BFC sigue en caída libre y el silencio se profundiza

De un capital inicial de Bs 70.000 en junio de 2018 a una calificación de riesgo que en junio de 2026 cayó tres escalones, de A1 a BBB2, la trayectoria de Frigorífico BFC S.A. cabe en una sola línea, aunque su historia reciente exige mucho más espacio. Ocho años después de constituirse en Santa Cruz como extensión boliviana del Grupo Concepción —el conglomerado cárnico paraguayo-brasileño que, según admiten sus propios documentos financieros, fundó BFC “para atender el mercado chino, aprovechando que la matriz en Paraguay no puede exportar directamente a ese mercado”—, la empresa atraviesa la fase más crítica de su existencia. Y lo hace en simultáneo con un cambio de gobierno, de Luis Arce Catacora a Rodrigo Paz Pereira, y con una crisis social que en mayo de 2026 llevó a Brasil a ofrecer ayuda humanitaria a Bolivia ante bloqueos que afectaron el abastecimiento del país.

La empresa creció, entre 2018 y 2024, casi exclusivamente mediante deuda. El capital pagado pasó de Bs 70.000 a Bs 210.040.000 sin que existan registros de aportes frescos de los accionistas en efectivo proporcionales a ese salto; en octubre de 2025 se duplicó otra vez, hasta Bs 418.840.000, mediante la capitalización de utilidades acumuladas de la gestión 2024, no mediante nuevo dinero de Frigorífico Concepción S.A., Pedro Cassildo Pascutti o Agroganadera Concepción S.A., sus tres únicos accionistas. Mientras el patrimonio contable se multiplicaba sobre el papel, la empresa acumulaba préstamos bancarios, pagarés colocados en Fondos de Inversión Cerrados y cinco emisiones de bonos en la Bolsa Boliviana de Valores por Bs 696 millones. Ese crecimiento coincidió, sin pausa, con el veto ruso de 2023 por certificados de exportación falsificados, con la investigación penal contra su gerente general, Paulo Martins Macedo, y con las discrepancias de más de 129.000 toneladas entre lo que Bolivia declara exportar a China y lo que China declara importar, reveladas en octubre de 2025.

Ese deterioro se documentó a partir de la rebaja de calificación de AESA Ratings, ocurrida el 29 de junio de 2026, y del incumplimiento de los compromisos financieros de las cinco emisiones de bonos —Relación de Cobertura de Servicio de Deuda, Relación de Deuda sobre Patrimonio y Razón Corriente— comunicado por la propia empresa a la ASFI el 30 de julio. Esa misma calificación de AESA atribuyó parte del deterioro a las limitaciones operativas generadas por los conflictos sociales que, desde mayo de 2026, derivaron en bloqueos de caminos en buena parte del país, y a la exposición de BFC como garante de su matriz paraguaya, Frigorífico Concepción S.A., rebajada por Fitch Ratings a “CC” y por Fix Ratings Paraguay a “C” apenas dos semanas antes, en el marco de su propio proceso de reestructuración de deuda.

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La crisis de BFC, en ese sentido, no ocurre en el vacío, coincide con un nuevo régimen cambiario aprobado por el Banco Central de Bolivia el mismo 29 de junio de 2026, cuyo impacto sobre entidades financieras con pasivos dolarizados o carteras previamente vulnerables —como el propio Banco Unión, acreedor de BFC, u otras entidades del sistema— es otra de las preguntas que este diario trasladó al Ministerio de Economía y a la ASFI sin obtener respuesta. Lo que aporta esta actualización es lo que ocurrió después de esas fechas, y confirma que la tendencia no se revirtió.

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El 15 de septiembre, las asambleas generales de tenedores de las cinco emisiones de bonos (1, 2, 3, 4, 5) volvieron a reunirse de forma presencial, alteraron el orden del día previsto y, en lugar de resolver sobre la propuesta de reestructuración que la propia empresa había anunciado un mes antes, decidieron un cuarto intermedio hasta el 9 de octubre. Es la segunda vez, después de la asamblea del 25 de agosto (1, 2, 3, 4, 5), que el proceso de reestructuración de las emisiones vigentes queda en suspenso sin una definición concreta para los tenedores, entre ellos la Gestora Pública de Pensiones.

En paralelo, el uso del Fondo de Contingencia dejó de ser una excepción puntual: el 1 de septiembre, BFC instruyó a Credibolsa utilizar ese mecanismo para cubrir los cupones de las emisiones 3 y 5, sumándose a los episodios ya registrados en las emisiones 1, 2 y 4 a lo largo de 2025 y 2026. A esta altura, las cinco emisiones de bonos de la empresa han debido recurrir, en algún momento, a ese fondo de última instancia, diseñado originalmente para cubrir faltantes excepcionales y no para sostener el calendario ordinario de pagos.

La empresa también intensificó, entre agosto y septiembre, una serie de maniobras para reordenar su deuda privada con Fondos de Inversión Cerrados administrados por SAFIs: redujo de Bs 140 millones a Bs 7 millones una emisión de pagarés con Capital+ SAFI, lanzó una nueva emisión de Bs 60 millones con Alianza SAFI para repagar una anterior, y colocó Bs 22,5 millones con Fortaleza SAFI, un actor nuevo en su historia como emisora, para sustituir un pagaré de 2025. En cada caso, BFC aclaró por escrito que estas operaciones “no representan ningún incremento de pasivo”, sino canjes de instrumentos de características similares. El detalle de estas maniobras se desarrolla más abajo.

A esa acumulación de señales se suma un cambio de gobernanza con implicancias que este diario planteó directamente a los involucrados, sin obtener respuesta: en junio de 2026, BFC creó la “Gerencia General de Pasivos y Relaciones Financieras” y designó para ese cargo a Marcelo Renzo Jiménez Córdova, hasta entonces gerente general del Banco Unión S.A., una de las entidades acreedoras de la empresa. Dos meses después, el 4 de agosto, BFC y el Banco Unión formalizaron una reprogramación de deuda mediante el Testimonio N.º 490/2026. Si existió algún período de incompatibilidad entre ambos cargos, o si Jiménez Córdova participó directamente en esa negociación, son preguntas que este diario trasladó al propio interesado y a la ASFI el 14 de agosto, sin respuesta hasta hoy.

También se suma la planta fotovoltaica de San Ignacio de Velasco, presentada por la empresa instaladora, Solaria, como un símbolo de innovación energética boliviana, financiada en diciembre de 2025 con un préstamo del BCP garantizado, entre otros bienes, con hipoteca sobre el mismo lote que la empresa terminaría entregando a ese banco meses después para saldar otras deudas. Y se suma, finalmente, el silencio: seis cartas enviadas por este diario el 14 de agosto a la empresa, al Ministerio de Economía, a la ASFI, a la Gestora Pública de Pensiones, al BCP y a Capital+ SAFI, solicitando explicaciones sobre cada uno de estos episodios, siguen sin respuesta a la fecha de esta publicación.

Para la analista financiera y política Edith Gálvez, el patrón que conecta todos estos hechos —la reducción de pagarés, las asambleas suspendidas, el fondo de contingencia agotado y repuesto una y otra vez, el silencio institucional— describe algo más amplio que el balance de una sola empresa. “BFC funcionó durante años como una demostración de que, en Bolivia, una estructura financiera puede crecer indefinidamente mientras nadie haga las preguntas incómodas a tiempo. Lo que estamos viendo ahora, con un gobierno distinto y un contexto económico distinto, es que, cuando esas preguntas finalmente se acumulan, no hay una sola señal de alarma, hay una sucesión de ellas, y ninguna institución convocada a responder lo ha hecho todavía”, señala.

Gálvez agrega que el momento político no es un detalle menor. “El primer capítulo de esta historia ocurrió bajo un gobierno que tenía todo el incentivo de no mirar de cerca una empresa que le devolvía buenos titulares de inversión extranjera. El segundo capítulo ocurre bajo un gobierno nuevo, en medio de una crisis social y de un cambio de régimen cambiario, con menos margen y menos tiempo para decidir qué hacer con una empresa que ya no puede sostenerse sola”, explica.

Bajo ese prisma, la trayectoria de BFC deja de leerse como el problema de una empresa cárnica boliviana y empieza a leerse como un caso de estudio sobre los límites —y la falta de ellos— del sistema financiero y regulatorio que permitió, primero, ese crecimiento, y que ahora observa su reversión sin ofrecer, todavía, ninguna explicación pública. Para los cerca de 42,4 millones de dólares del ahorro jubilatorio boliviano invertidos en bonos de BFC según el último dato público disponible, de junio de 2025, esa ausencia de respuestas es, siete meses después de la primera señal formal de incumplimiento, la única información con la que cuentan sus propios dueños.

La planta solar bajo garantía hipotecaria

La planta fotovoltaica de BFC en San Ignacio de Velasco se financió con un préstamo del BCP por Bs 13.720.000, formalizado el 22 de diciembre de 2025, a 48 meses y 10% de interés anual. Según la valoración técnica de noviembre de 2024, el proyecto tiene 3.024 paneles y capacidad instalada de 2,026 MW; a inicios de 2026 la propia empresa lo describía como “nuevo sin instalar”. El post de Solaria del 3 de septiembre la presenta como “la planta fotovoltaica privada más grande de Bolivia”, de 2,5 megavatios pico, cifra que no coincide con los 2,026 MW de la garantía.

El crédito se respaldó con hipoteca de primer grado sobre el lote “Enconada 300”, en Cotoca, y fianza solidaria de los directores Jair Antonio De Lima y Pedro Cassildo Pascutti. Esa propiedad es una de las cuatro que BFC entregó al BCP en julio de 2026 mediante dación en pago, para extinguir la totalidad de sus obligaciones pendientes con ese banco por Bs 166.857.994,64. La operación no detalla si el préstamo solar quedó incluido en ese monto, pero al tratarse de “la totalidad de las obligaciones financieras pendientes” con el mismo acreedor y sobre la misma garantía, todo indica que sí.

El resultado es que la infraestructura que la instaladora celebra como un hito de innovación energética boliviana quedó finalmente construida sobre un terreno que, meses antes de esa publicación, ya había cambiado de dueño como parte del reacomodo de deudas de BFC con su banco acreedor. El financiamiento verde, en ese sentido, no fue una inversión al margen de la crisis. Fue una pieza más de la estructura de garantías que terminó cediéndose.

Los pagarés que van y vienen

Entre agosto y septiembre de 2026, mientras se acumulaban los incumplimientos financieros y las rebajas de calificación, BFC realizó al menos cuatro Juntas Extraordinarias dedicadas casi exclusivamente a reordenar sus pagarés privados. El 13 de agosto aprobó la emisión “Frigorífico BFC V” por apenas Bs 7.000.000 con Capital+ SAFI, muy por debajo de los Bs 140.000.000 que esa misma emisión contemplaba originalmente. El 19 de agosto dejó sin efecto la versión anterior de 140 millones y ratificó la de 7 millones. La empresa aclaró que esto “no representa ningún incremento de pasivo”, sino un reemplazo de instrumentos similares con el mismo fondo.

El 26 de agosto, la Junta aprobó otra emisión, “Frigorífico IV – Alianza”, por Bs 60.000.000 con Alianza SAFI S.A., para intercambiar títulos y repagar capital de los “Pagarés Privados Frigorífico III – Alianza”. El 10 de septiembre se sumó una tercera maniobra: Bs 22.500.000 en “Pagarés BFC Emisión 2026” colocados en exclusiva con Fortaleza SAFI S.A., una entidad no mencionada antes en el expediente de la empresa, para el “recambio de pasivos” del Pagaré N.º 1 de la emisión 2025.

El patrón que emerge de estas juntas no es el de una empresa que consigue financiamiento nuevo, sino el de una que renegocia, reduce y traslada continuamente sus mismas obligaciones entre fondos de inversión cerrados administrados por SAFIs privadas, evitando en cada caso que los instrumentos venzan sin ser pagados. Se trata, en la práctica, de una sucesión de canjes de deuda por deuda, con una frecuencia mensual que no se observaba antes en el expediente de BFC en ningún período de su historia como emisora en el mercado de valores boliviano.

Seis cartas sin respuesta

El 14 de agosto de 2026, este diario envió seis cartas solicitando información y derecho a réplica: a Paulo Martins Macedo, gerente general de BFC; al entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez; al director de la ASFI, Mario Walter Requena Pinto; al gerente general de la Gestora Pública, Marcelo Vladimir Fernández Quiroga; al gerente general del BCP, Christian Hausherr Ariñez; y al presidente de Capital+ SAFI, Jorge Julio Walter Quintanilla Nielsen. Ninguna de ellas obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.

Las preguntas cubrían un espectro amplio: el estado real de los compromisos financieros incumplidos, el contenido de la propuesta de reestructuración de las cinco emisiones de bonos, las condiciones de la reprogramación de deuda con el Banco Unión, la conciliación de montos entre los pagarés privados reportados en distintas fechas, el cronograma del Fondo de Contingencia, la secuencia entre la dación en pago al BCP y el incumplimiento comunicado dos días después, y si existe incompatibilidad para que un exgerente general de un banco público, como Marcelo Renzo Jiménez Córdova, pase a negociar deuda de una empresa privada frente a su antiguo empleador.

El silencio no es solo el de una empresa evitando preguntas incómodas. Se extiende a un ministerio, a la autoridad de supervisión financiera, al administrador de las pensiones de los trabajadores y a una administradora de fondos de inversión, todos convocados a explicar decisiones tomadas con recursos públicos o de terceros. Que ninguna de las seis partes interpeladas haya respondido, ni siquiera para declinar hacerlo, deja a los ciudadanos y a los aportantes del sistema de pensiones sin versión oficial de ninguno de los actores centrales de este expediente.