Roxana Melgar: “La justicia indígena no castiga, busca restaurar la paz”

Roxana Melgar no dice su edad. En su pueblo, explica, nadie se cuenta por años sino por etapas de la vida, y ella está en la de anciana, la de quien camina hacia la sabiduría y ya no tiene derecho a equivocarse. Es del pueblo cayubaba. Nació en el camino, bajo un árbol a orillas del río Mamoré, cuando su madre viajaba en carretón para dar a luz. Por eso, cuenta, le dieron un nombre espiritual, Darem, que significa “nacida para ayudar”.

Lleva unos 20 años apoyando gratis a pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos. Es perito cultural indígena, perito en derechos humanos y en lucha contra la violencia hacia las mujeres, brigadista comunicadora por la Paz y la Igualdad, y estudió Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés. La mantiene su hija, que es profesional. Hoy vive bajo la protección de las Guardianas de los Derechos, una red de mujeres indígenas que la monitorea las 24 horas.

Melgar fue aliada de la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH) en la Primera Audiencia Indígena Colectiva de las Mujeres Chiquitanas. Se realizó el 27 de octubre de 2024 en San Antonio de Lomerío, en el territorio indígena de Monte Verde, mientras la Chiquitanía seguía ardiendo. Llegó después de una marcha de mujeres en Santa Cruz el 11 de octubre y de la falta de respuesta de las autoridades.

La presidieron nueve juezas indígenas territoriales y siete integrantes de un Consejo de Ancianas. Escucharon a más de 18 mujeres, entre ellas bomberas voluntarias. Según el documento de la ORMICH, sus principales decisiones fueron:

• sancionar a la INRA nacional y departamental por facilitar avasallamientos y declararlos “enemigos” de las mujeres chiquitanas;
• sancionar a la ABT nacional y departamental por autorizar quemas sin seguimiento ni control;
• retirar el respaldo indígena al entonces fiscal departamental y luego general, Roger Mariaca, y a un fiscal de San Ignacio, para ocupar cargos públicos, y declararlos “enemigos”;
• pedir a los entonces presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca la restauración de la Chiquitanía, garantizar agua todo el año, alimentación y acompañamiento psicosocial; y
• llamar a la Policía Boliviana a recibir las denuncias y respetar las sentencias indígenas.

La sentencia obtuvo un decreto constitucional el 6 de febrero de 2025. Aun así, el juzgado de San Ignacio no ha declinado su competencia en uno de los casos tratados. Es una de las 13 sentencias indígenas chiquitanas: 12 territoriales y esta, la colectiva, de alcance departamental.

El País conversó con Melgar el 22 de octubre, en el marco del Encuentro de Comunidades y Defensoras/es afectados por el Agroextractivismo en la Chiquitanía, donde expuso junto a la presidenta de la ORMICH, Rosa Pachurí. Habla pausado, sin perder el hilo, y vuelve una y otra vez a una idea: la justicia indígena no castiga, busca restaurar la paz. Pero tiene consecuencias, también para quienes la aplican.

EP: ¿Dónde se presentó el caso, cuándo, contra quién y qué se pide?

Roxana Melgar: La primera sentencia colectiva de las mujeres indígenas chiquitanas se dictó el 27 de octubre de 2024 en Lomerío, en territorio indígena. Como era una audiencia colectiva, se trataron tres casos: la quema de la Chiquitanía, un avasallamiento y un problema local. Las hermanas afectadas por el avasallamiento tenían demandas en la justicia ordinaria, así que presentamos la sentencia en ese juzgado, porque en un solo documento están todas las decisiones.

Lo duro de esta sentencia es que por primera vez se sancionó a personas que ocupan los cargos más altos del Estado, como el fiscal general, el hombre más poderoso del Ministerio Público; el presidente en ejercicio, Luis Arce Catacora, y el vicepresidente; el INRA nacional y departamental; la ABT. Eso atenta contra el poder político y contra el poder económico, y fue muy duro de enfrentar. Pero teníamos claro que, si no lo hacíamos, la Chiquitania se iba a seguir quemando cada año ante los ojos de todo el mundo, que solo se lamenta.

EP: ¿Qué consecuencias ha tenido para ustedes?

RM: Cuando atentas contra el poder económico y político, recibes acoso, persecución, señales de manos invisibles que te hacen sentir insegura. Pones en riesgo tu vida y tu familia. Ya no puedes circular por donde quieras; tienes que tener protocolos. Por eso la organización matriz activó, por primera vez en una organización indígena de Bolivia, a las Guardianas de los Derechos. Yo estoy bajo su protección y me monitorean las 24 horas. También se crearon las Guardianas de la Justicia, que cuidan a las juezas cuando hacemos operativos en el campo.

EP: Mencionó un caso de avasallamiento. ¿De qué se trata?

RM: Es en San Miguel de Velasco, un municipio declarado por resolución administrativa como territorio ancestral. Allí vive Lucinda, una mujer de 107 años. Ahí crió a sus hijos y a sus nietos, y ahí está el cementerio donde están enterrados sus antepasados y su marido. Un avasallador entró hace 15 años y nunca salió. Como no pudo ganar en la justicia ordinaria, siguió en el Tribunal Agroambiental, que hace una semana falló a su favor para que se le titule la tierra.

Mientras tanto, le hace la vida imposible a la familia. Ahora viven ahí las nietas. Cuando salen a comprar comida, vuelven y encuentran a sus animales muertos o heridos. Hace años le prendieron fuego a su casa. Le contaminan el agua. Le robaron sus vacas. Fuimos con las juezas indígenas a recuperarlas y él nos grabó, y salimos agredidas. El objetivo es acobardar a la familia para que se vaya.

EP: ¿Qué siente haciendo este trabajo?

RM: Por un lado, siento impotencia. Sientes que tu esfuerzo es en vano. Dejas a tu familia para estar en San Miguel apoyando el caso, y los tribunales fallan a favor del avasallador. Pero sabemos que la resistencia tiene que ser constante. La justicia indígena se aplica desde la nueva Constitución; la ordinaria lleva mucho más tiempo. El juez ordinario se siente todopoderoso y no quiere declinar a favor de la justicia indígena, porque lo siente como una humillación. Él fue a la universidad, y estas autoridades a veces no saben leer ni escribir.

Pero son justicias distintas. La ordinaria es litigante. Un juicio puede durar uno, diez o treinta años. La nuestra se aplica en el día, es gratuita, transparente y oportuna. Y el pluralismo jurídico las pone en igualdad de jerarquía.

EP: ¿Por qué sancionar al presidente y al vicepresidente? ¿Y eso alcanza a la gestión actual?

RM: La sentencia no es a la persona, es al cargo. Nuestra justicia es restaurativa, y su objetivo es la paz y la armonía, no mandar a nadie a Palmasola. Al presidente se le pidió restaurar la Chiquitania con proyectos, reactivar la economía comunitaria y reforestar con especies nativas. Se quemaron árboles de 200 y 300 años, entre ellos los semilleros. Hoy las hermanas siembran, la planta brota, pero a los quince días se muere por la sequía. Antes se comían tres comidas; ahora, dos.

Como la sentencia es al cargo, ya entregamos una copia al presidente actual y le pedimos una reunión. Esperamos con paciencia porque hubo conflictos sociales. Ahora estamos un poco paradas, y con el estado de excepción, aunque hiciéramos una acción no violenta, seguramente nos tomarían presas.

EP: ¿Por qué cree que las autoridades temen esta justicia?

RM: Porque si en la primera sentencia se sancionó al presidente, al vicepresidente y al fiscal general, se preguntan cómo será a futuro. Por eso nos han tendido un cerco entre jueces, policía y operadores de la justicia ordinaria. De las 13 sentencias, solo dos tienen declinatoria. En las demás, cada vez que decimos algo, reactivan los procesos. Hay rumores de órdenes de aprehensión, y las familias indígenas viven en zozobra.

EP: ¿Cuántas mujeres y comunidades firmaron la sentencia?

RM: Las sentencias colectivas tienen cerca de 100 firmas; algunas han llegado a 400. Firma quien quiere, de forma voluntaria. Hemos aprendido en el camino. En la primera, algunas personas tenían miedo de firmar porque eran profesores o trabajaban en salud y temían ser despedidas. Desde entonces, el primer punto de cada sentencia dice que los firmantes no pueden ser perseguidos, chantajeados ni despedidos.

Después vimos que algunos jueces y fiscales seguían citando a personas cuyos casos ya habíamos resuelto. Entonces agregamos como otro punto que quienes ya fueron juzgados en nuestra audiencia no pueden ser citados, y los jueces o fiscales que lo hagan serán sancionados.

EP: ¿Qué daños concretos documentaron en salud, cultivos, agua, o muertes?

RM: En nuestra justicia no presentamos pruebas como en la ordinaria. Vale la palabra. Escuchamos a los afectados, y como los hechos ocurrieron en el territorio y todos los conocen, no hay forma de falsear la realidad. Muchas autoridades nos dicen: “No nos traigan su sentencia, traigan pruebas”. Si los procedimientos fueran iguales, ¿qué razón tendríamos de existir? En cuanto a la restauración, el Estado tiene personal pagado para hacer el trabajo científico. No es nuestro trabajo; nosotras pedimos que se haga.

EP: Se dice que en la época que vivimos, los jóvenes sienten que no vale la pena hacer nada porque todo está perdido. ¿Qué les diría sobre el valor de la palabra?

RM: Que cuando perdemos la palabra dejamos de ser humanos. Recuerdo que un día mi padre se comprometió con su compadre a ir a pescar. Nosotros, los niños, no queríamos que fuera, y le dijimos: “Dile que te dio fiebre”. Él respondió: “No, porque ya le di mi palabra”. Desde niños sabemos que la palabra es lo más importante que tenemos. Si la pierdes en tu territorio, cargas la vergüenza toda la vida, y eso ya no es vivir en paz y en armonía.

EP: Enviaron una carta al presidente actual. ¿Cuánto esperarán?

RM: Hasta la tercera carta. Ya lo hicimos con el anterior fiscal general, Roger Mariaca, a quien le enviamos tres cartas pidiendo una reunión urgente sobre los avasallamientos y no contestó ninguna. Por eso se lo sancionó en la primera audiencia. Atender es su obligación. Hay autoridades que dicen que las organizaciones de mujeres son mentira, que solo se dedican a tejer. Eso es discriminación. Las organizaciones de mujeres indígenas son legítimas, y hay tratados internacionales que obligan al Estado a avanzar hacia la igualdad.

EP: ¿Qué hay que entender de la labor que hace y que quizá pasa de largo?

RM: Que este camino es sacrificado. Aplicamos la justicia de forma gratuita y una sola vez; por eso nuestros fallos son inapelables y de cumplimiento obligatorio. Con estas sentencias hemos evitado que cerca de 100 hermanos vayan a la cárcel de Palmasola. En una audiencia, 16 hermanos que tenían que ir presos se habían escondido en el monte. Sus hijos no iban a la escuela y no trabajaban sus chacos. La defensa de la tierra se ha criminalizado, y eso nos obligó a aplicar nuestra justicia. En la ordinaria los pobres vamos a la cárcel y no salimos; los ricos entran y salen.

Ojalá esto inspire a otras organizaciones a aplicar su justicia en su territorio. La justicia ordinaria tipifica delitos. Nosotros resolvemos problemas, como lo hemos hecho desde tiempos ancestrales. Y cuando una sentencia tiene 400 firmas, ¿qué más transparencia puede haber? En la ordinaria, quien te manda a Palmasola es un solo juez, que no es Dios y se equivoca.

EP: ¿Cuál es su pueblo de origen? ¿Por qué se especializó en esto?

RM: Soy del pueblo cayubaba. Me especialicé para brindar apoyo técnico gratuito a las organizaciones, porque no es fácil estar frente a un juez que lleva más de 300 audiencias al año. Cuando un hermano indígena es demandado en la justicia ordinaria, entro como perito cultural. Mi defensa es oral y se basa en los usos y costumbres de cada pueblo. El juez se queda dormido, y cuando menciono un artículo del bloque de constitucionalidad, despierta: “¿Qué artículo?”. Están formados para ver la ley como articulado, y lo que viene de otro lado lo ven como inválido. Es una lucha desigual, hasta que entiendan que no tienen supremacía sobre la justicia indígena.