Paz frente a su programa: 364 normas, 15 promesas cumplidas

En corto

• 364 normas revisadas: 158 decretos supremos, 120 presidenciales y 86 leyes.
• 117 estrategias del programa: 15 cumplidas, 34 parciales, 2 revertidas y 66 sin norma.
• Justicia, deporte y régimen penitenciario: cero estrategias cumplidas.
• El “50/50” aparece una vez, en un decreto que duró 27 días.

Las promesas de campaña se miden por su eco en la ley. Un programa de gobierno puede quedarse en papel, pero cuando un presidente gobierna, sus prioridades se ven en decretos con número, fecha y firma. Por eso esta serie periodística empieza por la Gaceta Oficial del Estado, el único registro que no admite discursos. 

Entre el 8 de noviembre de 2025 y el 5 de noviembre de 2026, el gobierno de Rodrigo Paz publicó 158 decretos supremos, 120 decretos presidenciales y 86 leyes. Esta serie cruza las 364 normas completas con el documento que el Partido Demócrata Cristiano presentó como programa, la “Agenda 50/50: política al servicio de la gente”.

Ese programa tiene 3 políticas estructurales (economía, institucionalidad y justicia) y 14 sectoriales, que van desde la educación hasta la seguridad ciudadana. En total suman 117 estrategias. A cada una se asignó uno de cuatro estados: cumplida, parcial, revertida o sin norma.

El resultado

Solo 15 estrategias, el 13%, tienen una norma que ejecuta su núcleo. Otras 34 (29%) avanzaron de forma tangencial o por otra vía. Dos se dictaron y luego se abrogaron. Las 66 restantes, más de la mitad, no tienen ningún decreto ni ley que las respalde.

El cumplimiento no está repartido de forma pareja. Se concentra en la economía, donde se cumplieron 6 de las 16 estrategias, y en la energía. Tres áreas del programa terminaron el año en cero: la reforma judicial, el deporte y el régimen penitenciario.

La distancia entre la campaña y la gestión de entiende en la expresión “50/50”, que daba nombre al programa y prometía repartir el presupuesto entre el nivel central y las regiones, y aparece una sola vez en todo el corpus. Figura en los considerandos del Decreto Supremo 5503, de diciembre de 2025. Ese decreto fue abrogado 27 días después.

Eso no significa que la idea haya muerto. En agosto, tras la ruptura con su aliado Samuel Doria Medina, Paz firmó con los nueve gobernadores un acuerdo para llevar el 50/50 a una ley de coparticipación desde 2027. El proyecto que el Ejecutivo envió el 3 de noviembre les asigna el 1% de los impuestos coparticipables; los gobernadores piden 5%. Todavía no es ley.

Lo que se cumplió

En la otra columna, entre las 15 estrategias cumplidas están la racionalización del gasto, el congelamiento de contrataciones en el nivel central y la liquidación de empresas públicas deficitarias. También figuran la recomposición de los precios de los combustibles, la autogeneración de energía limpia y el aumento del salario mínimo, que subió 20% hasta Bs 3.300. A eso se suman un Centro de Gobierno para coordinar las prioridades del Ejecutivo, la digitalización de trámites, una estrategia nacional de biodiversidad y la cooperación internacional contra el lavado de dinero y el narcotráfico. La lista tiene un rasgo común: casi todas son medidas de ajuste o de gestión, no reformas de fondo. Ninguna toca la distribución del poder entre el centro y las regiones.

Tres hallazgos

El primero es que se ejecutó el ajuste, no la refundación. El gobierno subió los combustibles, liberó el tipo de cambio, congeló contrataciones y ordenó liquidar empresas públicas deficitarias. Pero casi no aplicó la arquitectura institucional que el programa proponía para hacerlo: el fondo de estabilización cambiaria, las compras públicas con blockchain, la declaración jurada en lugar de trámites y el régimen de formalización de tres años.

El segundo es que el “Estado tranca” se reorganizó en lugar de desmontarse. El programa culpaba de la crisis a un centralismo que decidía todo desde la Casa Grande del Pueblo. Un año después hay menos ministerios, pero más poder concentrado en el Ministerio de la Presidencia. A las regiones no les llegó la mitad del presupuesto, sino un programa para reprogramar sus deudas bajo supervisión del Tesoro.

El tercero es que la reforma más profunda ocurrió donde el programa menos la anunciaba. El mercado de combustibles y electricidad se abrió a importadores privados, refinerías y generadores. En cambio, la exploración petrolera, que era la gran apuesta del programa en energía, no recibió ninguna ley.

El calendario real

Si se ordenan las normas por fecha, el año no sigue el índice del programa, sino una cadena de urgencias:

• Diciembre: el decreto ómnibus 5503 intenta hacer todo de una vez.
• Enero: tras la protesta sindical, el DS 5516 lo reemplaza y conserva solo los precios de los combustibles, los bonos y el salario mínimo.
• Marzo: elecciones subnacionales.
• Mayo y junio: siete semanas de bloqueos. Se aprueba una nueva ley de estados de excepción y se declara la excepción en todo el país.
• Fines de junio: una resolución ministerial pone fin al tipo de cambio fijo.
• Julio a octubre: presupuesto reformulado, reducción a 12 ministerios, diésel a precio internacional y crédito del FMI.

En esa secuencia, el principal ordenador del año fue la negociación con el Fondo Monetario Internacional, un actor que el programa del PDC no mencionaba. La segunda entrega de esta serie analiza ese vínculo en detalle.

Ese calendario corrió sobre una economía en recesión. Según el INE, el PIB cayó 5,94% en el segundo trimestre de 2026 y 3,27% en el primer semestre. Es la octava contracción trimestral seguida, una racha que empezó con Luis Arce a mediados de 2024 y que los bloqueos agravaron. La construcción se desplomó 29%. Solo la minería, inflada por los precios y el dólar, ganó peso en la economía.

El ruido de fondo

Las normas no cuentan todo el clima político del año. Según Ipsos Ciesmori, la aprobación del presidente cayó de 65% en noviembre de 2025 a 38% en junio y a 21% en septiembre de 2026, cuando el 76% dijo que no volvería a votar por él. De los 14 ministros originales, a mediados de septiembre solo seguían seis. El ministro de Economía fue censurado por la Asamblea en medio de una denuncia por la compra de un auto eléctrico de lujo. El primer ministro de Hidrocarburos terminó aprehendido por el caso de la “gasolina basura”. El fiscal general que investigaba al asesor argentino Fernando Cerimedo, amigo del presidente, fue detenido. Y el vicepresidente Edmand Lara pasó de compañero de fórmula a principal denunciante del gobierno.

Límites

Este método tiene límites, pues la Gaceta no publica resoluciones ministeriales, normas del Banco Central ni de la ASFI, ni la ejecución del presupuesto. Una estrategia sin norma no prueba que el gobierno no haya hecho nada en esa área. Sí prueba que no la convirtió en política de Estado con rango de decreto o ley. Además, varias leyes nacieron en la Asamblea y no en el Ejecutivo, pero Paz las promulgó. Al menos once fueron aprobadas por la legislatura anterior.

Para cubrir esos vacíos, se revisó el acuerdo con el FMI, las resoluciones del Banco Central que regulan el dólar y el reporte financiero de las empresas públicas.

Por qué 

Un programa de gobierno funciona como contrato con el votante. Medir su cumplimiento no equivale a juzgar si las medidas fueron buenas o malas. Hay estrategias incumplidas que quizá eran inviables y medidas no prometidas que quizá eran necesarias. Lo que se busca en esta serie es que el lector sepa qué se votó, qué se hizo y quién marcó el rumbo.

Las próximas entregas abordan cinco preguntas. ¿Quién fijó el calendario económico? ¿Quién ganó y quién perdió en el sistema financiero? ¿Qué pasó con la energía y las empresas del Estado? ¿Cómo cambió el poder dentro del Estado? ¿Qué recibió la gente y qué le espera en 2027?