Gobernación plantea abrir una mesa bilateral con el gobierno

La ausencia de la gobernadora María René Soruco en la reunión que el presidente Rodrigo Paz sostuvo ayer miércoles con los gobernadores no significó un alejamiento de Tarija de la agenda común de las regiones que plantean una ruta autonómica más profunda y significativa. La Gobernación informó que la autoridad no pudo asistir por problemas de agenda, pero ratificó su respaldo a la posición planteada por sus colegas y a los avances alcanzados en la discusión sobre recursos, competencias y descentralización.

El encuentro, realizado en La Paz, reunió a siete de los nueve gobernadores y permitió algunos avances en la hoja de ruta para continuar la discusión sobre el denominado plan “50-50”, que más allá de su nombre, es un instrumento para profundizar en el pacto fiscal y el reordenamiento de competencias. Los gobernadores acordaron instalar nuevas mesas técnicas el próximo lunes 5 de octubre, con participación del Viceministerio de Autonomías y los ministerios involucrados, y volver a reunirse el 12 de octubre en Cobija para avanzar en una agenda que también incorpore las necesidades particulares de cada departamento.

Uno de los puntos centrales será la propuesta para que las gobernaciones reciban el 15% de la coparticipación tributaria sobre los impuestos contemplados en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley Marco de Autonomías. El planteamiento deberá ser desarrollado ahora en el ámbito técnico y, posteriormente, traducido en una propuesta normativa y presupuestaria.

Los negociadores reconocen la existencia de un doble camino, el más rápido y eficiente es la inclusión de un porcentaje ya en la Ley del Presupuesto General del Estado 2027 que se regule a través de alguna disposición transitoria o bien con una Ley específica que regule una nueva distribución de la coparticipación tributaria, o incluso entre a otros ingresos, como plantea la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), que sería en sí mismo completar el Pacto Fiscal, pero que demoraría sustancialmente.

La agenda acordada contempla además la modificación de la Ley 154, relacionada con la clasificación de impuestos y la creación o modificación de tributos de dominio de los gobiernos autónomos departamentales. El tercer punto está vinculado con una Ley Básica de Relaciones Internacionales de los gobiernos departamentales, con la intención de facilitar que las gobernaciones puedan gestionar recursos y cooperación internacional dentro de sus competencias.

Reunión bilateral

Para Tarija, sin embargo, la discusión nacional no agota las necesidades inmediatas. La Gobernación considera necesario que, paralelamente al diálogo entre los nueve departamentos y el Gobierno central, se concrete una reunión bilateral entre Soruco y el Ejecutivo para abordar la situación específica del departamento.

Ese encuentro adquiere relevancia por la situación financiera que atraviesa la Gobernación y por la necesidad de definir qué obligaciones corresponden al nivel central y cuáles deben continuar siendo atendidas con recursos departamentales. La posición tarijeña plantea que la discusión sobre la redistribución de ingresos debe estar acompañada por una revisión de las competencias y de las fuentes efectivas de financiamiento.

La ausencia de Soruco en La Paz tampoco implica que Tarija quede al margen de las mesas técnicas. Por el contrario, el acuerdo establece que los nueve equipos departamentales participarán en el trabajo que comenzará el 5 de octubre. La siguiente reunión del 12 de octubre, en Cobija, tendrá además un componente destinado a revisar las demandas particulares de cada gobernación.

Entre las prioridades comunes se encuentran las dificultades derivadas de las obligaciones asumidas por la Gobernación y las demandas relacionadas con la devolución del 12% del IDH, además de su planteamiento sobre una mayor participación departamental en los ingresos tributarios.

Tarija además tiene asuntos particulares que enfocar, como las cuestiones de generación eléctrica, algunos caminos, temas de seguridad y el tema particular de los hidrocarburos.

El nuevo escenario abre, por tanto, dos vías paralelas. Por un lado, está la negociación nacional entre el Gobierno y las gobernaciones para modificar el esquema de distribución de recursos y avanzar en cambios legales. Por otro, la agenda bilateral que Tarija pretende instalar para discutir problemas que no necesariamente pueden resolverse dentro de una negociación general.

La diferencia es importante. Una modificación nacional de la coparticipación puede establecer una nueva fuente de ingresos para las gobernaciones, pero no resuelve por sí misma los compromisos financieros acumulados, las obligaciones heredadas ni las particularidades de cada departamento. Del mismo modo, una redistribución de recursos no sustituye la discusión sobre quién debe financiar determinadas competencias.

Ley de Retorno, alivio a la espera del reordenamiento

Además del debate, el encuentro en La Paz sirvió para que el presidente promulgara la Ley de Retorno Económico que constituye un antecedente inmediato del nuevo escenario. La norma dispone que el nivel central asuma ya desde este 2026 el financiamiento de los prediarios y del funcionamiento del régimen penitenciario, mientras que el Ministerio de Salud asumirá el bono de vacunación. Las obligaciones generadas antes de 2026 permanecen bajo responsabilidad de las gobernaciones. El Gobierno calculó en unos Bs 209,5 millones el alivio financiero generado por estas medidas. De la propuesta inicial se ha caído la eliminación del pago de los títulos de Bachiller, que los seguirán costeando los gobiernos departamentales pese a ser una competencia nacional.

Por lo general las gobernaciones señalan que el traslado de obligaciones representa un alivio para las gobernaciones, pero deja abierta una discusión de mayor alcance: cómo se financiará de manera estable el conjunto de competencias que actualmente deben atender los gobiernos departamentales y con qué ingresos podrán sostener servicios e inversiones.

Para Tarija, esa discusión tiene una dimensión adicional. El departamento ha visto reducirse de manera significativa los ingresos vinculados al ciclo hidrocarburífero, mientras mantiene una estructura institucional y un conjunto de responsabilidades que requieren recursos permanentes. Por eso, la Gobernación sostiene que el debate fiscal no puede limitarse a transferencias puntuales o medidas de emergencia.