Redistribución de recursos
Municipios piden convocar ya el CNA y ponen fecha para el diálogo
El gobierno comprometió devolver este año el 12% del IDH confiscado en 2026 y estudiar la devolución del resto. Hay compromiso de abordar reformas clave de la gestión hasta el 11 de diciembre
“El vaso medio lleno o medio vacío”, decía Mamén Saavedra, alcalde de Santa Cruz, a la salida de la reunión con el ministerio de Economía con todo el sistema asociativo nacional en el que se han abordado emergencias, pero también reformas clave del sistema burocrático que permita ordenar la gestión y eliminar algunas cargas. Saavedra era optimista.
“El objetivo es llegar al 31 de diciembre” decía Johnny Torres, presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), alcalde de Tarija y menos optimista respecto a la voluntad del gobierno de cumplir los plazos.
El documento definitivo tiene tres partes importantes.
El primero aborda las urgencias: La necesidad de empezar a firmar ya los convenios para reprogramar en la medida de lo posible las deudas que acucian a los municipios y que ya se comprometieron a finales de agosto y la necesidad de tener claras las cuentas sobre las deudas con la Caja Nacional de Salud. También habla de la distribución de ítems de salud y se arranca un compromiso clave con fechas concretas sobre el que se lleva hablando demasiado tiempo: la devolución del 12% del IDH que desde 2017 y en nombre de la Ley que creó el Fondo de Incentivos Petroleros se viene confiscando a todas las instituciones que lo reciben.
La promesa es devolver lo de 2026 en lo que queda de 2026. La FAM estima que son unos 31 millones de dólares para los 335 municipios. Para Torres supone una inyección moderada, ya que la misma será destinada precisamente a comprar diésel con el nuevo precio y tapar otros agujeros creados con la inestabilidad económica de los últimos meses. “Es de libre disponibilidad para poder cumplir con la gestión” señaló Torres, quien también señaló que se espera un decreto para reajustar precios de obras y licitaciones.
La segunda parte está destinada a asegurar la participación de los municipios en la discusión sobre la nueva distribución de recursos que ha abierto la insistencia de los Gobernadores y la promesa del gobierno de la distribución “50-50”. En ese sentido los municipios plantean ya sin eufemismos la convocatoria del Consejo Nacional de Autonomías como principal institución de discusión del tema.
La tercera parte concreta los asuntos que de una forma u otra requieren de una reforma y van desde el régimen laboral de los funcionarios municipales hasta la Inspección Técnica Vehicular pasando por establecer nuevas formas de acceder a la cooperación internacional directa o asuntos de seguridad ciudadana y de sostenibilidad del SUS. El cronograma se concretará con el Ministerio de Economía, pero establecen una fecha tope para tener conclusiones: el 11 de diciembre, con lo que se espera poder empezar a aplicar algunos temas ya desde 2027.
Los “adicionales” trampa
El director del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) y exalcalde de Tarija, Alfonso Lema, informó que los municipios cuentan con una inyección adicional de 1.800 millones de bolivianos mediante la Ley 1755 y anticipó que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 proyecta un incremento de recursos cercano a 2.800 millones de bolivianos.
El adicional sin embargo responde básicamente a los cambios en la cotización del dólar: si hasta junio regalías e IDH de exportación se liquidaban a 6,96 bolivianos por dólar, desde julio se hacen al promedio de la cotización, que ha rondado los 11,50 durante los últimos meses.
Lema también expuso las dificultades financieras que enfrentan los municipios. Explicó que, aunque los ingresos propios crecieron 1,6 veces respecto a los niveles de 2014. Y la coparticipación tributaria registró un aumento cercano al 20%, ambas fuentes no lograron compensar la pérdida de recursos.
“Sumadas estas fuentes, la caída de ingresos para gobiernos municipales es superior a un 10%”, precisó.
La renta petrolera se reduce sin alternativas
El director del SEA, Alfonso Lema señaló que el Gobierno revisó el comportamiento de las principales fuentes de ingresos municipales durante los últimos 11 años y encontró una reducción significativa de los recursos disponibles.
La renta petrolera sumó $us 48.484 millones entre 2007 y 2026; para 2027-2040, YPFB proyecta $us 4.839 millones en su escenario base. Los promedios anuales caen de $us 2.424 millones a $us 346 millones. Para 2030, la renta bajaría a $us 378 millones.


