Santa Cruz: En Buena Vista beben del río que una hacienda represó

En la comunidad indígena de Buena Vista no hay pozos ni agua potable por cañería. El agua para beber, cocinar, bañarse y dar a los animales sale del río San Lorenzo, como salía en tiempos de los abuelos.

“Hasta hoy seguimos consumiendo nosotros, los indígenas, el agua que corre por ese río”, dijo María Cleidy Soliz, agente municipal de Buena Vista, en el Encuentro de Comunidades y Defensoras/es afectados por el Agroextractivismo en la Chiquitanía, celebrado en Santa Cruz de la Sierra.

Lo que llega hoy es menos agua, de otro color, que pasa antes por las obras de una hacienda ganadera. Un juez ordenó retirarlas en 2025, pero siguen ahí.

Cinco comunidades, un río

La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este es una propiedad colectiva del pueblo chiquitano de más de 100.000 hectáreas, en la provincia Chiquitos de Santa Cruz. La forman cinco comunidades, entre ellas Buena Vista, San Juan y Entre Ríos. Todas se abastecen del río San Lorenzo, que nace más arriba, en tierras de la hacienda del mismo nombre.

“Desde 2020 viene afectando a las familias de las cinco comunidades”, dijo Juan Pablo Rojas, secretario de Tierra y Territorio de la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas Turubó (CCICH-T), que representa a las comunidades en el caso.

Cómo lo descubrieron

Soliz recordó que en 2020 notaron que el río se secaba. La hacienda decía que había hecho un atajado. “Pero no era un atajado”, afirmó.

La abogada Vanessa Barranco, que acompaña el caso, reconstruyó lo que siguió. Al principio, la hacienda dejaba entrar a los comunarios si pedían permiso, y así tomaron las fotografías que hoy son prueba, un terraplén construido sobre el cauce y una rueda que captaba el agua para enviarla a los potreros. “Se dieron cuenta de que no eran solo los fenómenos naturales”, dijo. “Había la intervención de la mano del hombre”.

Cuando las autoridades comenzaron a inspeccionar, el ingreso se cerró.

Wilson Hurtado, cacique de Buena Vista y representante de las comunidades en la demanda, dio otra fecha de inicio. Según él, las obras se hicieron en 2016, y recién en 2019 entendieron por qué el agua ya no corría. Contó que el río abastecía a seis propiedades con entre 2.000 y 3.000 cabezas de ganado.

Cinco meses de cisternas

Hurtado describió el duro periodo de cinco meses buscando cisternas y comprando agua para una población que estimó entre 2.500 y 3.000 personas. “Hemos sufrido pérdidas, nuestros animales, nuestra gente”, dijo. Afirmó que en ese tiempo murieron algunos niños y ancianos, aunque no precisó cifras ni causas.

Soliz habló de lo que perdió el resto del territorio. “No solamente nos ha dañado a los seres humanos, también nos dañó la biodiversidad, nuestras cuencas, nuestras zonas hídricas”, dijo. Los animales silvestres que bajaban a beber se fueron lejos.

Antes, recordó, el río tenía un caudal fuerte y la gente se bañaba en él con sus padres y abuelos. Hoy el agua llega baja. “El agua que consumimos ya no es la misma. Se nos quedó de otro color”, añadió Hurtado.

Primero a las autoridades, después al juez

Las comunidades acudieron primero al municipio de San José de Chiquitos y a la Gobernación de Santa Cruz. Según Barranco, hubo inspecciones e informes negativos para la hacienda, pero nunca una sanción, y los procesos administrativos que abrió la Gobernación nunca fueron notificados a quienes denunciaron.

El caso no es nuevo en la prensa. En 2021, Mongabay Latam documentó que represas privadas habían secado el río dentro de la TCO y que la autoridad ambiental departamental solo inspeccionó una de las haciendas denunciadas.

Ante el silencio administrativo, en 2024 las comunidades presentaron una demanda de responsabilidad ambiental ante el juez agroambiental de Roboré, y la ganaron. La Sentencia N.º 06/2025 ordenó:

• retirar dos diques construidos en la hacienda;
• reforestar las márgenes e indemnizar a las comunidades;
• reconocer a las comunidades como guardianas, defensoras y representantes del río.

Una tercera obra, levantada en tierra fiscal, ya fue demolida, y algo de agua volvió a bajar. Las otras dos siguen en pie porque los demandados apelaron y el caso está en el Tribunal Agroambiental, en Sucre, desde marzo, sin resolución.

“Que se pongan la mano al pecho”

Los comunarios han viajado a Sucre para revisar el expediente, un trayecto de más de 20 horas. “Hasta hoy no tenemos ninguna respuesta, ninguna información a favor de las comunidades indígenas”, dijo Rojas.

Barranco resumió la urgencia diciendo que “uno puede vivir sin energía eléctrica, sin alcantarillado, sin internet. Pero sin agua no vivimos, ni menos vamos a poder ejercer ningún otro derecho”.

Soliz hizo un pedido directo a los dueños de la hacienda: “Ojalá esos señores se pongan la mano al pecho” y liberen el río de represas.

Hurtado pidió algo a los periodistas presentes. “Ustedes son las voces que nos van a ayudar a hacer seguimiento”, dijo, para que lo que relatan las comunidades “llegue a hacerse realidad”.

Lo que viene

La defensa presentó una acción de amparo constitucional contra los magistrados de la Sala Plena del Tribunal Agroambiental por retardación y vulneración del debido proceso. La audiencia está fijada para el 6 de noviembre.

El caso fue también el ejemplo central del voto resolutivo que firmaron el 24 de octubre las organizaciones chiquitanas reunidas en el encuentro. Allí exigieron al Tribunal Agroambiental una resolución “oportuna, imparcial y fundamentada”.