Caso Mariaca
Nadia Beller: “Tiene que investigarse a Rodrigo Paz por control de aparato organizado de poder”
La denunciante contra Cerimedo dice que Oviedo admitió una “decisión política”, acusa al Gobierno de “amigos y compadres” y a una Asamblea “vendida”, y sostiene que Paz debe ser investigado.
Nadia Beller, denunciante en el proceso por tentativa de feminicidio contra Fernando Cerimedo, pidió este jueves que se investigue al presidente Rodrigo Paz por “control de aparato organizado de poder”. Lo dijo en una entrevista realizada a las 9:42, horas después de la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca. Sus afirmaciones son valoraciones personales, no hechos probados, y ninguna ha sido confirmada por la Fiscalía ni por la Justicia.
“Una decisión política”
Beller se detuvo en una frase del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien reconoció que la aprehensión de Mariaca respondió a una orden presidencial. Para ella, eso equivale a admitir “una decisión política”. Sostuvo que, si no hubo control judicial, podría haber una ilegalidad o un delito, “incluso de lesa humanidad”, desde la cabeza de la cadena de mando, es decir, desde el presidente. “También tiene que investigarse al presidente del Estado”, dijo.
Exigió además que “todos se sometan a autoridad jurisdiccional”, incluidos quienes ordenaron el operativo, para determinar si sus decisiones fueron ilegales o arbitrarias.
Policía y ministros
Beller afirmó que la Policía está investigada por haber sido manejada por Cerimedo, un civil sin cargo público, incluso rompiendo la cadena de mando. Según dijo, el ministro de Gobierno y el ministro de Defensa también están investigados por haber coadyuvado con él. Añadió que ambos lo están por haber colaborado en la tentativa de feminicidio en su contra.
Por eso dijo que “cualquier actuación de la Policía está en entredicho”. Contó que, en menos de mes y medio, ocurrieron dos hechos concretos. El primero es lo que calificó como un “intento de ejecución extrajudicial coordinado por la más alta esfera del Gobierno con la Policía” en su contra. El segundo son las detenciones sin control jurisdiccional, orden ni proceso, que describió como “secuestros”. Dijo no saber hasta dónde llegará esto: “O se agravará, no lo sabemos”.
“La misma vara”
Pidió que se aplique el mismo criterio a toda la administración. Mencionó al director de la FELCN, Frans William Cabrera Quispe, y a Fernando Cerimedo, a quienes vinculó con el audio difundido por el vicepresidente Edmand Lara. En ese audio, según dijo, se coordinaría el manejo del control aéreo y la lucha antidrogas en el Beni para permitir vuelos de avionetas a cambio de 15.000 dólares cada una.
Sostuvo que ese audio tiene “el mismo valor probatorio” que el de Marset con un policía, que el Gobierno ha usado contra Mariaca. Si el Gobierno quiere demostrar que combate el narcotráfico, dijo, debe llevar a todos los señalados de su administración, “comenzando por el mismísimo Fernando Cerimedo”.
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Una Asamblea “vendida”
Beller dijo no esperar independencia de poderes. Acusó a la Asamblea Legislativa de no haber censurado a ministros en casos como la desaparición de una caja fuerte con dinero y joyas, la “gasolina basura” y el caso del oro. Afirmó que solo se dedica a aprobar créditos a pedido del Ejecutivo.
Según ella, esta Asamblea está “igual o peor” que las del MAS con sus dos tercios, porque esos dos tercios “se han vendido” mediante transfugio al Gobierno de Paz. Por eso, pronosticó que el próximo fiscal general será uno “sometido al poder de Rodrigo Paz”. Preguntada si conoce un nombre, respondió que no, pero que, por la lógica del Gobierno, saldrá de un entorno de “amigos y compadres”. “Nada distinto de lo que hemos tenido estos últimos 20 años”, dijo.
Narcoterrorismo y Estados Unidos
Sobre el uso del término “narcoterrorismo” por parte del Gobierno, Beller dijo creer que sirve “para justificar la intervención del Escudo de las Américas”. Señaló que la legislación boliviana aún no considera terrorismo al narcotráfico y que el Gobierno “se pasa la legislación boliviana por donde no les da el sol” para seguir lineamientos de Estados Unidos.
Cerimedo y los negocios
Beller, que se reconoce defensora ambientalista, dijo que Cerimedo manejaba la persecución a defensores ambientales en Tariquía. Según contó, cuando ella le pidió que retirara las denuncias, él respondió: “No, todavía, lo vamos a hacer, pero después”.
Sobre una publicación de “Sol de Pando” acerca de Chaco Energías y Paratech, dijo que solo sabe lo que leyó. Según esa lectura, Cerimedo, Brad Parscale y Andy Rivas, a quienes describió como socios de un grupo “MAGA” que busca gobiernos para obtener contratos, se habrían reunido en Paraguay. Aclaró que no existe registro público de una sociedad con ellos. Dijo que “podría suponerse” que privilegios como el gas subsidiado por 10 años vendrían de esa reunión, pero no presentó pruebas. Reconoció que desconoce la fuente original de esa información.
Qué responde el Gobierno
Aunque no hay una respuesta directa a las afirmaciones de Beller, sí hay posiciones oficiales sobre el caso. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, rechazó que las aprehensiones sean una medida política para tapar el caso Cerimedo. Dijo que “tiene que llegarse hasta el final”. Oviedo sostuvo que la Policía actuó de forma directa porque el delito de la presunta “narcoestructura” en la Fiscalía fue “continuo y permanente”. El Gobierno acusa a Mariaca de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas, pero no ha presentado públicamente pruebas.
Otras voces coinciden en parte con la lectura de Beller. El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, dijo que las aprehensiones son “seguramente para tapar los hechos del señor Cerimedo”. El expresidente Evo Morales afirmó que se busca “salvar a Cerimedo” y que eso es “salvar a Paz y familia”. Sin embargo, estas opiniones no constituyen evidencia.








