Sin subsidio, una garrafa de GLP podría subir hasta Bs 140

La posible eliminación de la subvención al Gas Licuado de Petróleo (GLP) abre un escenario de crisis para las familias que todavía dependen de la garrafa para cocinar. Aunque el Gobierno no ha mencionado quitar el subsidio al GLP, el Decreto Supremo N° 5667, promulgado en julio de este año, mantiene hasta diciembre el precio actual de Bs 22,50. Luego, el precio podría subir a Bs 130 y Bs 140.

El cálculo fue realizado por el experto en hidrocarburos Álvaro Ríos, quien tomó en cuenta variables como el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y los costos de importación. Se trata de una proyección y no de un precio oficial.

La posibilidad de una subida de esta magnitud genera preocupación entre los vecinos de Tarija, especialmente por el impacto que podría tener en los hogares que no cuentan con conexión de gas domiciliario y en pequeños emprendimientos que utilizan GLP para preparar alimentos.

El dirigente vecinal Rodrigo Castillo advirtió que un incremento del combustible se sumaría al alza que ya registra la canasta alimentaria y podría profundizar la presión económica sobre las familias.

“Ahora, en estos momentos la garrafa está entre 22,50 a 24 bolivianos”, señaló Castillo, al referirse al gasto de las familias que no tienen conexión domiciliaria. En ese contexto, consideró que un incremento superior a Bs 100 sería difícil de absorber.

La alerta surge mientras el Gobierno avanza con medidas comprometidas dentro del acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla cambios en el esquema de subvención a los combustibles. Sin embargo, hasta ahora no se conoce oficialmente cuánto costaría una garrafa si se modifica la subvención.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, evitó establecer una cifra y señaló que hacerlo sería especular mientras no se conozcan las condiciones definitivas.

El impacto en los pequeños negocios

Castillo también puso el foco en los pequeños emprendimientos que utilizan GLP como parte de sus costos de operación. Mencionó a personas que venden comida rápida, almuerzos y otros alimentos preparados, para quienes un incremento del combustible podría terminar trasladándose al precio final de los productos.

Como ejemplo, señaló que actualmente muchas personas pueden acceder a un almuerzo de alrededor de Bs 15, pero consideró que, ante nuevas alzas de costos, este precio podría llegar a Bs 30 o Bs 40. Aclaró que se trata de una proyección y expresó su preocupación por las familias con menores ingresos.

“Las familias ya no saben de qué van a hacerse”, afirmó Castillo. El dirigente sostuvo que el efecto no alcanzaría únicamente a quienes compran una garrafa, sino también a quienes dependen indirectamente del GLP para producir o comercializar alimentos.

En ese sentido, pidió que cualquier modificación al esquema de subvención esté acompañada de mecanismos de control para evitar que el retiro del subsidio sea utilizado como argumento para aplicar incrementos que no correspondan a los costos reales.

Planteó activar los mecanismos de defensa del consumidor y solicitar hojas de costos a los sectores que incrementen sus precios. También pidió controles sobre productos de la canasta alimentaria, entre ellos el pollo, ante la posibilidad de que las variaciones en combustibles y transporte generen un efecto en cadena.

El dirigente cuestionó además la falta de controles que, según afirmó, acompañan las medidas anunciadas por el Gobierno. Puso como ejemplo la eliminación de la subvención al diésel y el incremento de algunas tarifas del transporte público, situación que, dijo, está generando conflictos entre transportistas y usuarios.

“Nosotros como población nos sentimos en un estado desprotegidos porque no hay una institución, en este caso Viceministerio de Defensa del Consumidor”, sostuvo Castillo, al reclamar mayor presencia de las autoridades para verificar los precios y evitar abusos.

Vecinos anuncian controles

Ante este escenario, las organizaciones vecinales anunciaron que realizarán trabajo de campo en los centros de abasto de Tarija para conocer el comportamiento de los precios y verificar posibles incrementos injustificados.

Castillo también pidió que las nuevas disposiciones incluyan controles frente a la especulación, el acopio y el agio. Señaló que el seguimiento estará dirigido principalmente a productos que puedan sufrir incrementos asociados al costo de los combustibles y del transporte.

La diferencia entre el precio actual de Bs 22,50 y los Bs 130 estimados por Ríos sería de Bs 107,50 por garrafa. Para una familia que utiliza una garrafa al mes, esto representaría un incremento significativo en el gasto destinado a cocinar; para quienes requieren más de una, el impacto sería mayor.

Castillo anunció que los vecinos continuarán haciendo seguimiento al comportamiento de los precios y evaluarán acciones si consideran que las medidas económicas afectan a la población.

“Tarija no tiene por qué ser la excepción. Tarija tiene que demostrar que también estamos con su pueblo”, concluyó.

El GLP en la incertidumbre

La garrafa de GLP se comercializa actualmente en Bs 22,50, pero la eventual eliminación de la subvención abre la posibilidad de un incremento. Ríos estimó que podría llegar a Bs 130-140, mientras que Raúl Velásquez calculó un precio de Bs 120.

Ninguna de estas cifras corresponde a un precio oficial. El Ministro de Hidrocarburos dice que no quiere especular, mientras no se conozcan las condiciones definitivas.

De concretarse las variables expuestas por ambos expertos, la diferencia entre los Bs 22,50 actuales y los Bs 130-140 estimados tendría un impacto directo sobre los hogares que dependen de este energético para cocinar.