Mario Cavero: “La plata nos ha hecho ponernos de espaldas”

La política, dice Mario Cavero, puede confundirse con “politiquería”. El asambleísta de Camino al Cambio usa esa palabra para describir el pulso en la Asamblea Departamental de Tarija por la aprobación del Programa Operativo Anual (POA): acusa a sus adversarios de retrasar el trámite con la intención de condicionar al Ejecutivo y frenar la inversión pública. La disputa, asegura, dejó una consecuencia concreta: el POA se aprobó tarde y la Asamblea quedó expuesta al desgaste.

Cavero habla desde una bancada oficialista que, según explica, está en minoría. En el reparto de fuerzas, sostiene, una alianza entre Patria, una parte del bloque indígena y el PDC consiguió la mayoría. Para él, el problema no es solo político: el estatuto departamental no representa adecuadamente el peso poblacional y requiere una reforma. El primer paso, dice, depende de un dictamen pendiente del Tribunal Constitucional Plurinacional; después tendría que convocarse un referéndum.

La reforma también debería revisar el tamaño de la Asamblea y el funcionamiento de las suplencias. Cavero cuestiona que los suplentes perciban salario y tengan una semana mensual de participación aunque el titular esté ejerciendo. “Es un hecho que se va a cambiar”, afirma, y señala que la propuesta ya fue enviada a Sucre. Su expectativa es que los cambios entren en vigor en la próxima legislatura.

El debate sobre la institución ocurre en un contexto de recursos menguantes. Cavero dice que hay cerca de un centenar de normas que implican gastos —desde proyectos hasta festividades— sin presupuesto suficiente para cumplirlas. El resultado, sostiene, es una brecha entre las demandas sociales y la capacidad financiera de la Gobernación. Por eso plantea revisar qué leyes deben mantenerse, modificarse o salir de la legislación vigente.

También reclama una postura departamental común sobre la redistribución de ingresos. En la entrevista, rechaza que Tarija acepte un esquema de asignación del 1% sin una ruta clara hacia un porcentaje mayor. “Uno ya no alcanza para nada”, dice. A su juicio, el debate debería darse en el Consejo Nacional de Autonomías y no limitarse a una negociación aislada entre el Gobierno central y las gobernaciones.

Un departamento sin plan común

La caída de los ingresos por hidrocarburos es el telón de fondo de otra preocupación: qué hacer con los recursos y con la relación entre el Valle y el Chaco. Cavero afirma que la región chaqueña no tiene un plan de desarrollo compartido y que la distribución de fondos fragmentó las prioridades. El hospital de tercer nivel, que considera clave para atender a pacientes del Chaco, Luis Calvo y Bermejo, es uno de los pocos proyectos en los que identifica un acuerdo. Aun así, dice, todavía no funciona como debería por falta de recursos e ítems.

“Así como eso debería haber un acuerdo para el desarrollo productivo, para el tema de conservación, para el tema del agua”, plantea. La urgencia, en su lectura, se agrava por la combinación de menos regalías y los efectos del cambio climático. Menciona la perforación de pozos de agua, el fortalecimiento de la producción y la coordinación en salud como asuntos que podrían unir a las dos regiones.

La infraestructura también aparece entre sus reproches. Cavero sostiene que algunas obras viales se decidieron sin priorizar las rutas más útiles para la población y lamenta que Tarija todavía no cuente con una conexión al Chaco que considere adecuada. Advierte que reparar el camino existente no basta para convertirlo en un corredor bioceánico. “El 2032 se cumplen 100 años del camino al Chaco, abierto para la guerra del Chaco y hasta hoy no tenemos camino”, afirma.

Para el asambleísta, la discusión por las regalías y la distribución de los ingresos no debería convertirse en una nueva pelea entre regiones. El esquema del 15-15-15, dice, tendrá que revisarse cuando disminuyan todavía más los recursos hidrocarburíferos. La futura distribución podría considerar población, pobreza u otros indicadores, pero el Chaco deberá discutir internamente cómo equilibrar sus prioridades.

Hay, además, una dimensión cotidiana en ese diagnóstico. Cavero cuenta que su padre, médico, le habla de familias que ya no compran un kilo de carne, sino piezas más baratas para preparar sopa. Lo presenta como una señal de deterioro nutricional y de la pérdida de capacidad adquisitiva. “La platita que tiene en el bolsillo no le alcanza para el mes”, resume.

El fin de la bonanza y la apuesta por energía

Cavero cree que todavía hay futuro para los hidrocarburos, pero no al ritmo ni bajo las condiciones que permitieron el auge. Argumenta que el agotamiento de los megacampos era previsible y atribuye la falta de nuevas inversiones a decisiones estatales, a las reglas de comercialización y a la incertidumbre sobre la protección de las inversiones. Son críticas políticas y económicas expuestas por el asambleísta; la entrevista no las contrasta con datos de empresas o del Gobierno.

Entre sus señalamientos está el 12% de los recursos destinado a universidades y regiones, que considera que no produjo el efecto prometido. También afirma que Tarija habría dejado de recibir más de 400 millones de bolivianos. Según Cavero, una nueva ley de hidrocarburos no bastaría para atraer capitales mientras persistan dudas sobre las reglas y la protección jurídica.

La perspectiva que traza es sombría. Sin nuevas inversiones, advierte, el país podría enfrentar una fuerte escasez de gas hacia 2029 o 2030 y depender de energía más cara. En ese escenario, teme que comunidades vuelvan a recurrir a la leña y el carbón, con consecuencias para los bosques. También sostiene que cualquier exploración en zonas sensibles, como el entorno de Tariquía, debe acompañarse de estudios, controles ambientales y diálogo con las autoridades y la población tarijeña.

Su posición busca conciliar dos urgencias: proteger el parque y discutir el suministro energético futuro. Cavero cuestiona cómo se realizó la consulta pública y pide más inversión en monitoreo y conservación. A la vez, sostiene que el país no debería descartar de antemano los recursos disponibles sin estudiar su potencial y sus impactos.

La salida, según plantea, exige que Tarija reduzca su dependencia de las regalías. Menciona la producción agrícola, el turismo, la conectividad, el riego y las energías renovables como áreas para sostener ingresos y empleo. Pone como ejemplo la uva en el Chaco y la posibilidad de ampliar áreas bajo riego. También cita proyectos hidroeléctricos y eólicos, aunque considera que su viabilidad está relacionada con el precio real de la energía.

En el fondo, su llamado es político: coordinar inversiones y dejar de tratar cada región como una competidora de la otra. “La plata nos ha hecho ponernos de espaldas”, dice. “Hoy es necesario estar alrededor de una mesa mirándonos de frente”.

Una Asamblea en espera de reforma

La propuesta de reforma del estatuto departamental está pendiente de un dictamen del Tribunal Constitucional, según Cavero. El asambleísta espera que la revisión permita convocar a un referéndum y aplicar cambios en la próxima legislatura. Entre los asuntos que quiere modificar están la representación poblacional, el número de asambleístas y el papel remunerado de los suplentes.

Cavero también plantea revisar normas que comprometen gastos que hoy la Gobernación no puede cubrir. Dice que hay cerca de cien leyes con obligaciones presupuestarias pendientes. La discusión, afirma, debe definir qué normas siguen vigentes y cuáles requieren cambios ante la caída de ingresos.

Tariquía, entre la conservación y la energía

Cavero defiende la preservación del parque nacional Tariquía y cuestiona el proceso de consulta pública vinculado a la exploración hidrocarburífera. Pide estudios ambientales, monitoreo independiente y mayor inversión en la protección del área. También advierte que la apertura de un pozo podría ser el inicio de una etapa de desarrollo que requiera nuevas perforaciones.

Al mismo tiempo, sostiene que Tarija debe discutir cómo asegurar energía en los próximos años si cae la producción de gas. Su argumento es que el debate ambiental no puede desligarse de la dependencia energética ni de las alternativas disponibles. La entrevista no aporta estudios técnicos que permitan evaluar las proyecciones de producción o los impactos mencionados.