Polémica en la ALP: denuncian presuntos pagos por QR a parlamentarios

La sesión de la Asamblea Legislativa convocada para decidir el futuro del Ministerio Público se desvió por una escena en los pasillos y butacas del hemiciclo, pero terminó con una ley sancionada en pocas horas. La senadora del PDC Ana María Crispín transmitió en vivo por sus redes el momento en que encaró a tres delegados diplomáticos. Uno dijo ser de Argentina, otro de Perú y el tercero se identificó como representante de la Embajada de Estados Unidos.

Según su versión, vio a un enviado estadounidense con una laptop y un código QR, frente a una diputada. En el hemiciclo gritó, señalando a cuatro personas: “¡Ahí están los Estados Unidos, con sus QRs!”.

El intercambio grabado

En el video, Crispín pregunta a cada uno su nombre y a quién representa. Se identifican Germán López (Argentina) y Fernando Zúñiga (Perú). El estadounidense no da su nombre. Dice que está allí “desde Escudo de las Américas” y que es “un momento muy importante para el país”. Ante la pregunta por los QR, Zúñiga responde que son un “contacto de WhatsApp”. Crispín replica: “¿Era contacto, no era presupuesto?”. El estadounidense contesta: “Era para mantener contacto”.

La senadora lo interroga entonces sobre por qué Estados Unidos se interesa ahora por este caso y no por otros, como el caso Cerimedo. Él responde que Estados Unidos “siempre ha estado ahí”, que lo que importa es que se tomen acciones contra la corrupción y el narcotráfico, y que están en la Asamblea “para observar”. Le propone una reunión privada y ella la rechaza: “Privado, nada”. Él pregunta si está grabando. “Estoy grabando para toda Bolivia”, responde ella. Cierra pidiéndole respeto a la soberanía del país. La cuarta persona, que filmó el episodio con su dispositivo, es una mujer presuntamente norteamericana que no ha sido identificada hasta el momento.

La denuncia pública

Después, ante la prensa, Crispín afirmó: “No están corriendo maletas, están corriendo QR”. Sostuvo que existe una desconfianza hacia los operadores políticos locales, por lo que, dijo, los pagos se harían directamente desde Estados Unidos. También dijo que algunos de los códigos denunciados ya habrían registrado pagos. La diputada Patricia Patiño expresó sospechas similares y ambas vincularon el asunto con el “Escudo de las Américas”.

Por verificar

Crispín no presentó pruebas y dijo no recordar el nombre ni el partido de la legisladora, aunque cree que es del PDC. Sin embargo, comentarios en videos de diferentes medios mencionan que se trata de la diputada María Esther Góngora Miranda, de APB Súmate, vocal de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. En el video, los diplomáticos explican que el QR era para compartir un contacto de WhatsApp. La senadora no mostró ningún pago concreto, ni monto ni destinatario. Sobre la identidad del estadounidense, la exministra de Evo Morales Claudia Peña difundió el mensaje de un usuario que lo identificó como Hermes Grullón. Según el sitio de la Fundación Nacional para la Democracia, Grullón es funcionario del Servicio Exterior del Departamento de Estado. Esa identificación no está confirmada de forma oficial. Hasta el cierre de esta nota, no hay un pronunciamiento de la Embajada de EEUU sobre el episodio.

El caso Mariaca como telón de fondo

El 28 de septiembre, el Departamento de Estado designó públicamente a Roger Mariaca por corrupción y lo acusó de pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico. Fue aprehendido la noche del 30 de septiembre en Santa Cruz, pero las actas de aprehensión en el documento de imputación formal del 2 de octubre están fechadas el 1 de octubre. Después, la Policía interceptó una ambulancia que salió de un condominio vinculado a él, con Bs 3.532.100 y 10.000 dólares. Cuatro personas fueron aprehendidas, entre ellas una menor de edad. Un fiscal dijo que se investigará el origen del dinero y que los aprehendidos deberán respaldar legalmente cómo lo obtuvieron. Ese fiscal admitió que aún no hay certeza de que la ambulancia haya salido del domicilio de Mariaca y que esa información viene de informes policiales verbales.

Esa es la ambulancia que Crispín había cuestionado. Preguntó si “tenía dinero” y cuestionó que “en 10 minutos han cargado y ha salido”. El hallazgo oficial de dinero sugiere que el hecho no era una invención, aunque su vínculo con Mariaca sigue en investigación. También fueron aprehendidos los fiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta, y se negó la acción de libertad de Irusta. La Fiscalía pidió seis meses de cárcel preventiva para los tres.

Mariaca, elegido en octubre de 2024 para un mandato de seis años, rechazó las acusaciones y las calificó de “injerencia” y “presión política”. La detención y un video del narcotraficante Sebastián Marset en el que dice que Mariaca es su amigo abrieron una investigación sobre posibles contactos entre funcionarios bolivianos y Marset, capturado en Santa Cruz en marzo y extraditado a EEUU.

El 1 de octubre, Estados Unidos y otros 14 países del Escudo de las Américas, incluida Bolivia, difundieron una declaración de respaldo a las acciones del Gobierno boliviano contra el narcotráfico y la corrupción.

La imputación formal

El 2 de octubre, el Ministerio Público imputó formalmente a Mariaca, Zeballos, Irusta y Rubén Aparicio Villarroel (identificado como capitán de policía en 2023) por tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

El documento sostiene que los cuatro habrían protegido a Sebastián Marset, a quien atribuye pagos de hasta 500.000 dólares mensuales entre 2023 y 2024. Se apoya en el video en que Marset menciona a “Mariaca”, “Sonia” y “Aparicio”. Admite que las requisas no hallaron sustancias controladas; lo incautado son dinero, celulares y joyas, y no menciona la ambulancia.

Pide seis meses de detención preventiva y señala que la responsabilidad individual deberá sustentarse en elementos que superen la mera sospecha. Presenta además contradicciones internas, como un imputado ajeno al caso (“Carlos Rafael Otoya Maldonado”) y un pedido de pericia sobre una “sustancia encontrada”. La ley sancionada exige que el fiscal esté imputado formalmente o con medida cautelar, condición que esta imputación parece cumplir.

Acusaciones cruzadas

Un día antes, el diputado oficialista Alejandro Medinaceli afirmó que operadores de Mariaca ofrecían entre 10.000 y 40.000 dólares a parlamentarios para que lo defiendan, sin presentar pruebas. El vocero presidencial José Luis Gálvez habló de “rumores” de compra de votos con dinero del narcotráfico. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advirtió que quienes participan del debate están “con la ley” o “con el delito, con el narcoterrorismo”. El diputado Rafael López respondió que no se dejarán amedrentar y exigió pruebas.

Crispín presenta esas palabras de otro modo. Dice que el ministro amenazó: “Quien no esté con el gobierno, que se atenga a las consecuencias”, aunque no es posible confirmar esa frase textual. Según ella, el Ejecutivo busca intimidar al Legislativo y llevó perros detectores de drogas al recinto. También afirma que los parlamentarios han recibido amenazas. “¿Qué quieren instalar?”, preguntó a la prensa luego del incidente.

Sostiene que Washington anunció que se conocerán más nombres tras la primera lista de visas. Habla de 12 personas con visa retirada y otras 20 por venir. Para ella se juzga a una institución, no a una persona, y sostiene que el caso Cerimedo se está dejando de lado.

Las objeciones de procedimiento

La senadora cuestiona la convocatoria, que según ella solo lleva la firma del presidente del Senado, Diego Ávila, y no su nombre. Dice que no hay debido proceso ni un informe general que reúna los delitos imputados, y pregunta por qué el video de Marset, que ella fecha en marzo, se difunde ahora.

La sesión fue adelantada por Ávila ante la ausencia del vicepresidente Edmand Lara por su viaje a España para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. Lara rechazó que se pretenda “destituir arbitrariamente” a Mariaca o nombrar directamente a un reemplazo. Citó la Ley 260 y el artículo 227 de la Constitución, que exige elección por dos tercios de la Asamblea, previa convocatoria pública y concurso de méritos. Dijo temer por su vida y denunció que le estarían montando un caso para aprehenderlo.

Qué decidió la Asamblea

La sesión empezó pasadas las 10:30 con los ministros de Gobierno, Defensa y Presidencia. Pasó a cuarto intermedio por el pedido de un informe escrito de los ministros, en medio de las denuncias de Crispín. Después, acordó trabajar en una ley corta que modifique la Ley 260 para abrir la elección de un fiscal general interino. Instruyó a ambas cámaras a instalar sesiones plenarias permanentes con dispensación de trámites.

El Senado aprobó el proyecto que añade un parágrafo al artículo 25 de la Ley 260. Permite a la Asamblea suspender definitivamente al fiscal general imputado o con medida cautelar, por dos tercios de los presentes, y designar en la misma sesión a un fiscal interino hasta que se elija a un titular. Según reportes, el interinato sería de tres meses.

El proyecto pasa al presidente Rodrigo Paz para su promulgación. El presidente de Diputados, Roberto Castro, pidió a los legisladores acudir al Palacio de Gobierno para el acto y anunció que, una vez promulgada la ley, la Asamblea reinstalará su sesión para abordar el caso de Roger Mariaca.

Entretanto, el fiscal superior Luis Montaño asumió la conducción del Ministerio Público, aunque no es reconocido por el Gobierno, que le acusa de usurpación de funciones.

Queda pendiente conocer la promulgación de Paz, la nueva votación de dos tercios para suspender a Mariaca y nombrar al interino, la audiencia cautelar de Mariaca, la decisión del juez cautelar sobre la detención preventiva, y si la senadora aportará pruebas o una denuncia formal, además de la respuesta oficial de la Embajada de EEUU sobre su funcionario y los QR.