Herbert Quispe: en Tarija van a faltar alimentos a fin de año

El problema del combustible empieza a trasladarse del surtidor al campo y, desde allí, amenaza con llegar directamente a los mercados. La advertencia de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija apunta a un escenario que puede complicar todavía más la economía de las familias: menos superficie sembrada, mayores costos de producción y una posible reducción de la oferta de alimentos durante los próximos meses.

El diagnóstico del sector campesino es preocupante. Según su dirigente Herbert Quispe, en esta temporada de siembra no se habría cultivado ni siquiera el 30% de lo que habitualmente se sembraba en varias zonas del departamento.

El principal problema es el diésel, pero no es el único. Según Quispe, a la dificultad para conseguir combustible se suma el incremento de los precios de fertilizantes, insecticidas y fungicidas, además de las dificultades para acceder a crédito y las pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales.

El resultado es una ecuación difícil de sostener para el productor. “Un agricultor necesita combustible para preparar la tierra y trasladar su producción, insumos para cultivar y financiamiento para sostener el ciclo productivo. Cuando todos esos componentes aumentan simultáneamente, sembrar deja de ser una actividad rentable y, en algunos casos, se convierte en un riesgo”.

El diésel y la producción

La situación del combustible adquiere particular gravedad en las comunidades rurales alejadas de los centros urbanos. Quispe relata que productores deben recorrer largas distancias para conseguir cantidades limitadas de diésel. En algunos casos, señala, se entregan apenas 10 o 20 litros, lo que obliga a las familias a gastar tiempo y dinero solamente para conseguir el combustible necesario para trabajar.

La situación se complica con el régimen establecido para determinados consumidores incluso después de la liberación de los precios. Un productor que utiliza un tractor agrícola puede tener un cupo mensual de 120 litros, pero, según la denuncia, incluso ese volumen no siempre está disponible en los surtidores. Para quien necesita más combustible, el costo puede subir de manera considerable.

El problema no termina en el campo. El combustible forma parte de toda la cadena de producción y comercialización. Preparar la tierra cuesta más, transportar los productos cuesta más y llevarlos desde las comunidades hasta los mercados también cuesta más. El resultado termina reflejándose en el precio final.

Menos producción, menos oferta

La consecuencia más delicada de la caída de la siembra puede aparecer en los próximos meses. Quispe advierte que productos como papa, tomate, choclo y maíz podrían registrar una menor oferta hacia fin de año. La explicación es sencilla: si una familia que normalmente sembraba diez cargas de papa este año apenas sembró una o dos, tendrá menos producto para vender.

Pero existe además una prioridad que puede modificar todavía más el volumen que llega a los mercados: la seguridad alimentaria de la propia familia. “Cuando la producción es escasa, el agricultor primero debe garantizar el alimento de su hogar. Solo después puede destinar una parte al mercado” dice.

Además, la cadena de comercialización es otro de los problemas señalados. Los mercados creados para acercar directamente al productor con el consumidor han terminado, según la Federación, con una presencia importante de intermediarios.

El problema se vuelve más visible cuando aumenta el costo del transporte. Un producto que sale de una comunidad con un determinado precio puede duplicar o triplicar su valor antes de llegar al consumidor final.

La advertencia es que, si se combinan menos producción, combustible más caro y transporte más costoso, la intermediación puede terminar multiplicando todavía más los precios.

El campo pide crédito, no regalos

Frente a este escenario, Quispe plantea medidas concretas. Entre ellas, una reprogramación de los créditos productivos y el acceso a financiamiento con tasas más bajas.

La preocupación tiene una razón evidente: si la producción cae, también cae la capacidad del agricultor para pagar sus deudas.

El productor que sembró menos tendrá menos cosecha. Si además los precios de los insumos aumentaron y los ingresos disminuyeron, cumplir con las cuotas bancarias se vuelve todavía más difícil. La propuesta no es simplemente condonar obligaciones. Se plantea facilitar el acceso al crédito y permitir que las familias productoras puedan atravesar la actual coyuntura sin abandonar la actividad.

Más allá de la emergencia, el sector identifica tres prioridades estructurales: cosecha de agua, tecnificación del riego y asistencia técnica.

Diálogo sí, pero con resultados tangibles

La Federación asegura que durante las semanas de conflicto nacional en mayo y junio optó por el diálogo y consideró que el Gobierno necesitaba tiempo para comenzar a mostrar resultados. Sin embargo, sostiene que varios de los acuerdos alcanzados todavía no han tenido resultados suficientes.

La dirigencia campesina afirma que no busca necesariamente una confrontación y que su prioridad es evitar perjuicios a la propia población. Pero también advierte que la paciencia tiene límites.

La frase más contundente de la entrevista resume esa posición: “El hambre no espera”.

La Federación anticipa además una evaluación interna sobre la situación económica y productiva y no descarta adoptar decisiones orgánicas si no aparecen respuestas.

Al mismo tiempo, cuestiona que medidas como el Estado de Excepción puedan resolver problemas esencialmente económicos.

Su planteamiento es que una medida de carácter político o de seguridad no modifica por sí misma el precio del combustible, la falta de crédito, el costo de los fertilizantes ni la cantidad de hectáreas sembradas.

Tarija tiene una economía profundamente vinculada a su producción agropecuaria. La crisis del campo, por tanto, no puede ser tratada como un problema sectorial.

Si se siembra menos, habrá menos producción. Si producir cuesta más, los precios subirán. Si transportar cuesta más, el consumidor pagará la diferencia. Y si el productor no puede pagar sus créditos, la próxima campaña también estará comprometida.

Por eso la discusión sobre el diésel, dice, no termina en el surtidor.