Repsol en Bolivia, el “retorno” de la petrolera que nunca se fue

El presidente Rodrigo Paz presentó su encuentro con Antonio Brufau, presidente de Repsol, como una señal de que Bolivia recupera su relación con el mundo empresarial y abre una nueva etapa de inversiones en hidrocarburos. «Energía para reconstruir Bolivia», escribió desde Madrid, donde participa en la XXX Cumbre Iberoamericana. También anunció que la compañía realizará próximamente una visita oficial al país.

El mensaje tiene una carga política evidente: la estrategia del Gobierno en cada evento internacional pasa por intentar transmitir confianza a los inversores y mostrar que Bolivia vuelve a ser un destino atractivo para el capital internacional. Pero hay un detalle que conviene aclarar: Repsol nunca se fue de Bolivia. La multinacional española está presente desde 1994 y mantiene intereses en algunos de los principales activos gasíferos del país. Lo que puede comenzar ahora no es su regreso, sino una nueva etapa de negocios y negociaciones con el Gobierno, exactamente igual de lo que pasó luego del decreto de nacionalización, matizado por la renegociación de los contratos que lideró precisamente Repsol en el diálogo con el entonces vicepresidente Álvaro García Linera.

Intereses La compañía española permanece en el país desde 1994, opera Margarita-Huacaya, participa en Iñiguazu y conserva el 48,33% de YPFB Andina. La incógnita es qué nuevos negocios busca y bajo qué condiciones.

La compañía conserva su posición en el bloque Caipipendi, donde se encuentran los campos Margarita y Huacaya, participa en el área exploratoria Iñiguazu y mantiene el 48,33% de las acciones de YPFB Andina, una empresa mixta que tiene presencia en otros campos estratégicos. Su retirada de algunas operaciones en los últimos años no supuso un abandono del mercado boliviano.

Margarita-Huacaya, el corazón del negocio

El principal activo de Repsol es Caipipendi, en Tarija, compartido con Shell y Pan American Energy. La compañía española tiene el 37,5% y es operadora, al igual que Shell, que posee otro 37,5%; PAE tiene el 25%. El contrato fue ampliado en 2016 hasta 2046, lo que garantiza a los socios una perspectiva de largo plazo sobre uno de los principales complejos productores de gas de Bolivia, aunque las proyecciones no son buenas.

Margarita-Huacaya fue determinante para sostener las exportaciones a Argentina y Brasil hasta 2016 y se convirtió en uno de los símbolos del auge gasífero boliviano. Su desarrollo exigió perforaciones profundas, plantas de procesamiento, ductos e importantes inversiones.

En esa misma área se exploraron estructuras como Boyuy y Boicobo Sur, presentadas en su momento como oportunidades para ampliar la producción. Sin embargo, los anuncios de potencial no deben confundirse con reservas probadas ni con volúmenes comerciales actualmente disponibles: Boyuy X2 fue un empeño personal del entonces ministro Luis Alberto Sánchez, que asumió el costo de la perforación contra la Ley según denunció su sucesor en YPFB, Armin Dorgathen, hasta convertirlo en el pozo más profundo e improductivo de América.

Repsol también tiene un 15% en el área de Iñiguazu, también en Tarija y también en las proximidades de Tariquía, donde es operadora de un consorcio integrado por YPFB Andina, YPFB Chaco, Shell y PAE. El proyecto fue formalizado en 2019 y representa otra posibilidad de exploración en el Subandino Sur, aunque la información pública disponible no permite establecer con precisión cuánto gas comercial ha incorporado ni cuál es su calendario actualizado de desarrollo.

La participación que no siempre se ve

Una parte menos conocida de la presencia española está en YPFB Andina. Repsol posee el 48,33% de las acciones, mientras que YPFB mantiene el 51% y otros accionistas el porcentaje restante. Esa participación le permite tener exposición económica indirecta a activos como San Alberto y San Antonio, dos campos históricos de Tarija en los que Andina participa junto a Petrobras y TotalEnergies.

La diferencia es importante: Repsol no opera directamente todos esos campos ni posee la misma participación contractual que Andina. Pero su posición accionaria le permite beneficiarse de los resultados económicos de la empresa mixta. En 2024, la multinacional declaró haber recibido siete millones de euros en dividendos de YPFB Andina.

En su informe fiscal de ese mismo año, Repsol registró para sus sociedades bolivianas ingresos por 112 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 23,8 millones. Son cifras del perímetro de las sociedades declaradas por la compañía y no representan el valor total de la producción de todos los campos donde participa. La empresa también informó de una presencia de 183 trabajadores en ese perímetro. Los datos y su relevancia en las memorias muestran que para Repsol Bolivia sigue siendo un negocio activo, aunque no permiten calcular por sí solos toda la renta que obtiene de sus participaciones.

La compañía sí ha reducido algunas operaciones. Surubí y Mamoré I pasaron a YPFB en 2023, mientras que en mayo de 2025 se acordó la transferencia de Cambeiti y Monteagudo. Es decir, Repsol ha reorganizado su cartera, pero conserva activos estratégicos y compromisos de largo plazo.

Mayaya, la pregunta que vuelve

La reunión con Paz adquiere especial interés a la luz de la investigación publicada en este medio en septiembre de 2025, bajo el título «Repsol va por Mayaya». El reportaje examinó la posibilidad – manifestada por las autoridades del gobierno de Luis Arce - de que YPFB Andina participara en una sociedad mixta para desarrollar el descubrimiento de Mayaya Centro-X1, realizado por YPFB con una inversión estatal de 85,6 millones de dólares.

El hallazgo fue anunciado con un potencial de 1,7 TCF de gas, aunque ese volumen no equivale automáticamente a reservas probadas. La discusión planteada entonces – heredera de lo que ya pasó en la capitalización tras los descubrimientos en el gobierno de Jaime Paz de los megacampos de San Alberto, San Antonio y Margarita - sigue vigente: si el Estado financia y asume el riesgo de descubrir un yacimiento, ¿qué participación debe tener una empresa privada en su desarrollo posterior? ¿Qué tecnología aporta, qué inversión compromete y qué proporción de los beneficios recibe?

La presencia de Repsol en YPFB Andina convierte a la compañía en un actor relevante para cualquier esquema que involucre a esa empresa en el desarrollo de Mayaya. No significa que exista ya un acuerdo definitivo con Repsol para explotar el descubrimiento. Precisamente por eso, cualquier negociación futura deberá transparentar las participaciones, las inversiones, la distribución de riesgos y los beneficios para el Estado.

Una nueva etapa, pero con reglas claras

En general hay consenso sobre que Bolivia necesita recuperar la exploración y la producción de gas. La caída de los campos tradicionales, la reducción de las exportaciones y la posibilidad de tener que importar para cubrir necesidades internas sugieren la necesidad de atraer capital, tecnología y capacidad operativa. Repsol tiene experiencia en perforaciones profundas, desarrollo de campos complejos y operación de grandes proyectos gasíferos. Sería poco realista prescindir de esa experiencia, pero también lo sería negociar sin una estrategia nacional vistos los antecedentes, advierte la analista económica Edith Gálvez.

El Gobierno de Paz lleva un año anunciando una nueva Ley de Hidrocarburos para ofrecer certidumbre a los inversores y modificar las condiciones de operación del sector. Esa norma será decisiva para definir qué puede hacer YPFB directamente, cómo se asociará con empresas privadas, qué incentivos ofrecerá y cómo garantizará que la renta hidrocarburífera beneficie al país y a las regiones productoras.

El encuentro con Brufau puede abrir conversaciones sobre nuevas inversiones, exploración y desarrollo de campos. Pero, hasta ahora, el anuncio presidencial no ha venido acompañado de montos comprometidos, proyectos concretos ni cronogramas de ejecución. La visita oficial anunciada será una oportunidad para conocerlos.

Las auditorías sepultadas de Mariaca

Enrique Mariaca Bilbao, ingeniero de 93 años coordinador de las auditorías ordenadas por el Decreto 28701 de 2006, descubrió un saqueo sistemático de las transnacionales durante la capitalización. Sus hallazgos revelaron sobrevaloración de inversiones por 800 millones de dólares, violaciones contractuales que justificaban nacionalización sin indemnización, y daños ambientales no reconocidos. Repsol nunca quiso referirse a estas conclusiones.

Las auditorías probaron que Repsol sobrevaloró inversiones en 200 millones, denuncian que falsificó documentos y que contabilizó gastos personales como inversión empresarial. Mariaca recomendó la recuperación total de activos sin compensación, pero Carlos Villegas, el sobrevenido ministro de Hidrocarburos tras el cese del impulsor de las auditorías, Andrés Soliz Rada, y que después sería el todopoderoso presidente de YPFB Corporación, guardó los documentos “bajo siete llaves” y las modificó durante las negociaciones de Camiri. El Gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera concedió pagar millones en compensaciones por activos que técnicamente ya le pertenecían.

Antes, el analista Ramiro Paz Cerruto también denunció ante la Bolsa de Nueva York la inscripción de activos de forma irregular, lo que le costó sanciones fuertes a la petrolera española.

Repsol produjo el equivalente a 28.700 bpd en Bolivia

Repsol continúa siendo uno de los actores relevantes del negocio hidrocarburífero boliviano. Sus cifras corporativas muestran que, pese a la declinación de la producción nacional, la compañía conserva una actividad importante y una posición económica significativa en el país.

Según sus informes financieros, la producción neta atribuible a Repsol en Bolivia fue el equivalente a 28.700 barriles de petróleo diarios durante el primer semestre de 2026 – es la medida energética que Repsol utiliza en sus memorias -. En términos energéticos, y considerando que la mayor parte de su producción boliviana corresponde a gas natural, ese volumen podría equivaler aproximadamente a entre 3,9 y 4,4 millones de metros cúbicos diarios de gas en los diferentes campos que explota, aunque la compañía no publica un desglose que permita confirmar esa conversión».

En el plano económico, el informe fiscal país por país de Repsol registra para sus sociedades bolivianas ingresos de 112 millones de euros durante 2024, frente a 154,1 millones en 2023 y 158,4 millones en 2022. El beneficio antes de impuestos fue de 23,8 millones de euros, menos de la mitad de los 48 millones declarados en 2023.

La compañía atribuye la caída de sus ingresos principalmente a la volatilidad de los precios del petróleo y a los menores precios del gas. En el resultado de 2024 también incidieron los siete millones de euros en dividendos recibidos de YPFB Andina, donde Repsol posee el 48,33%.

El informe registra además 183 empleados, en Bolivia 191,1 millones de euros en activos tangibles y un impuesto a las ganancias devengado de -13,3 millones. Esta última cifra no debe interpretarse como un pago negativo: corresponde a ajustes contables y fiscales probablemente por la entrega de Notas de Crédito Fiscal (Nocres) durante diferentes periodos para “estimular” precisamente la inversión. El impuesto pagado que aparece en el documento corresponde a la liquidación de la gestión 2023.

La exposición patrimonial de Repsol en Bolivia alcanzaba los 523 millones de euros al cierre de 2024. Para junio de 2026 había descendido a 351 millones, incluyendo principalmente sus activos productivos y el valor de sus inversiones en empresas participadas.

En materia de inversiones, el Ministerio de Hidrocarburos registró una ejecución de 6,4 millones de dólares de Repsol E&P Bolivia en actividades de exploración y explotación durante 2025. Por separado, YPFB Andina ejecutó 80,2 millones de dólares. Esta última cifra corresponde a la empresa mixta, no exclusivamente a Repsol.

Los datos muestran una compañía que sigue produciendo, obteniendo beneficios y manteniendo activos estratégicos en Bolivia, aunque con una producción atribuible en descenso. La próxima etapa de negociaciones con el Gobierno deberá aclarar cuánto está dispuesta a invertir para incorporar nuevas reservas y cuánto de esa actividad se traducirá en producción adicional para el país.