Imputan a Mariaca por supuesta protección a Marset; sin droga

El Ministerio Público imputó formalmente al fiscal general Roger Mariaca y a tres personas más por tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El documento, de 20 páginas, está dirigido al Juzgado Cautelar de turno de La Paz, lleva fecha del 2 de octubre y firma del fiscal Daniel Portales Barja. Su pie de página registra las 05:35. Los otros imputados son el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Irusta; y Rubén Aparicio Villarroel, descrito como capitán de policía en 2023.

Qué se les atribuye

La Fiscalía sostiene que los cuatro integraron una estructura permanente destinada a proteger a Sebastián Marset. Afirma que es “hecho notorio” que Marset pagó hasta 500.000 dólares mensuales entre 2023 y 2024 como “alquiler de protección”. Según el texto, esa protección alcanzó al Ministerio de Gobierno de entonces, a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y, finalmente, a la Fiscalía General. A cambio, habrían avisado de operativos, y cita uno fallido el 29 de julio de 2023. Lo apoya en entrevistas, diagramas de vínculos, videos y un informe de la UIF, sin detallar su contenido. El tráfico se castiga con 10 a 25 años de presidio y la organización criminal con 1 a 3 años, o 2 a 6 para quienes la dirigen. El texto transcribe además un agravante de un tercio más cuando el miembro es funcionario público, sin decir si lo aplica. No describe ningún cargamento, cantidad ni fecha concreta de droga.

Cómo comenzó

Según el informe policial, a las 00:10 del 1 de octubre la FELCN supo de un video de Marset en redes. Según el documento, ahí dice que “Mariaca es mi amigo” y que conoce a “Sonia” y “Aparicio”. El texto no precisa cuándo se grabó, solo dice que Marset “posteriormente habría sido trasladado” a EEUU. La policía ubicó primero a Aparicio. Luego, un informe de las 07:00 describe un segundo operativo en Viru Viru que terminó con la aprehensión de Mariaca y Zeballos. Entre los antecedentes citados están el pronunciamiento del Departamento de Estado sobre las visas y datos de la UIF. Irusta fue aprehendido en la Fiscalía General, en Sucre, a las 23:20 del 30 de septiembre, con unas 14 personas presentes. Según el informe complementario, por la cancelación de su visa y una observación de EEUU, no por el video. La denuncia la presentó el Ministerio de Gobierno.

Lo que se incautó

Las requisas de Aparicio, Mariaca y Zeballos no hallaron sustancias controladas, y el documento lo dice. A Mariaca le secuestraron dos iPhone, una tableta, Bs 19.850, 2.100 dólares, un reloj y joyas. A Zeballos, un iPhone, Bs 11.280, 921 dólares, una laptop, tres memorias USB, un Rolex y joyas. A Aparicio, Bs 2.210 en efectivo, otros Bs 1.440 en una billetera, joyas, tarjetas y un iPhone. El documento no menciona la ambulancia con Bs 3,5 millones. Solo alude a un vehículo secuestrado, registrado como “Jimmy Suzuki”, sin vincularlo a nadie, y con un microaspirado pendiente.

Irusta

El texto dice que Mariaca lo nombró fiscal superior el 5 de febrero de 2026, sin convocatoria y pese a investigaciones previas, de fines de 2024, por legitimación de ganancias ilícitas. Según informes de inteligencia policial, esa investigación se frenó por presiones de la cúpula fiscal. Agrega que fue sorprendido en Sucre intentando extraer documentos, con un cable tipo C.

Lo que pide

La Fiscalía solicita seis meses de detención preventiva en San Pedro y Patacamaya. Alega peligro para la sociedad y riesgo de que los imputados destruyan pruebas o influyan en testigos. Los cuatro están en celdas de la FELCN en El Alto, a la espera de la audiencia. Entre las diligencias pendientes figuran allanamientos, triangulación de llamadas y peritaje de celulares. El documento señala que la responsabilidad individual deberá sustentarse en elementos que superen la mera sospecha. Entre los elementos de convicción enumerados no figura de forma expresa el video de Marset ni el informe de la UIF. Los adjuntos de la denuncia incluyen memoriales de 2019, de un caso de Santa Cruz, con sello de Mariaca como abogado patrocinante. El texto no explica su relevancia.

Contradicciones internas

El documento presenta al menos siete errores:

• En la cláusula final de imputación figura un quinto nombre, “Carlos Rafael Otoya Maldonado”, que no aparece en ningún otro apartado del documento. No tiene datos personales, defensor ni actas asociadas, y no se le incluye en el pedido de detención.
• Habla de “la Imputada” en singular y de una “testigo presencial”, sin identificarla.
• Dice que el imputado “estaba en posesión de Cocaína” y pide una pericia sobre “la sustancia controlada encontrada”. Habla también de un “hecho ilícito descubierto en flagrancia”, aunque las requisas no hallaron nada.
• Pide seis meses de detención y, en otro párrafo, 90 días.
• Zeballos figura como “Roger Alberto” en un párrafo, e Irusta como “Flores” y como “Pérez”.
• Aparicio aparece como “Villarruel” y “Villarroel”; como “oficial de policía” en el cuadro y “estudiante” en el relato; y con domicilio de La Paz en un lugar y de Quillacollo en otro.
• Dice que Mariaca nombró a Irusta “al asumir”, pero fecha el nombramiento 16 meses después de que asumió.

La imputación es un acto del fiscal, no una decisión judicial. Corresponde al juez cautelar resolver la detención.