Crónica política de la semana
De los “loquitos de la COP31” al “exorcismo Cerimedo”
Mientras Paz Pereira sigue sumando deuda externa, el ex asesor presidencial ve “cerca” la salida luego del exilio de Beller y el volteo general de las instituciones judiciales en nombre de la luca contra el narco
Semana de viajes, cuentas y exhibición de fuerza. También de alimentación de conflictos y epitafios. Por partes.
El presidente Rodrigo Paz Pereira viajó a Turquía a participar de la cumbre del Clima COP31 que nunca gozó de mucho predicamento entre sus amigos del Escudo de las Américas y que ha entrado en franco declive tras años de inoperancia. Solo Lula da Silva le dio cierto realce a la “semana de alto nivel” más plana de la historia; solo Paz de Sudamérica, solo Austria de la UE 15… veremos qué pasa en la siguiente.
Al Gobierno mucho no le importa el qué dirán, porque ha convertido todo evento internacional en un mercadillo en el que buscar “inversiones” para acabar contratando más y más créditos. Hubo compromiso con el polémico banco alemán de desarrollo KfW por 250 millones de euros la misma semana que sonaba la campana del número redondo: 10.000 millones de dólares comprometidos por FMI, BID, CAF y BM en un solo año que casi duplican la deuda externa de 200 años de republicanismo…
Las palabras de Paz en la cumbre generaron cierto estupor teniendo en cuenta que se trata de un evento repleto de expertos – Paz dijo que Bolivia era el mayor reservorio de agua dulce del mundo y que aportaba el 60% del agua de la cuenca amazónica y la del Plata -, aunque en su mayoría se estén ya dedicando a hacer lobby entre vendedores de patentes para generar energías limpias, colocar bonos de carbono o encontrar lugares recónditos y bien dotados para crear gigantescos centros de datos que consumen mucha agua, crean escasos puestos de trabajo y pagan pocos impuestos.
En la delegación estuvieron el omnipresente Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia y canciller in pectore; Óscar Mario Justiniano, ministro de Desarrollo Productivo con competencias en Medio Ambiente y conexiones empresariales con empresas madereras y de bonos de carbono justamente, y el ministro de Defensa Ernesto Justiniano, que justificó su presencia con algunas visitas a fábricas de armas e inteligencia posteriores a la agenda de la cumbre.
Si Rodrigo llega hoy, habrá pasado 48 horas de las últimas dos semanas en Bolivia.
El pulso judicial
La lejanía le permite inhibirse de la guerra intestina desatada en el seno de la justicia y que esta semana se ha cobrado otros dos sentenciados de alto nivel: Aldo Quezada, expresidente del TDJ de Santa Cruz, y el poderoso ex fiscal antidrogas Julio César Porras. Los dos habían sido “desvisados” por Estados Unidos en su segunda lista y a los dos se les ha vinculado, cómo no, con el “caso maletas”, el desembarco de 32 maletas que llegaron en vuelo privado cargados de “verdes” según el informe de alerta que mandó EEUU el mismo día del aterrizaje – 29 de noviembre de 2025 y sobre el que nadie movió un dedo hasta enero, cuando intervino justamente la Fiscalía del hoy sindicado como propietario, Roger Mariaca.
Entonces se aprehendió a Laura Rojas, ex diputada que viajó con las maletas y usó su pasaporte diplomático caducado para internarlas, y el ex juez Herbert Zeballos, propietario del depósito donde aparentemente fueron depositadas.
Una vez aprehendido Mariaca y exiliado el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, Rojas y Zeballos acusaron a ambos de ser los dueños, lo mismo que Quezada y Porras, que se acogieron al proceso abreviado y fueron sentenciados con tres años, por lo que con seguridad no pisarán la cárcel. Todo muy conveniente, piensa Tuto Quiroga.
Además esta semana se oficializó el cambio en la presidencia del TSJ: Carlos Ortega asume el mando un mes y medio antes luego de aquel extraño ejercicio de renuncias y elecciones anticipadas, y quedó en la cuerda floja otro cruceño, el presidente del Consejo de la Magistratura Carlos Spencer a quien se investiga, ojo al dato, por haber viajado en un vuelo chárter con Saucedo…
Los exiliados
A este escenario se suma el inicio de la cuenta de exiliados, que empezó con Saucedo y le ha seguido Nadia Beller y Álvaro García Linera.
Lo de García Linera se esperaba: el día que perdió el poder dio un paso atrás y no volvió a molestar a nadie más allá de algunas reflexiones genéricas, muchas veces con base en cosas que, en realidad, no pasaron.
Lo de Beller de alguna forma también, aunque ella intentó evitarlo. El epicentro del conflicto fue el atentado del que fue víctima y por el que se detuvo al asesor presidencial Fernando Cerimedo. Fue el clímax de un pulso intestino en el gobierno por el control del poder con derivadas, aparentemente, hacia el control de la Justicia y el control del narcotráfico. Los audios más escandalosos – el de Cerimedo hablando con Abularach sobre las avionetas que preguntan a quien pagar para no tener problemas, y el de Moreno, Justiniano y Oviedo hablando de cómo entregar (o repartir) el botín de Marset – son de los que menos se habla.
El gobierno ha aplastado la resistencia judicial y – aparentemente - ha colocado sus fichas al gusto. Incluso periodistas bien formados pedían esta semana abrir un proceso a Beller por haber hablado con Saucedo.
La abogada ha optado por salir del país para no participar de un proceso judicial – contra Cerimedo – con una Justicia en la que no confía. México ha entendido las razones. Al gobierno le ha parecido muy bien.
Sin Beller y sin la voluntad del Fiscal General Interino, Armando Urioste, de investigar los audios, el proceso pende de un hilo muy fino que se romperá sin más. Cerimedo ya ha cursado cuanta Acción de Libertad y revisión de medidas cautelares tiene a su alcance. De momento tiene que esperar…
Conflictos crecientes
Aunque el asunto Cerimedo parece tocar a su fin, y el evismo ha quedado prácticamente desarticulado tras sus últimas amenazas que ni siquiera ha intentado cumplir, hay conflictos sociales e institucionales en crecimiento.
De un lado, los maestros urbanos siguen rechazando profundamente una reforma basada en la descentralización que seguramente amenaza sus derechos laborales, pero que abre puertas hacia la precarización y la privatización. Los estudiantes lo han entendido y se han sumado.
De otro lado, alcaldes y gobernadores están cansados de promesas de repartos que nunca llegan. El 12% del IDH, las medidas de alivio para el dieselazo, el porcentaje de la coparticipación, etc., son asuntos concretos y urgentes que agobian el día a día, mientras los ministros siguen haciendo proyecciones sobre un “50-50” que no se ve por ningún lado. Veremos.


