Más Presidencia, más excepción y ninguna reforma para la justicia

En corto

• Ninguna ley cambió el reparto de recursos entre el centro y las regiones.
• La Presidencia absorbió transparencia, autonomías, tierras e igualdad de oportunidades.
• La reforma judicial tiene cero estrategias cumplidas de cuatro.
• El estado de excepción rige desde el 20 de junio y fue ampliado sin autorización previa.

El diagnóstico del PDC tenía un villano claro: el “Estado tranca”, un centralismo que decidía todo desde la Casa Grande del Pueblo y asfixiaba a las regiones. Proponía repartir el presupuesto en mitades, profesionalizar la administración pública y reconfigurar el sistema judicial. Un año después, las normas muestran un Estado más pequeño, pero con el poder más concentrado.

Del 50/50 a la tutela

Ninguna ley cambió la coparticipación tributaria ni el reparto de las regalías y del IDH. En lugar de una redistribución, las gobernaciones y alcaldías recibieron tres medidas puntuales.

El Decreto 5686 creó el Programa de Readecuación Financiera Territorial. Las entidades endeudadas pueden consolidar, convertir o diferir sus deudas, pero a cambio deben adoptar “medidas de ordenamiento” que supervisa el Viceministerio del Tesoro. El presupuesto reformulado permite superar los límites de endeudamiento solo a quienes firmen acuerdos de saneamiento. Y la Ley 1771 trasladó al Tesoro dos gastos que pagaban las gobernaciones: el prediario de las cárceles y el bono de vacunación.

Son alivios reales, pero con condiciones. Funcionan como un rescate con supervisión central, una lógica parecida a la del FMI aplicada a los municipios. El memorando firmado con el Fondo lo confirma: la revisión de las leyes de hidrocarburos y minería debe garantizar que “el gobierno central” reciba una proporción adecuada de las rentas. Hasta la resolución que liberó el dólar invoca el artículo constitucional que reserva la política cambiaria al nivel central.

El 50/50 volvió a escena en agosto, pero como acuerdo político. El 1 de agosto, Samuel Doria Medina retiró su apoyo al gobierno por “corrupción”, y su compañero de fórmula, José Luis Lupo, dejó la Presidencia dos días después. El 5 de agosto, en Sucre, Paz firmó con los nueve gobernadores el Acuerdo 001/2026, “Agenda 50/50”. Promete un proyecto de ley de impuestos departamentales en 90 días y una ley de coparticipación aplicable desde 2027. El plazo de los 90 días venció a inicios de noviembre sin que ninguna de esas leyes figure en la Gaceta. El proyecto enviado el 3 de noviembre asigna a las gobernaciones el 1% de los impuestos coparticipables desde 2027, cuando ellas piden 5%. Paz lo defendió con una frase: el 50/50 “no es repartir plata”.

La Ley 1771 y el programa de readecuación financiera son, por ahora, sus únicas entregas.

Menos ministerios, una supercartera

En noviembre de 2025, el gobierno redujo los ministerios de 17 a 15. En agosto de 2026, con el Decreto 5675, los bajó a 12. Desaparecieron Planificación, Turismo, Culturas y Justicia.

El Ministerio de la Presidencia salió fortalecido. Absorbió los viceministerios de Transparencia, Autonomías y Tierras, e Igualdad de Oportunidades. Además, dirige el nuevo Centro de Gobierno, la comunicación estratégica, el despacho de gestión social y la vocería del plan “Cero corrupción”. Diez días antes del decreto, Fernando Aramayo dejó la Cancillería para asumir esa cartera.

La administración pública, por su parte, sigue sin carrera ni concursos. El único decreto que tocó el Estatuto del Funcionario Público regula las vacaciones. La contralora fue designada por decreto como interina, “hasta que la Asamblea cumpla con su mandato”.

Un gabinete que siguió al conflicto

Los cambios de ministros acompañaron cada crisis del año. Hidrocarburos cambió en abril, Trabajo en mayo durante los bloqueos y Defensa en junio. Al Ministerio de Defensa llegó Ernesto Justiniano, quien como viceministro de Defensa Social había retomado la cooperación con la DEA. En agosto salió de Economía José Gabriel Espinoza, el autor del decreto 5503 y de la resolución que liberó el dólar. La Asamblea lo había censurado por 91 votos, en medio del escándalo por un auto eléctrico de lujo.

Cero firmas. El vicepresidente Edmand Lara no firmó ninguna de las 86 leyes promulgadas en el año.

El vicepresidente Edmand Lara no figura en ninguna de las 364 normas del año. La Constitución lo pone al frente de la Asamblea, pero las leyes llevan la firma del senador Diego Ávila como presidente en ejercicio. Lara se declaró fuera del gobierno en noviembre de 2025.

Lara quedó fuera del mando desde el principio. El 29 de diciembre, el decreto 5515 dispuso que el presidente ejerza sus funciones “a través de medios tecnológicos” cuando viaja, sin dejar el mando al vicepresidente. Su redacción tuvo un colaborador inesperado.

El asesor sin cargo

Fernando Cerimedo, consultor argentino en campañas digitales, admitió haber ayudado a redactar ese decreto. Nunca tuvo cargo formal, pero en los allanamientos aparecieron tarjetas que lo presentaban como “Asesor Principal del Presidente”, con un correo de la Presidencia. Según el gobierno, su papel fue “tangencial”. Según su defensa, asesoraba con una consultoría financiada por la CAF, que lo negó.

El caso estalló en agosto, cuando su expareja, la abogada Nadia Beller, recibió tres disparos en Santa Cruz. Cerimedo fue detenido y acusado de tentativa de feminicidio. Beller difundió chats en los que él se atribuía influencia en cambios de gabinete y aseguró que participaba en reuniones de ministros sobre combustibles y tierras. El periodista Raúl Peñaranda afirmó que ministros pedían permiso a Beller para aprobar decretos.

Desde el 31 de agosto, Lara difundió audios atribuidos a Cerimedo: con la primera dama sobre el comandante de la Policía, con Paz sobre la preparación del estado de excepción, con Oviedo, con jefes policiales y con el ministro de Obras Públicas. Ninguno tiene pericia oficial, y Paz pidió investigar quién los filtra.

El que se quedó

En un gabinete donde solo seis de los 14 ministros originales seguían en septiembre, Marco Antonio Oviedo es la constante. Lara pidió su destitución a dos semanas de la posesión, por procesos de falso testimonio y violencia familiar. Oviedo siguió, firmó el estado de excepción y se sumó a la denuncia penal contra Evo Morales. El 30 de septiembre anunció la detención del fiscal general Roger Mariaca, que investigaba a Cerimedo y había denunciado presiones. El gobierno lo vincula con el narcotráfico, y Estados Unidos le había retirado la visa. Dos días después, Paz promulgó la Ley 1773, que permite a la Asamblea suspender definitivamente al fiscal general imputado.

La justicia, sin reforma

La reforma judicial era una de las tres dimensiones estructurales del programa, con cuatro estrategias. Ninguna tiene una norma. No hay institucionalización del Órgano Judicial, ni comisión de reforma, ni cambios en la formación de abogados, ni digitalización de los tribunales.

Lo que existe son piezas sueltas. Una ley permite a la Asamblea suspender por dos tercios al Fiscal General si está imputado. Un decreto abre un canal para denunciar extorsiones de jueces, fiscales y policías. Otra ley transfiere al Órgano Judicial los depósitos judiciales abandonados. La única agenda de independencia judicial con fecha aparece en el memorando con el FMI, que prevé un diagnóstico de gobernanza y una ley de acceso a la información.

La excepción como política

Lo que sí se legisló a fondo fue el orden público. El 26 de mayo, en plenos bloqueos, se abrogó la ley de estados de excepción de 2020. El 8 de junio se promulgó la Ley 1740, que la reemplaza. Sus artículos 26 y 27 otorgan “presunción de legalidad operativa” a los actos de policías y militares y obligan al Estado a pagar su defensa legal. Quedan excluidas la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.

El 20 de junio, tras siete semanas de bloqueos de campesinos de La Paz y la COB, el Decreto 5636 declaró el estado de excepción en todo el país por 90 días. Restringió la circulación y condicionó las reuniones a una autorización de los ministerios de Gobierno y Defensa. Los bloqueos habían dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica, y pérdidas de más de USD 3.000 millones. En julio, la Fiscalía ordenó capturar a Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado.

El 14 de septiembre, el Decreto 5707 amplió la excepción otros 90 días. La propia Ley 1740 exige autorización previa de la Asamblea para ampliar, pero el decreto primero amplió y después remitió el asunto al Legislativo. La medida rige hasta mediados de diciembre.

Seguridad sin modernización

El programa proponía modernizar la Policía con inteligencia artificial, drones y videovigilancia, y aprobar tres leyes de seguridad y defensa que ya estaban redactadas. Ninguna de esas leyes se aprobó y no hubo reforma policial. Lo que hubo fue un bono por el bicentenario de la institución, cambios de mando y un canal para denunciar extorsiones. Las cárceles, que según el propio programa albergan 32.000 presos en 15.600 plazas, con dos de cada tres internos sin sentencia, no recibieron ninguna norma de reforma. El único cambio fue quién paga la alimentación de los presos. El Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, en tanto, pasó al Ministerio de Defensa.

El giro hacia afuera

El acercamiento a Washington también tiene huella normativa, aunque sin tratados. Bolivia retomó la cooperación con la DEA, se sumó a la iniciativa “Escudo de las Américas” y aprobó decretos para cumplir los estándares del GAFI, que la incluyó en su lista gris. Ninguno de esos vínculos pasó por la Asamblea. Estados Unidos y Argentina respaldaron públicamente al gobierno durante los bloqueos, un apoyo que el programa no podía prever.

ESPECIAL | UN AÑO DE PAZ

PARTE 1 — Paz frente a su programa: 364 normas, 15 promesas cumplidas | Todo lo que el gobierno publicó en la Gaceta Oficial en su primer año, comparado, estrategia por estrategia, con el programa electoral que lo llevó al poder.

PARTE 2 — El FMI fijó el calendario que Paz nunca anunció | El programa de gobierno no mencionaba al FMI, pero sus condiciones terminaron ordenando la economía del año y la agenda de 2027.

PARTE 3 — Paz heredó la arquitectura financiera de García Linera y Arce Catacora | Paz heredó la arquitectura financiera de García Linera y Arce. Con la devaluación, la banca batió récords mientras el ahorro previsional de los trabajadores perdió casi un tercio en dólares.

PARTE 4 — Diésel liberado, pozos quietos y 15 empresas estatales en quiebra | El gobierno abrió el negocio de los combustibles a privados, a precio internacional, mientras la exploración petrolera, el litio y las empresas públicas siguen sin respuesta.

► PARTE 5 — Más Presidencia, más excepción y ninguna reforma para la justicia | El programa prometía descentralizar el poder y reconstruir la justicia. En la práctica, el poder se concentró en Palacio y se legisló un régimen de excepción.

PARTE 6 — Los bonos sin reformas y la factura de 2027 | La política social del año consistió en transferencias para amortiguar el ajuste. Las reformas prometidas en educación, salud y ambiente no llegaron. Enero de 2027 traerá el siguiente golpe económico.