El FMI fijó el calendario que Paz nunca anunció

En corto

• El FMI exigió cuatro acciones previas. La subida del diésel no fue una de ellas.
• El déficit debe bajar de 11,4% del PIB en 2025 a 9% en 2026.
• Las rebajas tributarias costarán 0,9% del PIB por año desde 2027.
• La deuda pública superará el 100% del PIB en 2026.

La palabra “FMI”, o “Fondo Monetario Internacional”, no aparece en ninguna de las 24 páginas del programa del PDC. Doce meses después, el Fondo había aprobado un crédito de 36 meses por 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro, unos USD 1.900 millones, y el gobierno había firmado un memorando de 40 párrafos con metas trimestrales hasta 2029. Para entender el año de Paz, debe leerse ese documento junto con la Gaceta.

En campaña, Paz había descartado ese camino. “No voy a pedir plata al Fondo Monetario Internacional. En Bolivia si no roban, alcanza”, dijo en agosto de 2025 a la radio Erbol. A la agencia EFE le explicó que acudir al Fondo era “meter una carga de deuda extraordinaria al país” y que primero había que “ordenar la casa”. Un mes después, ya en la segunda vuelta, presentó su plan ante el FMI en Washington, aunque aclaró que en campaña no se negocian créditos. La consigna contra la corrupción sigue en entredicho, pero la promesa de no endeudarse con el Fondo no sobrevivió.

Cuatro condiciones, no más

El Directorio del FMI aprobó el acuerdo el 2 de octubre de 2026 y liberó un primer desembolso de USD 214 millones. Antes, el gobierno debía cumplir cuatro “acciones previas”: un presupuesto reformulado, la autorización legislativa para girar los recursos, el fin del crédito del Banco Central al sector público y la libre negociación del dólar en los bancos.

Según el propio informe del Fondo, las cuatro se cumplieron antes del 25 de septiembre. La lista es tan importante por lo que excluye como por lo que incluye. La subida del diésel a precio internacional, la intervención de YPFB y la orden de liquidar empresas públicas no eran condiciones. El caso del diésel es, de lejos, el más llamativo porque el Fondo esperaba el ajuste para enero de 2027, pero el gobierno lo adelantó al 19 de septiembre, con un ahorro estimado de 0,7% del PIB en 2026.

El gobierno no fue un simple ejecutor de órdenes externas, porque en combustibles fue más rápido de lo que se le pedía. Pero tampoco se puede sostener que el Fondo fue irrelevante, porque el calendario legislativo de julio a septiembre gira en torno a sus condiciones.

Lo que firmó Bolivia

El memorando abre diciendo que las medidas son “decisiones soberanas” y “no vienen impuestas por ninguna organización”, frases para blindarse ante la crítica. Y unos párrafos después, el gobierno se compromete a coordinar con el FMI cualquier ajuste de esas políticas.

Entre los compromisos, el déficit fiscal debe bajar del 11,4% del PIB en 2025 a 9% en 2026, con un techo de Bs 47.000 millones, y a no más de Bs 36.800 millones en 2027. El déficit primario debe llegar a cero al final del programa. En su presentación pública, el Ministerio de Economía ubica esa meta en 2028, mientras el memorando habla del cierre del acuerdo, que es 2029.

La masa salarial del Estado no podrá crecer más rápido que la economía y deberá bajar más de un punto del PIB. Los combustibles costarán lo que cuestan desde enero de 2027. Los bonos sociales pasarán por un registro unificado con comprobación de ingresos. Los topes a las tasas de interés y las cuotas obligatorias de crédito desaparecerán hasta junio de 2027. El Banco Central tendrá una nueva ley de autonomía.

Un compromiso tensiona la relación con la Asamblea. El presupuesto reformulado incluyó un artículo 9, agregado por los legisladores, que exime de aranceles e IVA durante cinco años a insumos y bienes de capital de varios sectores. El gobierno se obligó ante el Fondo a compensar ese costo. Mientras tanto, la Asamblea había introducido en la ley que aprobó el crédito una cláusula que exige cumplir el artículo 320 de la Constitución, que prohíbe aceptar imposiciones externas en la política económica.

El ministro que no llegó al Directorio

José Gabriel Espinoza negoció el acuerdo técnico con el Fondo, firmó la resolución que liberó el dólar y fue el ministro proyectista del decreto 5503, pero no llegó a ver la aprobación del Directorio. El 18 de agosto, la Asamblea lo censuró por 91 votos después de que no se presentara a una interpelación con 29 preguntas sobre política económica.

Lo perseguía una denuncia del vicepresidente Lara por la compra de un Audi Q4 e-tron, un SUV eléctrico escriturado en Bs 50.000, cuando él mismo reconoció haber pagado Bs 350.000. Ese auto tampoco figuraba en su declaración patrimonial de junio. En julio, Espinoza había firmado como ministro proyectista el decreto 5653, que fija en cero el impuesto a la importación de autos eléctricos hasta fin de año. La compra fue anterior al decreto, pero la coincidencia alimentó el escándalo. El 21 de agosto, Paz lo destituyó, y Christian Morales, su sucesor, fue quien firmó la ley que aprobó el crédito del FMI.

Deuda: de la crítica a la práctica

El programa del PDC criticaba que el gobierno anterior intentara colocar USD 3.000 millones en bonos soberanos, pero el presupuesto de Paz autoriza operaciones de deuda externa por hasta USD 3.500 millones. En mayo se colocaron USD 1.000 millones en eurobonos internacionales. En marzo, el Tesoro había canjeado cerca de una quinta parte de sus eurobonos por deuda en moneda nacional.

A eso se suman catorce préstamos de la CAF, el BID, el Banco Mundial y otros organismos, aprobados por ley, por unos USD 1.780 millones. El FMI calcula que su acuerdo atraerá otros USD 4.000 millones de prestamistas multilaterales, y el gobierno habla de más de USD 5.000 millones en total.

Costo tributario. Las rebajas tributarias del primer año costarán al fisco 0,9% del PIB anual desde 2027.

Los números del propio programa muestran el costo de la transición. La deuda pública pasará de 83,3% del PIB en 2025 a 100,5% en 2026, sobre todo por el efecto contable de la devaluación. La economía caerá 3% este año y 1,5% el próximo, y recién volvería a crecer en 2028.

Tanto crédito todavía no alcanza para cubrir lo que sale. Hasta septiembre, según datos oficiales, Bolivia pagó USD 1.744 millones de deuda externa y recibió 1.280 millones. En una transferencia neta negativa, el país entregó a sus acreedores más dinero del que recibió.

Alivio que cuesta

Antes del acuerdo, el gobierno aplicó una serie de rebajas tributarias. Eliminó el Impuesto a las Transacciones Financieras y los impuestos a los juegos de azar. También bajó en la práctica el IVA efectivo en 1,95 puntos y condonó deudas tributarias antiguas. El FMI calcula que esas medidas costarán 0,9% del PIB por año desde 2027. Para compensarlas, el gobierno deberá presentar una estrategia de recaudación en marzo de 2027, que debe rendir al menos un punto del PIB por año en 2028 y 2029.

El programa del PDC prometía un “nuevo ordenamiento jurídico tributario”, que llegará como un aumento de la recaudación pactado con el Fondo.

Herramientas viejas para un ajuste nuevo

Mientras negociaba con el FMI, el gobierno usó instrumentos del modelo que criticaba. Exigió a los bancos el 6% de sus utilidades para fines que define el Ministerio de Economía. Obligó a los exportadores de oro a liquidar el 80% de sus divisas como requisito para exportar. También reprogramó los créditos del Banco Central a las empresas estatales.

Los resultados de corto plazo existen. Las reservas internacionales netas pasaron de USD 3.167 millones, con solo 52 millones en divisas, a USD 4.399 millones en agosto. A mediados de octubre sumaban USD 3.978 millones, pero solo 647 millones eran divisas que se podían usar.

El riesgo país bajó de 1.214 a 454 puntos básicos y las tres calificadoras mejoraron la nota del país entre enero y marzo. La inflación interanual cayó de 20,96% a 5,02%. Para cuidar el boliviano, el Banco Central subió en septiembre el encaje legal al 7,5% y añadió una reserva de 2,5% sin interés hasta marzo de 2027. El crédito será más caro y escaso.

Pero el memorando advierte que el piso de la inflación es transitorio. Con el dólar flexible y los combustibles a precio real, el Fondo proyecta 14% a fin de año. La ironía es evidente.

ESPECIAL | UN AÑO DE PAZ

PARTE 1 — Paz frente a su programa: 364 normas, 15 promesas cumplidas | Todo lo que el gobierno publicó en la Gaceta Oficial en su primer año, comparado, estrategia por estrategia, con el programa electoral que lo llevó al poder.

► PARTE 2 — El FMI fijó el calendario que Paz nunca anunció | El programa de gobierno no mencionaba al FMI, pero sus condiciones terminaron ordenando la economía del año y la agenda de 2027.

PARTE 3 — Paz heredó la arquitectura financiera de García Linera y Arce Catacora | Paz heredó la arquitectura financiera de García Linera y Arce. Con la devaluación, la banca batió récords mientras el ahorro previsional de los trabajadores perdió casi un tercio en dólares.

PARTE 4 — Diésel liberado, pozos quietos y 15 empresas estatales en quiebra | El gobierno abrió el negocio de los combustibles a privados, a precio internacional, mientras la exploración petrolera, el litio y las empresas públicas siguen sin respuesta.

PARTE 5 — Más Presidencia, más excepción y ninguna reforma para la justicia | El programa prometía descentralizar el poder y reconstruir la justicia. En la práctica, el poder se concentró en Palacio y se legisló un régimen de excepción.

PARTE 6 — Los bonos sin reformas y la factura de 2027 | La política social del año consistió en transferencias para amortiguar el ajuste. Las reformas prometidas en educación, salud y ambiente no llegaron. Enero de 2027 traerá el siguiente golpe económico.