporte. Sin aporte, no hay pensión.

Quienes sí cotizan no representan al trabajador boliviano promedio. Su salario promedio estimado supera los Bs 9.900, más del triple del salario mínimo de Bs 3.300. El 83,4% de la recaudación se origina en La Paz. Solo 3.378 personas menores de 20 años aportan en todo el país. Mientras la base de cotizantes se estanca, el número de jubilados crece a razón de 15.000 personas por año. Y la mora patronal —aportes descontados del salario de los trabajadores, pero nunca depositados por los empleadores— superó los Bs 951 millones al cierre de 2024.

El destino del dinero revela la segunda capa del problema

El 93% del fondo está concentrado en el Estado boliviano (35,82%) y la banca privada (57,24%). La rentabilidad nominal de 2025 fue del 4,5%. La inflación, del 20,4%. La pérdida real del ahorro previsional: -15,9%.

El Estado, mayor deudor del fondo, usó bonos soberanos como colateral en operaciones de reporto por USD 918,8 millones entre noviembre de 2024 y enero de 2025. En marzo de 2026, canjeó instrumentos en poder de la Gestora por otros denominados en bolivianos, transfiriendo a los cotizantes el riesgo de devaluación. Los bancos, financiados con el 57% del fondo, registraron utilidades récord de USD 540 millones en 2025 y distribuyeron al menos USD 88 millones en dividendos hacia Panamá, Holanda, Bermudas y Luxemburgo.

Tres casos corporativos documentados ilustran un tercer circuito

Telecel captó Bs 520 millones del fondo y tres meses después prestó Bs 450 millones a sus matrices en el exterior. COBEE, controlada desde Bermudas, extrajo USD 124 millones en dividendos mientras el fondo mantenía bonos de la empresa. Y la Gestora posee el 49,91% de Ferroviaria Oriental, que tiene un litigio abierto en tribunales chilenos, sin plazo visible de resolución.

Todo esto ocurre bajo la administración de una institución que opera sin directorio, con seis subgerencias clave vacantes y con la APS —el organismo fiscalizador— sin publicar sus boletines estadísticos desde 2024. El sistema fue diseñado para proteger a todos. En los hechos, protege a muy pocos bolivianos.

Proyecto Media Party y Banco Mundial

Esta investigación fue desarrollada en el marco del Programa Regional de Capacitación en IA y Datos de Media Party y el Banco Mundial 2026, y fue seleccionada entre cuatro proyectos financiados para su realización. El programa, que busca fortalecer el periodismo de datos en América Latina, respaldó la investigación, la verificación de fuentes primarias y la construcción de visualizaciones interactivas. La investigación completa, con datos, visualizaciones y fuentes, está disponible aquí:

Trabajar a ciegas: La informalidad que vacía las pensiones bolivianas