Los nueve decretos que aprobó el Gobierno de Rodrigo Paz: ¿qué establecen?
El Gobierno de Rodrigo Paz aprobó nueve decretos supremos que abarcan desde la autorización de préstamos internacionales por un total de hasta 750 millones de dólares hasta medidas para subvencionar la harina destinada a los panificadores, atender a familias afectadas por las explosiones en Viacha y reajustar los costos de las obras públicas.
Las disposiciones fueron aprobadas por el gabinete ministerial el 16 de noviembre, después del retorno del presidente de su viaje oficial a Turquía, y comprenden modificaciones a normas anteriores y nuevas autorizaciones en materia económica, productiva y social.
Los decretos, numerados del 5768 al 5776, fueron publicados en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que sus disposiciones entraron en vigencia.
Préstamos internacionales y medidas económicas
El Decreto Supremo 5768 modifica e incorpora disposiciones al Decreto 5713, que creó y reguló el Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II).
Por su parte, los decretos 5769 y 5770 autorizan la suscripción de dos contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El primero contempla hasta 500 millones de dólares para el Programa de Apoyo a la Estabilidad Macroeconómica y Fiscal de Bolivia, mientras que el segundo establece un financiamiento de hasta 250 millones de dólares para el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal.
Ambos disponen que los recursos externos de crédito sean transferidos a la Libreta de Recursos Ordinarios de la Cuenta Única del Tesoro.
En el ámbito energético, el Decreto Supremo 5771 establece los lineamientos para determinar el precio de comercialización del Gas Natural Licuado (GNL) en el mercado interno, cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) lo venda a usuarios directos de carácter privado.
A su vez, el Decreto Supremo 5772 incorpora modificaciones a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, establecidas mediante el Decreto 0181. La finalidad es mejorar la eficiencia, transparencia y competitividad en las contrataciones de bienes y servicios generales de las empresas públicas y entidades públicas productivas.
Subvención al pan y ayuda a familias de Viacha
Entre las medidas de alcance social y productivo figura el Decreto Supremo 5773, que autoriza la transferencia de hasta 180 millones de bolivianos a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Los recursos estarán destinados al fortalecimiento productivo y social del sector panificador, mediante la comercialización de harina de trigo a un precio menor al del mercado, con el propósito de contribuir a estabilizar el precio del pan de batalla.
Otra de las disposiciones es el Decreto Supremo 5774, que autoriza la transferencia excepcional de 5,5 millones de bolivianos del Ministerio de Defensa a la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda).
El dinero será destinado a reparar y reconstruir las viviendas afectadas por el siniestro ocurrido el 4 de septiembre de 2026 en el municipio de Viacha.
Reajuste de obras públicas y créditos productivos
El Decreto Supremo 5775 establece mecanismos excepcionales para evitar que los proyectos de inversión pública pierdan continuidad o calidad debido a las variaciones de costos.
La disposición contempla el ajuste de precios de materiales de construcción, maquinaria, equipos y diésel oíl en los contratos de obras suscritos por entidades públicas. También permite otorgar anticipos adicionales, realizar pagos por materiales almacenados en bodega e incrementar los montos de los contratos de servicios de supervisión técnica.
Finalmente, el Decreto Supremo 5776 modifica el Decreto 2055, de 2014, que ya había sido actualizado en 2025 mediante el Decreto 5403.
La modificación tiene como finalidad promover el acceso al crédito productivo, fortalecer las unidades productivas y generar condiciones para impulsar la actividad económica, la inversión y el empleo.
Con estas nueve disposiciones, el Ejecutivo incorpora nuevas medidas en materia de financiamiento, producción, contratación pública y asistencia social, además de modificar regulaciones que ya se encontraban vigentes.


